Sierra Leona: Justicia y la Corte Especial
(Nueva York, 1 de noviembre de 2000) — Human Rights Watch informó hoy que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) se puede estar preparando a implementar limitaciones excesivas a la Corte Especial de Sierra Leona. Las restricciones propuestas podrían limitar la jurisdicción de la Corte con respecto a crímenes cometidos desde el 30 de noviembre de 1996, dejando así sin procesar crímenes cometidos desde el comienzo de la guerra en marzo de 1991. Esto aumenta la posibilidad de que algunos de los peores perpetradores de atrocidades de Sierra Leona, tales como el antiguo líder rebelde Foday Sankoh, puedan caminar libremente por las calles.

Si la Corte Especial no tiene jurisdicción sobre crímenes cometidos durante la totalidad de la guerra . . . los perpetradores de atrocidades que cometieron los crimines entre 1991 y 1996 nunca serán procesados.

Peter Takirambudde, Director Ejecutivo de la División de África de Human Rights Watch


"Si la Corte Especial de Sierra Leona no es dada jurisdicción sobre crímenes cometidos durante la totalidad de la guerra, no habrá justicia para los sierraleoneses," afirmo Peter Takirambudde, director de la sección de África en Human Rights Watch. "El mayor problema es que los perpetradores de atrocidades que cometieron los crimines entre 1991 y 1996 nunca serán procesados."

Ante la decisión de las Naciones Unidas, Human Rights Watch acogió con satisfacción la creación de la corte pero urgió al Consejo de Seguridad a que apruebe el estatuto que daría mayor poder a la Corte para actuar más eficazmente. Esta corte debe crear un precedente para establecer una cooperación más significativa entre la justicia nacional e internacional. La Corte debe ser investida con poderes suficientes como para reforzar la cooperación internacional en cada etapa, y Estados Miembros deberían cooperar con las ordenes y peticiones de la Corte.

Human Rights Watch también recomendó que la Corte Especial no procese ni condene a personas que tenian menos de 18 años cuando cometieron crímenes. A estos menores de edad se los debería responsabilizar por los delitos cometidos, pero dada su inmadurez, y porque varios niños combatientes fueron forzadamente secuestrados de sus casas y obligados a participar, Human Rights Watch cree que los recursos de la Corte, ya de por sí limitados, deben usarse para procesar a adultos, no a niños.

Además, Human Rights Watch se opone a la definición que el estatuto usa para definir el crimen de reclutamiento de niños como soldados. El estatuto solamente establece la prohibición del reclutamiento o uso de niños en guerras. La definición del estatuto debería ser enmendada para así incluir que cualquier reclutamiento o uso de niños menores de quince años en situaciones de guerra sea un crimen de guerra. UNA LLAMADA A LA JUSTICIA EN SIERRA LEONA (información en inglés) REGRESAR

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