Promesas Rotas:
Evaluación de los derechos del niño con motivo del décimo aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño


(New York: Human Rights Watch, 1999)

NIÑOS EN CONFLICTO CON LA LEY

En las prisiones de adultos tienes que pagar dinero para tener un sitio donde dormir. Si no, duermes en el suelo, en la basura. Y tienes que pagar por un colchón y mantas. Los niños a los que ponen con los adultos son violados con frecuencia. Esto es muy común. La Zona 18 es la prisión de adultos con más menores, así que es la prisión con más violaciones. Los guardias no prestan ninguna atención. En la cárcel el dinero lo dirige todo.

— Vicente R., internado en el centro de detención Zona 18 de Guatemala cuando tenía 16 años

En los diez años transcurridos desde la adopción de la ratificación casi general de la Convención sobre los Derechos del Niño, un número creciente de países ha modificado sus leyes sobre justicia de menores para garantizar a los niños los derechos previstos en la convención y en otros instrumentos internacionales.

Esta tendencia ha sido más evidente en Latinoamérica, donde muchos países han promulgado reformas para hacer que su legislación sea compatible con la convención. Brasil, uno de los primeros en reformar integralmente sus leyes nacionales en respuesta a la convención, adoptó su Estatuto del Niño y del Adolescente en 1990. Ecuador y Perú aprobaron los Códigos de los Niños y los Adolescentes en 1992. México adoptó su Ley para el Tratamiento de Menores Infractores en 1991; el Salvador promulgó una nueva ley de justicia de menores en 1995 y Nicaragua adoptó un Código de Justicia del Niño en 1998. Estas iniciativas de reforma, basadas en que los todos los niños poseen derechos que deben ser respetados por el Estado, representan una diferencia importante frente a las legislaciones anteriores, dirigidas exclusivamente a menores en situaciones irregulares y necesitados de protección.

En otros países, las reformas se están considerando pero todavía no han sido promulgadas legalmente. Y un gran número de países en la región y en otros lugares del mundo aún no han adoptado medidas para que sus leyes sean compatibles con la convención.

 
  Sitios Web Relacionados

Centro para los Derechos de los Presos, Japón

Centro para el Estudio de la Reconciliación y la Violencia, Sudáfrica

Fondo para la Defensa de los Niños, Estados Unidos

Escuela de Criminología y Justicia de Menores de la Universidad Estatal de Florida, Estados Unidos

Red Internacional sobre Justicia de Menores, Defensa para los Niños Internacional

Centro Legal Nacional sobre Niños y Jóvenes, Australia

Observatorio Internacional de las Prisiones

Centro Social para la Reforma de la Justicia Penal, Rusia

Cuando se han producido, las reformas legislativas son los primeros pasos positivos hacia un mayor reconocimiento de los derechos humanos del niño. Incluso en este caso, las diferencias entre la ley y la práctica suelen ser grandes. A muchos niños se les niega el debido proceso, se les detiene en condiciones espantosas, se les somete a la violencia por parte de guardias y policías y algunos incluso son ejecutados.

Con demasiada frecuencia, los niños de todo el mundo son llevados a juicio y sentenciados con procedimientos que violan sus derechos en virtud de la convención (especialmente el artículo 40). En Brasil, Bulgaria, Guatemala, India, Jamaica, Kenia, Paquistán, Rusia y Estados Unidos; Human Rights Watch ha documentado el hecho de que no se garantice sistemáticamente la representación legal de los niños, que de otra manera habrían obtenido juicios justos. Son especialmente preocupantes las sentencias que violan el principio internacional de que la privación de libertad debe ser un último recurso y lo más breve posible; y el uso de la tortura o trato cruel, inhumano o degradante.

En muchos casos, los niños son privados de libertad de forma arbitraria o indefinidamente, basándose en disposiciones legales imprecisas. En Kenia, Human Rights Watch comprobó que los niños de la calle eran recluidos durante años en correccionales juveniles tras haber sido hallados Anecesitados de protección o disciplina en procedimientos sumarios sin representación legal. Asimismo, en Paraguay y en otros países de las Américas que no han adaptado sus leyes a la convención, los niños pueden ser detenidos por el mal definido delito de Aestado peligroso.

En otros casos, las autoridades estatales simplemente desprecian las leyes concebidas para la protección de los jóvenes. Nuestra investigación de 1996 en Bulgaria encontró que los niños eran detenidos a menudo en prisiones de la policía mucho más tiempo que el periodo período permitido por la ley, sin ser formalmente acusados de acusados y sin ninguna supervisión judicial. En la India, encontramos que la policía habitualmente detenía a los niños de la calle sin acusarlos de ningún cargo. Y no los llevaban ante los magistrados en el periodo requerido por el acta Justicia Juvenil de la India. Las palizas son algo común en el trato de los niños detenidos. En una investigación de 1999 sobre las prácticas policiales en Rusia, los adolescentes de varias ciudades contaron a Human Rights Watch que, la policía, de forma rutinaria, violaba la ley rusa y los estándares internacionales al interrogarlos en ausencia de un abogado.

En Jamaica, Trinidad y Tobago y en otros lugares del Caribe de habla inglesa, los jueces de los juzgados de menores pueden condenar a azotes por determinados delitos. Además, los niños detenidos en estos países pueden ser objeto de castigos corporales como método de disciplina. Asimismo, las leyes coloniales Hudood de Pakistán permiten a los jueces puedan sentenciar a latigazos, normalmente entre 15 y 30, a los niños; en la práctica, sin embargo, esta parte de la sentencia suele ser habitualmente revocada durante la apelación. También en Kenia, el castigo corporal con cañas o varas está contemplado en la ley como sentencia judicial para niños, y como medida disciplinaria en los correccionales infantiles.

En todo el mundo, los niños son objeto de terribles condiciones de encierro que violan las normas internacionales, en concreto el artículo 37 de la convención. A menudo, los niños presos están albergados con adultos, son víctimas de la violencia de los guardias y otros internos, y con frecuencia se les niega la alimentación y atención médica y psicológica adecuadas, y la educación y el acceso a instalaciones de higiene básicas. Estos niños regresan finalmente a la sociedad, lo que significa que el hecho de no prepararlos para su reintegración carece de visión de futuro además de ser cruel y conllevar enorme costes para la sociedad.

La práctica de mantener a los niños en instalaciones de adultos es común en muchas partes del mundo, y expone a los niños a condiciones ultrajantes — que incluyen abusos físicos y sexuales — mucho peores que las que habrían padecido en centros de menores. También viola el requisito de la convención de que los niños privados de libertad sean separados de los adultos. En Camboya, por ejemplo, los niños son albergados indiscriminadamente con presos adultos y, según se ha informado, son objeto de abuso sexual y de otras formas de violencia física y psicológica por parte de los adultos. En Guatemala, Human Rights Watch entrevistó a niños mezclados con adultos, que contaron como los presos adultos los golpeaban y violaban, y obligaban a entregar su ropa o a pagar para tener un sitio donde dormir.

En los Estados Unidos, entre 1992 y 1998, al menos cuarenta estados adoptaron leyes que facilitaban el juicio de los niños como si fueran adultos; el Congreso ha considerado la adopción de medidas similares para los jóvenes acusados de delitos federales. Un número creciente de niños en Estados Unidos están pendientes de juicio como si fueran adultos y a la perspectiva de pasar de seis meses a un año en prisiones preventivas para adultos, aunque sean declarados finalmente inocentes. Human Rights Watch comprobó que los jóvenes detenidos en prisiones de adultos en los estados de Colorado y Maryland sufrían la violencia por parte de otros presos, tanto menores como adultos. Además, no solían recibir la atención médica y psicológica apropiada para su edad, recreos adecuados u oportunidades educativas como requieren las leyes estatales.

Algunos países han emprendido medidas positivas para el reconocimiento y corrección de las condiciones abusivas del cautiverio. El gobierno de Sudáfrica inició un programa en noviembre de 1997 para mantener a los niños fuera de las prisiones del país, aunque los retrasos en la aplicación del programa limitaron su eficacia. En Bangladesh, el gobierno ha aceptado inmediatamente la necesidad de mejorar las condiciones de confinamiento de los niños en conflicto con la ley, señalando en concreto en el informe suplementario de 1997 del Comité para los Derechos del Niño, que Ademasiados menores son retenidos en prisiones y comisarias junto con criminales adultos. En Jamaica, tras la publicación del informe de Human Rights Watch condenando la práctica de la detención de los niños en prisiones policiales inmundas y hacinadas, el gobierno anunció que trasladaría a todos los niños detenidos a centros para menores. Y en Estados Unidos, los informes de Human Rights Watch provocaron que el Departamento de Justicia investigara las condiciones en los centros de detención juvenil en los estados de Georgia y Louisiana, lo que produjo algunas mejoras.

El artículo 37(a) de la convención condena de manera inequívoca la aplicación de la pena de muerte a los delincuentes juveniles, aquellos que tenían menos de 18 años en el momento de cometer el delito. Sin embargo, se sabe que seis países — Irán, Nigeria, Pakistán, Arabia Saudita, Estados Unidos y Yemen — han ejecutado a delincuentes juveniles en los noventa.

Las diez ejecuciones de delincuentes juveniles de Estados Unidos durante este periodo representan más de la mitad del total mundial conocido, convirtiéndolo en el líder mundial en ejecuciones de menores. Cinco ejecuciones tuvieron lugar en el estado de Texas; los estados de Georgia, Louisiana, Missouri, Oklahoma y Virginia, ejecutaron a un delincuente juvenil cada uno durante el mismo periodo. Sean Sellers, ejecutado en Oklahoma en febrero de 1999, fue el primer delincuente ejecutado en Estados Unidos en cuarenta años que tenía 16 años en el momento de la comisión del crimen. A 11 de julio de 1999, 70 delincuentes juveniles estaban en el corredor de la muerte en Estados Unidos.

Entre los acontecimientos positivos, el máximo tribunal del estado de Florida decretó que la imposición de la pena de muerte a delincuentes de 16 años es un castigo cruel e inusual que viola la constitución del estado; y el estado de Montana, con efectividad a partir del 11 de octubre de 1999, abolió la pena de muerte para los menores de 18 años en el momento cometer el crimen. Como resultado, 19 de los 40 estados de Estados Unidos que permiten la pena capital, prohíben ahora la ejecución de los delincuentes que tenían 16 años o menos en el momento de cometer sus crímenes; 15 de los 20 estados restantes limitan la condena a muerte a los delincuentes adultos.

En todo el mundo, el derecho reconoce la inmoralidad e injusticia de la pena de muerte, un castigo excepcionalmente cruel e irreversible, para crímenes cometidos por niños. El respeto a los derechos del niño exige que esta terrible práctica sea abolida de una vez por todas.

Recomendaciones

  • Todos los gobiernos deben asegurarse de que los niños en conflicto con la ley sean privados de su libertad únicamente como último recurso, y por el periodo más breve posible.
  • Las condiciones de detención y encarcelamiento deben ser compatibles con las normas internacionales. Los niños nunca deben ser detenidos con los adultos. Debe permitírseles un contacto regular con sus familias, representantes legales y otras personas del mundo exterior, así como acceso a educación, atención médica y psicológica, alimentación adecuada e instalaciones sanitarias.
  • Los países que mantengan el uso de la pena de muerte deben cesar su aplicación inmediatamente y corregir su legislación acorde con la convención.


NIÑOS HUÉRFANOS Y ABANDONADOS

Ves a un niño yaciendo sobre el camastro, mirando al techo, obviamente con una terrible necesidad de amor — He oído al personal decirme con toda ingenuidad, "Les decimos a las madres que no se molesten en venir a visitarlos; de todas maneras el niño no entiende."

— Sarah Philips, voluntaria durante mucho tiempo en un orfanato en Rusia.

En todo el mundo, un número desconocido de niños, es muy probablemente que cientos de miles, si no millones, está internado en orfanatos e instituciones no penales. Muchos de estos niños han sido condenados a vivir una sombría existencia y son víctimas de niveles de abuso y abandono escandalosos, y a veces mortales.

Muchos niños que terminan en orfanatos tienen al menos un progenitor vivo, pero han sido abandonados porque sus familias son pobres, carecen de trabajo o tienen problemas con la ley. En los países donde hay políticas restrictivas de control de la población o donde las tradiciones culturales valoran más los niños que las niñas, los bebés y en particular las niñas-pueden ser abandonados con frecuencia. En otros casos, el personal médico presiona a los padres para que abandonen a los recién nacidos con discapacidades, alegando que se verán aislados por criar a un niño discapacitado. Por esta razón, los niños sanos que son abandonados por razones económicas o del hogar suelen considerados defectuosos.

 
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Centro para los Niños Europeos

Human Rights Watch - Informe y plan de acción sobre los orfanatos rusos

Centro Nacional Pediátrico y de Familia de Recursos sobre SIDA

ONUSIDA (fuente global de información sobre VIH/SIDA)

En Rusia, los niños son abandonados en manos del Estado a razón de más de 100.000 al año. Human Rights Watch comprobó en 1998 que los niños de los orfanatos de Rusia estaban expuestos a sobrecogedores niveles de crueldad y abandono. Pueden ser golpeados, encerrados en habitaciones gélidas durante días, o sufrir abusos sexuales, y suelen ser víctimas de tratos vejatorios por parte del personal.

Los bebés rusos que se clasifican como discapacitados son separados en habitaciones a parte, donde se les cambia de ropa y alimenta, pero son privados de estímulos y de atención médica, lo que viola muchas de las disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño. A la edad de cuatro años, estos y otros niños que son considerados retardados u oligofrénicos (de poco cerebro) son enviados a internados psico-neurológicos donde son encerrados y aislados; en condiciones poco mejores que las de las cárceles. Considerados ineducables, los niños en estas instituciones pueden ser inmovilizados con sacos de tela, atados a los muebles, se les deniega estimulación y a veces se les deja tumbados, medio desnudos, en su propia suciedad. Los huérfanos que sobreviven hasta la edad de 18 años son trasladados a un internado de adultos, fuera de la vista del público.

Los huérfanos rusos que no se consideran discapacitados crecen en instituciones donde sufren habitualmente tratos crueles y castigos inhumanos y degradantes por parte del personal. En los orfanatos, los niños son castigados físicamente no sólo por el personal docente, sino por otros niños mayores de la institución, que son animados a pegar, amedrentar e intimidar a los más jóvenes. No es infrecuente el uso del trato cruel, inhumano y degradante, del castigo, incluyendo el corporal, la humillación pública y el aislamiento en habitaciones gélidas. Los niños no cuentan con medios para recurrir o denunciar, y protestar por los malos tratos y el abuso a manos del personal y niños mayores.

También se han documentado terribles abusos en los orfanatos chinos, donde los niños han sufrido asombrosos índices de mortalidad. Privados de la alimentación adecuada y de la asistencia médica básica, la probabilidad de sobrevivir más de un año los huérfanos admitidos en instituciones benéficas en 1989 era menor al 50 por ciento. Parece que muchas instituciones no son más que centros de eliminación de huérfanos no deseados (especialmente niñas), con un volumen de admisiones y muertes que excede en mucho el número de camas disponibles. En algunas instalaciones, la tasa de mortalidad alcanzaba el 90 por ciento.

En Rumania, Human Rights Watch comprobó en 1990 que médicos que tenían prohibido adquirir información médica externa llevaban a cabo transfusiones de sangre en un intento mal dirigido de mejorar la salud de los huérfanos internados. Como resultado muchos niños contrajeron el SIDA. Los niños también sufrían alimentación, atención sanitaria, vestimenta y alojamiento inadecuados, falta de estimulación o educación y abandono.

Al salir a la luz estas condiciones, la comunidad internacional ha respondido. La Unión Europea ha aportado más de 77 millones de dólares estadounidenses (0,77 millones de euros) para mejorar las difíciles condiciones de los niños en los orfanatos de Rumania. Los fondos no sólo se han destinado a alimentos, ropa y asistencia médica de urgencia, sino también a la creación e aplicación de políticas para prevenir el abandono de los niños. La Agencia Internacional de Desarrollo de Estados Unidos (USAID) ha desarrollado recientemente un programa para canalizar 6 millones de dólares estadounidenses hacia organizaciones rusas que trabajan para mantener las familias unidas y para un mayor desarrollo del cuidado adoptivo y de alternativas al cuidado institucional de los huérfanos y niños abandonados. En China, la atención médica y el personal de los orfanatos ha mejorado, y el gobierno se ha dedicado a promover la adopción de niños abandonados. A pesar de estos acontecimientos alentadores, los huérfanos y los niños abandonados continúan siendo internados en cantidades alarmantes, y carecen con demasiada frecuencia de cuidado y protección apropiados.

Finalmente, aunque existen numerosas normas internacionales que protegen los derechos de los niños confinados en instituciones y centros penales o correccionales, no existen normas comparables para la protección de los derechos de los niños huérfanos o abandonados. Human Rights Watch aboga por el uso de alternativas al internamiento de los niños siempre que sea posible, entre ellas el apoyo a las familias o familias numerosas, el cuidado en adopción, y la colocación en pequeños centros residenciales como último recurso.

Recomendaciones

  • Los gobiernos deben colaborar con las ONG para desarrollar programas que disuadan a las familias del abandono de sus niños y para desarrollar alternativas al internamiento, ofreciendo asistencia a las familias con niños discapacitados o con necesidades especiales, así como oportunidades adecuadas para la custodia y el cuidado en adopción.
  • Los gobiernos deben asegurar que los niños que no están en instituciones penales reciben el cuidado apropiado, incluyendo alojamiento adecuado, cuidados médicos, estimulación, atención individual, educación, comida y ropa. Los gobiernos deben trabajar en pos del desarrollo y establecimiento de normas internacionales y nacionales claras sobre el tratamiento, cuidado y protección de los derechos de los niños confinados en instituciones no penales.
  • Los gobiernos deben investigar inmediatamente los informes sobre abusos o desatención a niños en orfanatos, y perseguir o sancionar a las personas responsables. Las ONG y los profesionales deben tener acceso ilimitado para supervisar las condiciones.
  • Los gobiernos deben asegurar que los niños en custodia no están diagnosticados como retardados o discapacitados, a menos que hayan sido observados y examinados adecuadamente durante cierto periodo; y que los niños con discapacidades reciben la educación y programas necesarios para conseguir su completo desarrollo individual.


TRABAJO INFANTIL

Trabajo en una casa con cinco miembros. Soy la única sirviente. Estoy muy ocupada todo el día trabajando, lavando, limpiando y preparando la comida. Los niños de la familia van a la escuela, pero yo no. Ellos también pueden ver la televisión, pero yo no lo tengo permitido. No puedo jugar con ellos. Estoy siempre trabajando. Duermo en el suelo del comedor. Nunca he visitado mi casa desde que empecé este trabajo. Mis padres vinieron a visitarme dos veces y recibieron algo de dinero de la familia, pero no sé cuánto.

— Salani Raydnayaka, una niña de diez años que trabaja como criada interna para una familia en Colombo, Sri Lanka.

copyright Joanne Mariner 2000La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que 250 millones de niños de edades comprendidas entre cinco y 14 años trabajan en países subdesarrollados, al menos 120 millones a jornada completa. El 61 por ciento de ellos se encuentran en Asia, el 32 por ciento en África y el 7 por ciento en Latinoamérica. La mayoría de los niños trabajadores en zonas rurales se dedican a la agricultura; los niños de las ciudades trabajan en el comercio y los servicios, y los menos en fábricas, construcción y servicio doméstico. Se estima que alrededor del 5 por ciento de los niños trabajadores lo hacen en industrias de exportación.

El artículo 32 de la Convención sobre los Derechos del Niño protege a los niños de la explotación económica y desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación. Apela a los Estados para que adopten medidas legislativas y de otro tipo, incluyendo sanciones y penas para garantizar esta protección a los niños.

 
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Anti Esclavitud Internacional

Red de Información sobre los Derechos del Niño — Departamento de Trabajo Infantil

Niños Trabajadores en Asia

Organización Internacional del Trabajo

Human Rights Watch, Informe sobre Explotación Infantil en los EE.UU.

Aquellos que se ocupan del tema del trabajo infantil se encuentran a menudo divididos en cuanto a cómo proceder y consideran toda una serie de estrategias diferentes. Algunos reclaman la rápida y enérgica eliminación del trabajo infantil, utilizando incluso sanciones comerciales cuando los países o industrias no actúen con decisión. Otros piden la reforma de las condiciones de trabajo infantil, con la idea de eliminarlo gradualmente. Otros creen que el trabajo desempeña un papel importante y positivo en la vida de los niños y en sus relaciones con las familias, y buscan la reforma, pero no el terminar con el trabajo infantil.

Una estrategia simple por la que se exija a los empleadores que despidan a todos los niños trabajadores podría tener consecuencias devastadoras para los niños que no pueden trabajar. Estos niños podrían terminar en la prostitución o la delincuencia callejera, o trabajando en condiciones todavía peores y con menos sueldo. Al tratar el problema del trabajo infantil no se pueden subestimar las consecuencias inmediatas y directas para los niños trabajadores y sus familias. A partar a los niños de la fuerza de trabajo puede tener consecuencias devastadoras para ellos si no va acompañado de programas matizados y ajustados para su rehabilitación, educación y asistencia directa.

La estrategia de las sanciones comerciales B reclamando el boicot de los patrones o gobiernos que permiten el uso del trabajo infantil o prohibiendo la importación de bienes fabricados mediante el trabajo infantil B es sumamente difícil de supervisar. Las garantías de los empleadores de no haber empleado mano de obra infantil en fábricas de todo el mundo no tienen validez sin la existencia de mecanismos de vigilancia efectivos e independientes. Y las sanciones comerciales o el boicot dirigido a industrias exportadoras particulares, aunque sean eficaces, tienen un impacto reducido, ya que sólo el 5 por ciento de los niños que trabajan lo hacen en industrias de exportación.

El trabajo infantil incluye una serie de situaciones, desde las claramente peligrosas y explotadoras, como el caso de niños de cuatro años atados a telares de alfombras para que no huyan, hasta casos no perjudiciales o positivos de niños de 17 años ayudando en la granja familiar o trabajando después de la escuela para ganar algo de dinero de bolsillo. En muchos casos, como en los últimos ejemplos, el trabajo de los niños puede ser beneficioso para ellos y sus familias; el dinero y la experiencia obtenidos pueden ser contribuciones positivas a su desarrollo como adultos responsables. Esto depende en gran manera de la edad del niño, de las condiciones en las que trabaja y de si este trabajo le impide ir a la escuela.

Lo que está claro, y la comunidad internacional está de acuerdo, es que 1ciertos tipos de trabajo infantil son peligrosos para la salud, seguridad y moral de los niños, y deben ser abolidos. El Convenio 182 de la OIT sobre las peores formas de trabajo infantil, adoptado unánimemente por los 174 Estados Miembros de la OIT en junio de 1999, exige a los países que la ratificaron que tomen medidas inmediatas para la prohibición y eliminación de Alas peores formas de trabajo, y la toma de medidas efectivas para prevenir que los niños se vinculen con ellas. El término niño se refiere a toda persona menor de 18 años. De conformidad con el convenio, las peores formas de trabajo infantil incluyen la venta y tráfico de niños, la esclavitud por deuda, trabajo impuesto u obligado (incluyendo el reclutamiento forzoso de los niños para su uso en conflictos armados), el uso de los niños para la prostitución o producción de pornografía, para actividades ilegales particularmente para el tráfico de drogas y otros trabajos que puedan Adañar la salud, seguridad o moral de los niños.

Consciente de los peligros de abolir el trabajo infantil sin proporcionar alternativas a los niños, el convenio obliga a los Estados Parte a asegurar que los niños apartados de las peores formas de trabajo reciben asistencia directa para asegurar su rescate, rehabilitación y reintegración social. Y lo que es más importante, la convención ordena que los niños apartados del trabajo tengan acceso garantizado a educación básica y gratuita, y cuando sea posible y apropiado, a formación profesional.

Human Rights Watch se ha ocupado del asunto del trabajo infantil en áreas donde los abusos a los derechos son claros e graves, y corresponden a la nueva definición del convenio de la OIT de las Apeores formas de trabajo. Nos hemos ocupado del trabajo infantil forzoso en la India y Pakistán, el uso de niños como soldados en conflictos armados de todo el mundo y el empleo de niños como criados domésticos internos en Sri Lanka. En todo momento, Human Rights Watch ha hecho hincapié en la importancia de proporcionar educación y rehabilitación al asistir a los niños apartados de estas peores formas de trabajo infantil, para acabar realmente con esta práctica.

La importancia de proporcionar una educación primaria obligatoria y gratuita no puede ser subestimada en la lucha por acabar con la explotación económica de los niños. Las razones son simples: la educación abre todo un futuro para el niño, ofreciéndole la oportunidad de mejor salud, seguridad y mayores posibilidades económicas, así como un completo disfrute de sus derechos.

Recomendaciones

  • Los gobiernos deben ratificar e aplicar inmediatamente el Convenio No. 182 de la OIT sobre las peores formas de trabajo.
  • Al adoptar las medidas para eliminar las prácticas abusivas de trabajo infantil, los gobiernos deben prestar especial atención a la necesidad de proporcionar asistencia educativa, profesional y de otro tipo a los niños apartados del colectivo de trabajadores y a sus familias. Estos niños nunca deben ser tratados como delincuentes, sino como víctimas de prácticas abusivas de trabajo infantil.


ABUSO SEXUAL Y EXPLOTACIÓN

Cuando me trajeron aquí, iba en un taxi. No paraba de mirar a mi alrededor, preguntándome que tipo de trabajo había en esta zona de la gran ciudad. Por todas partes donde miraba, veía entradas con cortinas y habitaciones. Los hombres entraban y salían de estas puertas con cortinas. La gente en la calle pregonaba: A dos rupias, dos rupias. Pregunté a las otras mujeres nepalesa si aquello eran oficinas; parecía la explicación lógica. En dos días lo comprendí todo. Lloré.

— Tara N., mujer nepalesa que fue comprada en la India con 16 años

En todo el mundo, los niños sufren un tipo de abuso y explotación sexual que puede producirles daños permanentes tanto físicos como psicológicos. En algunos casos, la policía exige a los niños de la calle servicios sexuales, amenazándolos con detenerlos si no acceden. En los centros de detención y correccionales, los niños pueden sufrir abusos por parte del personal o están desprotegidos frente al abuso sexual de otros internos. En los campos de refugiados, muchos niños son explotados por los adultos o, a veces, forzados a vender sus cuerpos a cambio de alimentos. Los niños en los orfanatos pueden ser víctimas de abusos por parte del personal u otros niños. En las zonas en conflicto, los niños son secuestrados para servir como soldados y como criados sexuales para los soldados adultos. Los niños que trabajan como sirvientes domésticos pueden ser agredidos o violados por sus empleadores.

Este sombrío panorama se ve agravado por el uso de niños en la prostitución en todo el mundo. Un número desconocido aunque considerable de niños es utilizado para el comercio sexual cada año, a menudo acabando con su salud destrozada, víctimas del HIV/SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual. Se buscan niños cada vez más jóvenes ante la esperanza de los clientes de que no verse expuestos al SIDA. Las niñas prostitutas pueden ser violadas, golpeadas, sodomizadas, emocionalmente maltratadas, torturadas e incluso asesinadas por proxenetas, dueños de burdeles y clientes. Algunos han sido traficados de un país a otro; tanto niños como niñas son objeto de este comercio. Es más, las menores prostitutas son frecuentemente tratadas como delincuentes por la policía y las autoridades judiciales, en lugar de cómo niños víctimas de la explotación sexual.

 
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Punto Focal sobre la Explotación Sexual de Niños y Niñas

ECPAT, Fin a la Prostitución y la Pornografía Infantiles y al Tráfico de Niños para Fines Sexuales (End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking in Children for Sexual Purposes)

Los artículos 34 y 35 de la Convención sobre los Derechos del Niño prohíben la explotación sexual o el tráfico de niños, y el Comité sobre los Derechos del Niño ha dedicado tiempo y esfuerzo a este asunto, apremiando a los gobiernos para que tomen duras medidas contra esta práctica. Otros instrumentos internacionales de derechos humanos, leyes humanitarias, leyes de refugiados y normas laborales protegen a los niños contra la explotación sexual. Además, una relatora especial de la ONU sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la pornografía infantil investiga estos temas.

Una gran parte de la atención internacional se ha centrado en la explotación sexual y el tráfico, especialmente en la práctica del turismo sexual, que es una parte relativamente pequeña del problema. En 1996, se celebró en Estocolmo un Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial de los Niños, con la asistencia de representantes de gobiernos, organismos de la ONU y organizaciones no gubernamentales de 125 países. El Congreso emitió una enérgica declaración contra la explotación sexual comercial de los niños, así como un plan de acción; y se estableció en Ginebra un Punto Focal sobre la Explotación Sexual de Niños y Niñas, para coordinar las iniciativas de reforma. Cierto número de gobiernos y ONG continúan sus esfuerzos para atacar el problema. Pero una cantidad considerable de niños siguen atrapados en este comercio sexual que amenaza sus vidas.

Human Rights Watch ha investigado el tráfico de mujeres y niñas desde Burma a Tailandia y desde Nepal a India. En 1993, descubrimos que entre los miles de burmesas con los que cada año se traficaba en los burdeles tailandeses había muchas niñas. Trabajaban en condiciones equivalentes a la esclavitud. Eran objeto de cautiverio por deuda, confinamiento ilegal, varias formas de abuso sexual y físico y exposición al HIV en burdeles; para luego enfrentarse al arresto como inmigrantes ilegales si conseguían escapar o si los burdeles eran objeto de una redada por la policía tailandesa. Una vez detenidas, las niñas eran víctimas a veces de abusos sexuales adicionales en los centros de detención tailandeses. Se las llevaba a la frontera entre Tailandia y Burma, donde eran a menudo captadas de nuevo en la prostitución por agentes de burdeles que jugaban con su temor al arresto o a regresar a Burma. La policía tailandesa y los agentes de las patrullas fronterizas estaban implicados tanto en el tráfico como en las operaciones de los burdeles, pero escapaban habitualmente al castigo, al igual que la mayor parte de los agentes de los burdeles, los proxenetas y los clientes.

En 1995, investigamos el tráfico de mujeres y niñas nepalesas a burdeles de India. Las víctimas de esta red internacional de tráfico sufrían habitualmente graves abusos físicos, que incluían violaciones, palizas, cautiverio arbitrario y exposición al HIV/SIDA. Mantenidas en cautiverio por deuda durante años, las niñas trabajaban bajo una vigilancia constante. La huida era prácticamente imposible. Tanto los gobiernos indio como nepalés eran cómplices en los abusos. La policía y los funcionarios de India protegían a los dueños de los burdeles a cambio de sobornos; la policía fronteriza nepalesa aceptaba sobornos para permitir el tráfico. Incluso cuando los traficantes eran identificados, el resultado no era mas que unos cuantos arrestos y aún menos procesamientos.

La comunidad internacional, tanto los gobiernos como las organizaciones no gubernamentales, debe hacer todo lo posible para acabar con estos abusos. En algunos casos se requieren nuevas leyes; en otros, la voluntad política debe ser movilizada para aplicar la legislación vigente y procesar a aquellos implicados en la explotación de estos niños indefensos.

Recomendaciones

  • Los gobiernos han aplicar el Plan de Acción de Estocolmo, el cual acordaron durante el Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial, y procesar a aquellos que abusen y exploten sexualmente a los niños, o se beneficien de esta práctica.
  • Los niños involucrados en la prostitución han de ser tratados como víctimas de explotación sexual, violencia y trabajos forzosos, no como delincuentes. Los gobiernos y grupos de ayuda deban apoyar la rehabilitación de calidad y programas de recuperación para los niños que abandonan el comercio sexual, que incluyan asesoramiento, atención sanitaria, educación y formación profesional, y alojamiento adecuados.
  • Los gobiernos deben desarrollar programas de prevención que despierten la conciencia pública y favorecer las acciones de protección a los niños.


EDUCACIÓN

La educación es un derecho fundamental de todos los niños, garantizado por los artículos 28 y 29 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Todavía no se ha alcanzado el objetivo de una educación primaria general, pero se han hecho muchos avances. La tasa general de matrícula en primaria se ha elevado en todo el mundo, y la diferencia por género en la matrícula primaria ha disminuido, con una matrícula de las niñas cercana a la de los niños en muchas partes del mundo, aunque las tasas de compleción están todavía por detrás.

No obstante, 130 millones de niños en edad escolar en el mundo en vías de desarrollo Bel 21 por ciento de todos los niños en edad escolar del mundo no tenían acceso a la educación básica en 1998, y millones más recibían una educación por debajo del nivel normal, lo que resultaba en una falta de aprendizaje. Alrededor de 855 millones de personas hoy día son prácticamente analfabetas al no haber tenido acceso a la educación cuando eran niños.

 
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La Situación Mundial de los Niños 1999: Educación

UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura)

A menudo la negación de la educación está directamente unida a violaciones de derechos civiles y políticos de los niños, tales como empleo ilegal de estos en condiciones peligrosas y trabajos de explotación, la detención en prisiones y discriminación contra los niños de grupos minoritarios étnicos, lingüísticos o religiosos, o por motivos de género, discapacidad u otras condiciones. Por ello, la protección efectiva de los niños requiere tratar simultáneamente todos estos asuntos de derechos.

Human Rights Watch ha estado especialmente interesado en el impacto de la falta de una educación decente en los grupos ya de por si marginadosCcomo los niños de la calle, los detenidos, los niños de minorías étnicas, huérfanos, trabajadores y los afectados por conflictos armados, incluyendo los niños refugiados, niños homosexuales y niñas lesbianas, y las niñas. Los niños de todos estos grupos son frecuentemente vulnerables a otros tipos de violaciones de los derechos humanos, y, sin educación, se enfrentan a aún peores perspectivas para el futuro.

Los niños de zonas rurales pobres se enfrentan a menudo a barreras económicas para la educación que pueden parecer insuperables. En muchas comunidades, incluso aunque las tarifas de las escuelas no sean un problema, el coste de un lápiz o de la ropa puede hacer que un niño no asista a la escuela.

Las niñas de muchos países son con frecuencia mantenidas en casa, alejadas de la escuela, para realizar labores domésticas, o simplemente porque la educación de las niñas no se valora. Entre los niños de Sierra Leona refugiados en Guinea, Human Rights Watch descubrió que algunas niñas podían asistir a la escuela, pero pocas de ellas eran capaces de recibir una educación. Muchas declararon que sólo podían ir a la escuela uno o dos días a la semana porque el resto de los días tenían que trabajar. Las niñas son con frecuencia sacadas de la escuela para trabajar una vez que llegan a la adolescencia. Un maestro refugiado en Guinea explicó que Alos padres saben que las niñas son más útiles en casa, más cuidadosas con los niños pequeños. Las niñas representan dos tercios de los niños en edad escolar en el mundo en vías de desarrollo que no reciben educación primaria (73 millones de los 130 millones de niños sin escolarizar).

A los niños detenidos, incluyendo los niños de la calle cuyo único Adelito puede ser el vagabundeo, se les niega a menudo el acceso a la educación mientras están bajo la custodia del Estado. Incluso los pocos que sí tienen acceso, rara vez reciben una educación adecuada. En Pakistán, los niños detenidos tienen acceso a cierta educación, pero sólo el 10 por ciento aprueba un examen normal al terminar el décimo grado. Entre las razones de su fracaso escolar se encuentran las abismales condiciones de las escuelas en los centros, el énfasis en los temas religiosos en lugar de en los laicos, y el hecho de que muchos de estos niños provienen de ambientes pobres y tuvieron poco acceso a la educación antes de su detención. Los niños detenidos en instalaciones para delincuentes adultos, algo frecuente en muchos estados de Estados Unidos, pueden no tener ningún tipo de acceso a la educación.

Los niños pertenecientes a minorías étnicas en muchos países se exponen también especialmente al riesgo de no tener acceso a la educación apropiada. En algunos países, pueden ser relegados a centros educativos de bajo nivel, con peor calidad educativa, menos material de enseñanza y menores oportunidades de educación superior que el resto de la población. En la República Checa y Bulgaria, los niños romaníes, comúnmente llamados gitanos, están desproporcionadamente confinados en escuelas designados para niños mentalmente retardados. A los niños de las minorías se les suele negar el derecho a hablar su propia lengua o practicar su cultura en las escuelas, en violación del artículo 30 de la Convención sobre los Derechos del Niño. El contenido de la instrucción puede ser también utilizado para promover los objetivos políticos del Estados, en detrimento del desarrollo completo de las posibilidades del niño y del respeto por la identidad cultural, religiosa o étnica. En el Tíbet, por ejemplo, el gobierno chino ha impartido entre los niños tibetanos el atraso de la cultura tibetana en comparación con la cultura china han, para promover la unidad étnica y estatal en China.

Los niños de orfanatos pueden enfrentarse asimismo a obstáculos extremos para obtener educación. En Rusia, Human Rights Watch ha comprobado que el Estado lleva a cabo un examen a los niños de cuatro años, utilizando una metodología, que los expertos han encontrado sumamente deficiente y poco fiable, para determinar sus posibilidades en la vida. Si son clasificados como Aoligofrénicos, o ineducables, estos niños son condenados a pasar la vida en una institución donde sus derechos a la educación les serán permanentemente denegados.

Para muchos niños, la violencia es una parte cotidiana de su experiencia escolar. Human Rights Watch comprobó que los maestros de Kenia usaban bastonazos, bofetadas y latigazos para mantener la disciplina en la clase y para castigar a los niños con mal rendimiento académico. La imposición del castigo físico suele ser habitual, arbitraria y cruel. En casos extremos, las palizas de los maestros han causado que los niños abandonen la escuela definitivamente o que los niños queden permanentemente desfigurados, incapacitados o mueran.

Los alumnos que son considerados homosexuales, lesbianas, bisexuales o transexuales consideran con demasiada frecuencia que la escuela es un lugar donde acepta la intolerancia, el odio, la discriminación y la violencia contra los jóvenes considerados diferentes. En la mayoría de los casos, los funcionarios de las escuelas se niegan a intervenir para proteger a estos alumnos, y lo que comienza como un acoso puede escalar hasta la violencia física. Los alumnos que son objeto de acoso y violencia por parte de sus compañeros suelen padecer depresión, baja autoestima e incapacidad para concentrarse en el trabajo escolar. Un estudio de 1989 del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos concluyó que los jóvenes homosexuales, lesbianas, bisexuales y transexuales tienen de dos a tres veces más posibilidades de intentar un suicidio que sus compañeros heterosexuales.

La negación de la educación en sí misma y por sí misma puede ser devastadora para los niños. Lo que es más, puede llevar a una continua negación de los derechos como niños, y más tarde, como adultos. Por ejemplo, sin el acceso a la educación, muchos niños no tienen otra elección que continuar trabajando bajo condiciones peligrosas y de explotación, y tienen pocas esperanzas de participar algún día de forma plena en la vida política de su sociedad. La educación apropiada podría dar a los niños una esperanza para el futuro y aptitudes que les garanticen otras posibilidades en la vida aparte de las calles, el trabajo bajo condiciones peligrosas o de explotación, condiciones abusivas o una vida de delincuentes.

Recomendaciones

  • Los gobiernos deben proveer educación primaria gratuita y obligatoria a todos los niños, destinada al desarrollo completo del potencial de los niños, independientemente de su origen social o étnico, su género, discapacidad u otras condiciones. Los gobiernos deben asegurar que los costes asociados de la educación, tales como el coste de libros, uniformes y tasas escolares no impiden que los niños asistan a la escuela.
  • Deben hacerse especiales esfuerzos para asegurar que las niñas tienen pleno acceso a la educación, y que esta tiene en cuenta los problemas de género.
  • Los gobiernos deben garantizar que los niños que están detenidos, en orfanatos u otras instituciones de custodia reciben una educación apropiada.
  • Los gobiernos deben actuar para proteger la integridad física de los niños en las escuelas y prohibir el uso del castigo corporal por parte de los maestros.

CONCLUSIÓN

En muchos países en todo el mundo, los niños constituyen más de la mitad de la población. Sin embargo, no están a salvo en ningún sitio. Se perpetran abusos que amenazan sus vidas en las calles, lugares de trabajo, instituciones y zonas de combate.

Casi todos los países del mundo han ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño y muchos han dado pasos concretos y significativos para terminar con el abuso a los niños. Pero para demasiados niños, las promesas de la convención siguen siendo huecas, y los abusos que soportan todos los días contradicen los compromisos hechos por sus gobiernos.

El décimo aniversario de la adopción de la Convención presenta un reto para todos los gobiernos del mundo: dar todos los pasos necesarios para asegurar que los derechos de los niños no son sólo un concepto abstracto sino una realidad concreta para sus ciudadanos más jóvenes. Las recomendaciones presentadas en este informe esbozan los pasos que pueden marcar una diferencia real en las vidas de los niños.

El papel de los ciudadanos y las organizaciones no gubernamentales no es menos importante. Los niños carecen con demasiada frecuencia de voz en la esfera política, y necesitan defensores que les representen. personas preocupados por el asunto pueden ponerse en contacto con representantes de su gobierno para discutir las recomendaciones de este informe y presionar para lograr compromisos públicos que refuercen las acciones en favor los niños. Los ciudadanos y las organizaciones pueden también ayudar a despertar la conciencia de la sociedad civil sobre los terribles abusos a los niños y unirse a coaliciones para emprender acciones constructivas.

Sólo los esfuerzos concertados entre los gobiernos y la sociedad civil pueden terminar eficazmente con el abuso y la explotación de los niños. Debemos cumplir nuestras promesas y satisfacer los derechos básicos de los niños.


LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO (en español)
INFORME 2000 — EXPLOTACIÓN INFANTIL EN LOS EE.UU.
INFORME 1998 — SERVICIO DE INMIGRACIÓN VIOLA LOS DERECHOS DEL NIÑO
INFORME 1997 — NIÑOS DETENIDOS POR EL INS
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