En 2025, las fuerzas israelíes intensificaron sus atrocidades, que incluyeron crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y actos de genocidio, así como limpieza étnica contra la población palestina en Gaza. Mataron, mutilaron, provocaron hambrunas y desplazaron por la fuerza a palestinos, y destruyeron sus hogares, escuelas e infraestructura en una escala que no registra precedentes en la historia reciente de Israel y Palestina. Un informe publicado en septiembre por la Comisión de Investigación de la ONU, que determinó que Israel cometió genocidio en Gaza, subrayó el consenso creciente, entre expertos y organizaciones de derechos humanos, con respecto a las atrocidades cometidas en la campaña genocida de Israel en Gaza, que tuvo como resultado la muerte de más de 69.000 palestinos —entre los cuales se contaban más de 19.000 niños y niñas— y más de 170.000 heridos, según datos aportados por el Ministerio de Salud de Gaza.
El 18 de marzo, las autoridades israelíes violaron un alto el fuego que había estado en vigor por cerca de dos meses. Perpetraron ataques diarios durante los casi siete meses siguientes, hasta que Israel y Hamás entraron en un alto el fuego negociado por Estados Unidos el 10 de octubre de 2025. El cese de hostilidades implicó la liberación de los rehenes vivos restantes en Gaza, que habían estado retenidos por Hamás y otros grupos armados palestinos durante más de dos años, y de cientos de personas palestinas detenidas por Israel que, en la mayoría de los casos, no habían sido juzgadas ni acusadas. A lo largo del año han persistido los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad por parte de Israel contra palestinos, incluidos los de apartheid y persecución.
La Corte Penal Internacional (CPI) siguió adelante con la investigación de delitos dentro de su ámbito de incumbencia cometidos desde 2014. En febrero de 2025, los magistrados de la CPI pusieron fin al proceso contra Mohammed Deif, comandante en jefe del brazo militar de Hamás, por los ataques perpetrados el 7 de octubre de 2023, que incluían crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, después de confirmar su fallecimiento. En julio, magistrados de la CPI rechazaron la solicitud de Israel de que se cancelaran las órdenes de detención emitidas en 2024 contra Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Gaza. Aunque los magistrados de la CPI aún no se han pronunciado sobre la impugnación a la competencia de la corte planteada por Israel, han confirmado que siguen vigentes las órdenes de detención contra funcionarios israelíes.
Gaza
Las fuerzas israelíes mataron a más de 400 personas —en su mayoría niños, niñas y mujeres— el 18 de marzo, cuando reanudaron su ataque contra Gaza, y más de 13.500 personas murieron entre el 18 de marzo y el 10 de octubre, según información proporcionada por el Ministerio de Salud de Gaza. El Ministerio de Salud también registró la muerte de más de 350 palestinos durante los dos primeros meses del alto el fuego. La cifra de víctimas en Gaza que aportó el ministerio probablemente es inferior al número real de personas que efectivamente murieron como resultado directo de las hostilidades, tal como se muestra en modelos confeccionados por médicos y epidemiólogos, y tampoco incluye a otros —probablemente, miles— que han muerto por deshidratación, desnutrición y enfermedades, o que están enterradas bajo los escombros.
Durante más de 11 semanas, entre principios de marzo y mediados de mayo, las autoridades israelíes impusieron un bloqueo total a Gaza —según afirmaron, con el fin de presionar a Hamás para que liberara a los rehenes— y no permitieron la entrada de alimentos, medicamentos ni otro tipo de ayuda. Desde mediados de mayo, se mantuvieron restricciones generalizadas a la ayuda y comenzó a funcionar un sistema deficiente de distribución de ayuda militarizado, respaldado por EE. UU y administrado por contratistas privados con el apoyo de la Gaza Humanitarian Foundation (GHF), hasta el cese del fuego en el mes de octubre.
En agosto, los expertos más destacados del mundo en inseguridad alimentaria, la Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria (Integrated Phase Classification, IPC), declararon la hambruna en la ciudad de Gaza y alrededores y determinaron que toda la población de Gaza “enfrenta actualmente o se prevé que enfrentará una crisis o niveles peores de inseguridad alimentaria aguda entre el 16 de agosto y el 30 de septiembre de 2025”. Al 11 de octubre, 463 palestinos, entre ellos 157 niños y niñas, habían muerto por desnutrición, según lo informó el Ministerio de Salud de Gaza. Las fuerzas israelíes mataron a cientos de palestinos que intentaban obtener asistencia alimentaria: entre el 27 de mayo y el 19 de agosto, 1.857 palestinos murieron mientras se dirigían a obtener ayuda alimentaria, 1.021 de ellos cuando se encontraban en emplazamientos de GHF o cerca de estos, según datos de la ONU.
Las autoridades israelíes siguieron privando a la población de Gaza del suministro eléctrico y de agua suficiente para sobrevivir; por ejemplo, restringiendo el agua corriente, forzando la desconexión de las bombas de agua y de los sistemas de desalinización, aguas residuales y alcantarillado, bloqueando el acceso al combustible necesario para el funcionamiento de los generadores de electricidad, atacando a personal y plantas de agua y saneamiento, impidiendo que se realizaran reparaciones y bloqueando el ingreso de equipos y repuestos. Según una evaluación realizada por organizaciones humanitarias entre el 17 de agosto y el 5 de septiembre, el 49 % de la población tenía acceso a menos del nivel mínimo de emergencia de 6 litros de agua potable por día. La falta de agua y saneamiento contribuyó a que se configurara una situación de desastre en materia de salud pública: en la mayoría de los hogares había piojos y ácaros y las personas presentaban afecciones cutáneas como erupciones y sarna debido a la higiene deficiente y el hacinamiento. La negación de agua por parte de Israel a la población palestina de Gaza resulta constitutiva del crimen de lesa humanidad de exterminio y del acto genocida consistente en imponer condiciones de existencia que se sabe que provocarán la destrucción total o parcial del grupo. El sometimiento continuo de la población civil al hambre como arma de guerra —que constituye un crimen de guerra— y la privación de servicios básicos también violan las medidas provisionales vinculantes que dictó la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el caso de genocidio contra Israel de Sudáfrica, que continúa en trámite.
En septiembre, tras las amenazas del Ministro de Defensa de Israel de destruir la ciudad de Gaza a menos que Hamás liberara a los rehenes y depusiera las armas, repitiendo la destrucción de Rafah, y siguiendo un plan para demoler lo que queda de la infraestructura civil de Gaza y concentrar aún más a la población palestina, las fuerzas israelíes ordenaron el desplazamiento de los residentes de la ciudad y sus alrededores y comenzaron la incursión, durante la cual destruyeron viviendas y edificios de gran altura. En total, hasta el mes de octubre, más de 1,2 millones de personas habían sido desplazadas desde el 18 de marzo y, al 17 de septiembre, el 82 % de Gaza estaba dentro de una zona militarizada por Israel o afectada a una orden de desplazamiento, según la OCHA. Desde octubre de 2023, las fuerzas israelíes han desplazado por la fuerza a casi toda la población de Gaza —a menudo, varias veces—, en actos que Human Rights Watch ha concluido que equivalen a crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
Las fuerzas israelíes perpetraron ataques en áreas fuera de la zona militarizada o bajo órdenes de desplazamiento, incluido un ataque que tuvo lugar el 30 de junio en el café al-Baqa, sobre la costa, en el cual habrán muerto entre 24 y 36 personas.
Al 8 de julio, los ataques y las demoliciones que realizaron ingenieros de combate y topadoras militares israelíes habían dañado el 78 % de la totalidad de los edificios de Gaza, y esto causó que gran parte de la Franja se volviera inhabitable y constituyó, de forma manifiesta, una limpieza étnica en vastos sectores de Gaza.
Prácticamente todas las escuelas de Gaza —el 97 %— sufrieron daños o fueron destruidas: la gran mayoría (el 76 %) recibió un impacto directo, y el 92% pasó a necesitar “una reconstrucción completa o importantes obras de restauración para volver a funcionar”. En reiteradas oportunidades, las fuerzas israelíes atacaron escuelas convertidas en refugios, incluso en ataques indiscriminados ilegítimos. Al 18 de julio, estos ataques habían provocado la muerte de al menos 836 personas que estaban refugiadas allí, según datos del Organismo de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (UNRWA).
Hasta el 11 de septiembre, las autoridades israelíes también habían perpetrado 793 ataques contra centros de salud en Gaza, que dejaron un saldo de 983 personas fallecidas, según la Organización Mundial de la Salud. Una serie de ataques consecutivos al Hospital Nasser el 25 de agosto ocasionaron la muerte de al menos 22 personas; entre ellas, trabajadores de la salud, equipos de respuesta a emergencias y cinco periodistas. Al 12 de octubre, solo 14 de los 36 hospitales, 10 de los 16 hospitales de campaña, 64 de los 181 centros de atención primaria de la salud y 109 de los 359 centros médicos seguían funcionando de manera parcial. El colapso del sistema de salud hizo que 50.000 niñas y mujeres embarazadas en Gaza (según cifras estimadas) quedaran privadas de acceso a atención adecuada, y aumentó el riesgo de complicaciones graves para la salud durante el embarazo, el parto y el posparto. También limitó gravemente el acceso a servicios de reproducción asistida. Human Rights Watch ha documentado ataques presuntamente ilegales contra hospitales y ambulancias, detenciones arbitrarias y torturas de trabajadores de la salud, restricciones a evacuaciones por motivos de saludy crímenes de guerra cometidos mientras las fuerzas israelíes ocupaban hospitales. El renombrado médico Hussam Abu Safiya, director del hospital Kamal Adwan, fue detenido por las fuerzas israelíes en diciembre de 2024 y habría sufrido agresiones mientras se encontraba detenido.
Las fuerzas israelíes también mataron, de manera deliberada y en distintos hechos, a periodistas palestinos, lo que incluye un ataque que tuvo lugar el 10 de agosto en el que murieron los corresponsales de Al Jazeera Anas al-Sharif y Mohammad Qreiqeh y otros cuatro trabajadores de medios de comunicación. Las fuerzas israelíes mataron a 220 periodistas en Gaza en menos de dos años, según Reporteros sin Fronteras.
El 23 de marzo, las fuerzas israelíes habrían provocado de manera deliberada la muerte de 15 paramédicos y rescatistas palestinos en Rafah, cuyos cuerpos fueron encontrados en una fosa común. Atacaron reiteradamente a fuerzas policiales, a elementos de seguridad de los convoyes de ayuda y a funcionarios involucrados en la gestión de asuntos civiles en Gaza. Además, empoderaron a las milicias palestinas bajo su control, lo que contribuyó a una ruptura del orden público. También atacaron, en reiteradas oportunidades, centros conocidos por concentrar a trabajadores humanitarios e impusieron nuevos requisitos de registro, lo que dificultó el funcionamiento de las organizaciones internacionales.
Las fuerzas israelíes también mantuvieron el control de grandes partes de Gaza y siguieron llevando a cabo demoliciones de infraestructura civil y ataques letales contra palestinos después de que entró en vigor el cese del fuego.
Hamás y grupos armados palestinos
Grupos armados en Gaza mantuvieron rehenes, durante la mayor parte del año, a 48 personas de nacionalidad israelí y extranjera. Todos ellos forman parte de los más de 250 rehenes retenidos desde octubre de 2023 durante actos que Human Rights Watch ha determinado que equivalen a crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. En agosto, grupos armados palestinos publicaron videos de rehenes que mostraban a hombres demacrados con signos de hambruna. El 13 de octubre, los grupos liberaron a los 20 rehenes que seguían vivos y, en los días posteriores, devolvieron los cuerpos de todos los que habían sido asesinados, excepto uno.
Tras el alto el fuego, el brazo armado de Hamás habría perpetrado ejecuciones sumarias de algunas personas a las que acusó de trabajar con el ejército israelí.
Cisjordania
En enero, las fuerzas israelíes desplegaron operaciones que vaciaron tres campamentos de refugiados en el norte de Cisjordania —Jenin, Tulkarem y Nur Shams— y desplazaron a unas 32.000 personas, lo cual constituyó el mayor desplazamiento en Cisjordania desde 1967. Además, salvo escasas excepciones, impidieron el regreso de esas personas, actos que equivalen a crímenes de guerra, limpieza étnica y crímenes de lesa humanidad.
En Cisjordania, al 7 de octubre de 2025, las fuerzas israelíes habían matado a 182 palestinos, con lo cual se alcanzó un total de 969 muertes desde el 7 de octubre de 2023, según la OCHA. Al 8 de septiembre, 11 civiles y 6 soldados israelíes murieron a manos de palestinos en Cisjordania en 2025.
En 2025, la violencia relacionada con colonos israelíes alcanzó niveles mayores a los de más de 18 años. En los primeros nueve meses, se produjeron más incidentes de víctimas o daños materiales (2.660) que en cualquier otro período desde, al menos, 2006, según la OCHA. Colonos israelíes mataron a 7 palestinos en total durante este período, incluido, en el mes de julio, Odeh Hathalin, quien trabajó en la película ganadora del Oscar “No Other Land”.
Las autoridades israelíes mantuvieron su postura de procesar penalmente solo en muy poco casos a responsables de hechos de violencia contra palestinos.
Las autoridades israelíes proporcionaron seguridad, infraestructura y otros servicios a más de 730.000 colonos en la Cisjordania ocupada, que incluye a Jerusalén Oriental.
A mediados de septiembre de 2025, las autoridades israelíes ya habían adelantado planes para construir un total de 25.000 viviendas en asentamientos en Cisjordania, lo cual representa un récord histórico, según la organización israelí Peace Now. En agosto, las autoridades israelíes aprobaron definitivamente la construcción de 3.400 viviendas en el corazón de Cisjordania, lo que podría fragmentar incluso más a los palestinos. Hasta mediados de octubre, se habían establecido 58 puestos de avanzada en asentamientos, que no están autorizados, pero reciben apoyo gubernamental y militar para ocupar tierras en Cisjordania. El traslado de civiles a territorios ocupados constituye un crimen de guerra.
Las autoridades de Israel aplican las leyes civiles israelíes a los colonos, pero gobiernan a la población palestina de Cisjordania bajo la ley militar, les niegan garantías básicas de debido proceso y los juzgan en tribunales militares.
La dificultad para obtener permisos de construcción israelíes en Jerusalén Oriental y en el 60 % de Cisjordania que está bajo el control exclusivo de Israel (Área C) ha generado que la población palestina construya estructuras que se encuentran en riesgo de demolición por no estar autorizadas.
En 2024 y en los primeros nueve meses de 2025, las autoridades israelíes demolieron, según la OCHA, 2.577 viviendas palestinas y otras estructuras en Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, por carecer de permisos de construcción. Las autoridades hacen que sea casi imposible para los palestinos obtener esos permisos en áreas que se encuentran bajo el control exclusivo de Israel. Durante este mismo período, las demoliciones o la violencia relacionada con colonos apoyada por el Estado desplazaron a casi 8.000 personas de sus hogares, además de los casi 32.000 desplazados durante las incursiones de 2025 en el norte de Cisjordania.
Libertad de circulación
En 2025, las autoridades israelíes intensificaron las restricciones a la circulación impuestas a personas palestinas. Una encuesta realizada a principios de 2025 por la OCHA identificó 849 obstáculos para la circulación en Cisjordania que restringían de manera permanente o intermitente la circulación de los palestinos. Las autoridades israelíes siguieron exigiendo a titulares de documentos de identidad palestinos que tuvieran permisos que son difíciles de obtener y tienen duración limitada para entrar en Israel y en muchas partes de Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental. Israel siguió construyendo la barrera de separación —que, en un 85 %, se encuentra en territorio de Cisjordania— y que, cuando esté terminada, aislará al 9 % de Cisjordania.
Abusos por la Autoridad Palestina
En 2025, la Autoridad Palestina (AP) intensificó la represión contra la disidencia, realizó detenciones arbitrarias y torturó a críticos y opositores con impunidad. Durante los primeros ocho meses de 2025, la Comisión Independiente de Derechos Humanos (Independent Commission for Human Rights) recibió 356 denuncias de detenciones arbitrarias, incluidas denuncias sobre detenciones sin juicio ni acusación, y 79 denuncias de tortura y malos tratos durante el período de detención por parte de la AP.
Durante las tres primeras semanas de enero, la Autoridad Palestina continuó con las operaciones de seguridad en el campamento de refugiados de Jenin, que comenzaron el 5 de diciembre y causaron la muerte de residentes del campamento o pusieron su vida en peligro; limitaron el acceso a alimentos, agua y electricidad; dañaron hogares y provocaron numerosas detenciones y otros abusos. En enero, la AP suspendió las transmisiones de Al Jazeera en el territorio ocupado y un tribunal palestino restringió el acceso a varios sitios web de Al Jazeera. En el mismo mes, las autoridades israelíes prorrogaron sus órdenes de cierre contra Al Jazeera en Cisjordania.
No se han modificado las leyes relativas a estatus personal para musulmanes y cristianos que discriminan a las mujeres.
Israel
A principios de 2025, entraron en vigor una serie de leyes aprobadas por la Knéset para impedir que el UNRWA operara en Israel y en el territorio ocupado. Desde entonces, las autoridades israelíes han impedido que personal internacional del UNRWA ingrese en Gaza, no han permitido que UNRWA, que había sido el mayor proveedor de asistencia, distribuya ayuda en Gaza y han emitido órdenes de cierre para escuelas gestionadas por el UNRWA en Jerusalén Oriental. Se bloqueó su apertura en septiembre de 2025 y esto afectó a casi 800 niños y niñas, algunos de los cuales no han podido inscribirse en otras escuelas. Una opinión consultiva de la CIJ emitida el 22 de octubre, tras las audiencias públicas celebradas en abril y mayo en las que participaron 40 estados y organizaciones internacionales, determinó que la afirmación de Israel de que el UNRWA carece de imparcialidad es infundada, y que su obstrucción al trabajo esencial de ese organismo contraviene el derecho internacional.
Detención, torturas y malos tratos contra personas palestinas
Las autoridades israelíes, al 1 de octubre, habían detenido a más de 11.000 palestinos, incluidos 3.544 palestinos que se encontraban en condiciones de detención administrativa sin ser acusados ni enjuiciados; en gran parte, sobre la base de pruebas secretas, y a 2.673 personas palestinas de Gaza aplicando la ley de “combatientes ilegales”, que permite una forma más restrictiva de detención administrativa. El 10 de octubre, como parte del acuerdo de cese el fuego, las autoridades israelíes liberaron a casi 2.000 personas palestinas detenidas —en su mayoría, de Gaza— que se encontraban detenidas bajo la “Ley de Combatientes Ilegales”. Al 30 de junio, las autoridades israelíes habían detenido a 360 niñas y niños palestinos. Desde el 7 de octubre de 2023, Israel negó el acceso independiente a centros de detención, incluso al CICR.
Las autoridades israelíes detuvieron arbitrariamente, torturaron, infligieron violencia sexual y negaron la provisión suficiente de alimentos y atención médica a hombres, mujeres, niñas y niños palestinos detenidos. Desde el 7 de octubre de 2023, al menos 75 palestinos murieron mientras estaban detenidos y, en muchos casos, Israel aún no ha entregado los cuerpos.
Hostilidades regionales
Las fuerzas israelíes se retiraron de la mayor parte del sur del Líbano a principios de 2025 tras establecerse un cese del fuego en noviembre de 2024 con grupos armados libaneses. Sin embargo, sus fuerzas permanecieron en el Líbano en al menos cinco puntos de la frontera. En 2025, las fuerzas israelíes lanzaron ataques o participaron en hostilidades en Yemen, Siria, Irán, Qatar y Túnez. Israel llevó a cabo ataques en zonas de Yemen controladas por hutíes en los que murieron civiles y se destruyó infraestructura civil crítica, mientras que los hutíes lanzaron ataques que alcanzaron objetos de carácter civil en Israel. Ambos supuestos posiblemente constituyan crímenes de guerra. Los 12 días de hostilidades entre Israel e Irán que se dieron en junio de 2025 causaron la muerte de más de 1.000 personas en Irán y 30 personas en Israel, según indicaron las autoridades, e implicaron graves violaciones de las leyes de guerra por ambas partes.
Actores internacionales clave
Aunque Estados Unidos negoció el acuerdo de cese del fuego del 10 de octubre, la administración Trump ha manifestado su apoyo a crímenes de guerra cometidos por las fuerzas israelíes y ha realizado acciones que profundizan la complicidad estadounidense en esos crímenes y convierten a Estados Unidos en parte del conflicto armado. Por su parte, la Comisión Europea propuso una suspensión del pilar comercial del Acuerdo de Asociación UE-Israel, tras una revisión que determinó que Israel viola la cláusula de derechos humanos del acuerdo. No obstante, la medida no se adoptó ante la falta de apoyo de suficientes gobiernos de la UE. El Reino Unido suspendió las negociaciones sobre libre comercio con Israel. Varios Estados también emitieron sanciones contra los colonos que ejercen violencia y altos funcionarios israelíes, detuvieron las transferencias de armas y prohibieron el comercio con los asentamientos ilegalesde Israel. En septiembre, la Asamblea General de la ONU adoptó la Declaración de Nueva York sobre una “solución de dos Estados”, encabezada por Francia y Arabia Saudita. La Declaración incluye un anexo en el que se pide la adopción de medidas concretas, que incluyen sanciones selectivas, la suspensión de acuerdos bilaterales y la prohibición del comercio con los asentamientos. Sin embargo, los Estados han incumplido, en gran medida, sus promesas y obligaciones de poner fin a los crímenes de Israel contra palestinos.
Justicia internacional
Los fiscales y magistrados de la CPI enfrentaron presión política, intimidación o sanciones estadounidenses en relación con sus investigaciones sobre Palestina. Estados Unidos también impuso, en julio, sanciones a una experta de la ONU y, en septiembre, a tres importantes organizaciones palestinas de derechos humanos, Al-Haq, el Centro Al Mezan para los Derechos Humanos y el Centro Palestino para los Derechos Humanos, en el marco de su programa de sanciones relacionado con la CPI. En julio, sancionó a otra importante organización palestina de derechos humanos, Addameer, bajo otro programa de sanciones.
Los sistemas judiciales de varios países, entre ellos Francia, Alemania, Bélgica y Brasil, abrieron investigaciones o recibieron denuncias penales de organizaciones de la sociedad civil en virtud del principio de jurisdicción universal, centrándose en presuntos crímenes internacionales cometidos por las fuerzas israelíes en Gaza.