Carta al Presidente Pastrana

Washington, D.C., 22 de noviembre de 2000

Presidente Andrés Pastrana Arango
Presidente
República de Colombia
Palacio de Nariño
Santafé de Bogotá, COLOMBIA
VIA FAX

Excelentísimo Sr. Presidente:

Me dirijo a usted respetuosamente para instarle a que mantenga las medidas de protección adoptadas por tres presidentes colombianos para la Dra. Consuelo Sánchez Durán, que ocupa actualmente el cargo de Cónsul en Washington, D.C. Estoy convencido de que su vida correría un grave peligro si se retiraran dichas medidas, y que es responsabilidad del Gobierno garantizar que ella y su familia sigan protegidos.

Como ya sabe, la Dra. Sánchez fue una de los jueces que investigaron el asesinato del director de El Espectador, Guillermo Cano, ocurrido el 17 de diciembre de 1986. Aunque otro juez había suspendido la investigación por presunta falta de pruebas, cuando la Juez Sánchez se encargó del caso consiguió reunir información importante que implicaba en el asesinato a Pablo Escobar, quien encabezaba en aquel momento el Cartel de Medellín.

Su trabajo desencadenó amenazas inmediatas y graves de Escobar y Los Extraditables, los narcotraficantes que trabajaban para él. En un mensaje, Los Extraditables afirmaron que si la Juez Sánchez formulaba cargos contra Escobar, cometería un error que marcaría su vida y la perseguiría hasta el día de su muerte. Le advertían de que fuera perfectamente consciente de que eran capaces de ejecutar a alguien en cualquier parte del planeta y que si llevaba a juicio a Pablo Escobar se quedaría sin antepasados ni descendientes en su árbol genealógico. En la amenaza se mencionaba también a numerosos funcionarios del gobierno que ya habían sido asesinados por orden de Escobar.

En ese momento, el Gobierno adoptó medidas para proteger a la Juez Sánchez, lo que incluyó su traslado al Club Militar y la asignación de un vehículo blindado. A pesar de estas amenazas, la Juez Sánchez ordenó el arresto de Escobar el 26 de agosto de 1988.

La Juez Sánchez demostró con esta decisión una valentía poco común y su dedicación a la causa de la justicia. De hecho, se convirtió en un símbolo internacional de los riesgos que corren los colombianos que luchan contra el narcotráfico y fue alabada por muchas personas, entre ellas miembros del Congreso de Estados Unidos.

Ante las amenazas explícitas contra ella, la Juez Sánchez se retiró de su puesto cuatro días después de dictar la orden de detención y fue trasladada por el gobierno colombiano al consulado de Colombia en la ciudad de Detroit, Michigan. Sin embargo, en 1989 se hizo pública su residencia en esta ciudad y tuvo que trasladarse a Washington, D.C., donde ocupa el puesto de Cónsul desde 1989.

El caso que inició con la orden de detención de Escobar no ha concluido ni mucho menos y sigue poniendo en peligro la vida de la Dra. Sánchez. Después de que el Gobierno de Colombia decidiera protegerla mediante su traslado a Estados Unidos, otras personas vinculadas al caso, entre ellas dos jueces, fueron asesinadas por orden de Escobar.

La muerte en 1993 de Pablo Escobar no mejoró significativamente la seguridad de la Dra. Sánchez, dado que varios de sus socios, entre ellos dos personas implicadas en la muerte de Cano, siguen con vida. Tanto el Presidente Gaviria como el Presidente Samper extendieron las medidas de seguridad para la Dra. Sánchez y confirmaron su puesto de Cónsul en Washington.

En 1997 uno de los autores intelectuales del asesinato de Cano fue detenido y condenado por el crimen. Posteriormente, la Dra. Sánchez recibió información creíble de Colombia que indicaba que ella y su familia seguían en peligro.

En los casos en que los funcionarios públicos han recibido amenazas directas, creíbles y continuas por haber cumplido con su deber, consideramos que es obligación del Gobierno adoptar las medidas necesarias para proteger sus vidas. Este es un caso ciertamente inusual, teniendo en cuenta la capacidad de los narcotraficantes de ejecutar sus amenazas fuera de Colombia y mucho después de la desaparición de los principales involucrados. Sin embargo, este caso merece un trato excepcional de acuerdo con el compromiso del propio Gobierno de hacer respetar la ley y defender los derechos humanos.

Actualmente, muchos defensores de los derechos humanos, investigadores del Gobierno y periodistas están bajo amenazas por su trabajo. En algunos casos, el Gobierno ha adoptado medidas para proteger a las personas amenazadas, trasladando incluso a funcionarios a puestos en el extranjero. Dada la gravedad de la amenaza contra la Dra. Sánchez y su familia, le instamos a que mantenga las medidas adoptadas para garantizar su seguridad.

Atentamente,

/f/

José Miguel Vivanco
Director Ejecutivo

Cc: Guillermo Fernández de Soto, Canciller
Luis Alberto Moreno, Embajador LOS DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA REGRESAR