Presentación al Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas Guatemala

Presentación de Human Rights Watch al Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas

Guatemala

97.º Grupo de Trabajo Preliminar

Noviembre de 2023

Nos dirigimos con anticipación a la 97º Sesión del Grupo de Trabajo Preliminar del Comité de los Derechos del Niño (“el Comité”) y su revisión de Guatemala, con el fin de destacar algunas áreas de preocupación relacionadas al cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño por parte del gobierno de Guatemala. Esta presentación aborda los artículos 28, 3, 6, 24 y 29 de la Convención y contempla el acceso a la educación, la atención de la salud y la protección de la educación frente a ataques.

Acceso a la atención de salud, incluidos los servicios de aborto (artículos 3, 6, 24 y 29)

El embarazo durante la adolescencia y la maternidad temprana son un problema social y de salud que afecta a miles de niñas en Guatemala. Esto no solo pone en riesgo su salud, sino también su posibilidad de ejercer la autonomía, el acceso a la educación y otros derechos humanos. El Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva (OSAR) informó sobre 43.331 embarazos de adolescentes y niñas de 10 a 19 años entre enero y agosto de 2023, incluidos 1.589 en niñas de 10 a 14 años.[1] Asimismo, el Ministerio de Salud registró 1.220 embarazos en niñas de menos de 14 años entre enero y junio de 2023. Los datos del Ministerio de Salud también indican más de 11.000 embarazos de niñas de menos de 14 años en los tres años previos a junio de 2023.[2] Conforme al derecho penal guatemalteco, se considera que todos los embarazos de niñas menores de 14 años son el resultado de violencia sexual.[3]

El acceso a la atención de salud materna para las niñas embarazadas se ve obstaculizado tanto por la falta de disponibilidad de los insumos y servicios de atención médica necesarios, como por barreras físicas, económicas y discriminatorias en el acceso de las pacientes. En zonas rurales, algunos centros de salud carecen de los insumos necesarios para atender de manera adecuada a las niñas, incluyendo vitaminas prenatales. En muchos casos, las organizaciones de sociedad civil intentan compensar la falta de atención de salud pública adecuada, y proporcionan medicamentos, asistencia económica y otros tipos de apoyo a las niñas durante el embarazo. Las niñas y sus familias a menudo deben viajar largas distancias, a veces durante horas o incluso días, para llegar a centros de salud donde puedan recibir el tratamiento médico que necesitan. Los costos asociados con estos traslados ponen una carga adicional en los recursos económicos ya limitados para muchos de estos hogares.

Las niñas que se embarazan como resultado de violencia sexual a menudo reciben un trato discriminatorio por parte de profesionales de la salud. En algunos casos, durante y después del embarazo y el parto, las niñas no reciben atención especializada acorde a su edad

Los embarazos en menores de 14 años conllevan riesgos significativos para la salud física y mental de las niñas y ponen en riesgo su vida. En Guatemala el aborto está criminalizado salvo cuando esté en riesgo la vida de la mujer, la niña o la persona embarazada, y se prevén penas de uno a doce años de prisión.[4] Los profesionales médicos interpretan que esta excepción incluye solamente los casos en los que la muerte sería inmediata o inminente. El aborto seguro y legal continúa siendo inaccesible para niñas menores de 14 años, cuyos embarazos son resultado de violencia sexual y que inherentemente ponen en riesgo sus vidas debido a su edad.

El Comité de los Derechos del Niño ha instado previamente a Guatemala a despenalizar y legalizar el aborto y a garantizar el acceso a servicios de aborto seguro, al igual que también lo han hecho el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y el Comité de Derechos Humanos.[5]

Human Rights Watch recomienda que el Comité pregunte lo siguiente al gobierno de Guatemala:

• ¿Qué medidas se están adoptando para prevenir los embarazos no deseados en las niñas?
• ¿Qué medidas se están adoptando para abordar los embarazos no deseados de niñas sobrevivientes de violencia sexual?
• ¿Qué medidas se están adoptando para garantizar a las niñas el acceso a servicios de aborto seguros y legales?
• ¿Qué medidas se están adoptando para asegurar la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de la atención de la salud materna para las niñas durante el embarazo y el parto y con posterioridad?

Acceso a la educación, incluida la educación integral en sexualidad (artículo 28)

Distintos organismos internacionales de derechos humanos han hecho hincapié en el derecho fundamental de niños y niñas de acceder a la educación sobre la base de la igualdad de oportunidades. En Guatemala, sigue habiendo obstáculos a este acceso. Muchas niñas, sobre todo niñas indígenas de zonas rurales, dejan de asistir a la escuela para cuando llegan al sexto grado. Los niños y niñas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT) experimentan discriminación que limita su posibilidad de éxito académico o que hace que abandonen la escuela.

La violencia sexual contra niños y niñas es un obstáculo para la educación. Una investigación realizada por Human Rights Watch, que incluyó entrevistas a funcionarios del Ministerio de Educación y organizaciones no gubernamentales, identificó numerosos casos de violencia sexual cometidos por docentes contra sus estudiantes, que llevaron a que algunas niñas abandonaran la escuela. Según entrevistas con funcionarios del Ministerio de Salud, en zonas rurales, muchas niñas no continúan su educación secundaria porque comúnmente las clases se danpor la tarde, y sus padres temen que sean agredidas al volver a sus hogares de noche.

Es común que las niñas abandonen la escuela una vez que quedan embarazadas o dan a luz. Las niñas embarazadas a menudo enfrentan discriminación en las escuelas por parte de docentes, compañeros de clase y sus comunidades.

La discriminación es un obstáculo al acceso a la educación para los jóvenes LGBT, que incluye el acoso por parte de maestros y otros estudiantes por manifestar expresiones de sexualidad o de género no normativas. Los investigadores de Human Rights Watch concluyeron que, en algunos casos, esto llevó a que estudiantes abandonaran la escuela y quedaran en una situación de precariedad social y económica.[6] No hay ninguna ley en Guatemala que prohíba en forma expresa la discriminación contra los estudiantes LGBT, y el Ministerio de Educación no ha establecido pautas orientadas a prevenir el acoso escolar relacionado con la orientación sexual o la identidad de género.

Educación integral en sexualidad

La provisión de educación integral en sexualidad (EIS), que, de conformidad con las normas internacionales establecidas, debe ser adecuada para la edad, científicamente precisa, basada en evidencias y sensible a factores culturales, no se está implementando con eficacia en las escuelas. Varios estudios y expertos en educación vinculan a la EIS con muchos resultados positivos en la vida de las personas jóvenes, como la reducción de la violencia y la discriminación por razones de género y el aumento en las actitudes equitativas con respecto al género, la confianza en las propias capacidades y la confianza en sí mismos que tienen las y los estudiantes. Debido a la falta de acceso a EIS en Guatemala, los niños y las niñas no reciben las herramientas que podrían, por ejemplo, reducir la violencia sexual, en particular contra las niñas.

El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la educación ha señalado que la EIS “debe prestar especial atención a la diversidad, pues todas las personas tienen derecho a vivir su sexualidad sin ser discriminadas en razón de su orientación sexual o de su identidad de género.”[7] Sin embargo, las autoridades en Guatemala han impulsado un proyecto legislativo que emplea la retórica de proteger a niños, niñas y adolescentes de “trastornos de la identidad de género” como pretexto para justificar una medida que prohibiría difundir información sobre identidad transgénero en los programas de educación sexual de las escuelas.[8] El proyecto también exigiría que los medios de comunicación identifiquen a los programas que incluyen contenidos transgénero, a los cuales el proyecto asimila con pornografía, como contenidos “no recomendados” para niños y niñas menores de 18 años. La Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología del Congreso aprobó por unanimidad el proyecto en diciembre de 2021.

En agosto de 2008, durante la XVII Conferencia Internacional sobre SIDA, los ministros de salud y educación de América Latina firmaron la Declaración Ministerial “Prevenir con Educación,” y se comprometieron a incluir a la EIS en los planes de estudio escolares de la región.

En 2010, Guatemala dio un paso adelante al establecer la Carta “Prevenir con Educación”, un acuerdo formal que estableció directrices y creó un Comité Bi Ministerial Salud-Educación para implementar los objetivos de la declaración. Debido a las altas tasas de embarazo en adolescentes, el acceso limitado a EIS, y los embarazos infantiles forzados, los Ministerios de Salud y Educación decidieron renovar la carta en 2015. Esta permanecerá en vigor hasta el año 2025.

A pesar del marco establecido por la Carta, que se centra en un enfoque de derechos humanos, relevancia cultural, sensibilidad en cuanto al género y una perspectiva integral de la salud reproductiva, la falta de implementación, en particular el establecimiento de un plan de estudios sobre EIS en las escuelas, ha generado obstáculos en el acceso de niños, niñas y adolescentes a la información sobre salud sexual y reproductiva. En muchos casos, los educadores no enseñan sobre EIS. Según funcionarios del Ministerio de Educación y organizaciones de la sociedad civil, a veces los docentes son renuentes a hablar sobre este tema porque lo consideran tabú y se sienten incómodos con algunos asuntos, como la violencia sexual y la orientación sexual y la identidad de género. En otros casos, los docentes temen abordar el tema debido a la resistencia de padres y comunidades.

Human Rights Watch recomienda que el Comité pregunte lo siguiente al gobierno de Guatemala:

• ¿Qué medidas se están tomando para eliminar las barreras físicas, económicas, discriminatorias e informativas que se interponen al acceso a la educación, sobre todo para las niñas de las comunidades rurales e indígenas y para jóvenes LGBT en Guatemala?

• ¿Qué medidas se han establecido para prevenir y abordar los casos de violencia sexual perpetrada por docentes y de discriminación contra jóvenes LGBT a fin de garantizar la seguridad de las y los estudiantes en las escuelas?

• ¿De qué manera trabaja Guatemala para combatir la discriminación, los estereotipos y el estigma contra las niñas sobrevivientes de violencia sexual que enfrentan embarazos forzados y contra las y los jóvenes LGBT?

• ¿Cómo se incorpora la educación integral en sexualidad en el plan de estudios de Guatemala y cómo aborda la violencia sexual, los embarazos forzados, la orientación sexual y la identidad de género?

Acceso a la educación durante el cierre escolar por la pandemia de Covid-19 (artículo 28)

En respuesta a la pandemia de Covid-19, Guatemala optó por la educación a distancia, cerró completamente sus escuelas durante 33 semanas y solo las abrió en forma parcial durante 53 semanas.[9] Desde marzo de 2020 hasta febrero de 2021, 4,2 millones de estudiantes perdieron al menos tres cuartas partes de la instrucción en el aula debido al cierre de escuelas que se implementó para limitar la propagación del coronavirus.[10]

El involucramiento limitado de padres y madres; los recursos escasos en el hogar, como falta de acceso a internet o imposibilidad de pagar el servicio, y otros insumos educativos necesarios como dispositivos digitales y libros de texto; y vivir en zonas rurales sin disponibilidad o acceso adecuados a conexiones de electricidad y banda ancha, crearon obstáculos al acceso por parte de niños y niñas al aprendizaje en línea durante la pandemia. En Guatemala, apenas el 15 % de los hogares tenían acceso a internet en 2021.[11]

El Ministerio de Educación estableció programas de televisión para el aprendizaje a distancia, que se suponía que los estudiantes debían ver para luego hacer un ejercicio y enviar una foto de su trabajo a sus maestros. “El programa está en un canal que en algunas zonas a veces no se puede ver,” contó un maestro de escuela primaria de un pueblo en Guatemala[12]. “Tengo colegas en escuelas en el centro de [la ciudad próxima de] Antigua, que me dicen que hacen reuniones por Zoom o envían tareas a través de [Google] Classroom. Los que estamos en pueblos no tenemos acceso a esta tecnología.”

Los docentes no recibieron apoyo económico ni material adecuados del Ministerio de Educación, y muchos tuvieron que ocuparse de comprar insumos educativos para ellos y sus estudiantes. Al comienzo de la pandemia, una maestra contó a Human Rights Watch que tenía que pagar de su propio bolsillo los materiales que necesitaban sus alumnos, como fotocopias de las tareas y costear el transporte hasta sus viviendas para poder entregárselas. “El gobierno y el Ministerio de Educación nos exigen mucho, pero no nos dan los medios,” expresó.

Los estudiantes también tuvieron escaso apoyo económico público para su educación, lo cual afectó su aprendizaje, dado que muchos no tenían acceso a teléfonos, computadoras ni libros de texto. Incluso el almacenamiento o el crédito telefónicos suponían una barrera. La maestra contó: “Cuando [mis estudiantes] tenían preguntas, muchos me llamaban y me decían: “¡Señorita, devuélvame el llamado que no tengo crédito!”

La maestra de escuela primaria dijo que sus esfuerzos por enseñar a distancia, mayormente fuera de línea, no funcionaron con estudiantes cuyos padres tenían un nivel muy bajo de alfabetización y no podían asistir a sus hijos: “Mi desafío es que hay niños y niñas que se están despertando tarde, no hacen sus tareas y están quedando atrás.” En julio de 2020, hizo la siguiente estimación: “Yo diría que el 40 % está haciendo la tarea y estudiando”.

El cierre de escuelas debido al Covid-19 hizo que los padres que trabajan, incluidos los maestros, tuvieran que identificar opciones de supervisión infantil alternativas durante el día. En un informe global, Human Rights Watch concluyó que muchos maestros que también cumplían responsabilidades como padres durante el confinamiento experimentaron más estrés, mayor carga de trabajo y costos adicionales debido a enseñar desde casa y supervisar el aprendizaje de sus propios hijos[13].

Una maestra de primaria entrevistada por Human Rights Watch, quien era viuda y cuidaba de sus dos hijas en casa, contó que no siempre tenía tiempo para ayudar a sus hijas con el aprendizaje: “Como maestros, nos dieron instrucciones de que tenemos que trabajar de 7:30 a 12:30, resolviendo cualquier inconveniente y generando materiales de trabajo, pero no ayudando a nuestros hijos, ni haciendo ninguna otra cosa.”

La maestra indicó que el apoyo económico y material para los maestros, sus estudiantes y sus hijas fue limitado, y que ello operó en perjuicio del aprendizaje de sus alumnos y sus hijas. “Para las clases virtuales, una de mis hijas tiene que usar un teléfono y la otra la computadora, así que en esos momentos, no puedo usar ninguno.” Y agregó: “Mis estudiantes a menudo me envían preguntas por teléfono, y no puedo responder porque mi hija lo está usando. Con frecuencia tengo que interrumpirla para poder recibir la llamada telefónica de algún estudiante.”

Human Rights Watch recomienda que el Comité pregunte lo siguiente al gobierno de Guatemala:

• ¿Qué medidas específicas ha adoptado el gobierno para compensar el tiempo de aprendizaje que perdieron durante el cierre de escuelas relacionado con el COVID todos los niños y niñas, incluidos los de zonas rurales y sectores de bajos ingresos?
• ¿Cómo está actuando el gobierno para abordar las desigualdades de aprendizaje entre los niños y niñas de hogares de ingresos bajos y los de ingresos más altos que se produjeron debido al acceso desigual a los insumos necesarios para la educación remota, incluidos los dispositivos digitales e Internet?
• ¿Cómo ha monitoreado el Ministerio de Educación la asistencia y participación de los estudiantes en las escuelas tras el cierre de colegios durante la pandemia de Covid-19?
• ¿Qué recursos o apoyo han proporcionado el gobierno o el Ministerio de Educación a estudiantes y docentes una vez que se reanudaron las clases presenciales?

Human Rights Watch recomienda que el Comité inste al gobierno de Guatemala a hacer lo siguiente:

• Priorizar una mayor inversión pública en el desarrollo de instituciones y programas educativos públicos sólidos y universalmente accesibles. Asignar fondos suficientes para que en los programas e instituciones públicas de educación que estén disponibles para todos los estudiantes, en particular aquellos en las zonas rurales, no haya barreras al acceso, ya sean físicas, económicas, discriminatorias o informativas, y tengan la calidad suficiente para responder a las necesidades de las y los estudiantes. Además, resolver las disparidades que existen en el acceso a la educación y los resultados educativos asignando de manera estratégica más recursos educativos para mejorar la disponibilidad y el acceso a la educación de niños y niñas de comunidades socialmente y económicamente marginadas y de bajos ingresos, niños y niñas que tradicionalmente han estado en riesgo de ser excluidos de la educación, y aquellos cuya educación se ha visto particularmente afectada durante la pandemia, incluidos los niños y niñas de sectores de bajos ingresos y de zonas rurales.
• Ahora que las escuelas están abiertas, permitir que estas instituciones evalúen el nivel de aprendizaje de los estudiantes en cada materia y brinden el apoyo necesario para mejorar los niveles, incluso a través de tutoría y asesoramientos adicionales gratuitos, según sea necesario.
• En la medida en que el aprendizaje a través de internet se utilice con posterioridad al período de cierre de las escuelas por Covid-19, desarrollar o ampliar iniciativas de accesibilidad económica y disponibilidad de dispositivos para escuelas y familias, destinando apoyo a los niños y niñas más marginados, y adoptar medidas para garantizar la posibilidad de tener servicios de Internet económicos, confiables, de calidad y accesibles, incluidas medidas específicas para proporcionar acceso gratuito y equitativo a Internet para contenidos educativos, y de una manera que proteja la privacidad de los niños y las niñas en línea.

Proteger la educación frente a ataques (artículo 28)

La Declaración sobre Escuelas Seguras[14] es un compromiso político intergubernamental que brinda a los países la oportunidad de expresar su apoyo político a la protección de los estudiantes, maestros y escuelas en períodos de conflicto armado; la importancia de la continuidad de la educación durante los conflictos armados; y la implementación de las Directrices para Prevenir el Uso Militar de Escuelas y Universidades durante Conflictos Armados[15]. Guatemala respaldó la declaración en mayo de 2019[16].

En julio de 2023, Guatemala aportaba 164 soldados a la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo[17]. Estos soldados están obligados a observar el Manual para Batallones de Infantería de la ONU del Departamento de Operaciones de Paz (2012) de las Naciones Unidas, que incluye la disposición de que “las escuelas no serán utilizadas por las fuerzas militares en sus operaciones.”[18] En la República Democrática del Congo se han producido cientos de ataques contra escuelas en los últimos años[19].

Human Rights Watch insta al Comité a adoptar las siguientes medidas:

• Felicitar a Guatemala por respaldar la Declaración sobre Escuelas Seguras.
• Preguntar al gobierno de Guatemala si se incluyen protecciones para las escuelas contra el uso militar en alguna política, regulación o capacitación para las fuerzas armadas de Guatemala, y en particular, si el entrenamiento previo a la asignación de las fuerzas de paz guatemaltecas prohíbe el uso de escuelas en operaciones militares.
• Recomendar al gobierno que incorpore los estándares de la declaración en las políticas internas, los marcos de actuación militar y la legislación, y que comparta las buenas prácticas con otros países de la región y en otros lugares.

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