
El gobierno del presidente Álvaro Uribe está poniendo en riesgo los intentos por investigar y juzgar los delitos cometidos por los paramilitares y sus cómplices en Colombia.

El gobierno de Sudáfrica debe reconocer que la represión política y las privaciones económicas han obligado a los zimbabuenses a huir de su país y debe poner fin inmediato a la deportación de ellos.








