Aunque nuestra investigación se concentró en los abusos cometidos en el Chapare, también tomamos conocimiento de la comisión de serias torturas, algunas refrendadas con certificados médicos, denunciadas por personas detenidas en otros lugares, especialmente en el área de Santa Cruz, acusadas de pertenecer a organizaciones de narcotraficantes. Los denunciantes dicen haber sido torturados por miembros de la FELCN en "escondites", es decir, lugares que oficialmente no son centros de detención públicos. En algunos casos, las denuncias incluyen información sobre la presencia de fiscales especiales y/o la participación de agentes de la DEA durante los interrogatorios en que se produjeron los abusos. Funcionarios de las agencias estadounidenses admitieron ante nuestros representantes que éstas brindan financiamiento para operar centros no oficiales usados por la FELCN para reuniones con sus informantes; recibimos información contradictoria sobre el uso de tales instalaciones para mantener detenidos e interrogar a sospechosos de actividades criminales.

Tuvimos la oportunidad de interrogar a varios sujetos acusados de narcotráfico, quienes se encontraban detenidos en la prisión de San Sebastián en Cochabamba y afirmaban haber sido objeto de torturas. A modo de ilustración, presentamos dos casos:

Máximo Perera Martínez, de ocupación taxista en Santa Cruz y con 40 años de edad, fue arrestado el 7 de setiembre de 1994 por bolivianos vestidos de civil quienes se presentaron como miembros de la DEA. Perera dice que lo condujeron a una casa donde lo retuvieron junto con otras tres personas, incluyendo un ciudadano brasileño. Según su propia versión, nuestro entrevistado fue torturado a diario con golpizas, choques eléctricos, e intentos de ahogamiento introduciendo su cabeza en una bolsa de plástico. Un extranjero con acento estadounidense⁽¹¹⁵⁾ venía a diario a hacerle preguntas. Lo llevaron a la oficina de la FELCN en Santa Cruz para hacer una declaración. Aunque Perera dice haberle contado al fiscal especial anti-drogas sobre las torturas que había recibido, éste no incluyó tal información al redactar la declaración para la firma de Perera.

La tarde del 7 de setiembre de 1994, Juan Luis Muñoz Campos, poblador desempleado del área de Santa Cruz, de 38 años de edad, se dirigía con otras seis personas al pueblo de Ramón en la tolva de un camión, cuando el vehículo fue interceptado por personal de la FELCN y recibió orden de detenerse. Muñoz fue esposado y le cubrieron la cabeza con su propia camiseta, mientras los agentes preguntaban: "?'Dónde están las drogas, dónde está el dinero?". Oyó la voz de un extranjero que decía, "Este sabe algo", y fue golpeado con palos. Muñoz dice que a continuación fue colocado en uno de los vehículos de la FELCN y golpeado hasta que se desmayó. Tras un recorrido de aproximadamente una hora y media, el auto se detuvo en una casa donde se le mantuvo con los ojos vendados e incomunicado durante veinte días. Según Muñoz, durante la primera semana fue golpeado y torturado, y fue atado de pies y manos a un poste giratorio que era puesto en movimiento. Sus interrogatorios tenían lugar en medio de música a todo volumen. Un "gringo" con fuerte acento extranjero estaba presente durante los interrogatorios. Muñoz empezó a vomitar sangre y perdió un diente durante la tortura; le infligieron cortes en las pantorrillas y brazos. Luego de cinco días, los agentes le administraron medicinas y tratamientos y, 15 días más tarde, lo llevaron al centro de detención de la FELCN en Santa Cruz. Dos semanas después de haber llegado a Santa Cruz, Muñoz fue examinado por un médico. Al hacer su declaración, Muñoz contó al fiscal especial sobre las torturas sufridas. El fiscal desestimó el relato del detenido, diciendo que "eso es parte del proceso".

Varias denuncias por torturas han sido presentadas por personas acusadas de ser importantes narcotraficantes, las mismas que se hallan actualmente detenidas en la prisión de máxima seguridad de Chochocoro en La Paz. Aunque hemos revisado parte de la documentación referente a tales denuncias, no hemos dado otros pasos para evaluar su veracidad. Sin embargo, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados del Congreso boliviano está investigando esas denuncias de tortura, y se espera que en breve emita un informe al respecto. Esperamos que tal informe determine si existen fundamentos para abrir un proceso disciplinario o investigación penal contra agentes que puedan haber tomado parte en, o tolerado, los supuestos abusos.

El compromiso de un gobierno con la defensa de los derechos humanos no sólo se mide a partir del número y tipo de abusos cometidos. Se mide también a través de una apreciación de la decisión y el vigor con que se procesan tales delitos, y por la seriedad y rapidez de los intentos del gobierno para tomar cuentas a sus fuerzas del orden. Según estos criterios, Bolivia reprueba el examen. Existe en Bolivia la difundida opinión de que las fuerzas anti-drogas perpetran con total impunidad la mayoría de los abusos a los derechos humanos. Ningún mecanismo administrativo o judicial asegura la fiscalización de tales abusos, ni la compensación para las víctimas.

Factores Generales que Contribuyen a la Impunidad

La falta de fiscalización de los abusos tiene muchas causas, incluyendo muchas que no se limitan a las políticas anti-drogas. La mayoría de los factores sistemáticos incluyen, por ejemplo, el establecido patrón de conducta abusiva por parte de la policía boliviana contra miembros de los sectores menos favorecidos de la sociedad; también figura aquí la relativa lentitud de los esfuerzos del gobierno o grupos privados por educar a la ciudadanía sobre sus derechos y por asistirlos en la defensa de los mismos. Otra dificultad, común en quizá todas las fuerzas del orden, es la referida a la obtención de información y cooperación por parte de agentes que tienden a protegerse mutuamente, como en el caso antes descrito de Felipe Pérez Ortiz, muerto a balazos.

Además, no existe una entidad pública⁽¹¹⁶⁾ en Bolivia que cuente con los recursos, facultades y voluntad para investigar casos de abusos cometidos por personal anti-drogas, y garantizar que los perpetradores sean llevados ante la justicia. El Ministerio Público, bajo la dirección del Procurador General, está autorizado a procesar casos de abusos cometidos por las fuerzas del orden en contra de civiles. Sin embargo, abogados defensores y jueces bolivianos dijeron a nuestros representantes que tales procesos son inusuales. La Constitución boliviana autoridad el nombramiento de un "Defensor del Pueblo", quien tendría la responsabilidad expresa de vigilar y promover el respeto a los derechos humanos por parte de las autoridades públicas.⁽¹¹⁷⁾ Sin embargo, el Congreso boliviano ha incumplido con promulgar la ley que permitiría implementar este dispositivo constitucional.

La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados es la entidad pública que ha resultado más efectiva y diligente en responder a las denuncias de abuso por parte de autoridades públicas, incluyendo los abusos perpetrados por personal de la UMOPAR. Conformada por miembros del Congreso, y con la asistencia de apenas un asistente profesional a medio tiempo, la comisión carece de los recursos para responder de manera adecuada a todas las denuncias de abusos. Ello no obstante, su trabajo ha sido notable.⁽¹¹⁸⁾ A través del simple expediente de interpelar a autoridades públicas sobre los casos denunciados, ha podido en ocasiones brindar ayuda efectiva a las víctimas de abusos. Pero aunque dispusiera de mayores recursos, no puede esperarse que una oficina del Congreso cumpla las funciones de investigación y encausamiento que corresponden propiamente a las entidades encargadas de la administración de justicia. La comisión tampoco puede sustituir la acción decisiva por parte de las fuerzas del orden para insistir en la observancia de normas de derechos humanos, ni aplicar efectivos mecanismos disciplinarios al interior de las instituciones tutelares.

Desafortunadamente, nuestros representantes no encontraron, entre la mayoría de los funcionarios gubernamentales bolivianos con que nos reunimos, un firme compromiso de defender la vigencia de los derechos humanos. Por el contrario, nos sorprendió la difundida actitud de indiferencia hacia los abusos perpetrados por agentes de la UMOPAR, y la disposición a desestimar informes sobre abusos a los derechos humanos, considerándolos exagerados y producto de motivaciones políticas. El Comandante de la FELCN, General Simón Sejas, dijo a Human Rights Watch/Americas que sólo se trataba de "casos aislados de abuso que se producen por un celo excesivo por cumplir con el deber profesional". ⁽¹¹⁹⁾ Según su punto de vista, las denuncias sobre conducta abusiva por parte de agentes del orden eran presentadas por "personas sesgadas que utilizan la prensa para diseminar acusaciones". Los comandantes de la UMOPAR en el Chapare también expresaron a Human Rights Watch/Americas su creencia de que la mayoría de las denuncias eran inventos o exageraciones ideadas por agricultores cocaleros y sus dirigentes sindicales para desacreditar a una fuerza a la que consideraban enemiga.

Impunidad Ante los Abusos por Parte de la Policía Anti-Drogas

Al parecer se emprenden investigaciones dignas de crédito en casos de abusos a los derechos humanos inusualmente graves y públicos, como el asesinato de Felipe Pérez Ortiz. Tal como se indicó antes, la investigación de la FELCN en tal caso, así como la de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, tuvieron éxito en desmantelar el encubrimiento inicial de la UMOPAR y en asegurar el posterior arresto del miembro de esa agencia que hizo el disparo fatal. (De otro lado, es descorazonador que el supuesto perpetrador de la muerte de Pérez no haya sido hallado desde que escapó de la cárcel, y que hasta la fecha se encuentre pendiente el juicio contra los otros miembros de la patrulla que, cuando menos, tienen responsabilidad por el encubrimiento del crimen). Sin embargo, el verdadero desafío en relación a pedir cuentas al gobierno ante los abusos reside en los casos que no alcanzan grandes titulares.

Aunque el General Sejas estaba ansioso por desacreditar las denuncias sobre numerosos abusos, insistió ante Human Rights Watch/Americas en la existencia de efectivos mecanismos disciplinarios internos. Sejas aseguró que todos los casos de presunta o posible inconducta por parte de miembros de la FELCN, ya se trate de corrupción, abusos en contra de civiles o incumplimiento de normas disciplinarias internas, son puestos bajo su conocimiento y que él, de manera unilateral, decide si merecen o no ser investigados por la oficina de asuntos internos de la FELCN. En el curso de nuestra entrevista, el General Sejas nos mostró un cuadro que resumía las investigaciones de la oficina de asuntos internos de la FELCN durante el año 1994: comprendía un total de poco más de treinta casos, y sólo un puñado de ellos se referían a abusos contra civiles.⁽¹²⁰⁾ Tales estadísticas demuestran la escasa actividad investigativa de la FELCN. El resultado de las investigaciones no se hace comúnmente de conocimiento público.

Los comandantes de la UMOPAR en el Chapare reconocieron también ante Human Rights Watch/Americas la existencia de ciertos abusos, especialmente robos y extorsiones, e insistieron en que estaban tratando de ejercer mayor control sobre sus tropas y de instituir un sistema más efectivo de disciplina interna.⁽¹²¹⁾ Los jefes de UMOPAR identificaron dos problemas principales que obstaculizan su capacidad para investigar y sancionar los abusos. El primero de estos obstáculos es la falta de personal y recursos. Los comandantes de la agencia afirman que sólo hay cuatro agentes disponibles para realizar investigaciones, incluyendo las referidas a corrupción, y que tales agentes también tienen responsabilidades operativas. Ellos estarían gustosos de incorporar más personal a su unidad de investigaciones internas, pero sugirieron que la decisión al respecto quede en manos de otros, incluyendo las autoridades estadounidenses.

El segundo obstáculo es la falta de voluntad y la incapacidad de las víctimas de abusos para formular denuncias detalladas. La mayoría de las víctimas no presentan denuncias formales; por lo general, los comandantes de UMOPAR descubren las acusaciones de abusos a través de la prensa, quienes a su vez reciben información de los sindicatos de cocaleros o de sus informantes. Pocos residentes del Chapare están dispuestos a presentarse en la base de Chimore para plantear una denuncia. La base es una instalación militar que, comprensiblemente, intimida a los pobladores del Chapare; no cuenta con oficinas establecidas expresamente para recibir denuncias, ni procedimientos regulares para tratar a quienes quieren plantearlas. Los cocaleros y sus familiares explicaron a Human Rights Watch/Americas que ellos piensan que ir a la base a presentar una denuncia sobre la UMOPAR es, en el mejor de los casos, un gasto de tiempo y un trámite inútil y, en el peor, una oportunidad para exponerse a represalias.

El temor y desconfianza de los pobladores hacia la UMOPAR también bloquea las pocas investigaciones emprendidas. En el caso de Sandalio Verdúguez, por ejemplo, los comandantes de UMOPAR dijeron a Human Rights Watch/Americas que estaban tratando de investigar el caso del que habían tomado conocimiento a través de informes periodísticos, pero les había sido imposible ubicar a la víctima para entrevistarla. Por su parte, los dirigentes de los sindicatos cocaleros dijeron a Human Rights Watch/Americas que Verdúguez se estaba escondiendo de los agentes de UMOPAR, quienes habían "venido a buscarlo", según él, para amenazarlo o castigarlo.

Nos encontramos, obviamente, ante un círculo vicioso. Históricamente, ni la FELCN ni la UMOPAR han tenido procedimientos efectivos para investigar y procesar abusos. En consecuencia, la población civil no tiene motivos para cooperar y teme represalias. La consecuencia es una impunidad total hacia abusos a los derechos humanos, excepto en casos de abusos graves.

Los pobladores del Chapare presentarían más denuncias y, en consecuencia, el personal de la UMOPAR tendería a evitar más los abusos, si los agentes pudieran ser identificables por su nombre. Los miembros de la UMOPAR no portan en la actualidad insignias con sus nombres inscritos; durante algunos operativos, se pintan la cara con betún, y sus vehículos no están marcados con números o signos identificatorios. El Teniente Coronel Luis Caballero coincidió con Human Rights Watch/Americas en que era importante portar una identificación. El oficial insistió en que estaba tratando de obtener insignias para sus tropas y que la llegada de éstas había sido retrasada simplemente por obstáculos burocráticos, incluyendo lentitud por parte de los funcionarios estadounidenses que autorizan los gastos de la agencia.

Pero incluso asumiendo que las víctimas estén dispuestas a proporcionar detalles de los abusos que sufren, tienen que soportar la falta de un procedimiento de denuncias y revisiones diseñado para garantizar que se haga justicia. La verdad es que ni las autoridades bolivianas ni las estadounidenses han concentrado su atención en la necesidad de establecer tal procedimiento. Human Rights Watch/Americas considera que tanto los abusos como las denuncias fraudulentas disminuirían si se estableciera un sistema efectivo y transparente para la revisión de supuestas inconductas en contra de civiles, seguido de procesos penales o sanciones administrativas, según sea el caso.

Human Rights Watch/Americas considera que debe crearse una oficina fuera de la base para recibir denuncias sobre abusos por parte de agentes de UMOPAR. Debe darse a conocer ampliamente información sobre cómo presentar denuncias, para que las víctimas y testigos estén al tanto del proceso. Los denunciantes deben ser informados sobre la situación de las investigaciones internas. La UMOPAR debe, por ejemplo, dar a conocer informes periódicos sobre las sanciones administrativas impuestas por inconducta, dando de esta manera al público seguridades sobre el funcionamiento de los procesos disciplinarios. Human Rights Watch/Americas cree también que el proceso disciplinario y de revisión debe ser supervisado por funcionarios gubernamentales que no formen parte de la cadena de mando de las fuerzas del orden. Asimismo, debe establecerse un mecanismo para la participación de la ciudadanía en el proceso de supervisión y revisión. Tal representación es indispensable para garantizar al público que las investigaciones son conducidas de buena fe, con independencia e imparcialidad, y como una manera de eliminar la profunda desconfianza que impregna las relaciones entre la UMOPAR y los pobladores del Chapare.

La DEA y los Derechos Humanos

La reputación de la DEA en Bolivia es sumamente controversial. En el curso de los años, han surgido acusaciones de abusos, incluyendo la tortura, por parte de agentes de la DEA. Como éstos gozan de inmunidad diplomática y han operado bajo un manto de reserva, no se han producido investigaciones públicas ni en Bolivia ni en los EE.UU. sobre la naturaleza y extensión de ninguno de esos abusos.

Los pobladores del Chapare han acusado a la DEA de complicidad activa y pasiva en los abusos perpetrados por la UMOPAR.⁽¹²²⁾ Han acusado a los agentes de la DEA de ser espectadores durante incidentes de golpizas y pillaje por parte de agentes de UMOPAR. Asimismo, hay acusaciones hacia agentes de la DEA por tomar parte en interrogatorios realizados mediante el uso de tortura. Formuladas por activistas de derechos humanos, dirigentes de iglesias y congresistas, así como por personas que dicen ser víctimas, estas quejas han persistido por lo menos desde la década de los '80.⁽¹²³⁾

A fines de 1993, personas detenidas bajo sospecha de narcotráfico acusaron públicamente a la DEA de mantener "escondites" en los cuales habían sido interrogados mediante torturas. Las acusaciones recibieron amplia difusión a través de reportajes en la prensa, incluyendo fotografías de una casa supuestamente alquilada por la DEA y equipada con sofisticada tecnología de comunicaciones. Según un representante del Congreso que visitó el inmueble, el suelo de éste supuestamente mostraba "manchas de sangre".⁽¹²⁴⁾ El Ministro de Gobierno anunció que las acusaciones serían investigadas; si alguna vez se realizó la investigación anunciada, sus resultados no se dieron a conocer.

Funcionarios estadounidenses negaron que agentes de la DEA hayan abusado de ciudadanos bolivianos. Antes bien, insistieron en que los narcotraficantes y agricultores cocaleros no eran dignos de crédito. Asimismo, de manera más bien interesada, colocaron en las víctimas la responsabilidad de recoger información que permita identificar a los agentes que supuestamente participaron en los interrogatorios donde se produjeron los abusos. En la mayoría de los casos, las víctimas sólo pueden indicar que durante el interrogatorio se encontraba presente "un gringo", o "alguien que hablaba español con un fuerte acento extranjero". Human Rights Watch/Americas entrevistó a varios prisioneros, quienes afirmaron que agentes de la DEA habían estado presentes durante interrogatorios en los que fueron sometidos a torturas. Por ejemplo, Julián Flores, agricultor del Chapare de 26 años de edad, y quien ha recibido una sentencia de 5 años de cárcel, nos contó que el 12 de octubre de 1992 fue detenido por la UMOPAR y trasladado a la base de Chimore, donde fue golpeado. Según Flores, dos hombres de raza blanca y cabellos claros estuvieron presentes durante su interrogatorio. Flores supone que se trate de agentes de la DEA. Los sujetos no lo golpearon, pero uno le hacía preguntas y traducía las respuestas para el otro, quien tomaba notas.

Un alto oficial de la DEA con años de experiencia en el país sugirió también un patrón de tácito consentimiento de la DEA hacia abusos a los derechos humanos cometidos por agentes de las fuerzas del orden bolivianas. En una entrevista con Human Rights Watch/Americas, el oficial no tuvo dificultad en admitir que, para evitar tomar conocimiento directo de los abusos, los agentes de la DEA usan "anteojeras" cuando realizan operativos conjuntos con UMOPAR. El oficial describió, por ejemplo, cómo los agentes de la DEA aguardan en el exterior de los lugares en que los agentes de UMOPAR ingresan para conducir interrogatorios, a sabiendas de que tales interrogatorios incluyen el uso de violencia física injustificada. En respuesta a nuestras preguntas, el oficial justificó esta renuencia a actuar para defender a los bolivianos de los abusos, o a informar a los bolivianos sobre las leyes vigentes: "[Nosotros] somos invitados en su país. No nos corresponde criticar[los] ... Nosotros ponemos gasolina en el vehículo y decimos '-A atraparlos!'. Si los detenidos vienen con la cara magullada, no es mi responsabilidad".⁽¹²⁵⁾ En ciertas situaciones, esta renuencia a interferir con los abusos a los derechos humanos perpetrados por la UMOPAR puede convertir a la DEA en cómplice del delito. Esta práctica entra en contradicción con la misión de asesorar y capacitar a los agentes de UMOPAR en prácticas para el cumplimiento de la ley, y contradice directamente la versión del Departamento de Estado, que afirma que los agentes estadounidenses que trabajan con las fuerzas del orden bolivianas brindan asesoría y capacitación en técnicas para proteger los derechos humanos de los detenidos.

En teoría, las acusaciones de inconducta por parte de agentes de la DEA son investigadas por la Oficina de Responsabilidad Profesional de la agencia. Hasta el momento que este documento ingresó a prensa, la DEA no había respondido a la solicitud de Human Rights Watch/Americas por información acerca de cuántas investigaciones de estos casos han sido emprendidas en relación a los agentes destacados en Bolivia. Sin contar con tal información, es imposible determinar cuán vigorosamente hace cumplir la DEA sus propias reglas. Sin embargo, hay por lo menos indicios anecdóticos de que los procedimientos internos de la DEA pueden no ser lo suficientemente estrictos: por ejemplo, un alto funcionario de la DEA en Bolivia dijo a Human Rights Watch/Americas que la agencia había recibido muchas denuncias en relación a un agente en particular estacionado en la ciudad de Santa Cruz. El oficial nos dijo, sin embargo, que lo único que hizo al respecto fue conversar con el agente en cuestión, quien negó las acusaciones. La investigación concluyó allí mismo.

Human Rights Watch/Americas está preocupada por la falta de un sistema transparente para investigar a agentes de la DEA en Bolivia, y para pedirles cuentas por cualquier abuso que pudieran cometer. Debido a la inmunidad diplomática de que gozan, el gobierno boliviano no tiene autoridad para investigar las denuncias contra la DEA, ni para pedir cuentas a sus agentes. Los ciudadanos bolivianos que se consideran agraviados por agentes de la DEA no tienen seguridad alguna de que sus denuncias serán adecuadamente investigadas, y que se aplicarán las sanciones respectivas. Los resultados de las investigaciones de la DEA no son habitualmente dados a conocer.

Esfuerzos de los EE.UU. para Promover los Derechos Humanos

Como parte de su compromiso con el fortalecimiento de la democracia en Bolivia, los Estados Unidos han suministrado un apoyo importante a programas del gobierno boliviano destinados a fortalecer las instituciones que protegen el imperio de la ley. Sin embargo, los EE.UU. no han apreciado el significado de las violaciones a los derechos humanos que se tejen en la misma fibra de las operaciones anti-drogas en Bolivia. Dentro del espectro de los esfuerzos estadounidenses por promover los derechos humanos en Bolivia, pocos consideran al personal anti-drogas como un objetivo válido. Y aunque los EE.UU. aprueban las actividades anti-drogas bolivianas, no ha insistido en que las agencias que reciben financiamiento estadounidense desarrollen procedimientos que protejan mejor los derechos humanos en el curso del cumplimiento de las leyes anti-drogas.

Mejorando la Administración de Justicia

Para los funcionarios del Departamento de Estado, las principales preocupaciones en materia de derechos humanos en Bolivia se refieren a la debilidad institucional en la administración de justicia.⁽¹²⁶⁾ Coherentemente con su objetivo de fortalecer la democracia en Bolivia, los EE.UU. han suministrado importante estímulo, asistencia técnica y apoyo financiero a los esfuerzos por mejorar la efectividad, eficacia y accesibilidad de las instituciones tutelares y de administración de justicia en Bolivia. Los EE.UU., por ejemplo, han financiado programas para modernizar la infraestructura judicial y administrativa, instituir sistemas para el procesamiento y manejo de casos judiciales, y capacitar a policías y fiscales con el objetivo de mejorar la investigación, preparación y presentación de casos penales. Los EE.UU. han brindado también asistencia al Ministerio de Justicia para fortalecer la capacidad institucional de éste para promover reformas judiciales y legales, y para desarrollar un programa efectivo de defensores públicos.

Las EE.UU. han apoyado también actividades que estimularán el respeto a los derechos humanos por parte de las fuerzas policiales no involucradas en la lucha anti-drogas. Por ejemplo, los EE.UU. han apoyado la creación de un nuevo cuerpo policial de investigaciones (la Policía Técnica Judicial), incluyendo una oficina para investigar abusos contra civiles, así como casos de corrupción policial. Además, los EE.UU. están colaborando con el desarrollo de las habilidades investigativas de la policía, lo cual debe reducir la recurrencia de ésta a la coerción para obtener confesiones. Los EE.UU. están también ayudando a crear al interior del Ministerio de Justicia un Instituto de Medicina Legal, agencia forense independiente de la policía, que pueda establecer evidencias de abuso físico. Por último, los EE.UU. han financiado también seminarios sobre derechos humanos en que han tomado parte policías, miembros de las Fuerzas Armadas, fiscales, jueces y defensores públicos.

Programas Dirigidos a las Fuerzas Anti-Drogas

Las autoridades estadounidenses tienden a restar importancia al problema de las violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas anti-drogas bolivianas, y a orientar pocas iniciativas o actividades a mejorar el historial de estas agencias. En cierta medida, la falta de interés de los EE.UU. refleja una comparación con la situación de los derechos humanos en Colombia y Perú. También creemos que refleja el hecho de que los funcionarios estadounidenses responsables por implementar las políticas internacionales anti-drogas de los EE.UU. no necesariamente ven a los derechos humanos como una parte integral de su trabajo.

Los Estados Unidos han insistido en que el tema de los derechos humanos sea incluido en el entrenamiento básico financiado por los EE.UU. que reciben todos los agentes de la UMOPAR. Los EE.UU. también auspiciaron un seminario sobre derechos humanos en 1994, en el cual participaron altos funcionarios de UMOPAR, junto con personal de otras fuerzas del orden. En teoría, los EE.UU. también proporcionan capacitación "de campo" sobre derechos humanos a personal de las fuerzas del orden bolivianas, incluyendo a la UMOPAR. Según el esquema más reciente de la Embajada de los EE.UU. sobre actividades planeadas para promover la democracia y los derechos humanos en Bolivia, "el personal de todas las agencias estadounidenses que interactúen con las fuerzas del orden bolivianas seguirá proporcionando asesoría y capacitación, según se requiera, sobre técnicas y normas apropiadas de arresto, interrogatorio y detención para proteger los derechos humanos de los detenidos, prisioneros y el público".⁽¹²⁷⁾ En la práctica, tal asesoría parece ser limitada. Entrevistas sostenidas por Human Rights Watch/Americas con funcionarios de la DEA, la agencia que "interactúa" más continuamente con las fuerzas anti-drogas bolivianas, nos han llevado a la conclusión de que la DEA no advierte que parte de su trabajo consiste en la provisión de asesoría sobre derechos humanos a sus contrapartes bolivianas.

Desde luego, incluso la mejor capacitación sobre derechos humanos es inefectiva en ausencia de mecanismos apropiados para garantizar la vigencia de normas sobre derechos humanos. Desafortunadamente, los EE.UU. no han buscado la oportunidad para emplear la influencia que le confiere su financiamiento a las agencias anti-drogas bolivianas, y su cercana relación con las mismas, para ayudar a fortalecer sistemas de disciplina interna. De hecho, hasta donde sabemos, nunca ha habido una revisión de tales sistemas, ni una determinación por parte de los EE.UU. o Bolivia sobre qué medidas son necesarias para hacerlos funcionar efectivamente.

Supervisión de los Estados Unidos en Materia de Derechos Humanos

Al referirse al papel de la asistencia anti-drogas en la promoción de los derechos humanos, Robert Gelbard, Sub- Secretario de Estado para la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Fuerzas del Orden, ha asegurado que "la capacitación y supervisión [de los EE.UU.] ayudará a inculcar respeto por los derechos humanos y profesionalismo entre comandantes policiales y militares en los países anfitriones".⁽¹²⁸⁾ En Bolivia tal supervisión es, por decir lo menos, extremadamente limitada. El Departamento de Estado no ha desarrollado un sistema conmensurable con el volumen del financiamiento estadounidense para velar por el respeto a los derechos humanos en las actividades del personal anti-drogas boliviano. Por ejemplo, Human Rights Watch/Americas recibió con sorpresa información de que las autoridades bolivianas no informan habitualmente a los EE.UU. sobre denuncias recibidas acerca de abusos contra civiles, o sobre los avances o resultados de investigaciones internas. Los EE.UU., en cambio, comunican regularmente a las autoridades bolivianas sobre actividades anti- drogas y violaciones de la disciplina interna cometidas por agentes anti-drogas, cuando hay de por medio casos de corrupción.

Existe un solo funcionario político en la Embajada estadounidense quien, además de sus otras responsabilidades, supervisa oficialmente la situación de los derechos humanos. El grupo de trabajo sobre derechos humanos de la Embajada estadounidense, compuesto por representantes de distintas oficinas de la Embajada, se reúne cada dos meses y evalúa las denuncias específicas sobre abusos a los derechos humanos, presionando a las autoridades bolivianas para una acción en respuesta. Esta función de supervisión tiene una eficacia limitada por varias razones. En primer lugar, las acusaciones de abusos llegan a la embajada de manera específica a través de reportes periodísticos, la eventual comunicación de las víctimas o sus representantes con la Embajada, fuentes internas de inteligencia, etc. Tal como se señaló antes, las autoridades bolivianas no proporcionan informe periódico alguno a los EE.UU. acerca de las denuncias sobre abusos a los derechos humanos (ya sea por parte de agentes anti-drogas o personal de otras agencias). En segundo lugar, el personal de la Embajada trata con tal escepticismo las denuncias de abusos relacionadas a agricultores cocaleros o conectadas de alguna otra manera al tráfico de drogas, que al parecer la mayoría de estas denuncias reciben escasa atención; ciertamente, pocas reciben una respuesta enérgica o sostenida. Por ejemplo, un funcionario de la Embajada dijo a Human Rights Watch/Americas que la mayoría de las denuncias son parte de la "campaña de relaciones públicas" de los agricultores cocaleros.⁽¹²⁹⁾ Entendemos las razones por las cuales los funcionarios de la Embajada puedan abrigar dudas sobre algunas denuncias que surgen en el contexto de las actividades anti-drogas. Pero nos inquieta el evidente sesgo con que muchas de estas denuncias son consideradas. En tercer lugar, en aquellos casos en que la Embajada siente que está justificada cierta clase de acción por su parte, puede solicitar información sobre los sucesos en cuestión. Pero tales solicitudes por lo general son formuladas únicamente a las autoridades bolivianas y otras agencias estadounidenses, y no es razonable esperar que ello resulte en una versión imparcial o equilibrada de los sucesos.⁽¹³⁰⁾

A pesar de lo anterior, ha habido un número de casos de derechos humanos en los cuales la Embajada ha tenido un impacto crítico. En el caso de Felipe Pérez, confrontada con un homicidio que había recibido amplia atención de la prensa, la Embajada presionó a las autoridades bolivianas para garantizar una investigación que clarificara las circunstancias del crimen.

El hecho de que los culpables hayan sido identificados y arrestados, a pesar del encubrimiento inicial de los hechos, se debe en buena medida al interés de la Embajada en el caso. De manera similar, en el caso de Marcela Porco, la Embajada se esforzó por atender los muchos abusos que se habían presentado a su consideración. Pero pocos casos pueden recibir este tipo de atención por parte de la Embajada.

115. Perera en realidad indicó que el acento era "como el suyo", refiriéndose al de nuestro representante que lo entrevistaba.

116. Tampoco hay en Bolivia organizaciones privadas que supervisen y recopilen de manera sistemática información sobre casos de abuso.

117. Constitución Política del Estado, Arts. 127-131.

118. Ver Comisión de Derechos Humanos, Informe de Actividades (La Paz, 1994).

119. Intrevista de Human Rights Watch/Americas, La Paz, 3 de abril de 1995.

120. Aunque el General Sejas nos aseguró que enviaría información sobre todas las investigaciones pendientes de casos relacionados a abusos contra civiles por parte de agentes de UMOPAR, hasta el momento en que este documento ingresa a prensa no hemos recibido tal información.

121. El Mayor Juan Melean dijo a Human Rights Watch/Americas que cuando él llegó a Chimore el año pasado, no existía sistema de disciplina interna. Entrevista con Human Rights Watch/Americas, Chimore, 12 de abril de 1995.

122. Jaime Malamud-Goti, Smoke and Mirrors: The Paradox of the Drug Wars (Boulder: Westview Press, 1992), pp. 35-37.

123. También las Fuerzas Armadas bolivianas han acusado a la DEA de perpetrar abusos. Durante una incursión masiva conjunta de la DEA y UMOPAR en 1991 en el poblado de Santa Ana de Yácuma, el comandante de la guarnición de Santa Ana, Teniente Carlos Revollo, fue arrestado. Revollo, a quien funcionarios estadounidenses acusaron de narcotráfico, afirma haber sido golpeado por miembros de la DEA. Posteriormente, el comandante de la Marina acusó públicamente a la DEA de maltrato al oficial. En ese momento, las autoridades estadounidenses negaron por completo que las acusaciones de Revollo tuvieran fundamento. Sin embargo, el Secretario de Estado Robert Gelbard dijo a Human Rights Watch/Americas en mayo de 1995 que agentes de la DEA efectivamente habían golpeado a Revollo. El incidente de Santa Ana es discutido en el informe publicado por WOLA titulado "A Fundamentally Flawed Strategy: The U.S. 'War on Drugs' in Bolivia" [Una Estrategia Fundamentalmente Errada: La "Guerra Anti-Drogas" en Bolivia], pp. 16-17. Consultar también el trabajo de Malamud-Goti, "Smoke and Mirrors" [Humo y Espejos], pp. 41-43.

124. Preguntamos al congresista, Jerjes Justiano, si las manchas habían sido analizadas para determinar si de hecho correspondían a sangre humana. El congresista no estaba informado de que tales análisis se hubieran realizado.

125. Intrevista de Human Rights Watch/Americas, Bolivia, 7 de abril de 1995.

126. Este punto de vista se refleja en el informe sobre Bolivia del Departamento de Estado, que declara: "La negación de justicia a través de la detención prolongada sigue siendo el mayor problema en materia de derechos humanos". Departamento de Estado, Country Report, pp. 327-332.

127. Embajada de los EE.UU., "Democracy and Human Rights Workplan," documento sin fecha archivado por Human Rights Watch/Americas.

128. Testimonio de Sub- Secretario de Estado para la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos, Robert Gelbard, ante el Comité de Asuntos Extranjeros, 22 de junio de 1994.

129. Intrevista de Human Rights Watch/Americas con Ken Keller, Embajado de los EE. UU., La Paz, 30 de marzo de 1995.

130. Por ejemplo, en abril una organización no gubernamental informó a Human Rights Watch/Americas que, durante el estado de sitio, agentes de las fuerzas del orden bolivianas habían irrumpido en sus oficinas y registrado sus archivos. Alertamos a la Embajada de los EE.UU., la cual aparentemente contactó con las autoridades bolivianas para solicitarles su versión de los hechos, la cual difería significativamente del informe brindado por la organización. Sin embargo, la Embajada no contactó directamente con la organización que denunció el atropello.

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CAPÍTULO IX — CONCLUSIÓN

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