Desde el comienzo, la investigación española buscó pruebas documentales de la relación de Pinochet con el aparato de seguridad chileno y su control sobre su funcionamiento. La negativa de Chile a cooperar con la investigación dificultó esta tarea. El gobierno militar saliente nunca entregó a las autoridades electas documentos clasificados militares o de inteligencia tales como los de la DINA y el CNI. La mayoría de la información disponible en Chile, a parte de los testimonios directos, consistía en documentos públicos tales como decretos legislativos, decisiones judiciales e informes de ONG de derechos humanos y la prensa. Estados Unidos, por otro lado, había acumulado montañas de documentos de inteligencia sobre los servicios de las Fuerzas Armadas de Chile y sobre la formación, desarrollo y actividades de la DINA y su relación con Pinochet, información que podía ser crítica para demostrar la culpabilidad de Pinochet.

Estados Unidos había practicado cada vez más acciones encubiertas en Chile a partir de los sesentas. Las revelaciones de los intentos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), durante el gobierno de Nixon, de impedir la elección del Presidente Salvador Allende en 1970, y de su polémica participación en su derrocamiento condujo a una de las investigaciones más exhaustivas de las actividades de la CIA realizada hasta el momento en el Congreso, por un comité presidido por el Senador Frank Church.137 Un año después, el asesinato de Letelier desencadenó una importante cacería del asesino que aportó a los investigadores estadounidenses pruebas valiosas sobre el funcionamiento de la Operación Cóndor. Se cree asimismo que las agencias de Estados Unidos poseen información crucial sobre violaciones a los derechos humanos dentro de Chile entre 1973 y 1975, cuando los funcionarios estadounidenses mantuvieron un estrecho contacto con el director de la DINA, Manuel Contreras.

En febrero de 1997, España invocó un Tratado de Asistencia Legal Mutuo bilateral con Estados Unidos para solicitar que el gobierno de Clinton pusiera a su disposición sus documentos sobre violaciones a los derechos humanos en Chile. Aunque Clinton prometió dar apoyo en respuesta a las preguntas del Congreso de abril de 1998, ese apoyo se materializó muy lentamente. La Casa Blanca casi no se manifestó cuando detuvieron a Pinochet y, cuando aumentó la presión en Europa a favor de su extradición, el vocero del Departamento de Estado, James Rubin, se apresuró a defender al Gobierno chileno y pidió que se respetaran los esfuerzos para harmonizar la reconciliación y la justicia en Chile.138 Tras algunas muestras positivas iniciales, el Departamento de Justicia decidió no proceder con la petición de extradición a Estados Unidos de Pinochet para ser juzgado por el asesinato de Letelier-Moffitt.

El nerviosismo del gobierno de Clinton era producto de algunas preocupaciones que había expresado al votar en contra el Tratado de Roma para el establecimiento de la Corte Penal Internacional, en junio de 1998: por que los ex funcionarios del Gobierno y ex soldados estadounidenses destacados en el extranjero pudieran ser procesados. El Gobierno de Estados Unidos simpatizaba con el predicamento de Chile. Como lo expuso el New York Times:

Supongamos que los camboyanos deciden inculpar a Kissinger por haber ordenado el bombardeo de su país durante la guerra de Vietnam. Es probable que Estados Unidos se apresure a adoptar una línea de defensa no muy diferente de la de Chile, diciendo que la historia había juzgado por si misma la guerra, que no se juzgan normalmente a las personas por las políticas y que los tribunales americanosse han encargado de los individuos que habían cometido delitos.139

Además, el papel de Estados Unidos en Chile durante los setentas fue altamente controversial. Los documentos desclasificados en 1998 indicaban que Estados Unidos no sólo había allanado el camino para que Pinochet tomara el poder sino que también le había ayudado a mantenerse en el mismo. En una nota informativa preparada en noviembre de 1973 por el Secretario de Estado Henry Kissinger sobre las ejecuciones sumarias y los asesinatos ocurridos en las tres semanas posteriores al golpe militar, se revelaba que Washington estaba entregando a Chile ayuda financiera y militar mientras estos abusos estaban en su cota máxima.140 En otros documentos se indicaba que los agentes del FBI cooperaron con la policía chilena, suministrándoles información sobre disidentes chilenos detenidos en otros países.141 Un "memcon" (apuntes de conversación) condenatorio revelaba los detalles de una conversación entre Kissinger y Pinochet en 1976, en la que Kissinger tranquilizaba al dictador afirmando que el discurso que (Kissinger) se disponía a dar ante la Asamblea General de la OEA criticando el historial de derechos humanos de Chile debía interpretarse como una concesión inevitable a la opinión liberal estadounidense y no estaba dirigido contra Chile.142

El 1º de febrero de 1999, cediendo finalmente a la presión internacional, las peticiones del Congreso y los llamamientos de las víctimas más famosas de Pinochet, la Casa Blanca solicitó a las agencias estadounidenses de seguridad nacional que desclasificaran y publicaran documentos que arrojaran luz sobre violaciones a los derechos humanos, terrorismo y otros actos de violencia política en Chile. En abril de 1999, la Fiscal General Janet Reno permitió el acceso a documentos desclasificados a la Juez María Servini de Cubría, que estaba investigando el asesinato en 1974 del ex Comandante del Ejército de Chile Carlos Prats, en Buenos Aires. También autorizó a la juez argentina, así como al Juez Garzón, a interrogar a Michael Townley, el ex agente de la DINA condenado en Estados Unidos por el asesinato de Letelier-Moffitt y puesto en libertad al amparo del programa de protección de testigos.143

El 30 de junio de 1999, el gobierno de Clinton hizo públicos unos 5.300 documentos, con un total de más de 20.000 páginas, la mayoría de los cuales estaban relacionados con el período de 1973-1978. Se había prometido la desclasificación de miles más de documentos ese mismo año. El Departamento de Estado, que había enviado por anticipado los documentos al Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile y a la Embajada de Chile en Washington dos días antes de su publicación, puso los documentos en su página Web y el público chileno pudo revisarlos en la Biblioteca Nacional de Santiago. El Embajador de Estados Unidos John O'Leary dijo a la prensa chilena que la publicación se debía al interés del Congreso y del público, y no tenía nada quever con la detención de Pinochet.144

Entre los documentos desclasificados se encontraba un memorándum del Departamento de Defensa, con fecha del 2 de febrero de 1974, en el que se declaraba que la DINA estaba "directamente supeditada al Presidente de la Junta Militar, el General Pinochet" y contaba con una cifra estimada de 700 agentes en activo, a pesar de que no se creó oficialmente hasta noviembre de 1974. También se señalaba que los agentes de la DINA "no están adecuadamente capacitados para desempeñar su trabajo," especialmente en técnicas de interrogatorio: "las fuentes dijeron que sus métodos proceden directamente de la Inquisición española y suelen dejar a las persona interrogada con daños corporales visibles."145

Human Rights Watch recibió con satisfacción la publicación por ser un avance significativo en la búsqueda de la verdad y la responsabilidad por las acciones tanto chilenas como estadounidenses. Junto con el National Security Archive,146 manifestamos nuestra seria preocupación por que la CIA sólo hubiera desclasificado una fracción de su archivo. Con lo que se había hecho público se demostraba claramente el conocimiento detallado de la CIA, el FBI y el Departamento de Estado de los salvajes abusos a los derechos humanos que tenían lugar en Chile y su constante cooperación con sus homólogos chilenos.

Pero existen vacíos evidentes que dejan muchas preguntas sin respuesta. ¿Cuáles fueron las circunstancias de la ejecución de los ciudadanos estadounidenses Charles Horman y Frank Terrugi en las postrimerías del golpe? ¿Contaban los servicios de inteligencia de Estados Unidos con suficiente información sobre la Operación Cóndor como para haber prevenido el asesinato de Letelier y Moffitt? ¿Participó la CIA en el entrenamiento o asistencia a la DINA?147 En lo referente a las acciones de Pinochet, el actual Ministro de Relaciones Exteriores Juan Gabriel Valdés hizo hincapié en que, después de un examen detallado del expediente completo, un equipo ministerial no ha hallado nada que pueda afectar los procedimientos contra Pinochet. Fue una conclusión sorprendente, dado que algunos de los documentos revelados hasta la fecha ofrecían detalles desconocidos sobre cuestiones clave tales como la relación entre la DINA, Pinochet y el resto de las Fuerzas Armadas.148

Tanto la decisión estadounidense de divulgar los detalles de su involucración clandestina en Chile como el propio procesamiento español atestigua un hecho fundamental sobre este trágico cuarto de siglo de historia chilena: sus orígenes y sus repercusiones se extienden mucho más allá de las fronteras de Chile. Ni el contexto de la Guerra Fría en el que se desarrolló la escena, ni la intromisión clandestina de una potencia extranjera en los asuntos políticos chilenos, ni la diáspora forzada de exiliados chilenos, ni las violentas represalias contra ellos de los agentes de Pinochet respetaron las fronteras o los derechos de la nación. Elenorme valor del caso iniciado en España reside en que reafirma un principio fácilmente pasado por alto en los conflictos sobre soberanía y jurisdicción: los derechos humanos no pertenecen a los países sino a la humanidad, y por este motivo su protección ha dependido fundamentalmente de la cooperación internacional.

Sebastian Brett, investigador de Human Rights Watch, escribió este informe. Reed Brody, Director de Planificación y Estrategia de Human Rights Watch, y Helena Cook contribuyeron con documentación al Capítulo III. El informe fue editado por José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch; Anne Manuel, Subdirectora de la División de las Américas; Cynthia Brown, Directora de Programas de Human Rights Watch; Wilder Tayler, Consejero General; y Reed Brody. Las asistentes de Human Rights Watch Jessica Galería y Monisha Bajaj ayudaron en la producción.

Felipe González, Director del Departamento de Investigación de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales comentó detalladamente el informe. Juan Luis Guillén, de Global Communications L.L.C., lo tradujo al castellano. 

Estamos sumamente agradecidos a la Fundación Ford por aportar financiación para sostener nuestros gastos de investigación, lo que nos permitió observar de cerca los acontecimientos en Chile y en otros lugares durante seis meses.

137 El Comité Selecto del Senado para el Estudio de las Operaciones del Gobierno con Respecto a las Actividades de Inteligencia, Covert Action in Chile, 1963-1973 (Washington, D.C., 1975).

138 "EE.UU. Pide que se respete a Chile," La Tercera, 1º de diciembre de 1998.

139 Barbara Crossette, "Dictators (and some lawyers) tremble," New York Times, 29 de noviembre de 1998. Traducción de HRW.

140 Peter Kornbluh, "Prisoner Pinochet: the Dictator and the Quest for Justice," The Nation (Nueva York), 21 de diciembre de 1998.

141 Según un documento desclasificado del FBI, en 1975 el agente Robert Scherrer entregó al director de la policía de Investigaciones de Chile, el General Ernesto Baeza, información sobre Jorge Isaac Fuentes, un miembro del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) que fue detenido por la policía paraguaya en 1975. Tim Weiner, "F.B.I. Helped Chile Search For Leftists, Files Show," The New York Times, 10 de febrero de 1999. Documentos hallados en los archivos de la dictadura en Paraguay demuestran que la policía paraguaya entregó a Fuentes a las fuerzas de seguridad chilenas, tras lo cual se perdió toda pista de él. Comité de Iglesias e International Human Rights Law Group, "Tortura en Paraguay: pasado y presente," Asunción, 1993, p. 23.

142 Lucy Komisar, "Kissinger covered up Chile torture," The Observer, 28 de febrero de 1999; Peter Kornbluh, "Kissinger and Pinochet," The Nation, 29 de marzo de 1999.

143 "Prats: EEUU da luz verde a Townley," La Tercera, 27 de abril de 1999.

144 Paola Sais, "Archivos CIA: `Gobiernos sacarán conclusiones'," La Tercera, 15 de marzo de 1999.

145 Traducción de HRW.

146 El National Security Archive es una organización no gubernamental de cabildeo para el libre acceso a la información cuyo Proyecto de Documentación de Chile lideró la campaña a favor de la desclasificación.

147 "No se publicó un sólo documento que arroje luz sobre las estrechas relaciones operativas entre la oficina de la CIA en Santiago y el régimen chileno y su aparato de inteligencia. Tampoco se revelaron cientos de memorandos internos de la sede central en Langley donde se registran las decisiones políticas para asistir encubiertamente al nuevo régimen con equipo, capacitación y logística." Peter Kornbluh, "Chile declassified: newly released documents reveal close U.S, ties to the Pinochet regime," The Nation, 9-16 de agosto de 1999. Traducción de HRW. Según una declaración del General Manuel Contreras en julio de 1999, realizada en la prisión de Punta Peuco, los instructores de la CIA colaboraron en el entrenamiento de agentes de la DINA en la Escuela Nacional de Inteligencia entre marzo y agosto de 1974.

148 "Descartan sorpresas en los documentos desclasificados," El Mercurio, 2 de julio de 1999.

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