La justicia racial siguió siendo un tema prioritario en materia de derechos humanos en Estados Unidos durante 2024. A pesar de que el país ratificó la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial hace casi 60 años, ha avanzado muy poco en su aplicación. Los efectos persistentes de la esclavitud, así como la masacre y el despojo sufridos por los pueblos indígenas, continúan siendo cuestiones en gran medida desatendidas.
Entre los temas críticos de derechos humanos en 2024 destacaron las políticas fronterizas abusivas y la negación de derechos a migrantes y solicitantes de asilo; el endurecimiento de restricciones, muchas veces mortales, a los derechos reproductivos; las nuevas amenazas a los derechos de las personas LGBT; y las limitaciones al derecho al voto, abusos que suelen afectar de manera desproporcionada a las comunidades racializadas.
Donald Trump fue reelegido presidente en noviembre. Su historial previo en el cargo, junto con las promesas explícitas de su campaña, suscitaron serias preocupaciones sobre las amenazas que su segundo mandato podría representar para una amplia gama de derechos humanos y para las instituciones democráticas encargadas de protegerlos.
Racismo estructural y otros tipos de discriminación
En junio, la Corte Suprema de Oklahoma desestimó una demanda presentada por las dos últimas sobrevivientes de la masacre racial de Tulsa de 1921. Las sobrevivientes calificaron esta decisión como una injusticia flagrante y solicitaron la apertura de una investigación federal.
Aunque los esfuerzos en 2024 no lograron avanzar en la creación de una comisión federal para estudiar reparaciones, varias legislaturas estatales presentaron propuestas dirigidas a abordar las injusticias históricas que reflejan los legados de la esclavitud en las comunidades negras.
En junio, un juez federal en la ciudad de Oklahoma anuló parcialmente una ley estatal que censuraba la enseñanza de ciertos temas relacionados con género y raza. Este fallo representó un rayo de esperanza en un año caracterizado por múltiples intentos de restringir la enseñanza de la historia negra en varios estados.
Estudiantes, familias y docentes continúan oponiéndose a leyes que socavan la democracia al limitar las discusiones en el aula sobre raza, historia, orientación sexual e identidad de género, además de prohibir libros de autores que abordan estos temas. Human Rights Watch y sus aliados documentaron los efectos perjudiciales de estas leyes y solicitaron la intervención del gobierno federal para enfrentar la censura y la discriminación escolar.
En abril se conmemoró el décimo aniversario de la crisis del agua en Flint, un desastre provocado por decisiones políticas que causaron un aumento dramático de los niveles de plomo en el suministro de agua de Michigan. Este desastre provocó daños graves y duraderos, afectando sobre todo a niñas y niños de comunidades mayoritariamente negras y latinas. A pesar de ello, las tuberías de agua en Flint siguen contaminadas y no se ha establecido una fecha límite para su reparación.
Grupos indígenas y sus aliados continuaron luchando para detener la construcción de una mina de litio en Thacker Pass (Peehee Mu’huh), en Nevada. Alegan que la mina se está construyendo en tierras de relevancia religiosa y cultural, donde en 1865 una unidad del ejército estadounidense masacró a sus ancestros. Además, advierten que la mina causará daños a la flora, fauna y suministro de agua de la región.
En Luisiana, la región conocida como el “Corredor del Cáncer”, antes dominada por plantaciones trabajadas por personas esclavizadas, alberga cerca de 200 plantas de combustibles fósiles y petroquímicos, la mayor concentración de estas instalaciones en el hemisferio occidental.
Estas plantas son la principal fuente de emisiones estacionarias de gases de efecto invernadero en Luisiana y liberan contaminantes tóxicos mortales que afectan de manera desproporcionada la salud de las personas negras, muchas de ellas descendientes de las comunidades esclavizadas. Las personas que viven en esta región enfrentan el mayor riesgo de cáncer por contaminación industrial del aire en Estados Unidos, con un riesgo más de siete veces superior al promedio nacional. Investigaciones recientes han revelado también el impacto de esta contaminación en la salud materna, reproductiva y neonatal, mostrando tasas de bajo peso al nacer y partos prematuros que triplican el promedio nacional.
En abril de 2024, la Agencia de Protección Ambiental anunció nuevas regulaciones industriales a nivel nacional que exigirán a cientos de instalaciones de combustibles fósiles y petroquímicos en todo el país –incluidas 26 en el Corredor del Cáncer— reducir las emisiones de contaminantes tóxicos, disminuir la quema de gases y mejorar el monitoreo de la calidad del aire en las comunidades cercanas. Estas medidas incluyen la reducción de hasta un 80 % en las emisiones de los productos químicos más tóxicos. Además, el gobierno destinó más de US$150 millones para apoyar la transición de Luisiana hacia las energías renovables.
Sistema penal y criminal
Estados Unidos tiene una de las tasas de encarcelamiento más altas del mundo, con aproximadamente 2 millones de personas detenidas en cárceles, prisiones y centros de detención para inmigrantes en un día cualquiera, además de millones más bajo libertad condicional o régimen de prueba. En los 50 estados, muchas niñas y niños siguen siendo juzgados como adultos, y el país continúa siendo el único en el mundo que impone cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional a menores. Las disparidades raciales siguen presentes en todas las etapas del sistema penal, incluidas las detenciones policiales, los registros, los arrestos, las imputaciones y las sentencias.
En 2024, Estados Unidos aplicó la pena de muerte en ocho estados, alcanzando la inquietante cifra de 1.605 ejecuciones desde 1976. Alabama realizó dos ejecuciones empleando gas nitrógeno, un método experimental e inhumano.
Aunque las tasas de delitos violentos disminuyeron en 2023 y continuaron bajando en 2024, la desinformación y las narrativas engañosas impulsaron llamados para revertir reformas y endurecer las restricciones a la libertad previa al juicio. Entre estas medidas se incluye una ley en el estado de Georgia que prohíbe a las organizaciones sin fines de lucro y entidades benéficas pagar más de tres fianzas en efectivo al año, limitando así la posibilidad de que las personas acusadas puedan salir de custodia mientras esperan un juicio.
En el caso Grants Pass v. Johnson, el Tribunal Supremo concedió a las autoridades locales la facultad de multar, arrestar e incluso encarcelar a personas sin hogar por ocupar espacios públicos. En ciudades como Los Ángeles, donde las personas sin hogar constituyen aproximadamente el 1 % de la población, representan el 38 % de todos los arrestos y citaciones emitidos por la policía.
Hasta noviembre, la policía había matado a 1.225 personas en todo el país, superando la cifra registrada en 2023.
Inmigrantes y solicitantes de asilo
En agosto se cumplieron 30 años de la implementación de las tácticas de “prevención mediante la disuasión”, diseñadas para desviar a las personas migrantes de los cruces establecidos en la frontera entre Estados Unidos y México hacia áreas más remotas, lo que ha resultado en un aumento de muertes y desapariciones.
En junio, el presidente Joe Biden suspendió el derecho de las personas migrantes a solicitar asilo si ingresaban a la frontera suroeste sin autorización, limitando el restablecimiento de este derecho al cumplimiento de ciertas condiciones. En septiembre, endureció los requisitos necesarios para levantar dicha suspensión. Además, el Departamento de Seguridad Nacional emitió una normativa que establece que las personas solicitantes de asilo que crucen la frontera sin autorización “generalmente no serán elegibles para asilo, salvo en circunstancias excepcionalmente apremiantes”. Estas medidas vulneran las obligaciones de Estados Unidos en virtud del derecho internacional de los derechos humanos y las leyes sobre refugiados.
En 2023, la administración adoptó una normativa que obliga a las personas solicitantes de asilo a utilizar la aplicación gubernamental CBP One, restringiendo el acceso al asilo para quienes cruzan la frontera fuera de los puntos de entrada oficiales o no solicitan asilo en un país de tránsito. Aunque entre enero de 2023 y julio de 2024 unas 765.000 personas lograron agendar citas a través de la aplicación, muchas no pudieron acceder a esta herramienta y otras reportaron dificultades para usarla. Como resultado, muchas personas esperaron durante meses en México, quedando expuestas a abusos y violencia.
La Operación Lone Star de Texas, un programa que supuestamente hace cumplir las leyes federales de inmigración, ha causado lesiones y muertes, discriminación racial, condiciones abusivas de detención y un efecto intimidante sobre las libertades de asociación y expresión. Miembros de la Guardia Nacional de Texas dispararon proyectiles de gas pimienta contra personas migrantes, incluidos niños y niñas.
Democracia y el derecho al voto
En mayo, el Tribunal Supremo emitió un fallo que permite la discriminación racial en la delimitación de distritos electorales, ignorando las objeciones de votantes negros que denunciaban la manipulación partidista de los mapas. En junio, en el caso Trump v. Estados Unidos, el tribunal determinó que el expresidente Donald Trump no podía ser procesado penalmente por al menos algunas de sus acciones destinadas a revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. Esta decisión estableció un amplio margen de inmunidad presidencial para los “actos oficiales” realizados durante el mandato, lo que podría tener graves implicaciones para la democracia y los derechos humanos si se interpreta como un escudo absoluto que impida enjuiciar a los presidentes por intentos ilegales de anular resultados electorales, violaciones graves de derechos humanos u otras conductas comparables y flagrantes.
Estados Unidos continúa negando el derecho al voto a muchas personas debido a su historial en el sistema penal, a diferencia de la mayoría de los países del mundo, que rara vez o nunca imponen este tipo de restricciones a este derecho por condenas. En abril, Nebraska aprobó una reforma para restituir el derecho al voto a al menos 7.000 personas con condenas por delitos graves. Aunque la ley debía entrar en vigor en julio de 2024, actualmente enfrenta impugnaciones legales.
Más de un millón de personas ciudadanas de Estados Unidos, muchas de ellas con discapacidades, enfrentan restricciones a sus derechos políticos debido a tutelas legales. Al menos siete estados prohíben que las personas bajo tutela ejerzan el derecho al voto, amparándose en leyes obsoletas y, en algunos casos, denigrantes. Aunque estas normativas contradicen la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés) y otras leyes federales, siguen vigentes sin haber sido impugnadas judicialmente.
Derechos sexuales y reproductivos
La decisión de la Corte Suprema en 2022, que eliminó el derecho constitucional al aborto, continuó teniendo impactos de gran alcance y, con frecuencia, devastadores para la salud y la vida de las personas.
Hasta el momento, 13 estados han prohibido el aborto y otros han impuesto restricciones severas a su acceso. Quienes buscan atención médica relacionada con el embarazo, incluidos casos de abortos espontáneos o complicaciones obstétricas han enfrentado demoras y denegaciones de tratamiento que pusieron en riesgo sus vidas. Además, las leyes que exigen la intervención parental para acceder al aborto siguieron afectando negativamente a personas menores de 18 años.
Las marcadas diferencias entre estados han llevado a un aumento de desplazamientos difíciles y costosos entre estados para acceder a atención médica.
Las prohibiciones y restricciones al aborto han afectado de manera desproporcionada a personas negras, indígenas y de otras comunidades racializadas.
No obstante, algunos estados han tomado medidas para proteger y ampliar el acceso al aborto. En siete estados, los votantes aprobaron iniciativas en las urnas que establecieron protecciones para el acceso al aborto. Además, Nueva York, junto con otros estados, permitió que Medicaid cubriera los servicios de doulas.
Las desigualdades raciales en el acceso a la atención médica siguen afectando especialmente a las mujeres de color, en particular a las mujeres negras en el sur, quienes enfrentan un riesgo desproporcionado de morir por cáncer de cuello uterino, una enfermedad altamente prevenible y tratable.
Las inequidades en salud materna siguen siendo un problema grave. En 2022, las tasas de mortalidad materna fueron significativamente más altas para mujeres negras (49,5 por cada 100.000) en comparación con las mujeres blancas (19 por cada 100.000). Las tasas de parto prematuro también siguen siendo más elevadas entre las mujeres negras. Además, ha disminuido el porcentaje de personas que recibieron atención prenatal durante el primer trimestre del embarazo.
Trabajo infantil
Niñas y niños continúan sufriendo lesiones e incluso perdiendo la vida mientras trabajan en condiciones peligrosas y de explotación en plantas procesadoras de carne, fábricas y otros entornos. El Departamento de Trabajo informó un aumento del 88 % en las violaciones de trabajo infantil desde 2019. Hasta noviembre de 2024, ocho estados han aprobado leyes que debilitan las protecciones contra el trabajo infantil. Ni el Congreso ni la administración Biden han logrado aprobar legislación o actualizar las regulaciones para proteger a niñas y niños que trabajan en la agricultura, el sector más peligroso para los trabajadores infantiles.
Derechos LGBT
Numerosos legisladores estatales siguen atacando los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT). Menos de la mitad de los estados en Estados Unidos cuentan con protecciones legales que prohíban la discriminación por orientación sexual e identidad de género. El país aún carece de una legislación federal integral que proteja explícitamente a las personas LGBT contra la discriminación en áreas como la educación, la vivienda, los servicios públicos y los programas financiados con fondos federales.
En 2024, los derechos de las personas transgénero, especialmente adolescentes, siguieron siendo un tema políticamente controvertido en Estados Unidos, poniendo en riesgo su salud y bienestar. Hasta septiembre, 26 estados habían prohibido al menos algunos tratamientos médicos considerados mejores prácticas para menores transgénero de menos de 18 años, y seis estados criminalizaron dichos cuidados como delitos graves. Asimismo, 26 estados impidieron que niñas y niños transgénero participaran en deportes de acuerdo con su identidad de género; 11 estados prohibieron las discusiones sobre orientación sexual e identidad de género en las escuelas; y 8 estados exigieron que el personal escolar revelara la identidad de género de los estudiantes a sus familias. Además, 13 estados prohibieron que las personas transgénero usaran baños acordes con su identidad de género en las escuelas, y algunas de estas prohibiciones también se extendieron a otras instalaciones públicas.
Derechos de las personas mayores
En abril, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid establecieron estándares mínimos de personal para las residencias de personas mayores. Investigaciones de la Universidad de Pensilvania indicaron que la aplicación de estos estándares podría salvar miles de vidas cada año. Sin embargo, la Asociación Estadounidense de Atención Médica, junto con otros proveedores de residencias de mayores y 20 estados presentaron demandas para impedir su implementación.
Tecnología y derechos
Estados Unidos aún carece de una ley federal de protección de datos, lo que deja la información personal expuesta a posibles abusos por parte del gobierno y de actores privados.
Las agencias federales están evaluando regulaciones sobre inteligencia artificial y protección de datos, incluidas aquellas relacionadas con su uso para fines de seguridad nacional. Es fundamental establecer leyes y normativas vinculantes, desarrolladas de manera independiente de las empresas privadas e informadas por aportes de la sociedad civil y del público.
Asimismo, agencias federales tomaron medidas contra empresas de vigilancia implicadas en prácticas abusivas. El Departamento de Comercio anunció sanciones contra la empresa canadiense de software de vigilancia Sandvine, aunque posteriormente las retiró Por su parte, el Departamento del Tesoro impuso sanciones contra Intellexa, una empresa griega creadora del software espía Predator, utilizado a nivel global para atacar a periodistas, personas defensoras de derechos humanos y líderes de la oposición.
El Departamento de Seguridad Nacional adquirió software de la empresa israelí de spyware Paragon Solutions para ser utilizado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Sin embargo, la administración Biden suspendió el trabajo vinculado a este contrato para revisar su legalidad conforme a la orden ejecutiva de 2023, que prohíbe el uso de spyware.
Desarrollos significativos en la política exterior de EE.UU.
La administración Biden no integró de manera consistente las consideraciones sobre derechos humanos en su política exterior. Envió asistencia militar a gobiernos que violan el derecho internacional, como Egipto e Israel; vendió armas a regímenes autocráticos como Arabia Saudí; y suministró a Ucrania municiones de racimo indiscriminadas y minas antipersona. Además, el presidente Biden recibió a jefes de Estado de Kenia y Emiratos Árabes Unidos sin condenar públicamente las violaciones de derechos humanos cometidas por esos gobiernos, y mostró poca disposición para presionar a aliados como Ruanda y Etiopía para que detuvieran sus abusos.
No obstante, las sanciones impuestas por Estados Unidos contra un expresidente haitiano, funcionarios ugandeses, líderes de las Fuerzas de Apoyo Rápido en Sudán y colonos israelíes violentos en Cisjordania representaron pasos importantes hacia la rendición de cuentas y la prevención de futuros abusos. También se lograron avances significativos al promover la liberación de prisioneros políticos en Nicaragua y Vietnam, desplegar un enviado especial para Sudán, evitar el retroceso de las elecciones de 2023 en Guatemala y liderar la creación de una misión para proteger a la población civil en Haití.