La Transición Chilena a Juicio

Muchos comentaristas en Chile, Europa y Estados Unidos consideraron que la detención de Pinochet había dividido de nuevo a la sociedad chilena. Los observadores extranjeros que presenciaron las protestas de manifestantes partidarios de Pinochet en las calles del distrito acomodado de Las Condes, en Santiago, recordaron el dura clima político que reinaba poco antes del golpe de 1973. Las profundas divisiones de la élite política chilena con respecto al legado de Pinochet emergieron, y se desvanecieron de golpe los años de cooperación y relación forjadas en la legislatura y las misiones comerciales al extranjero. Los dirigentes de la derecha parlamentaria se unieron con la comunidad empresarial para protestar al unísono por el "secuestro" de Pinochet por parte del Gobierno británico, víctima de una conspiración de los "gobiernos socialistas" de Europa. El Ejército estaba descontento y su ala dura inquieta e irritada por la presunta pasividad del Gobierno.

Muchos líderes de la Concertación creían sinceramente en la ilegalidad de la detención de Pinochet, mientras otros que la aplaudían en privado se abstuvieron de manifestarlo públicamente. La política del Gobierno sobre el caso sembró la tensión en la coalición de la Concertación encabezada por el Presidente Frei hasta llegar casi a un punto de ruptura. La coalición sobrevivió gracias a un acuerdo forzado con el Partido Socialista, cuyos dirigentes habían ejercido presión inicialmente en Londres para la extradición y fueron acusados inmediatamente por la derecha de participar en la conspiración. Este partido estuvo más profundamente marcado por la represión posterior al golpe que ninguno de sus socios en la coalición: los agentes de Pinochet asesinaron o desaparecieron a cientos de socialistas y otros muchos fueron forzados al exilio. Evidentemente con poca convicción, el partido acordó apoyar las demandas gubernamentales para el regreso de Pinochet a cambio de la promesa de que los abogados del Gobierno en Londres no defendieran su inmunidad ante la Cámara de los Lores, sino que basaran sus argumentos únicamente en el principio de jurisdicción territorial.

La detención de Pinochet también subrayó el peculiar estado de atrofia en el que se encontraba la democracia chilena. El Presidente Frei lo reconoció abiertamente en su discurso sobre el Estado de la Nación de mayo de 1999 cuando mencionó las "insuficiencias de nuestra democracia."69 Tras una década de gobierno electo, se habían realizado tristemente muy pocos avances para restaurar los derechos democráticos hasta alcanzar el nivel de importancia que habían tenido antes del régimen militar. Los responsables del Gobierno consideraron que Chile tendría que hacer mucho más para cumplir sus obligaciones internacionales de conformidad con el derecho internacional de derechos humanos; ya no podía eludir estas obligaciones. Como dijo el líder del Partido Socialista Ricardo Lagos: "La comunidad internacional acaba de sacarnos la tarjeta amarilla."70

Sin embargo, al mismo tiempo que afirmaba en el extranjero que Chile procesaría a Pinochet, el Gobierno se ha abstenido de adoptar las medidas, recomendadas por ciertos miembros de la coalición en el Gobierno, que eliminarían las barreras para juzgar a Pinochet en Chile. Las medidas propuestas no fueron mas que un gesto frente a la opinión internacional y el Gobierno no insistió en su aplicación. Las dos peticiones a la Corte Suprema y al Consejo de Defensa del Estado (CDE) de apoyar las investigaciones realizadas por el Juez Juan Guzmán Tapia fueron rechazadas por estos organismos, y el Gobierno no siguió con el asunto. El 11 de noviembre de 1998, mediante una disposición especial que permite que las investigaciones que afectan las relaciones internacionales de Chile se trasladen a un juez de la Corte Suprema, el Ministro deRelaciones Exteriores Insulza pidió a la Corte Suprema que designara un "juez especial" entre sus miembros para encargarse de la investigación de Guzmán.71 La solicitud de Insulza no estaba motivada por críticas a Guzmán sino por el deseo del Gobierno de demostrar al Reino Unido que se estaba emprendiendo una investigación seria en Chile de la responsabilidad penal de Pinochet. Los ministros explicaron que si se designaba a un juez de la Corte Suprema sería imposible que el caso fuera trasladado a una corte militar si se iniciaba el procesamiento. Sin embargo, la Corte Suprema rechazó esta petición por amplia mayoría. Por lo tanto, el avance de la investigación iniciada por el Juez Guzmán sigue expuesto al riesgo de que el Ejército reclame la competencia sobre el caso.

En otro gesto para la opinión pública, en diciembre de 1998, el Gobierno pidió al Consejo de Defensa del Estado que se personara en los casos, como lo había hecho en el caso Letelier. Esto habría posibilitado que abogados del Estado contribuyeran y observaran la investigación, e intervinieran en el juicio, así como a que el caso tuviera una mayor transcendencia política. El CDE tardó seis meses en tomar una decisión. El 25 de junio de 1999, su presidenta, Clara Szczaranski, anunció que el CDE no se personaría en el juicio de la "Caravana de la Muerte", una parte crucial de la investigación de Guzmán. Los periódicos informaron que Szczaranski estaba intentando "visiblemente eludir a la prensa."72

En conjunto, la decisión de la Corte Suprema y el anuncio del CDE demostraban que tanto la judicatura como el CDE preferían no augmentar el perfíl político de la investigación de Guzmán. El hecho de que el Gobierno no insistiera en sus peticiones indica que temía una reacción negativa del Ejército. Otra marcha atrás como la ocurrida cuando el Presidente Frei ordenó el fin de la investigación de los "Pinocheques" por "razones de Estado," habría dañado el prestigio del Gobierno tanto dentro como fuera del país.

Hubo aún menos posibilidades de negociación sobre medidas más radicales, tales como una ley que interpretaba la ley de amnistía de manera que no pudiera invocarse para evitar procesamientos o la limitación de la competencia de las cortes militares. La oposición parlamentaria derechista se negó a debatir cualquier reforma legal hasta que Pinochet regresara a Chile. Es más, ni siquiera existía un consenso sobre ninguno de estos asuntos antes de la detención de Pinochet. Un funcionario del Gobierno declaró abiertamente que las reformas necesarias violaban las reglas no declaradas de la transición chilena:

No es que se quiera garantizar impunidad, pero el sistema político está construido sobre la base de aceptar ciertos límites al proceso judicial. Así ha sido durante la transición, que ha tenido experiencias dramáticas, como el caso de los pinocheques, y las tendrá mañana cuando avancen los juicios que lleva adelante el ministro Guzmán... [H]ay una Ley de Amnistía, hay dificultades para hacer modificaciones legales que no contemplen un altísimo consenso. Están involucradas las Fuerzas Armadas, que no han recuperado como su único papel el estrictamente profesional, sino que aun muchos sectores de ellas se sienten, en parte, comprometidos con el pasado y también con la función que la Constitución les otorga, de garantes de la institucionalidad. Esas son restricciones objetivas queno se cambian ni con declaraciones ni con la buena intención de nadie. 73

Los límites que impidieron la administración de justicia también se aplicaban al ejercicio de los derechos políticos, que, como se señaló en el Capítulo I, están sujetos a restricciones estrictas dentro de la Constitución de 1980. La escasa mayoría del partido gobernante en el Senado (cuenta con 20 escaños frente a los 18 de la oposición) ha implicado que la mayoría de las propuestas que no partían de un consenso negociado teniendo en cuenta a los nueve senadores designados han sido drásticamente atenuadas o abandonadas.

Las enmiendas constitucionales necesarias para democratizar el Senado requieren el apoyo de tres quintas partes de ambas cámaras del Congreso. Si el Presidente no puede recabar este apoyo, la Constitución no le permite celebrar un referéndum para resolver el asunto (sólo puede convocarlo si no está de acuerdo con una enmienda constitucional propuesta por el Congreso).74 En su discurso sobre el Estado de la Nación de mayo de 1999, el Presidente Frei anunció la introducción de una moción para reformar la constitución con el fin de que el Presidente pueda convocar un referéndum en estas circunstancias. Cuando se escribió este informe, la propuesta presentada en junio de 1999 no había llegado a ningún lado, debido a las objeciones de la oposición y la falta de presión adoptada por el Gobierno.75 Como ha observado el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en sucesivos informes sobre Chile, el estancamiento constitucional ha impedido el goce de derechos protegidos por los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile.76

El Ministro de la Presidencia de Aylwin, Edgardo Boeninger, el más eminente estratega de la Concertación, ha sugerido que la reticencia del Gobierno a enfrentar el tema no se debía simplemente a motivos de fuerza mayor. "La responsabilidad esencial del gobierno de transición era reconstruir la convivencia nacional, concepto excluyente de intentos de imponer la ley de los triunfadores democráticos aunque hubieran tenido la mayoría parlamentaria y la fuerza política para hacerlo..."78 Siguiendo la misma línea de razonamiento, tanto Boeninger como Aylwin pensaron que la transición a la democracia había acabado porque se había logrado el primer objetivo del Gobierno, la gobernabilidad.

Los acontecimientos que siguieron a la detención de Pinochet sacaron a relucir los profundosconflictos políticos disimulados por la doctrina Boeninger-Aylwin. Los senadores de la derecha boicotearon el Congreso durante varios días. En mayo de 1999, se organizó en el parlamento una protesta del partido de oposición contra la detención de Pinochet, momentos antes del discurso presidencial sobre el Estado de la Nación. Los manifestantes reclamaron con rudeza la salida de la sala de los embajadores británico y español. La protesta se saldó con una reyerta a puerta cerrada con puñetazos propinados por las dos partes. El incidente recordaba a otro anterior ocurrido en marzo de 1998, cuando los senadores del Partido Socialista recibieron a Pinochet en el Senado esgrimiendo pancartas con fotos de desaparecidos, cuando se disponía a tomar asiento. Las líneas divisorias fundamentales de la política chilena estaban tan profundamente marcadas como siempre. Chile parecía seguir viviendo bajo la sombra de la Guerra Fría.

Al mismo tiempo, el asunto Pinochet trajo consigo importantes cambios soterrados. Éstos no se pusieron de manifiesto hasta mediados de 1999, cuando el clima de enfrentamiento durante los acontecimientos de Londres decayó y el país empezó a prepararse para las elecciones presidenciales de diciembre de 1999.

La Minoría Sin Voz: La Prensa y la Opinión Pública

Contrariamente a las imágenes de la sociedad chilena aparecidas en la prensa internacional con quemas de banderas y fanáticos manifestantes partidarios de Pinochet, una encuesta del 2 de diciembre de 1998 realizada por la organización privada MORI mostró que la mayoría de los chilenos no se sentían indebidamente perturbados por la detención de Pinochet. El 71 por ciento dijo que sus vidas no se habían visto afectadas y 66 por ciento que la democracia no corría peligro. El 44 por ciento consideraba que la detención de Pinochet era positiva; y 44 por ciento lo contrario. Cerca de dos tercios creían que Pinochet era culpable de los crímenes. El 57 por ciento consideraba que sería mejor para el país que fuera juzgado y sólo 29 por ciento que no debía ser juzgado.79

Esta encuesta no confirmaba uno de los argumentos más potentes del Gobierno para el regreso de Pinochet a Chile: que al detenerle, el Reino Unido había afectado gravemente el delicado equilibrio de la transición chilena, reabierto viejas heridas y vuelto a dividir a la sociedad del país. La encuesta MORI mostraba que más de la mitad de la población chilena consideraba que Pinochet debía responder por sus crímenes, pero no parecía que los chilenos asociaran los acontecimientos con una crisis o amenaza para sus vidas. Una encuesta publicada en la revista Qué Pasa dos semanas después llegó a conclusiones similares. El 41 por ciento estaba de acuerdo con la detención de Pinochet, el 56 por ciento lo consideraba el único o principal responsable de las violaciones a los derechos humanos durante el gobierno militar, y el 59 por ciento quería que se le juzgara en las cortes chilenas. No obstante, el asunto quedaba en el cuarto lugar de la lista de "temas importantes" y casi la mitad no le daba personalmente ninguna importancia.80 En una tercera encuesta publicada en abril de 1999, el 72 por ciento quería que se juzgara a Pinochet ya fuera en Chile o en Londres.81 Los ciudadanos de a pie parecía ver los acontecimientos con menos emoción que la elite política chilena.

Con la detención de Pinochet, los derechos humanos ocuparon por primera vez en años un espacio importante en la prensa chilena. Sin embargo, las opiniones del 30 por ciento que aparece constantemente en las encuestas apoyando la extradición y juicio de Pinochet en España tuvieron escaso eco en los medios escritos, que irónicamente se han vuelto cada vez menos representativos de toda la gama de opiniones dentro de la sociedad chilena, desde la vuelta al gobierno civil. Desde 1990, han desaparecido, debido al cese de lafinanciación extranjera y las condiciones del mercado, dos periódicos y tres semanarios que manifestaban opiniones contrarias a Pinochet durante la dictadura.82 Los artículos editoriales en los dos principales diarios, El Mercurio y La Tercera, respaldaron abrumadoramente a Pinochet o la alegación sobre la soberanía de Chile. Ningún periódico o semanario político de difusión masiva celebró la detención ni la decisión de los Lores - ni presentó argumentos del derecho internacional en su defensa - un marcado contraste con la prensa europea en la que ambas posiciones fueron expuestas con insistencia.83 El Internet siguió siendo la única opción para los que buscaban opiniones alternativas. Hasta los chistes contra Pinochet, tradicionalmente un rico filón humorístico durante el gobierno militar, se vieron exiliados al ciberespacio, como en el caso de las viñetas sardónicas de Guillo.84 El tabloide satírico The Clinic, que según se dice está vinculado a las juventudes del Partido por la Democracia y el Partido Socialista, fue distribuido gratuitamente al estilo de las publicaciones clandestinas. The Clinic se mofaba de los líderes de la Concertación así como de Pinochet. Pero, como escribió el periodista de La Tercera Gazi Jalil:

... nadie quiere verse públicamente involucrado. Nadie firma las crónicas. Nadie aparece como director responsable. Nadie es vocero oficial. Para burlarse de los políticos lo hacen desde la clandestinidad, que es el mejor sitio para librarse de la montaña de querellas que les aguarda en la siguiente esquina y de los portazos que suelen dar a los chistositos de siempre.85

Los ensayos mordaces sobre el caso Pinochet que era impublicables en la prensa aparecieron en forma de libros. Muchos se publicaron como "cartas abiertas" a varias personalidades, un nuevo género iniciado por el dramaturgo Marco Antonio de la Parra en su Carta abierta a Pinochet, publicada en 1998. En agosto de 1999, Patricia Lutz publicó una poco disfrazada novela de clave sobre las misteriosas circunstancias en las que su padre, el General Augusto Lutz, opositor a Pinochet y la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), murió de septicemia en el Hospital Militar tras una serie de errores médicos, en noviembre de 1974.86

Aunque no está directamente relacionada con el caso Pinochet, la prohibición del Libro negro de la justicia chilena de la periodista Alejandra Matus demostró que los jueces chilenos siguen sin defender la libertad de expresión. El Juez de la Corte de Apelaciones de Santiago Rafael Huerta ordenó que la policía sacara de la circulación el libro horas después de su publicación, el 13 de abril de 1999, con motivo de una querella criminal presentada contra la autora por el Juez de la Corte Suprema Servando Jordán. El libro de Matus, producto de ocho años de trabajo como reportera judicial, era una denuncia de la corrupción y la conducta impropia en los máximos escalafones de la judicatura. Incluía duras críticas a la Corte Suprema por no haber investigado las violaciones a los derechos humanos durante el gobierno militar. Matus fue acusada de delitos contemplados en la Ley de Seguridad Interior del Estado, que prohíbe las críticas consideradas ofensivas a las autoridades gubernamentales. Tuvo que salir de Chile en el primer vuelo a Buenos Aires para eludir la detención y acortó la promoción de su libro. El 16 de julio, la policía detuvo a Bartolo Ortíz, director de la editorial Planeta, y a Carlos Orellano, su editor, a los que acusó de los mismos delitos según una norma legal que traslada la responsabilidad a los editores si el autor no puede ser inculpado. Fueron detenidos durante dos días en la prisión de Capuchinos hasta su puesta en libertad bajo fianza. Dos importantes personalidades televisivas que habían leído o mostrado partes del libro en la televisión fueron citadas para dar testimonio. Matus, que ahora se encuentra en Estados Unidos, se expone a la detención si regresa a Chile. El 30 de septiembre de 1999, las autoridades estadounidenses le concedieron el asilo político.

Tras saber de la detención de Ortiz y Orellano, el Relator Especial sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos, Santiago Cantón, adelantó su viaje oficial de agosto y visitó Chile el 23 de junio. El Relator dijo que consideraba graves las limitaciones legales a la libertad de expresión en Chile y que la actuación de la corte en el caso del Libro negro violaba la prohibición de la censura previa contemplada en la Constitución de Chile así como en el Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.87 El caso está actualmente en manos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En dos casos de censura previa en los que la Comisión había declarado que Chile había violado el Artículo 13 de la Convención Americana (los casos del libro Impunidad Diplomática de Francisco Martorell y la película de Martin Scorsese La última tentación de Cristo), el Gobierno chileno no ha aplicado las recomendaciones de la Comisión que ordenó el levantamiento de ambas prohibiciones.

En una introducción profética a El libro negro, Matus describía el momento en que recibió una llamada de un colega pidiéndole permiso para publicar pasajes del libro en un artículo previo a la publicación en el diario La Tercera. Escribió que su conversación "sirvió para revivir en mi ánimo las aprehensiones por los riesgos que corremos (la casa editorial y la autora) por el solo acto de difundir hechos que, aunque fundamentados y comprobados, van a resultar ciertamente incómodos para sus protagonistas. Y qué contrastante me resulta esta realidad cuando la comparo con la de otros países democráticos, en donde no hay cortapisas para criticar a las autoridades a través de los medios de comunicación, reírse de ellas incluso, sin que el periodista o escritor corra el peligro de tener que ir a parar a la cárcel."88

El Artículo 6(b) de la Ley de Seguridad Interior del Estado castiga a los que "difamen, injurien o calumnien" al Presidente, los ministros del Gobierno, los parlamentarios, los jueces superiores y los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. La condena máxima para este delito es de cinco años de cárcel. Según el Artículo 30 de esta ley, el juez "deberá ordenar que.... se recojan y pongan a disposición del Tribunal, los impresos, libros, panfletos, discos, películas, cintas magnéticas y todo otro objeto que parezca haber servido para cometer el delito."

El delito de desacato a la autoridad está tipificado como un atentado contra el "orden público", y los precedentes judiciales han demostrado durante muchos años que el perjuicio al orden público proviene de las expresiones empleadas y no ha de ser probado para que se confirme el procesamiento. Al seguir esta doctrina, las cortes han eludido la tarea crucial de establecer que el orden público se veía dañado o amenazado en realidad por una expresión ofensiva, o que la restricción impuesta era legítima y necesaria. No se trata tan sólo de que las condenas de prisión sean mayores que las estipuladas para el libelo en el código penal ordinario,sino que es más difícil establecer la inocencia dado que las cortes han decidido reiteradamente que la veracidad de las expresiones impugnadas no es una defensa legítima.89

Esta ley decimonónica del desacato a la autoridad ha sido invocada desde 1958 hasta ahora. Al menos 15 periodistas y ocho políticos, entre ellos varios parlamentarios de la coalición en el Gobierno, han sido acusados desde 1990 al amparo del Artículo6(b) de la ley. Algunos de los procesamientos fueron iniciados por jueces de la Corte Suprema. En 1995, el Congreso, con la simpatía evidente del gobierno de Frei, formuló cargos contra un ex ministro de Pinochet, Francisco Javier Cuadra, por los comentarios aparecidos en una entrevista publicada en una revista considerados una ofensa al "honor institucional" del parlamento. Cuadra fue sentenciado a 540 días de cárcel y la condena fue suspendida.

Una de las muchas demandas presentadas por Pinochet en virtud de esta ley condujo a la detención en octubre de 1996 de la secretaria general del Partido Comunista, Gladys Marín, por un discurso conmemorando a los "desaparecidos" en el que dijo que Pinochet era "el principal responsable del terrorismo de Estado." Después de que el caso recibiera amplia cobertura en la prensa internacional, el Ministro de Defensa Edmundo Pérez Yoma convenció a Pinochet para que retirara la acusación. El senador del Partido Socialista José Antonio Viera-Gallo estuvo a punto de ser procesado en 1997 por un comentario realizado en un debate televisivo que el General Pinochet consideró ofensivo. Pinochet retiró la demanda después de que Viera-Gallo aceptara una propuesta de Pérez Yoma para que diera una "explicación" de sus cometarios al representante del Ejército, el General Rafael Villaroel.90

No obstante, el libro de Matus abrió nuevos caminos: era la primera vez desde la vuelta a la democracia que se había invocado esta ley para censurar un libro. Esta vez ningún político destacado se manifestó en defensa de la actuación de Jordán. El Presidente de la Corte Suprema consideró que había hecho caer en el descrédito a la judicatura. El 20 de abril, un grupo de legisladores de la Concertación presentaron una propuesta de ley para la eliminación del Artículo 30 y la mayoría, aunque no todas, las disposiciones del Artículo 6(b) ante la Cámara de Diputados. Era la primera vez que se proponía la anulación de esta ley, que durante años ha puesto límites a la libertad de prensa así como a las críticas públicas a los altos funcionarios.

Cuando se escribió este informe, un comité había aprobado el proyecto, pero lo había modificado de tal manera que incorporara las disposiciones esenciales de la Ley de Seguridad del Estado en el código penal ordinario. A parte de modificar el Artículo 6(b) de la ley y eliminar las disposiciones equivalentes en el Código Penal91 - ambas medidas positivas - en el texto acordado por el comité se proponía la enmienda del Articulo 429 del Código Penal, que trata sobre el libelo y la difamación de autoridades gubernamentales. La enmienda convertiría este acto en una forma especialmente grave de libelo, precisamente el tipo de disposición discriminatoria en favor de las autoridades y a expensas del ciudadano de a pie que el proyecto de ley pretendía abolir. Por lo tanto, a no ser que se rechace esta enmienda, existe el peligro de que el delito de difamación pueda ser introducido subrepticiamente de nuevo en la legislación ordinaria sobre el libelo.92 Si no se aprueba el proyecto de ley original antes del final del gobierno de Frei, se sumará a una lista de reformas destinadasa la ampliación de la libertad de expresión que llevan años estancadas en el Congreso. Entre ellas se encuentran un proyecto de ley general de prensa aumentando la protección jurídica de los periodistas presentado por primera vez en 1993, una propuesta de reforma constitucional para eliminar la censura cinematográfica y un proyecto de ley de libertad de acceso a la información.

La Presión para Llegar a un Compromiso

Parece que ninguno de los bloques está interesado en adoptar una política de confrontación en materia de derechos humanos. Se han dedicado considerables esfuerzos a la búsqueda de una fórmula elusiva que limaría las diferencias sobre el asunto de la justicia, la cual se describe más adelante en este capítulo. En este proceso, se espera que Lavín se distancie de Pinochet, al igual que se promoverá que los dirigentes socialistas moderen su demandas de justicia en interés de la "gobernabilidad." En círculos privados, dirigentes de ambos bloques han admitido que la democracia chilena estaría mejor con Pinochet en Londres. Si Pinochet había sido divisivo estando ausente, lo sería aún más a su regreso.94 El ex Ministro de Relaciones Exteriores Insulza dijo otro tanto en una entrevista con el periódico español El País, lo que provocó una queja oficial inmediata de las Fuerzas Armadas al entonces Ministro de Defensa José Florencio Guzmán. Esta opinión extraoficial cambió significativamente cuando la salud de Pinochet se deterioró en septiembre, lo que instigó el temor a un "síndrome del mártir" si Pinochet moría cautivo en el extranjero.

La posición oficial siguió siendo la oposición rotunda al juicio de Pinochet fuera de Chile. A finales de diciembre, Insulza escribió al Secretario General de la ONU Kofi Annan expresándole su preocupación por "el desconocimiento del derecho internacional en vigor y de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, pudiendo así sentarse un grave precedente a las relaciones de amistad de los estados."95 El actual Ministro de Relaciones Exteriores Juan Gabriel Valdés llevó más allá el discurso cuando, en septiembre de 1999, irritado por el rechazo del Ministro de Exteriores español Abel Matutes de la propuesta chilena de buscar arbitraje internacional en el caso, acusó a los países europeos de intentar de manera pretenciosa y arrogante decirles cómo y cuándo debían concluir la transición chilena; y satirizó al Juez Garzón calificándole de "justiciero internacional" que se había creído con derecho a juzgar lo que había ocurrido en Latinoamérica como resultado de la Guerra Fría.96 De manera similar, la judicatura chilena se ha negado a atender las peticiones de información del tribunal español. Tras la primera decisión de los Lores, el Presidente de la CorteSuprema Roberto Dávila declaró públicamente: "Se ha pisoteado nuestra soberanía."97 En la ceremonia de inauguración del año judicial, el 1º de marzo de 1999, el Ministro Dávila dijo que una sentencia adversa de los Lores en el caso que les preocupaba sería la ruptura más grave que podría sufrir el orden jurídico internacional actual en los últimos días del milenio. Y añadió que supondría el final del principio de igualdad entre Estados.98 También dejó claro que a no ser que hubiera un cambio en la legislación chilena, la ley de amnistía tenía que aplicarse y las decisiones de los tribunales chilenos respetarse.

La Ley de Amnistía: La Manzana de la Discordia

En Chile, sin embargo, la ley de amnistía es considerada por todos los partidos políticos con representación en el Congreso - incluso aquellos que la rechazan en principio - una parte inalterable del legado de Pinochet. Sólo la izquierda extraparlamentaria sigue defendiendo la promesa electoral de la Concertación en 1998 de anular o derogar la ley.101 El Gobierno lo considera legalmente imposible y políticamente inviable. Tampoco ha apoyado ninguna de las propuestas parlamentarias para la interpretación de la ley. Al menos tres proyectos de ley presentados por la minoría han fracasado, por falta de apoyo del Gobierno, en su intento de excluir del marco de aplicación de la ley los crímenes de lesa humanidad. En juniode 1998, por ejemplo, un anuncio de la introducción por parte del Partido Socialista de una propuesta de ley para la exclusión de los crímenes de lesa humanidad de la ley de amnistía llevó a una contrapropuesta inmediata de los dos principales partidos de la oposición, la UDI y RN, que supondría cerrar efectivamente la posibilidad de todo procesamiento basado en abusos a los derechos humanos ocurridos durante el régimen militar. Explicando la falta de apoyo del Gobierno a la iniciativa socialista, el Secretario General de Gobierno José Joaquín Brunner dijo que la situación político-legal seguía haciendo imposible retomar el asunto de la amnistía.102 En definitiva, los avances en los juicios de derechos humanos que se resumen a continuación se deben más a la interpretación jurídica por parte de los tribunales que a las acciones del Gobierno.

Juicios en otros Países

Como se señala en el Capítulo I, el asesinato de Letelier-Moffitt es el único delito cometido durante el período cubierto por la ley de amnistía por el que los responsables han sido condenados en las cortes chilenas. Otros crímenes atribuidos a los agentes de la DINA en el contexto de la Operación Cóndor han sido investigados o están siendo investigados por tribunales de otros países, entre ellos Argentina, Italia, Uruguay y Estados Unidos.

Éstos incluyen el asesinato con carro bomba en septiembre de 1974 del comandante retirado del Ejército, el General Carlos Prats González, y su esposa Sofía Cuthbert en Buenos Aires, por el cual ha sido inculpado y se encuentra detenido en Buenos Aires un ex agente de la DINA, Enrique Arancibia Clavel. En abril de 1999, la abogada que representa a la familia Prats, Pamela Pereira, solicitó a la juez instructora, María Servini de Cubría, que formulara cargos contra Pinochet y los oficiales superiores de la DINA implicados en los hechos, entre ellos el jefe del "departamento internacional," el Brigadier Raúl Iturriaga Neumann. La Juez Servini ha recibido asistencia estadounidense por medio de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y ha obtenido acceso a documentos sobre el caso Pinochet, así como autorización para interrogar a dos condenados en Estados Unidos dentro del programa de protección de testigos.

La investigación en los tribunales uruguayos del misterioso asesinato en 1993 del químico de la DINA Enrique Berrios en Uruguay terminó repentinamente en noviembre de 1998, cuando el Juez Álvaro González archivó el caso como un "delito sin esclarecer." Aunque las investigaciones cerradas son del dominio público en Uruguay, el Juez González decretó la confidencialidad del expediente basándose en que la seguridad de los testigos podría verse comprometida. Con la ayuda de un ex colega de la DINA, Berrios había salido de Chile y llegado a Montevideo en 1991 para eludir el interrogatorio en el caso Letelier. Se le dio por desaparecido después de un intento en vano de escapar de sus "guardaespaldas," que según se dijo eran miembros de la inteligencia militar uruguaya. Berrios estaba implicado en el asesinato del diplomático español de la ONU Carmelo Soria y se sabía que había trabajado en la producción del componente químico Sarin, fabricado según se cree por la DINA para asesinatos políticos.103

Un caso prominente en el que se requieren nuevas medidas tanto del Gobierno chileno como del italiano para garantizar la administración de justicia es el del ex dirigente democristiano Bernardo Leighton y su esposa Anita Fresno. Leighton, Ministro del Interior durante el gobierno de Frei Montalva en los sesenta,104 estaba en el exilio durante el régimen militar emprendiendo iniciativas para establecer la coordinación entre el Partido Demócrata Cristiano y la izquierda cuando él y su mujer fueron víctimas de los disparos casi mortales de un pistolero neofascista italiano a las órdenes de la DINA, en Roma el 6 de octubre de 1975.

En junio de 1995, tras una investigación exhaustiva, un juez italiano condenó en rebeldía al ex General Manuel Contreras y al ex Brigadier Raúl Iturriaga de la DINA como autores intelectuales del intento de asesinato de Leighton y Fresno, y los condenó a 20 y 18 años de cárcel, respectivamente. Un tribunal superior confirmó esta sentencia en julio de 1996.105 El Gobierno de Chile, que actuó como parte en el juicio en Italia, recibió con satisfacción el veredicto en una conferencia de prensa celebrada por el Subsecretario General de Gobierno Edgardo Riveros. El Embajador de Chile en Italia también mostró su satisfacción.106 A pesar de estas declaraciones, ni Chile ni Italia han adoptado nuevas medidas para la ejecución de la sentencia. Aunque no existe un tratado de extradición entre Chile e Italia, según el derecho internacional esto no supone un impedimento para que Chile envíe a Contreras e Iturriaga a Italia para que cumplan sus condenas. En agosto de 1999, Human Rights Watch envío una carta al funcionario encargado de los procesos de extradición en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia solicitando información sobre la situación del caso. Cuando se escribió este informe, no se había recibido respuesta alguna del Gobierno de Italia.

69 "Las insuficiencias de nuestra democracia han quedado patentes, y el drama de los detenidos desaparecidos, de aquellos cuyo paradero se ha desconocido por más de veinte años, permanece como una herida abierta en el alma nacional. El mundo entero lo sabe y no lo olvida." Presidente Eduardo Frei-Tagle, Discurso sobre el Estado de la Nación, 21 de mayo de 1999.

70 La tarjeta de advertencia que el arbitro de futbol muestra al jugador que comete una infracción.

71 En el Artículo 7 de la Ley 19.047 de febrero de 1991, el gobierno del Presidente Aylwin incluyó una disposición, adaptada al caso Letelier, por la que "cuando puedan afectar las relaciones internacionales de la República con otro Estado", los delitos pueden someterse a la competencia directa de la Corte Suprema, que pude designar a uno de sus miembros para que se encargue de la investigación. La disposición está recogida en el Artículo 52(2) del Código Orgánico de Tribunales. A parte del caso Letelier, la ley fue empleada para autorizar que un juez de la Corte Suprema se encargara de la investigación del asesinato del funcionario español de las Naciones Unidas Carmelo Soria, tras las insistentes presiones del Gobierno español. Como se señaló anteriormente, el caso fue cerrado posteriormente con la aplicación de la ley de amnistía y formó parte de la petición inicial de extradición dictada por el Juez Garzón.

72 "Caravana de la Muerte: CDE no se hará parte," La Tercera, 26 de junio de 1999.

73 Entrevista con el ex Secretario General de Gobierno del Presidente Frei, José Joaquín Brunner. Cony Stipicic, "Frei ha hecho exactamente lo que tenía que hacer," Reportajes, La Tercera, 15 de noviembre de 1998.

74 Artículos 117 y 119.

75 "Urgencia para reforma sobre plebiscito," El Mercurio, 27 de agosto de 1999.

76 En su examen del informe presentado por Chile de conformidad con el Artículo 40 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Comité de Derechos Humanos de la ONU concluyó que: "Las disposiciones constitucionales que formaron parte del acuerdo político que facilitó la transición de la dictadura militar a la democracia dificultan la aplicación plena del Pacto por el Estado parte. Si bien el Comité reconoce los antecedentes políticos y las dimensiones, hace hincapié en que las limitaciones internas no pueden servir de excusa o justificación del incumplimiento por el Estado parte de sus obligaciones internacionales en virtud del Pacto." El Comité declaró que se sentía profundamente preocupado "por los enclaves de poder que siguen estando controlados por miembros del antiguo régimen militar. Las facultades otorgadas al Senado de bloquear las iniciativas aprobadas por el Congreso y los poderes de que goza el Consejo Nacional de Seguridad, organismo paralelo al Gobierno, son incompatibles con el artículo 25 del Pacto. La composición del Senado impide la reforma jurídica que permitiría que el Estado parte cumpliera más plenamente con sus obligaciones en virtud del Pacto." Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos : Chile. CCPR/C/79/Add.104, 30 de marzo de 1999. (Comentarios 6 y 8).

78 Edgardo Boeninger, Democracia en Chile (Santiago: Editorial Andrés Bello, 1997), p. 431.

79 "Caso Pinochet no afecta apoyos presidenciales," El Mercurio, 3 de diciembre de 1998; y Margaret Valenzuela, "Chilenos sienten que no les afecta caso Pinochet," La Tercera, 3 de diciembre de 1998.

80 "Las cifras de la crisis Pinochet," Qué Pasa (Santiago), 19 de diciembre de 1998.

81 Encuesta realizada por el Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea (CERC), publicada en La Tercera, 20 de abril de 1999.

82 Los diarios El Fortín Mapocho y La Época cerraron en 1990 y 1998 respectivamente; los semanarios Cauce, Análisis y APSI desaparecieron en los primeros años del gobierno de Aylwin. El periódico de tendencia demócratacristiana Hoy cerró en octubre de 1998.

83 En 1999, se puso en circulación el diario El Metropolitano, independiente de las dos cadenas que dominan los medios impresos chilenos, El Mercurio y Copesa, propietario de La Tercera. Las esperanzas de que El Metropolitano pudiera establecer nuevos niveles de información independiente se vinieron abajo cuando los responsables despidieron al director de política y a otros dos directores por negarse a modificar un artículo sobre el golpe militar previsto para el 11 de septiembre y titulado "Las estrellas olvidadas del golpe." El artículo contenía un perfil de los generales que al aparecer habían persuadido a Pinochet para que participara en el golpe. Los administradores que representaban al propietario, la cadena comercial Hites, pusieron objeciones. Once redactores del periódico renunciaron en solidaridad con sus colegas. "Remezón en el Metropolitano por despido de directores," La Tercera, 15 de septiembre de 1999.

84 Las viñetas aparecen semanalmente en www.guillo.cl.

85 Gazi Marcelo Jalil, "La Izquierda sin censura," Reportajes, La Tercera, 28 de febrero de 1999.

86 Patricia Lutz, Años de Viento Sucio (Santiago: Planeta, 1999). La hermana de Patricia, Olga, entregó pruebas al Juez Garzón en España.

87 Jazmín Jalilie, "Relator OEA califica como grave la censura en Chile," la Tercera, 24 de junio de 1999.

88 Alejandra Matus, El libro negro de la justicia chilena (Santiago: Planeta, 1999), pp. 11-12 (sólo disponible en ediciones piratas fotocopiadas y durante un tiempo en el Internet en www.tercera.cl/libronegro).

89 Para ver un análisis y una crítica más completos de esta ley, Human Rights Watch, Los límites de la tolerancia, pp. 48-53, 88-98.

90 Ibíd., pp. 88-89.

91 Los Artículos 263-265 del Código Penal se ocupan de la difamación de autoridades gubernamentales, la alteración de los procedimientos del Congreso y los tribunales, así como las amenazas y las expresiones injuriantes contra legisladores y jueces. El texto del Artículo 263 es similar al del Artículo 6(b) de la Ley de Seguridad del Estado.

92 Ver Felipe González Morales, "Informe ampliado sobre el proyecto que modifica la Ley 12.927," Programa de Acciones de Interés Público, Centro de Investigaciones Jurídicas, Universidad Diego Portales, septiembre de 1999, pp. 19-20.

93 El bloque de oposición está integrado por dos partidos conservadores - Renovación Nacional (RN) y la Unión Democrática Independiente (UDI). El fundador de la UDI, Jaime Guzmán Errázuriz, fue asesor político de Pinochet y uno de los autores de la Constitución de 1980.

94 Según el Senador Edgardo Boeninger, "El cuadro más complicado para la Concertación se presentará si el general Pinochet vuelve a Chile. A mi juicio, lo que ocurrirá es que se incrementarán las demandas del PS para que se haga justicia acá." Francisco Dagnino, "Las recetas de Boeninger en el caso Pinochet," La Tercera, 22 de febrero de 1999. Ver también "Chile's right in the shadow of an embarrassing old general," The Economist (Londres), 14 de agosto de 1999.

95 "Caso Pinochet, preparan una nueva protesta internacional," La Tercera, 2 de enero de 1999.

96 "Chile rechaza juicio europeo a transición," El Mercurio, 24 de septiembre de 1999.

97 José Ale, "Dávila: `Se ha pisoteado nuestra soberanía'," La Tercera, 2 de diciembre de 1999.

98 "Dávila abogó por liberación de Pinochet," El Mercurio, 2 de marzo de 1999.

99 En su Cometario General No. 20, el Comité de Derechos Humanos de la ONU concluyó que las leyes de amnistía tales como la chilena son generalmente incompatibles con las obligaciones contraídas por los Estados en virtud del PIDCP de garantizar que las personas bajo su jurisdicción no sean objeto de violaciones del Pacto, investigar las violaciones que se produzcan y asegurar que no se cometen violaciones similares en el futuro. El Comité de Derechos Humanos llegó a la misma conclusión en al menos seis quejas examinadas relativas a Perú, Francia, Uruguay, Argentina y El Salvador.

100 En marzo de 1999, el Comité de Derechos Humanos, en su consideración del informe de Chile sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, señaló que la ley de amnistía impedía que el Estado cumpliera sus obligaciones en virtud del Artículo 2(3) del Pacto de garantizar la reparación efectiva a toda persona cuyos derechos y libertades hayan sido violados. En 1996 y de nuevo en 1998, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que el decreto de amnistía chileno violaba los términos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. De hecho, la comisión reprendió a los gobiernos electos por no haber eliminado el decreto. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Nº 36/96, 15 de octubre de 1996, e Informe Nº 25/98, 2 de marzo de 1998.

101 En el programa electoral de la Concertación de 1989 se declaraba: "Por su propia naturaleza jurídica y verdadero sentido y alcance, el DL sobre amnistía, de 1978, no ha podido ni podrá ser impedimento para el establecimiento de la verdad, la investigación de los hechos y la determinación de las responsibilidades penales y consecuentes sanciones en los casos de crimenes contra los derechos humanos, como son las detenciones seguidas de desaparecimiento, delitos contra la vida y lesiones físicas o sicológicas gravísimas. El gobierno democrático promoverá la derogación o nulidad del Decreto Ley sobre Amnistía." Concertación de Partidos por la Democracia, "Programa de Gobierno," publicado por el diario de la editorial de prensa La Época, 1989.

102 "Brunner: no hay condiciones," La Tercera, 4 de julio de 1998.

103 Fundación Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad, Informe de Derechos Humanos del Primer Semestre de 1999, pp. 16-18. Para ver antecedentes sobre el caso Berrios, Human Rights Watch, "Unsettled Business: Human Rights in Chile at the Start of the Frei Presidency," A Human Rights Watch Short Report, vol. 6, no. 6, mayo de 1994, pp. 19-20.

104 El Presidente Eduardo Frei Montalva era el padre de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, actual Presidente de Chile.

105 Está previsto que el General Contreras, que está cumpliendo una condena de siete años en Chile por el asesinato de Letelier-Moffitt, salga de la cárcel antes del 2002. El Brigadier Iturriaga está en libertad en Chile.

106 "Gobierno satisfecho," La Nación (Santiago), 24 de junio de 1995.

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CAPÍTULO IV (cont.)

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