(Bruselas) – La Unión Europea y la mayoría de sus Estados miembros se comprometieron con los derechos humanos y los valores democráticos en 2022 y, en algunos casos, estuvieron a la altura de estos valores, señaló hoy Human Rights Watch en su Informe Mundial 2023. Pero la UE y los Estados miembros a menudo no convirtieron este compromiso en políticas y acciones, dejando a las personas más marginadas y vulnerables expuestas a abusos.
La respuesta rápida y en gran medida eficaz de la UE al desplazamiento masivo de ucranianos contrastó notablemente con el trato abusivo que recibieron migrantes y solicitantes de asilo de otras regiones del mundo en muchas de las demás fronteras exteriores de la UE. En una acción sin precedentes, la Comisión Europea invocó la Directiva de Protección Temporal para los solicitantes de asilo ucranianos, demostrando que, cuando hay voluntad política, la UE puede unirse para defender sus valores de derechos humanos y proteger a quienes huyen de la persecución, la guerra y la violencia.
“En el último año hemos visto con los refugiados ucranianos que, con la voluntad política adecuada, la Unión Europea puede hacer frente a los retos en materia de derechos humanos con humanidad y dignidad”, afirmó Benjamin Ward, director adjunto para Europa y Asia Central de Human Rights Watch. “La tarea para el próximo año es que la UE encuentre formas de igualar esa respuesta en áreas como el debilitamiento del Estado de derecho por parte de Hungría y Polonia, los abusos en las fronteras exteriores contra otros refugiados y la crisis del costo de vida”.
En la 33ª edición del Informe Mundial 2023, de 712 páginas, Human Rights Watch examina las prácticas de derechos humanos en casi 100 países. En su ensayo introductorio, la directora ejecutiva en funciones, Tirana Hassan, afirma que en un mundo en el que el poder ha cambiado, ya no es posible confiar en un pequeño grupo de gobiernos mayoritariamente del Norte Global para defender los derechos humanos. La movilización mundial en torno a la guerra rusa en Ucrania nos recuerda el extraordinario potencial que existe cuando los gobiernos cumplen sus obligaciones en materia de derechos humanos a escala global. Es responsabilidad de cada país, grande o pequeño, aplicar un marco de derechos humanos a sus políticas, y luego trabajar conjuntamente para proteger y promover los derechos humanos.
Los países de la UE se han quedado rezagados en el desarrollo de políticas migratorias respetuosas con los derechos o en el reparto equitativo de la responsabilidad sobre los inmigrantes, solicitantes de asilo y refugiados de otros países. Más de un año después de la toma del poder por los talibanes, los solicitantes de asilo afganos siguieron sufriendo rechazos en las fronteras de la UE y disminuyeron las tasas de reconocimiento de refugiados en toda la UE. Algunos países de la UE, como Bulgaria, Croacia, Chipre, España, Grecia y Polonia, recurrieron a las expulsiones ilegales y a la violencia en sus fronteras, mientras que cada vez había más pruebas de la complicidad por parte de Frontex, la agencia de fronteras de la UE, en abusos fronterizos, sobre todo en Grecia.
Las condiciones de acogida de solicitantes de asilo siguieron deficientes en varios países de la UE, y ésta y sus Estados miembros apoyaron a las fuerzas libias para que interceptaran a solicitantes de asilo y migrantes en el mar y los devolvieran a Libia, donde sufrían terribles abusos.
Las instituciones de la UE mantuvieron cierto nivel de escrutinio sobre las preocupaciones relativas al Estado de derecho en varios Estados miembros de la UE en 2022, pero no tomaron medidas decisivas en medio de las crecientes amenazas al Estado de derecho. En un acontecimiento positivo en diciembre, el Consejo de la UE aprobó por primera vez una decisión, en el marco del mecanismo de condicionalidad del Estado de derecho, para suspender el 55 % de los fondos de cohesión de la UE presupuestados para Hungría debido a la preocupación por el Estado de derecho, que conlleva riesgos de corrupción y conflictos de intereses. Por el contrario, no se ha avanzado en el examen de las situaciones de Hungría y Polonia con arreglo al procedimiento del artículo 7, mecanismo previsto por el Tratado de la UE para responder a las amenazas a los valores de la UE. La Comisión Europea prosiguió los procedimientos de infracción en Hungría y Polonia, pero no tomó nuevas medidas decisivas.
La UE alertó sobre la discriminación y el racismo generalizados, incluido un aumento de los ataques antimusulmanes y antisemitas. Los Estados miembros de la UE debían aplicar plenamente el Plan de Acción contra el Racismo de la Comisión Europea para finales de 2022. Debido a la falta de información de la Comisión, así como a la falta de transparencia y a la no inclusión en los procesos nacionales de aplicación, la sociedad civil no ha podido participar activamente y apoyar estos procesos. En varios países de la UE, como Hungría, Polonia, Rumanía e Italia, hubo una fuerte retórica política contra una supuesta “ideología de género”, amplificada en los medios de comunicación y en el discurso público, así como esfuerzos para adoptar leyes dirigidas específicamente a las personas LGBT y, en el caso de Hungría, a los derechos de las mujeres.
El rápido aumento de la inflación, sobre todo en alimentos y energía, y las consecuencias económicas a largo plazo de la pandemia de Covid-19 afectaron a los derechos de las personas con bajos ingresos o en situación de pobreza. La nueva directiva de la UE sobre salario mínimo y las directrices a los Estados miembros para mejorar y modernizar sus sistemas de protección social y garantizar unos ingresos mínimos adecuados fueron iniciativas positivas que, de ponerse en práctica, contribuirían a mejorar la protección de los derechos.
En mayo, la Comisión Europea puso en marcha el Plan REPower UE, que aumenta la cuota de energías renovables, pero también propone nuevas inversiones en gas natural licuado (GNL) e infraestructuras de gas fósil, lo que socava los esfuerzos de reducción de emisiones. En la COP27 de noviembre, la UE anunció planes para reducir las emisiones en un 57 % para 2030, un 2 % más que su objetivo anterior, pero por debajo del 65 % que los grupos ecologistas consideran necesario para limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados. Los 27 miembros de la UE se encuentran colectivamente entre los 10 mayores emisores de gases de efecto invernadero del mundo, lo que contribuye a la crisis climática en todo el planeta.
Los esfuerzos diplomáticos de la UE en 2022 estuvieron dominados por su respuesta a la invasión rusa de Ucrania. La UE mostró una determinación sin precedentes para garantizar el apoyo a las votaciones de la ONU que condenaban las acciones de Rusia. Pero la necesidad de diversificar los suministros energéticos exacerbó el fortalecimiento de los lazos con otros gobiernos autoritarios. El requisito de unanimidad en la política exterior de la UE siguió siendo un obstáculo importante para una política exterior de la UE basada en principios, pero la UE ha desempeñado un papel de liderazgo en varias resoluciones sobre derechos humanos en la ONU y ha utilizado su influencia comercial para fomentar las reformas en materia de derechos humanos en algunos países de Asia central, meridional y sudoriental.
