Desde nuestro punto de vista, unas elecciones irregulares destinadas a perpetuar el mandato de un jefe de Estado en funciones equivalen a 'una interrupción abrupta o irregular del proceso político institucional democrático.' José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch

Los ministros de relaciones exteriores reunidos en la Asamblea General de la OEA del 5 de junio para debatir la situación peruana deben condenar las irregularidades de las elecciones del 9 de abril y el 28 de mayo en los términos más duros posibles. Deben acordar medidas concretas para garantizar la celebración de elecciones presidenciales y parlamentarias en Perú lo antes posible, bajo la supervisión de la OEA.

El "Compromiso de Santiago con la democracia y la renovación del sistema interamericano"–la Resolución 1080 de la Asamblea General–dispone un mecanismo por el cual los Estados miembros de la OEA pueden adoptar colectivamente medidas para promover la restauración de la democracia cuando ésta se encuentre en peligro. Tras el "autogolpe" del Presidente Fujimori en abril de 1992, la OEA empleó la Resolución 1080 para presionar a Fujimori con el fin de que convocara elecciones al año siguiente para una asamblea constituyente y un nuevo congreso. Sin embargo, el funcionamiento de las instituciones democráticas se ha visto impedido por la persistente interferencia gubernamental. Ahora, la democracia se encuentra una vez más en peligro en Perú. La larga maniobra del Señor Fujimori para asegurarse un tercer mandato, calificada de anticonstitucional tanto por la Corte Constitucional como por el Defensor del Pueblo de Perú, ha culminado con éxito gracias a las elecciones manifiestamente irregulares de este año. Mas que aceptar esta realidad, la OEA debe invocar una vez más la Resolución 1080 para ayudar a que los peruanos puedan retornar al camino de la democracia.

Las elecciones peruanas: una afrenta al sistema interamericano

Antes de concluir que las elecciones peruanas no podían salvarse y retirar a sus observadores, el jefe de la misión de observación electoral de la OEA, el Sr. Eduardo Stein, hizo todo lo posible para persuadir a las autoridades peruanas de que retrasaran la votación. Muchos gobiernos advirtieron al Presidente Fujimori de las consecuencias de celebrar los comicios el 28 de mayo sin la aprobación de la OEA o la participación del candidato de la oposición. Decidió desatender todas estas advertencias. El 28 de mayo, el Presidente Fujimori fue reelegido por ausencia de otros candidatos a un tercer mandato presidencial, en una votación que ha alarmado a los demócratas de todo el continente. El Presidente de la Unión Europea y los gobiernos de Estados Unidos, Canadá, Chile, Japón, España, Francia, Alemania y Bélgica, entre otros, han hecho declaraciones deplorando el proceso electoral.

Presumiblemente, el Presidente Fujimori invitó a la misión de la OEA a Perú creyendo que su presencia contribuiría a refrendar el proceso electoral. Sin embargo, la misión realizó una cobertura inusual de las condiciones previas a los comicios e informó periódicamente de sus conclusiones durante todo el proceso. La misión observó y comentó situaciones tales como el acceso de los candidatos a los medios de comunicación, la cobertura periodística de los candidatos, el empleo de fondos oficiales y el despliegue de personal gubernamental en actividades electoralistas, y la investigación de las irregularidades cometidas por los simpatizantes de la campaña para la reelección. La misión halló graves irregularidades e injusticias en cada uno de estos aspectos, así como graves deficiencias en el mecanismo de recuento de votos y la capacitación de funcionarios electorales.

A pesar de las insistentes recomendaciones del equipo del Sr. Stein a las autoridades gubernamentales y electorales, sólo se introdujeron mejoras limitadas y superficiales. Éstas no fueron suficientes para restaurar la confianza y dar credibilidad a los resultados de las elecciones. Otros observadores internacionales como el National Democratic Institute, el Carter Center y la Unión Europea, que también retiraron a sus observadores antes de la votación del 28 de mayo, coincidieron con la OEA en que las reformas eran insuficientes. Los observadores electorales nacionales, tales como la Defensoría del Pueblo y las organizaciones no gubernamentales Transparencia y Consejo por la Paz, no quisieron seguir el proceso por los mismos motivos. En otras palabras, muy pocas veces se han documentado tan bien, o han estado tan claras, las irregularidades de una elección presidencial.

Mientras un presidente sin legitimidad democrática se dispone a gobernar Perú, las elecciones parlamentarias del 9 de abril también se vieron afectadas por graves irregularidades. Entre ellas el registro aún sin explicar de más de un millón de votos por encima del número de votantes, una corrección inexplicable del recuento de los votos de la oposición que provocó la pérdida del escaño de un destacado crítico de la política de derechos humanos del gobierno y la presunta alteración por parte de los operadores informáticos oficiales de los resultados durante el cómputo de la votación por orden de preferencia. Casi dos meses después, todavía no se han anunciado los resultados oficiales de las elecciones al Congreso, a pesar de que, el 10 de mayo, el equipo de observación electoral de la OEA instó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a que los hiciera públicos inmediatamente.

El Sr. Fujimori ha acusado públicamente a su oponente, Alejandro Toledo, de haberse retirado de las elecciones presidenciales porque (según Fujimori) temía perder en una votación legítima. Alega que ha evitado la derrota mediante el sabotaje de la legitimidad de las elecciones (que según insiste Fujimori fueron constitucionales y justas). Este intento de trasladar la culpa a las víctimas de la debacle electoral es injusto. Las críticas al proceso electoral realizadas por la misión de observación electoral de la OEA y otros observadores fueron independientes y anteriores a la retirada del Sr. Toledo, y en parte la motivaron. Es más, el Sr. Toledo afirmó que participaría si la OEA declaraba justas las elecciones, lo cual no ocurrió.

Porqué debe actuar la OEA

Al proceder con las elecciones del 28 de mayo sin tener en cuenta las advertencias, el Presidente Fujimori ha puesta la bola en la cancha de la opinión mundial y, en particular, de la OEA. Como astuto estratega que es, sabe que el historial de Perú en varios asuntos que preocupan al continente (como la política económica, la eliminación del terrorismo y la guerra contra el narcotráfico) son una ventaja para su gobierno y pueden aconsejar una respuesta cauta y diplomática por parte de los líderes regionales.

En el pasado, el gobierno peruano ha logrado desviar las críticas internacionales de acciones cuestionables, tales como la suspensión en 1997 de tres magistrados de la Corte Constitucional que se opusieron a los planes inconstitucionales del Sr. Fujimori para su reelección, o la retirada unilateral de Perú del reconocimiento de la autoridad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1999. Las declaraciones hechas recientemente por el Presidente Fujimori y sus ministros demuestran su creencia en que las críticas internacionales pueden desviarse una vez más sin graves consecuencias para su gobierno.

Para que la OEA actúe consecuentemente con su compromiso de proteger la democracia y los derechos humanos, ha de demostrar que los cálculos del Sr. Fujimori estaban equivocados. La única manera segura de evitar que los gobernantes se dejen llevar por la tentación de violar las normas democráticas es una acción firme de sus países vecinos. El método activo de observación y comentario público empleado por el equipo del Sr. Stein fue fundamental para revelar el alcance de la injusticia de las condiciones electorales. Sin embargo, ¿de qué sirve esta observación escrupulosa si los Estados miembros no la respaldan con la acción?

La defensa de los valores democráticos es un elemento esencial de la Carta de la OEA. La reticencia natural de los líderes a intervenir en los asuntos de sus vecinos no es una buena justificación de la inacción. La falta de respuesta activa a las interrupciones del proceso democrático sólo puede servir para cultivar un sentido de impunidad que contradice el espíritu de la Carta y facilita los abusos autoritarios en el futuro. El artículo 23 de la Convención Americana sobre derechos humanos garantiza que:

Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:
a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;
b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores

Los demócratas no deben conformarse en absoluto con las recientes promesas del Sr. Fujimori de crear un clima más democrático en Perú después de las elecciones. Parecen destinadas a apartar el debate del tema de la legitimidad de su mandato recién obtenido. Durante su actual mandato el Sr. Fujimori ha limitado gravemente la independencia de la judicatura y la prensa. La inestabilidad política no era escusa para la interferencia del Poder Ejecutivo, ya que durante estos años la amenaza de la violencia política se estaba alejando notablemente. En contraste, la injerencia inconstitucional del aparto de inteligencia del Sr. Fujimori, el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), ha ido aumentando constantemente. El historial del Presidente Fujimori demuestra claramente que, sean cual sean sus logros, ha mostrado muy poco respeto por los valores democráticos.

La Resolución 1080 no está concebida solamente para los golpes militares

En su preámbulo, la Resolución 1080 exhorta a los Estados miembros de la OEA a poner en vigor el principio consagrado en la Carta de que "la solidaridad de los Estados americanos y los altos fines que con ella se persiguen requieren la organización política de los mismos sobre la base del ejercicio efectivo de la democracia representativa." En concreto, la Resolución 1080 reclama la acción en caso de que se produzcan:

"hechos que ocasionen una interrupción abrupta o irregular del proceso político institucional democrático o del legítimo ejercicio del poder por un gobierno democráticamente electo en cualquiera de los Estados miembros de la Organización."

Desde nuestro punto de vista, unas elecciones irregulares destinadas a perpetuar el mandato de un jefe de Estado en funciones equivalen a "una interrupción abrupta o irregular del proceso político institucional democrático." La Resolución 1080 es más que un exhorto a la solidaridad de los Estados miembros para prevenir y responder a los golpes militares. Los gobiernos electos que emplean el subterfugio legal para perpetuarse en el poder tras una apariencia democrática presentan una amenaza igual de grave y más insidiosa para la democracia.

Acción y no palabras

El rechazo del Consejo Permanente, en la sesión celebrada el 31 de mayo, de la propuesta de Estados Unidos y Costa Rica para celebrar una reunión especial para debatir la situación de Perú conforme a la Resolución 1080, demuestra la cautela y la reticencia de los Estados miembros cuando se proponen acciones colectivas contra otro miembro. Human Rights Watch insta a la Asamblea General de la OEA a que demuestre que su defensa de los valores democráticos no es tan sólo una profesión de fe, sino un compromiso mutuo que vincula a todos los Estados miembros. La OEA debe decidir colectivamente sobre medidas específicas para persuadir al Presidente Fujimori de que deje el poder al final de su mandato, el 28 de julio, y celebre lo antes posible nuevas elecciones presidenciales y parlamentarias bajo la supervisión de la OEA. OBSERVACIÓN ELECTORAL DE LA OEA (25 de mayo de 2000) REGRESAR