Como juez en el caso Escobar, no hizo nada más que cumplir con sus obligaciones oficiales. El gobierno colombiano no puede abandonarla ahora. José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch

En 1986 la juez Sánchez investigó la muerte de Guillermo Cano, director de El Espectador, y emitió una resolución de acusación contra Escobar, un conocido narcotraficante. La juez Sánchez pasó a ocupar un puesto diplomático en los Estados Unidos y se le aseguró protección permanente tras recibir serias amenazas de Escobar y sus socios. El Presidente Pastrana ha anunciado sus planes de nombrar un sustituto para la juez Sánchez en el cargo de cónsul en Washington, DC, lo cual la despojaría de la protección que necesita.

"La juez Sánchez todavía está en peligro y tiene derecho a ser protegida", afirmó José Miguel Vivanco, director de la división de las Américas de Human Rights Watch. "Como juez en el caso Escobar, no hizo nada más que cumplir con sus obligaciones oficiales. El gobierno colombiano no puede abandonarla ahora".

La juez Sánchez recibió serias amenazas de Escobar y Los Extraditables, los narcotraficantes que trabajaban con él. En uno de los mensajes Los Extraditables afirmaban que si la Juez Sánchez acusaba a Escobar "cometería un error que marcará su vida y le perseguirá hasta la muerte. Usted es perfectamente consciente de que somos capaces de ejecutar[la] en cualquier lugar del planeta ... Sea consciente de que si lleva a juicio al Señor Pablo Escobar, no quedarán antecesores ni descendientes en su árbol genealógico". El mensaje continuaba mencionando los nombres de oficiales del gobierno que ya habían sido asesinados por orden de Escobar.

En ese momento el gobierno tomó medidas para proteger a la Juez Sánchez, incluyendo su traslado a una base militar y la asignación de un vehíuclo blindado. Tras emitir la acusación contra Escobar, Sánchez dejó su puesto y fue nombrada por el gobierno colombiano Cónsul en la ciudad de Detroit, Michigan, por razones de seguridad. En 1989 su residencia en la ciudad se conoció públicamente, lo cual provocó su traslado a Washington, DC. Sánchez ha ocupado el cargo de Cónsul en la capital de los Estados Unidos desde entonces.

El caso Escobar permanece abierto y continúa amenazando a Sánchez. Varias personas relacionadas con el caso, incluyendo dos jueces, has sido asesinadas por orden de Escobar. Dos de los socios ligados al asesinato de Cano siguen vivos. Los Presidentes Gaviria y Samper, previos presidentes de Colombia, extendieron las medidas de seguridad de Sánchez y la confirmaron como Cónsul en Washington.

Corresponde al gobierno tomar las medidas necesarias para proteger las vidas de los funcionarios públicos en los casos en se reciban amenazas directas, creíbles y continuas por haber complido con su deber. Hoy en día muchos defensores de los derechos humanos, investigadores gubernamentales y periodistas se encuentran bajo amenazas por su trabajo en Colombia. En algunos casos el gobierno ha tomado medidas para proteger a individuos amenazados, incluyendo el envío de funcionarios públicos a cubrir puestos en el extranjero. Dada la gravedad de las amenazas contra Sánchez y su familia, las medidas adoptadas para salvaguardar su seguridad deben ser mantenidas, afirmó Human Rights Watch. CARTA AL PRESIDENTE PASTRANA REGRESAR