En 2023, se produjeron agresiones, ataques y asesinatos contra civiles a una escala que no tiene precedentes en la historia reciente de Israel y Palestina.
El 7 de octubre, hombres armados procedentes de la Franja de Gaza y dirigidos por Hamás perpetraron un ataque en el sur de Israel, en el que mataron en forma deliberada a civiles, dispararon contra multitudes, abatieron con armas de fuego a personas en sus hogares y se llevaron rehenes a Gaza, incluidas personas mayores y niños y niñas, todos actos que constituyen crímenes de guerra. Según las autoridades israelíes, más de 1.200 personas, en su mayoría civiles, han sido asesinadas desde el 7 de octubre, y al 15 de diciembre, 133 seguían estando retenidas como rehenes.
Poco después, las autoridades israelíes interrumpieron servicios esenciales a la población de Gaza, incluidos agua y energía eléctrica, y establecieron un bloqueo prácticamente total, excepto por el ingreso de un volumen ínfimo de combustible y ayuda humanitaria crítica, lo que implica una forma de castigo colectivo que resulta constitutiva de crimen de guerra y que continuaba al momento de redactar el presente informe. Los ataques aéreos israelíes asediaron incesantemente a Gaza, impactaron en escuelas y hospitales y redujeron a escombros sectores extensos de los vecindarios, incluso como parte de ataques presuntamente ilegales. Las fuerzas israelíes también utilizaron fósforo blanco de manera ilegal en zonas densamente pobladas. Ordenaron la evacuación de todas las personas del norte de Gaza y se estima que provocaron el desplazamiento del 85% de la población de Gaza —1,9 millones de personas— al 11 de diciembre. Más de 18.700 palestinos, la mayoría civiles, incluidos más de 7.800 niños y niñas, fueron asesinados entre el 7 de octubre y el 12 de diciembre, según indican autoridades de Gaza.
El bloqueo exacerbó la situación humanitaria derivada de las restricciones generalizadas impuestas por Israel a la circulación de personas y mercancías hacia y desde Gaza, que ya llevan 16 años. El cierre prolongado, así como las restricciones establecidas por Egipto en su frontera con Gaza, han privado a los 2,2 millones de palestinos de Gaza, salvo pocas excepciones, de su derecho a la libertad de circulación y de oportunidades de mejorar sus vidas, limitaron severamente su acceso a electricidad, atención de la salud y agua, y devastaron la economía.
En Cisjordania, entre principios de 2023 y el 12 de diciembre, las fuerzas israelíes habían matado a 464 palestinos, entre ellos 109 niños y niñas, según datos de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCAH), más del doble que en cualquier otro año desde 2005, cuando la ONU comenzó a registrar los incidentes fatales de manera sistemática. Esto incluyó asesinatos ilegales originados por el uso regular de fuerza letal excesiva por parte de Israel y algunos casos de ejecuciones extrajudiciales.
Al 1 de diciembre, las autoridades israelíes también mantenían a 2.873 personas palestinas en condiciones de detención administrativa —sobre la base de información secreta— sin presentar cargos contra ellas ni someterlas a juicio, según cifras del Servicio Penitenciario de Israel. Este número marca el nivel máximo en tres décadas, según la organización israelí de derechos humanos HaMoked.
Durante el primer semestre de 2023, el gobierno israelí aprobó la construcción de 12.855 nuevas viviendas en asentamientos en la Cisjordania ocupada. Este es el número más alto registrado por la organización israelí Peace Now, que ha realizado un seguimiento sistemático de los planes desde 2012. El traslado de civiles a territorios ocupados constituye un crimen de guerra.
Durante los primeros ocho meses de 2023, los incidentes de violencia de colonos contra palestinos y sus bienes alcanzaron el promedio diario más alto desde que la ONU comenzó a registrar estos datos en 2006: un promedio de tres incidentes por día, en comparación con dos por día en 2022 y uno en 2021. Esto incluyó ataques de turbas de colonos en Huwara y Turmus Ayya. Esa tasa se elevó a más de cinco incidentes por día después del 7 de octubre.
Organizaciones prominentes de la sociedad civil palestina siguen estando proscritas por considerarse organizaciones “terroristas” e “ilegales”. Las fuerzas israelíes requisaron oficinas de estas organizaciones en agosto de 2022.
La represión de palestinos por parte de autoridades israelíes, emprendida como parte de una política que procura mantener la dominación de los israelíes judíos sobre los palestinos, es constitutiva de los crímenes de lesa humanidad de apartheid y persecución.
Franja de Gaza
En medio de las intensas operaciones militares israelíes que se producen desde el 7 de octubre, se han destruido más de 46.000 viviendas y otras 234.000 resultaron dañadas, lo que representa el 60% del total de viviendas en Gaza, al 24 de noviembre, conforme indican organizaciones de asistencia. Según la OCHA, al menos 342 escuelas han resultado dañadas, y la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que se llevaron a cabo 187 “ataques a la atención de salud” que dañaron 24 hospitales.
El bloqueo y los ataques aéreos israelíes provocaron que la mayoría de los hospitales dejaran de funcionar. La falta de electricidad y combustible forzó el cierre de instalaciones de platas de agua y tratamiento de aguas residuales, así como también de panaderías, y contribuyó a las interrupciones de los servicios de telecomunicaciones. La falta de agua generó una crisis de salud pública. Si bien empezaron a entrar en Gaza algunos camiones de ayuda el 21 de octubre, y varios más ingresaron durante el alto el fuego de varios días que comenzó el 24 de noviembre, la ayuda no fue suficiente para cubrir las necesidades de la población de Gaza.
La orden impartida por Israel de evacuar el norte de Gaza no tuvo en cuenta las necesidades de personas mayores, personas con discapacidad y pacientes, que en muchos casos no están en condiciones de irse. La decisión genera el riesgo de desplazamiento forzado, lo que constituye un crimen de guerra.
Una ronda anterior de hostilidades en el mes de mayo, que incluyó ataques israelíes en Gaza y el lanzamiento de cohetes contra Israel por parte de grupos armados palestinos desde Gaza, provocó la muerte de al menos 33 palestinos en Gaza, incluidos no menos de 12 civiles, y 2 civiles en Israel, según la OCAH.
Política israelí de cierre
Desde 2007, las autoridades israelíes han impedido que la mayoría de la población de Gaza viaje a través del cruce de Erez, el único cruce de pasajeros desde Gaza hacia Israel por medio del cual los palestinos pueden viajar a Cisjordania y al extranjero. Las autoridades israelíes a menudo invocan razones de seguridad para justificar el cierre, que se produjo después de que, en junio de 2007, Hamás tomó el control político sobre Gaza tras quitárselo a la Autoridad Palestina (AP), dirigida por Fatah, en junio de 2007. Sin embargo, la política de cierre no se basa en una evaluación individualizada del riesgo de seguridad, sino que se aplica a todos una prohibición generalizada de viajar, excepto a quienes las autoridades israelíes consideren que presentan “circunstancias humanitarias excepcionales”, en su mayoría personas que necesitan tratamiento médico vital y sus acompañantes, así como personas de negocios prominentes.
Incluso quienes intentan obtener atención médica urgente fuera de Gaza a veces se enfrentan a denegaciones o retrasos en las aprobaciones. La OMS informó que 839 palestinos en Gaza murieron entre 2008 y 2021 mientras aguardaban una respuesta a sus solicitudes de permiso.
Durante los primeros ocho meses de 2023, un promedio de 1.653 palestinos en Gaza salieron a diario a través de Erez, según la organización de derechos israelí Gisha. Esto marcó un aumento con respecto a años anteriores, impulsado en gran medida por los permisos de trabajo, pero sigue representando menos del 7% del promedio diario de más de 24.000 que existía antes del comienzo de la Segunda Intifada, o rebelión palestina, en septiembre de 2000.
Las exportaciones de Gaza durante los primeros ocho meses de 2023, en su mayoría productos destinados a Cisjordania e Israel, promediaron los 607 camiones por mes, menos de la media mensual de 1.064 camiones que existía antes de que se endureciera el cierre en junio de 2007, según Gisha. Las autoridades restringieron severamente la entrada de materiales de construcción y otros artículos que consideraban materiales de “doble uso”, los cuales también podrían utilizarse con fines militares. La lista de esos artículos incluye además equipo para radiografías y comunicaciones, piezas de repuesto y baterías para dispositivos de asistencia destinados a personas con discapacidad y otros artículos de carácter civil vitales.
Desde el 7 de octubre y hasta el momento de redacción del presente informe, las autoridades israelíes sellaron sus cruces hacia Gaza, e impidieron así el ingreso de personas y bienes, y que residentes que precisan atención médica urgente salieran de Gaza a través de Erez. Las autoridades israelíes han recurrido regularmente a esas medidas, que afectan a civiles y constituyen un castigo colectivo ilícito.
El cierre limita el acceso a los servicios básicos. Entre enero y septiembre de 2023, las familias de Gaza no tuvieron electricidad centralizada durante un promedio de 13 horas al día, según la OCAH. Los cortes de energía crónicos por períodos prolongados menoscaban muchos aspectos de la vida cotidiana, como la posibilidad de calefacción, refrigeración, tratamiento de aguas residuales, atención de la salud y negocios. Los cortes impusieron dificultades considerables a las personas con discapacidad, que dependen de la luz para comunicarse utilizando lenguaje de señas o equipos que se alimentan de electricidad para desplazarse, como ascensores o sillas de ruedas eléctricas. Más del 96% de las aguas subterráneas en Gaza, la única fuente de agua natural que queda, es “no apta para el consumo humano”, según la Autoridad Palestina del Agua y la OCAH. Debido a esto, la mayoría de quienes residen en Gaza dependen de la desalinización y del agua que llega a través de Israel, cuya provisión resultó perturbada en el contexto de las hostilidades. Antes del 7 de octubre, alrededor del 80% de las personas que residían en Gaza dependían de ayuda humanitaria, según la Agencia de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (UNRWA).
Egipto también restringe el desplazamiento de personas y mercancías a través de su cruce de Rafah con Gaza, y en ocasiones lo cierra completamente. En los primeros ocho meses de 2023, un promedio de 27.975 palestinos cruzaron mensualmente en ambas direcciones, menos que el promedio mensual de más de 40.000 que se registraba antes del golpe militar de 2013 en Egipto, según Gisha.
Abusos por parte de Hamás y grupos armados palestinos
El 7 de octubre, Hamás y otros grupos armados palestinos mataron deliberadamente a civiles y cometieron una variedad de otros abusos, que incluyen tomar a civiles como rehenes, y lanzaron miles de proyectiles indiscriminados contra comunidades israelíes, todos hechos que constituyen crímenes de guerra. Durante los ataques del 7 de octubre, combatientes liderados por Hamás perpetraron un ataque durante el festival de música al aire libre “Supernova Sukkot Gathering”, y en este hecho mataron al menos a 260 personas, según el servicio de salvamento israelí, e invadieron viviendas. Grupos armados amenazaron con ejecutar a rehenes. Liberaron a algunos de los rehenes a finales de noviembre, a cambio de la liberación de prisioneros palestinos por Israel, como parte de un acuerdo de cese de hostilidades a corto plazo.
Human Rights Watch investigó una explosión ocurrida el 17 de octubre en el hospital Al-Ahli de la ciudad de Gaza, en el que hubo decenas de víctimas, y concluyó que fue el resultado de una aparente munición propulsada por cohetes, como las utilizadas habitualmente por grupos armados palestinos.
En junio de 2022 y enero de 2023, las autoridades de Hamás publicaron imágenes que, al parecer, mostraban a Avera Mangistu y Hisham al-Sayed, civiles israelíes con discapacidades psicosociales a quienes presuntamente han retenido más de ocho años desde de que ambos hombres entraron en Gaza. Su detención en condiciones de incomunicación es ilegal.
Los tribunales en Gaza habían condenado a muerte a 203 personas desde junio de 2007, cuando las autoridades de Hamás tomaron el control de Gaza, incluidas 14 personas entre enero y septiembre de 2023, según indican las organizaciones Centro Palestino para los Derechos Humanos (Palestinian Center for Human Rights, PCHR) y Al-Mezan, con sede en Gaza. Las autoridades de Hamás han llevado a cabo 33 ejecuciones desde junio de 2007 por delitos penales comunes y “colaboración” con Israel; ninguna ocurrió durante los primeros nueve meses de 2023.
Las autoridades de Hamás dispersaron por la fuerza a quienes participaron en las manifestaciones estivas organizadas bajo la consigna “Queremos vivir”, en protesta por las difíciles condiciones de vida, y golpearon y detuvieron a algunos manifestantes y periodistas, según PCHR y Al-Mezan. Entre enero y agosto de 2023, la Comisión Independiente de Derechos Humanos (Independent Commission for Human Rights, ICHR) recibió 56 denuncias de detenciones arbitrarias y 81 denuncias de torturas y malos tratos por parte de autoridades de Hamás.
Las autoridades de Hamás impidieron que algunas mujeres viajaran invocando reglamentaciones emitidas en febrero de 2021, que permiten que los tutores masculinos soliciten a los tribunales que impidan a las mujeres solteras salir de Gaza cuando esos viajes causen un “daño absoluto”, un término amplio que permite a los hombres restringir los viajes de las mujeres a discreción. En enero, las autoridades de Hamás rastrearon y llevaron a cabo el retorno forzado de dos mujeres, Wisam y Fatma al-Tawil, con su padre, de quien habían huido tras informar graves hechos de violencia doméstica, incluidas amenazas de muerte.
Cisjordania
La represión israelí de palestinos en Cisjordania se intensificó durante 2023, sobre todo después del 7 de octubre.
Uso israelí de la fuerza
Las fuerzas israelíes llevaron a cabo varias incursiones a gran escala en 2023, en particular dirigidas a la ciudad de Naplusa y el campamento de refugiados de Yenín. Este último, el 3 y 4 de julio, fue el escenario de la operación más grande y letal realizada en Cisjordania desde 2005, que tuvo como resultado la muerte de 12 palestinos, incluidos 4 niños, el desplazamiento temporal de 3.500 personas y daños a 460 viviendas, según la OCAH.
Las más de 460 personas asesinadas en 2023 —un máximo en, al menos, 18 años— incluyeron palestinos que atacaron a israelíes o lanzaron piedras o cócteles molotov contra fuerzas israelíes, transeúntes, personas que ayudaban a heridos y otras personas no implicadas en los combates. La OCAH informó que más de la mitad de las muertes ocurridas desde el 7 de octubre se produjeron durante operaciones israelíes en las cuales no hubo enfrentamientos armados.
Al 7 de diciembre, colonos israelíes mataron a 15 palestinos, según la OCAH. Entre el 7 de octubre y el 28 de noviembre, los colonos atacaron 93 comunidades palestinas, según concluyó la organización israelí de derechos humanos Yesh Din.
Son muy pocos los casos en que las autoridades israelíes exigieron que rindieran cuentas las fuerzas de seguridad que recurrieron a un uso excesivo de la fuerza o a colonos que atacaron a palestinos. Menos del 1% de las denuncias de abusos por parte de fuerzas israelíes presentadas por personas palestinas en Cisjordania entre 2017 y 2021, y el 7% de las denuncias sobre violencia de colonos entre 2005 y 2022 dieron lugar a acusaciones formales, según indica Yesh Din. Incluso ante la violencia causada por colonos en Huwara, las autoridades israelíes liberaron a la mayoría de los 17 hombres arrestados por sospechas de estar implicados, a los pocos días de su detención. En julio, el Tribunal de Distrito de Jerusalén absolvió al agente que, en 2020, mató en Jerusalén a Eyad Al-Hallaq, un ciudadano palestino de 32 años con autismo que no estaba armado y no había generado ninguna amenaza. El tribunal calificó la agresión armada letal como un “error genuino”.
Continúan la violencia e intimidación sin freno por parte de colonos. Según la OCAH, 1.105 palestinos —incluidas 4 comunidades enteras— desplazados desde principios de 2022 refieren la violencia por parte de colonos y la imposibilidad de acceder a tierras de pastoreo como la razón principal por la cual se ven obligados a abandonar sus hogares. Entre el 7 de octubre y el 13 de diciembre, 1.257 personas han sido desplazadas.
Ataques palestinos
Al 30 de noviembre, actores palestinos mataron a 24 civiles israelíes durante agresiones letales en Cisjordania, lo que representa un número máximo en más de 15 años, según la OCAH. Esto incluyó un incidente, ocurrido en enero, en el que una persona palestina mató a siete civiles, entre ellos un niño, en el asentamiento israelí de Neve Yaakov, en la Jerusalén Oriental ocupada. Hamas elogió muchos de los ataques.
Detención, torturas y malos tratos contra palestinos por parte de israelíes
Las autoridades israelíes aplican el derecho civil israelí a los colonos, pero gobiernan a la población palestina en Cisjordania conforme a estrictas leyes militares. Como resultado de esto, niegan a estas personas garantías básicas de debido proceso y las juzgan en tribunales militares en los cuales la tasa de condena contra palestinos es de casi el 100% .
Al 1 de diciembre, Israel retenía a 7.677 palestinos bajo custodia por delitos relacionados con la “seguridad”, según cifras del Servicio Penitenciario de Israel. Esto incluye, al 6 de noviembre, a 200 niños palestinos, según la organización de derechos de prisioneros palestinos Addameer. Israel encarcela a muchos palestinos del Territorio Palestino Ocupado (TPO) dentro de Israel, lo cual dificulta las visitas familiares y viola la prohibición conforme al derecho internacional humanitario de que sean trasladados fuera del territorio ocupado.
En mayo, Khader Adnan, de 45 años, murió encarcelado en su celda al cumplirse el día 86 de la huelga de hambre que había iniciado contra las prácticas de detención israelíes. Adnan pasó cerca de ocho años detenido, gran parte de ellos en condiciones de detención administrativa, y había iniciado anteriormente huelgas de hambre de meses de duración en repudio a la represión israelí.
Desde 2001, se han presentado más de 1.400 denuncias de torturas, que incluyen el uso doloroso de grilletes, privación del sueño y exposición a temperaturas extremas, perpetradas por agentes del Shabak (el Servicio de Seguridad de Israel) en Israel y el TPO ante el Ministerio de Justicia de Israel, lo que ha dado lugar a tres investigaciones penales y ninguna acusación formal, según la organización israelí de derechos Comité Público contra la Tortura en Israel. La organización Military Court Watch informó que, en 26 casos de detención de niños palestinos documentados en 2023, el 69% señaló que fueron maltratados físicamente durante la detención por las fuerzas israelíes y el 73% fueron sometidos a cacheos estando desnudos.
Organizaciones palestinas de derechos también informaron sobre el deterioro de las condiciones en las que se encuentran presos palestinos, que incluyen redadas violentas, aislamiento de presos y traslados penitenciarios a modo de represalia, menor acceso al agua corriente y el pan y menos visitas familiares. Las condiciones empeoraron después del 7 de octubre.
Asentamientos y demoliciones de viviendas
Las autoridades israelíes proporcionan seguridad, infraestructura y servicios a más de 710.000 colonos en Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental.
Según la OCAH, las autoridades israelíes demolieron 1.004 viviendas y otras estructuras palestinas en Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, al 11 de diciembre de 2023, y esto desplazó a 1.870 personas, lo cual supera las cifras de 2022. La mayoría de los edificios fueron demolidos por no contar con permisos de construcción, pero las autoridades hacen que sea casi imposible que los palestinos obtengan tales permisos en esas zonas.
La dificultad para obtener permisos de construcción israelíes en Jerusalén Oriental y el 60% de Cisjordania que está bajo el control exclusivo de Israel (Área C) ha generado que la población palestina construya estructuras que están en riesgo constante de demolición o confiscación por no estar autorizadas, incluidas decenas de escuelas. Comunidades palestinas enteras en zonas como las colinas al Sur de Hebrón se encuentran en alto riesgo de desplazamiento. El derecho internacional prohíbe que una potencia ocupante destruya bienes a menos que ello sea “absolutamente necesario” para las “operaciones militares”.
Las autoridades también sellaron las viviendas familiares de palestinos sospechados de atacar a israelíes, actos que constituyen castigo colectivo ilícito.
En julio, la policía israelí desalojó por la fuerza a dos adultos mayores palestinos, Nora Ghaith, de 68 años, y Mustafa Sub-Laban, de 72 años, de la vivienda familiar que habitaban desde hacía tiempo en la Ciudad Vieja de la Jerusalén Oriental ocupada para dar paso a colonos israelíes, después de que la Corte Suprema israelí denegara en marzo su apelación final, tras una batalla legal que llevó décadas. Lo hicieron en virtud de una ley discriminatoria que permite a las organizaciones de colonos presentar reclamos sobre tierras que afirmen que pertenecían a judíos en Jerusalén Oriental antes de 1948, una estrategia que han utilizado particularmente en Sheikh Jarrah y Silwan. A su vez, la ley israelí prohíbe a los palestinos recuperar propiedades que poseían en territorio que se convirtió en Israel y de las que huyeron o fueron expulsados en 1948.
Libertad de circulación
Las autoridades israelíes siguieron exigiendo a titulares de documentos de identidad palestinos, salvo muy pocas excepciones, que tuvieran permisos que son difíciles de obtener y tienen duración limitada para entrar en Israel y en grandes partes de Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental. B’Tselem describe esto como “un sistema burocrático arbitrario y sin ninguna transparencia” en el que “muchas solicitudes se niegan sin explicación y que no prevé ninguna vía genuina para apelar”.
A principios de este año, las autoridades israelíes mantenían 645 puestos de control y otros obstáculos permanentes dentro de Cisjordania, según la OCAH, además de puestos de control “móviles” ad hoc. Las fuerzas israelíes suelen rechazar o demorar y humillar a personas palestinas en los puestos de control sin esgrimir una explicación, y al mismo tiempo permiten que los colonos israelíes circulen sin restricciones.
Israel continuó la construcción de la barrera de separación. Las autoridades comenzaron a construir la barrera hace más de dos décadas, supuestamente por razones de seguridad, pero el 85% de esta, según la OCAH, está dentro de Cisjordania y no a lo largo de la Línea Verde que separa al territorio israelí del palestino. La barrera separa a miles de palestinos de sus tierras agrícolas, y aísla a 11.000 palestinos que viven en el lado occidental de la barrera pero no se les permite viajar a Israel, y cuya posibilidad de cruzar la barrera para acceder a sus propiedades y servicios básicos se encuentra sumamente restringida. Cuando se complete, el 9% de Cisjordania quedará aislado por la barrera de separación.
Abusos por la Autoridad Palestina
El Estado de Palestina publicó la Convención contra la Tortura y su Protocolo Facultativo en el Boletín Oficial palestino en el mes de septiembre, e incorporó así estos instrumentos al derecho palestino. También en septiembre, el Subcomité de la ONU para la Prevención de la Tortura visitó lugares de detención en Cisjordania. Sin embargo, la Autoridad Palestina continuó la práctica sistemática de detener arbitrariamente a opositores y críticos, incluso estudiantes. Lawyers for Justice, una organización que representa a personas palestinas detenidas por la Autoridad Palestina, documentó los casos de 726 palestinos que, según concluyó la organización, fueron detenidos arbitrariamente entre enero y el 17 de agosto, generalmente por períodos de días o algunas semanas. Entre enero y agosto de 2023, el organismo de vigilancia palestino ICHR recibió 162 reportes de detenciones arbitrarias, 86 denuncias de tortura y malos tratos y 13 denuncias sobre detenciones sin juicio ni acusación que se realizaron cumpliendo con órdenes de un gobernador regional contra la Autoridad Palestina.
En agosto, la Autoridad Palestina registró la personería de Lawyers for Justice después de bloquear su registro durante meses.
Las leyes relativas a estatus personal, tanto para musulmanes como para cristianos, discriminan a las mujeres en cuestiones que incluyen el matrimonio, el divorcio, la custodia de los hijos y la herencia. Palestina no ha adoptado una ley general sobre violencia doméstica. La Autoridad Palestina ha estado analizando durante mucho tiempo un proyecto de ley de protección familiar, pero las organizaciones de derechos de la mujer han expresado preocupación de que no profundiza suficientemente como para prevenir abusos y proteger a las personas sobrevivientes.
Israel
Durante buena parte del año, en todo el país, los israelíes salieron a las calles en protestas semanales sin precedentes para expresar su repudio al plan del gobierno para debilitar la independencia judicial. En julio, el gobierno implementó parte de este plan cuando la Knéset aprobó una ley que prohíbe a la Corte Suprema evaluar la “razonabilidad” de las decisiones gubernamentales. La Corte Suprema está analizando la ley en respuesta a recursos que impugnan su validez.
La Knéset renovó en marzo una orden temporal que prohíbe, con pocas excepciones, la concesión de estatus legal a largo plazo dentro de Israel a personas palestinas de Cisjordania y Gaza que contraigan matrimonio con ciudadanos o residentes israelíes. Esa restricción, que rige desde 2003, no se aplica a las personas de prácticamente cualquier otra nacionalidad que se casan con ciudadanos o residentes israelíes.
En febrero, la Knéset aprobó una ley, actualmente vigente, que autoriza a revocar la ciudadanía o la residencia permanente a personas palestinas que cometan un “acto terrorista” y reciban alguna compensación de la Autoridad Palestina por ese acto, así como su consiguiente deportación a Cisjordania.
En septiembre, Netanyahu pidió que se deportara a solicitantes de asilo africanos involucrados en enfrentamientos violentos en Tel Aviv. Las autoridades israelíes siguen negando en forma sistemática las solicitudes de asilo de personas africanas en el país, en su mayoría de nacionalidad eritrea, etíope y sudanesa, que la organización Hotline for Refugees and Migrants estima que serían 34.500, y al mismo tiempo permiten la entrada de decenas de miles de refugiados ucranianos. A lo largo de los años, el gobierno ha impuesto restricciones a solicitantes de asilo africanos en cuanto a su posibilidad de circulación, permisos de trabajo y acceso a educación y atención de la salud con el propósito de presionar a los solicitantes de asilo para que se vayan.
Actores internacionales clave
Muchos estados repudiaron los ataques del 7 de octubre dirigidos por Hamás. Sin embargo, muchos menos condenaron los abusos graves cometidos por las autoridades israelíes. Estados Unidos y otros países occidentales proporcionaron armas o apoyo militar a Israel, mientras que otros países han aportado ayuda militar a grupos armados palestinos, lo cual, en vista de los graves abusos que se siguen cometiendo, podría hacerlos cómplices de crímenes de guerra.
El presidente Joe Biden y otros funcionarios estadounidenses viajaron varias veces a Israel para instar a que se proteja a los civiles y hacer gestiones ante funcionarios israelíes para que permitan el ingreso de ayuda a Gaza, si bien al momento de redactar este informe, Estados Unidos no había condicionado su apoyo militar a Israel a que se cumplan tales solicitudes. Después de los sucesos del 7 de octubre, la Administración Biden solicitó USD 14.300 millones para destinar más armas a Israel, además de los USD 3.800 millones en ayuda militar estadounidense que Israel recibe anualmente. Estados Unido también transfirió o anunció que prevé transferir bombas de diámetro pequeño y dispositivos de guía para municiones de ataque directo conjunto (Joint Direct Attack Munition, JDAM), proyectiles de artillería de 155 mm y 1 millón de municiones, entre otras armas. Sin embargo, EE. UU. frenó los envíos de armas pequeñas por temor a que pudieran ser entregadas a colonos.
En septiembre, EE. UU. admitió a Israel en su programa de exención de visado, y permite la entrada sin visado a ciudadanos israelíes, a pesar de que Israel no eliminó por completo la discriminación contra ciudadanos estadounidenses de origen palestino, árabe o musulmán cuando viajan a Israel y al TPO.
En diciembre, EE. UU. y el Reino Unido impusieron prohibiciones de viaje a colonos violentos en Cisjordania.
A mediados de octubre, EE. UU. vetó una resolución por la cual se pedían pausas humanitarias en Gaza, pero se abstuvo con respecto a una resolución similar en noviembre. Al igual que la resolución que vetó Estados Unidos, la que adoptó el Consejo de Seguridad de la ONU instó a Israel y a los grupos armados palestinos a proteger a la población civil y respetar el derecho internacional humanitario. Fue la primera resolución adoptada por el consejo sobre Israel y Palestina desde 2016. Pero nuevamente en diciembre, EE. UU. vetó una resolución del Consejo de Seguridad que instaba a un alto el fuego entre las fuerzas israelíes y los grupos armados palestinos. La Asamblea General aprobó dos resoluciones en las que se pedía el cese de hostilidades, una en octubre y la otra en diciembre.
Las diferencias entre los Estados miembros de la Unión Europea impidieron que el bloque alcanzara la unanimidad necesaria para adoptar posiciones contundentes y medidas concretas en respuesta a los abusos israelíes. Esto se hizo particularmente visible después del 7 de octubre, incluso en los votos divergentes de los Estados miembros de la UE en la ONU. Si bien condenaron a Hamás, los Estados de la UE no pudieron ponerse de acuerdo de forma unánime en denunciar los crímenes de guerra de Israel. El alto representante de la UE, Josep Borrell, propuso un paquete de sanciones específicas para los abusos perpetrados por colonos en Cisjordania, pero las perspectivas de que se adopte siguen siendo escasas debido al requisito de unanimidad.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos actualizó en junio la base de datos de empresas que operan en los asentamientos. En julio, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución para asegurar fondos que permitan que la base de datos se siga actualizando.
La investigación sobre Palestina del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) seguía en curso. El fiscal habló desde el cruce de Rafah y visitó Israel y Palestina durante las hostilidades. Señaló el mandato actual de la CPI a las partes y dejó en claro que todo delito grave cometido en el contexto de las hostilidades actuales corresponde al mandato de la corte.
En julio, 54 Estados y 3 organizaciones intergubernamentales realizaron presentaciones a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la opinión consultiva que pidió la Asamblea General de la ONU en diciembre de 2022 acerca de la situación legal de la ocupación israelí prolongada y las consecuencias jurídicas de sus abusos contra palestinos. Está previsto que las audiencias públicas sobre la solicitud de una opinión consultiva se inicien en la CIJ el 19 de febrero de 2024.