Es inaceptable que el gobierno de Sierra Leona lance bombas en mercados llenos de gente con el propósito de matar a unos cuantos guerrilleros. Las fuerzas pro-gubernamentales de Sierra Leona deben hacer más esfuerzos para minimizar el impacto de sus acciones militares en la población. Peter Takirambudde, Director Ejecutivo de la División de África de Human Rights Watch

"Es inaceptable que el gobierno de Sierra Leona lance bombas en mercados llenos de gente con el propósito de matar a unos cuantos guerrilleros", dijo Peter Takirambudde, director ejecutivo de la división de África de Human Rights Watch. "Las fuerzas pro-gubernamentales de Sierra Leona deben hacer más esfuerzos para minimizar el impacto de sus acciones militares en la población".

Civiles desplazados de Makeni, a unas 120 millas al noreste de Freetown, y Magburaka, a quince millas al sureste de Makeni, han descrito varios ataques aéreos a lugares públicos, incluyendo mercados llenos de gente. Las acciones desde el helicóptero causaron un éxodo masivo de personas, que dejaron vacíos pueblos y vecindarios enteros. Trabajadores de ayuda y otras fuentes creíbles dijeron que el número de habitantes de Sierra Leona que buscan refugio en el país vecino de Guinea se multiplicó por dos, de 100 a 200 al día, a mediados de junio tras los ataques en el norte alrededor de la zona de Kambia. Testigos del suceso afirman que en el ataque hubo pocos muertos del Frente Unido Revolucionario.

En Makeni, el cañonero MI-24 del gobierno dejó caer el 31 de mayo panfletos advertiendo al RUF de futuros ataques aéreos, pero atacó el centro de la ciudad unos minutos después. Varios testigos dijeron a Human Rights Watch que entre siete y nueve personas murieron en el ataque del helicóptoro del gobierno al parque central de camiones con bombas y artillería. Entre las víctimas se encuentran una mujer embarazada; un farmacéutico de veintinueve años llamado Umar Bong; Alhadji Jallo, de treinta y tres años; e Ibrahim Conte. Algunos se habían apurardo para recoger los panfletos que habían sido tirados poco antes.

Es posible que existiera un objetivo militar legítimo cerca del mercado antes del ataque. Varios testigos contaron a Human Rights Watch que vieron en las inmediaciones del mercado poco antes del bombardeo a altos mandos y vehículos del RUF, incluyendo uno con un arma antiaérea montada.

El Segundo Protocolo adicional de la Convención de Ginebra prohíbe ataques dirigidos a civiles y requiere que las fuerzas armadas tomen precauciones para limitar el peligro de los ataques a poblaciones. Las acciones y amenazas violentas cuyo propósito principal es atemorizar a civiles están prohibidas. Las acciones militares deben estar guiadas por el principio de proporcionalidad; el atacante debe abstenerse de lanzar un ataque si la cantidad de víctimas civiles potenciales excede la importancia del blanco militar.

Zainab, de cuarenta años, de Makeni, relató cómo vio los cuerpos de cuatro hombres y tres mujeres después de que un cañonero del helicóptero atacara un parque de camiones lleno de gente en medio de la ciudad el 31 de mayo. "Los cuerpos estaban destrozados. Pude ver que una de las mujeres estaba embarazada. Estas bombas nunca alcanzan a los soldados del RUF porque ellos saben cómo esconderse. Sólo matan a los civiles. Los guerilleros van a los pueblos de los alrededros y se econden allí, se mezclan con los civiles".

Khalil, un vendedor de treinta y un años, describió el ataque del 31 de mayo en Makeni y contó cómo los guerilleros le forzaron después a enterrar los muertos civiles. "Una casa cercana al lugar donde yo estaba fue alcanzada. Salí y cerca de la casa estaban los cuerpos de dos jóvenes que tenían entre de doce y diesiséis años. Luego fui al parque y vi el cuerpo de un hombre que vendía neumáticos en el mercado. Entonces unos quince guerilleros se acercaron a mí y a otros y nos ordenaron que enterráramos los cuerpos. Vi otros cuatro cuerpos de civiles en el suelo esperando a ser enterrados".

Sahr, de diesisiete años, estaba vendiendo mangos cuando el cañonero atacó a Magburaka el 7 de junio: "Las bombas y los panfletos cayeron casi a la vez. Huí a una casa cercana para buscar cobijo. El bombardeo duró unos treinta minutos y cuando se acabó regresé al mercado para ver cómo estaba. Vi nueve cuerpos muertos; hombres, mujeres, un niño y un bebé. También vi ocho personas heridas".

Como el esfuerzo militar en Sierra Leona está siendo asesorado, entrenado y en algunos casos dirigido por fuerzas militares británicas en tierra, Human Rights Watch instó a Gran Bretaña a que tome un papel activo para asegurar que la ley humanitaria internacional es respetada por las fuerzas pro-gubernamentales. Las partes en el conflicto deben distinguir en todo momento entre civiles y combatientes y tomar las precauciones necesarias para proteger a los civiles de los ataques.

Human Rights Watch también condenó vigorosamente la práctica de las fuerzas pro-gubernamentales y rebeldes que demandan "impuestos" a las personas que huyen de las zonas de conflicto. Todos los testigos entrevistados por Human Rights Watch denunciaron que fueron forzados a pagar un "impuesto" a las Fuerzas de Defensa Civil (CDF) pro-gubernamentales antes de entrar en el pueblo de Mile 91, y las personas que huían a través de territorios del RUF describieron cómo fueron forzados a entregar sus objetos personales y su dinero.

"Es desmesurado que progubernamentales y guerrilleros roben las últimas posesiones de gente asustada que huye", dijo Takerambudde. "El gobierno de Sierra Leona necesita actuar inmediatamente para detener el robo y la extorsión de las fuerzas fieles al gobierno, particularmente de las Fuerzas de Defensas Civil." INFORME ANUAL 2001 — DERECHOS HUMANOS EN SIERRA LEONA (información en inglés) CORTE ESPECIAL EN SIERRA LEONA (1 de noviembre de 2000) REGRESAR