El gobierno de Fujimori no puede negociar con la impunidad como una condición para llevar a cabo reformas democráticas. José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch

La propuesta del gobierno incorpora a la Constitución la muy criticada ley de amnistía de 1995, que otorga inmunidad a militares, policías y civiles responsables de violaciones a los derechos humanos cometidas durante la guerra contra la insurgencia en el Perú (1980-1995). También actualiza la ley para incluir los crímenes contra los derechos humanos cometidos desde junio de 1995 hasta el presente. A diferencia de la ley de 1995, la versión actual parece abarcar también delitos de narcotráfico.

"Esta ley sería un desastre para los derechos humanos en el Perú", dijo José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la división de las Américas de Human Rights Watch. "La OEA y todos los líderes latinoamericanos deberían dejar en claro que están radicalmente en contra de la propuesta de amnistía".

Hasta ahora la OEA no se ha opuesto a la propuesta. En una declaración reciente, el Secretario General César Gaviria afirmó que "sólo a los estamentos políticos y sociales del Perú les corresponde, por ahora, pronunciarse sobre la política nacional de reconciliación que va a proponer el gobierno del Perú, y sobre su compatibilidad o no con la democracia y la preservación del estado de derecho".

La ley de amnistía de 1995 fue ampliamente condenada por la comunidad internacional. La Comisión Inter-Americana sobre Derechos Humanos y distintos organismos de derechos humanos de las Naciones Unidas criticaron la ley por violar la prohibición de las leyes de amnistía que comprenden crímenes contra la humanidad.

La introducción de la propuesta de amnistía se produce tras el regreso al Perú de Vladimiro Montesinos, cabeza extraoficial del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) y asesor del Presidente Alberto Fujimori. Montesinos huyó a Panamá después de que se difundiera por televisión un video que le mostraba sobornando a un congresista opositor para que se pasara al lado del gobierno.

Al ser responsable de la formación y supervisión de un escuadrón de la muerte al que se atribuyen torturas y ejecuciones extrajudiciales a principios de los noventa, Montesinos sería uno de los principales beneficiarios de la amnistía. Tras llegar a Panamá pidió asilo político afirmando ser víctima de una persecución, pero dejó el país sin obtenerlo.

En una carta enviada el 28 de septiembre al Secretario General de la OEA, Human Rights Watch se opuso a la petición hecha por él y por varios estados miembros para que Panamá accediera a la solicitud de asilo (www.hrw.org).

"El gobierno de Fujimori no puede negociar con la impunidad como una condición para llevar a cabo reformas democráticas", concluyó Vivanco. "Es el momento para que la OEA se sitúe al lado de su propia comisión de derechos humanos sobre cuestiones de principio, como las normas de asilo y responsabilidad". PETICIÓN DE ASILO DE MONTESINOS (26 de septiembre de 2000) DEMOCRACIA EN PELIGRO (2 de junio de 2000) OBSERVACIÓN ELECTORAL DE LA OEA (25 de mayo de 2000) REGRESAR