(Jerusalén) – Las políticas israelíes en Cisjordania discriminan duramente a los residentes palestinos, a los que privan de necesidades básicas mientras se establecen lujosos servicios e infraestructura para los asentamientos judíos, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy. El informe identifica prácticas discriminatorias que existen sin ninguna justificación legítima de seguridad ni de otro tipo, e insta a Israel a que ponga fin a estas violaciones de los derechos de los palestinos, además de cumplir su obligación legal de retirar los asentamientos.
El informe de 166 páginas, “Separate and Unequal: Israel’s Discriminatory Treatment of Palestinians in the Occupied Palestinian Territories” (Separados y desiguales: El trato discriminatorio de Israel contra los palestinos residentes en los Territorios Palestinos Ocupados), demuestra que Israel utiliza un sistema de doble rasero para las dos poblaciones de las amplias zonas de Cisjordania sobre las que ejerce control exclusivo. El informe está basado en estudios de casos en los que se comparan el trato claramente diferente que Israel ofrece a los asentamientos y a las comunidades palestinas colindantes dentro de estas áreas. Insta a Estados Unidos y a los países miembros de la Unión Europea y a las empresas con operaciones en las áreas de los asentamientos a evitar el apoyo a las políticas israelíes que discriminan y violan inherentemente el derecho internacional.
“Los palestinos sufren una discriminación sistemática simplemente por su raza y origen étnico o nacional, que les priva de electricidad, agua, escuelas y acceso a carreteras; mientras que los colonos judíos vecinos disfrutan de todos estos beneficios públicos”, señaló Carroll Bogert, directora ejecutiva asociada de relaciones externas de Human Rights Watch. “Mientras los asentamientos israelíes prosperan, los palestinos bajo el control de Israel viven detenidos en el tiempo: no sólo los mantienen separados y desiguales, sino que, en ocasiones, también llegan a expulsarlos de sus tierras y sus hogares”, agregó.
Al hacer que sus comunidades sean prácticamente inhabitables, las políticas discriminatorias de Israel han forzado con frecuencia a los residentes a abandonarlas, señaló Human Rights Watch. Según un estudio de junio de 2009 de los hogares en la “Zona C” (la región que cubre el 60 por ciento de Cisjordania y bajo el control exclusivo israelí) y Jerusalén Oriental (que Israel se anexionó unilateralmente), desde 2000, alrededor del 31 por ciento de los residentes palestinos había sido desplazados.
Human Rights Watch examinó tanto la Zona C como Jerusalén Oriental, y observó que el sistema vigente de doble rasero en ambas zonas ofrece generosos beneficios financieros y apoyo infraestructural para promover el bienestar en los asentamientos judíos, mientras que niega deliberadamente servicios básicos, castiga el crecimiento e impone duras condiciones a las comunidades palestinas. Dicho tratamiento diferente por motivos de raza y origen étnico o nacional, sin objetivos legítimos claramente definidos, viola la prohibición fundamental de la discriminación, conforme a la legislación de derechos humanos.
Las políticas israelíes controlan muchos aspectos de la vida cotidiana de los palestinos que viven en la Zona C y Jerusalén Oriental. Human Rights Watch observó que una de las prácticas discriminatorias que Israel impone a los palestinos es la expropiación de sus tierras para la construcción de asentamientos e infraestructura complementaria; lo que niega a los palestinos el uso de carreteras y el acceso a terrenos agrícolas, el acceso a electricidad y agua, la obtención de permisos para construir casas, escuelas, clínicas e infraestructura; y provoca el derribo de casas e incluso de comunidades enteras. Dichas medidas han limitado la expansión de pueblos palestinos e impuesto graves penurias a los residentes, lo que incluye dejarles con un acceso limitado a la atención médica.
Por el contrario, las políticas israelíes promueven y fomentan la expansión de los asentamientos judíos en la Zona C y Jerusalén Oriental, con frecuencia mediante el uso de tierras y otros recursos fuera del alcance de los palestinos. El Gobierno israelí otorga numerosos incentivos a los colonos, que incluyen el financiamiento de viviendas, educación y obras de infraestructura, como carreteras especiales. Estos beneficios han generado una expansión constante y rápida de los asentamientos, cuya población creció de alrededor de 241,500 habitantes en 1992 a aproximadamente 490,000 en 2010, incluyendo a Jerusalén Oriental.
“Mientras los encargados de formular políticas en Israel están luchando por el ‘crecimiento natural’ de los asentamiento ilegales, están estrangulando a las comunidades palestinas históricas, prohibiendo que sus familias amplíen sus casas y haciéndoles la vida imposible”, señaló Bogert. “Las políticas relacionadas con los asentamientos de Israel constituyen una afrenta contra la igualdad y un gran obstáculo para la vida cotidiana de los palestinos”, agregó.
Una de las comunidades palestinas examinadas en el informe de Human Rights Watch es Jubbet al-Dhib, un pueblo con 160 residentes al sureste de Belén que data de 1929. Con frecuencia, sólo se puede acceder al pueblo a pie, porque su única conexión a una carretera pavimentada es un camino difícil de transitar de 1.5 kilómetros. Los niños de Jubbet al-Dhib tienen que caminar a las escuelas de otros pueblos a varios kilómetros de distancia, porque no cuentan con una escuela en su pueblo.
Jubbet al-Dhib carece de electricidad, a pesar de las numerosas peticiones de conexión a la red eléctrica de Israel, que han sido rechazadas por las autoridades israelíes. También han denegado el permiso para un proyecto financiado por donantes internacionales que habría equipado al pueblo con iluminación exterior generada mediante energía solar. Cualquier producto cárnico o lácteo que llega al pueblo tiene que consumirse el mismo día debido a la falta de refrigeración; en su lugar, los residentes consumen con frecuencia productos en conserva. Los residentes dependen de la luz de velas, linternas de queroseno y pequeños generadores, cuando pueden permitirse llenarles el depósito de gasolina.
A unos 350 metros se encuentra la comunidad judía de Sde Bar, fundada en 1997. Cuenta con una carretera de acceso pavimentada y su población, de alrededor de 50 habitantes, está conectada con Jerusalén a través de una nueva autopista que ha costado varios millones de dólares, la carretera Lieberman, que elude las ciudades, los pueblos y las aldeas palestinas, como Jubbet al-Dhib. Sde Bar cuenta con una escuela preparatoria, a la que no pueden asistir los estudiantes de Jubbet al-Dhib. Los asentamientos están designados como zonas militares cerradas a las que sólo se puede entrar con salvoconductos especiales. Los residentes de Sde Bar cuentan con los servicios habituales de cualquier pueblo israelí, como refrigeradores e iluminación eléctrica, que los residentes de Jubbet al-Dhib pueden ver desde sus casas por la noche.
“Los niños palestinos en las zonas bajo control israelí estudian a la luz de las velas mientras ven la iluminación eléctrica a través de las ventanas de las casas de los colonos”, señaló Bogert. “Fingir que la privación del acceso de los niños palestinos a la escuelas, el agua o la electricidad tiene algo que ver con la seguridad es absurdo”, agregó.
En la mayoría de los casos, Israel ha reconocido el trato diferente que da a los palestinos, como cuando les impide el acceso a carreteras “sólo para colonos”, y ha afirmado que las medidas son necesarias para proteger a los colonos judíos y otros israelíes que son objeto de los ataques periódicos de los grupos armados palestinos. Sin embargo, ninguna razón de seguridad ni ningún otro motivo legítimo pueden explicar la enorme diferencia en el trato a los palestinos, como la negación de permisos que les prohíbe construir o reparar sus casas, escuelas, carreteras y depósitos de agua, señaló Human Rights Watch.
Adicionalmente, con respecto a las preocupaciones por la seguridad, Israel suele actuar como si todos los palestinos supusieran una amenaza debido a su raza y origen étnico o nacional, en lugar de aplicar las restricciones a personas concretas que demuestren ser una amenaza. La prohibición legal de la discriminación prohíbe dichas restricciones generales.
“Hace mucho tiempo que el mundo rechazó los argumentos espurios para justificar que se trate a un grupo de personas de manera diferente a otro simplemente por motivos de raza y origen étnico o nacional”, señaló Bogert. “Ya es hora de que Israel ponga fin a sus políticas de discriminación y deje de tratar a los palestinos bajo su control claramente peor que a los judíos que viven en la misma zona”, agregó.
El máximo tribunal israelí ha dictaminado la ilegalidad de ciertas medidas adoptadas contra los ciudadanos palestinos de Israel porque eran discriminatorias. Sin embargo, Human Rights Watch no tiene conocimiento de que los tribunales hayan determinado que alguna práctica israelí en Cisjordania discrimine a los palestinos, aunque los afectados han denunciado esta situación en numerosas ocasiones.
Human Rights Watch señaló que las prácticas flagrantemente discriminatorias hacen urgente que los países donantes eviten contribuir a las violaciones del derecho internacional provocadas por los asentamientos o ser cómplices de ellas. Los países deben adoptar medidas significativas para fomentar que el Gobierno israelí cumpla sus obligaciones, dijo Human Rights Watch.
Human Rights Watch reiteró su recomendación de que Estados Unidos, que suministra US$2,750 millones de ayuda anual a Israel, reduzca este financiamiento en una cantidad equivalente al gasto de Israel en el desarrollo de los asentamientos, que un estudio de 2003 cuantificó en US$1,400 millones. Asimismo, partiendo de las numerosas informaciones que indican que organizaciones exentas de impuestos de Estados Unidos aportan considerables contribuciones para respaldar los asentamientos, el informe insta a Estados Unidos a comprobar que dichas exenciones de impuestos sean compatibles con la obligación de Estados Unidos garantizar el respeto por el derecho internacional, lo que incluye las prohibiciones de la discriminación.
Human Rights Watch instó a la Unión Europea, uno de los principales mercados de las exportaciones de productos de los asentamientos, a que no ofrezca incentivos a estas exportaciones mediante tratamiento aduanero preferencial, y que identifique los casos en que la discriminación de los palestinos haya contribuido a la producción de bienes. Por ejemplo, el informe documenta que los pozos de agua perforados por los israelíes para cultivar productos para la exportación en los asentamientos han provocado que se sequen los pozos palestinos cercanos, lo que ha limitado la capacidad de los palestinos para cultivar sus propias tierras e incluso su acceso al agua potable.
El informe describe también algunos casos en los que los negocios han contribuido o se han beneficiado directamente de la discriminación de los palestinos, por ejemplo, a través de actividades comerciales en terrenos confiscados ilegalmente por los colonos a los palestinos sin ninguna compensación para el beneficio de los colonos. Estas empresas se benefician también de los subsidios públicos, las ventajas fiscales y el acceso discriminatorio a infraestructura, permisos y canales de exportación. Human Rights Watch instó a estas empresas a investigar, prevenir y mitigar dichas violaciones, lo que incluye suspender cualquier operación que no pueda desvincularse de las prácticas discriminatorias israelíes.
“La discriminación del tipo de la que se practica a diario en Cisjordania debería ser intolerable para cualquier persona”, señaló Bogert. “Los gobiernos y las empresas extranjeras que corren el riesgo de verse afectadas por las prácticas ilegítimas israelíes deben identificar y poner fin a las políticas y las medidas que las respaldan”, agregó.
