En 1982, Bolivia puso fin un período de 20 años en los cuales una serie de caudillos militares derechistas se sucedieron en el gobierno, e inauguró un régimen democrático constitucional ininterrumpido, con la alternancia en el poder de gobiernos civiles elegidos de manera pacífica.⁽⁶⁾ Desde entonces, Bolivia ha estado a salvo de violencia política y derramamiento de sangre, así como de notorios abusos a los derechos humanos tales como ejecuciones extrajudiciales y desapariciones.

Aunque beneficiados por una paz relativa, el país enfrenta sin embargo los enormes desafíos que implican consolidar la democracia, fortalecer el imperio de la ley, desarrollar instituciones públicas efectivas, fiscalizables y accesibles, así como reestructurar una economía predispuesta a la crisis. Tales desafíos se vuelven tanto más difíciles a raíz de la insubordinación de los partidos políticos, la dependencia extrema del financiamiento externo, la vulnerabilidad ante influencias internacionales, las profundas divisiones regionales, étnicas y políticas, la pobreza y la arraigada corrupción relacionada al tráfico de drogas.

El tráfico de cocaína y la corrupción relacionada a las drogas se afianzó durante el régimen del General Hugo Banzer (1971-78) y se intensificó durante la brutal "narco-dictadura" del General Luis García Meza (1980-81). Aunque el gobierno y las Fuerzas Armadas en Bolivia ya no están involucrados de manera tan significativa, directa y abierta en el tráfico de cocaína como durante el régimen de García Meza, es por todos sabido que los niveles de corrupción en el país siguen siendo notables. Según la opinión general, los traficantes de cocaína gozan de una amplia influencia en el Poder Ejecutivo, el Congreso, el Poder Judicial, las Fuerzas Armadas, la Policía, los partidos políticos y otras instituciones públicas.

El tráfico de drogas y la corrupción obstaculizan la posibilidad de que Bolivia desarrolle instituciones públicas arraigadas en el imperio de la ley. Sin embargo y a diferencia de lo que ocurre en Colombia, el tráfico de drogas en Bolivia no ha tenido un alto precio en pérdida de vidas humanas. En este sentido, los traficantes bolivianos no han sido tan violentos; para mantener sus negocios, éstos han evitado mayormente --o no se han sentido en la necesidad de emplear-- el asesinato y el terror. El narcotráfico, sin embargo, sí ha tenido un impacto en cuanto a derechos humanos se refiere. Tal como se detalla a continuación, los intentos por combatir el tráfico de drogas han ido acompañados por leyes y prácticas que violan principios de derechos humanos internacionalmente reconocidos. Antes de examinar dichas violaciones, este informe se ocupará de analizar el contexto social, político e institucional en que aquellas tienen lugar.
 
El Cultivo de la Hoja de Coca

Bolivia es el segundo productor más grande de hoja de coca del mundo. Durante siglos, la coca ha sido parte integral de la vida en la región andina, y es empleada para una variedad de fines medicinales, sociales, rituales y religiosos. Hasta el día de hoy, millones de bolivianos consumen hojas de coca, especialmente en forma de infusión para beber, o masticando las hojas. La hoja es también la materia prima a partir de la cual se extrae la cocaína.

La explosiva producción de coca en Bolivia a lo largo de las dos últimas décadas, refleja el crecimiento de la demanda por cocaína en los Estados Unidos. Entre 1963 y 1987, el número de hectáreas dedicadas al cultivo de la hoja en Bolivia se multiplicó por veinte. El cultivo de la hoja de coca en Bolivia está concentrado principalmente en dos áreas geográficas: la región Yungas en la zona oeste del país, y la región oriental sub-tropical del Chapare. La mayor parte del incremento en el cultivo de coca ha tenido lugar en la región del Chapare, con una extensión de 2 millones de hectáreas. Allí, unas 40,000 familias campesinas cultivan la hoja, en la mayoría de los casos junto con otros productos, en parcelas pequeñas de menos de dos hectáreas. La hoja de coca producida en el Chapare tiene como destino casi exclusivo la satisfacción de la demanda del mercado ilegal de drogas.

La producción de la hoja de coca en Bolivia está íntimamente ligada al problema más amplio de la pobreza rural. Bolivia es la segunda nación más pobre del hemisferio y, entre los bolivianos pobres, los más menesterosos son los agricultores y los trabajadores mineros. Las políticas económicas adoptadas por el gobierno boliviano a inicios de la década de los 80' sólo agravó la pobreza en el campo. Los despidos masivos en las minas de estaño y el deterioro de los términos comerciales para la agricultura de la sierra boliviana, acompañados por la merma de la productividad del terreno y la sequía, impulsaron a miles de familias campesinas y mineras a emigrar. Estas familias se han reubicado en áreas urbano-marginales, o en zonas de tierra baja donde pueden sembrar productos tropicales o sub- tropicales. El producto más fácil de cultivar, transportar y comercializar --y el que se vende normalmente a un precio comparativamente más alto que los demás-- es la hoja de coca.⁽⁷⁾

La productividad y rentabilidad de la hoja de coca vuelve extremadamente difícil su sustitución por cultivos alternativos. La enorme inversión realizada por los EE. UU. y otros donantes para desarrollar y promover cultivos alternativos ha tenido un éxito muy limitado. Se ofrecen muchas razones para el reducido impacto de los intentos por desarrollar cultivos alternativos: la mayoría del financiamiento ha estado destinado a proyectos piloto, y no se ha dispuesto de recursos para replicar o expandir el impacto de los mismos; algunos de los cultivos más atractivos tardan mucho tiempo en dar fruto, lo que desanima a los agricultores con necesidades inmediatas de ingreso; no existe infraestructura adecuada para el transporte y la conservación de cultivos alternativos, que en muchos casos se malogran; el mercado interno de comestibles es pequeño y no tolera una mayor producción, mientras que los mercados externos toman tiempo en desarrollarse; los recursos se han diluido en gastos administrativos excesivos y malmanejo burocrático. Sin embargo, el hecho más importante es que aunque el precio de la hoja de coca es bajo, la ganancia generada por su cultivo es más alta que la que se obtiene por cualquier otro producto. Los agricultores cocaleros del Chapare tienen un ingreso anual 10 veces mayor que el promedio de los agricultores bolivianos que no se dedican a este cultivo. Aunque ha habido un incremento en el cultivo de otras cosechas en la región del Chapare, estos productos son, en su mayoría, cultivados junto con la coca. Pocos agricultores han abandonado del todo el cultivo de la hoja, en tanto éste constituye una fuente decisiva y relativamente segura de dólares que mantiene a flote a las familias de bajos ingresos.
 
De la Coca a la Cocaína

Los campesinos cocaleros en el Chapare producen anualmente casi 76,000 toneladas métricas de hoja de coca. Aunque parte de esta producción es vendida legalmente, la mayoría se destina a la producción de cocaína. La primera fase del proceso es la producción de la pasta básica de cocaína. Esta etapa tiene lugar en una extensa industria de pequeña escala que opera en un número de 5,000 a 9,000 instalaciones, propiedad de los propios campesinos o comerciantes locales. Dichas instalaciones, llamadas de manera más bien pomposa "laboratorios" por algunas autoridades estadounidenses y bolivianas, consisten generalmente en uno o dos pozos de maceración en las cuales las hojas de coca son pisadas y mezcladas con productos químicos para elaborar la pasta básica.

Un número creciente de campesinos se ha inclinado por la producción de pasta básica --la tecnología empleada es simple y barata-- para compensar los ingresos no percibidos debido a la caída en el precio de la hoja de coca, producida en la segunda mitad de la década pasada. A raíz de este cambio, un gran número de campesinos cocaleros que antes no estaban dentro del ámbito de acción de la policía, se han convertido en delincuentes involucrados directamente en el tráfico ilícito de cocaína.

Un ejército de pequeños transportistas --procedentes nuevamente del mundo de jóvenes y adultos de edad media, desocupados y sub-empleados-- transportan pequeñas cantidades de pasta básica en ómnibuses, camiones y a pie desde la zona del Chapare hacia otras localidades del país. (De igual manera se introducen al Chapare los insumos químicos empleados en la elaboración de la pasta básica). Quienes realizan esta tarea entregan la pasta básica a las aproximadamente 40 ó 50 organizaciones de narcotraficantes ubicadas en los departamentos de Santa Cruz y el Beni. Aunque parte de la cocaína es refinada en la propia Bolivia para convertirla en clorhidrato de cocaína (de hecho, Bolivia es ahora el segundo más grande productor mundial de cocaína refinada), la mayoría de la pasta básica es refinada finalmente en Colombia. Son colombianos también quienes adquieren gran parte de la producción boliviana de cocaína, que es luego distribuida a través de sus canales hacia los mercados de todo el mundo, principalmente los EE. UU. y Europa.

Desde fines de la década de los 70' la producción, transporte y venta ilegal de cocaína se ha convertido en un componente central de la economía boliviana. Aunque el papel global del tráfico de drogas ha disminuido en años recientes gracias al fortalecimiento de la economía lícita, la cocaína sigue siendo una fuente significativa de ingresos, divisas y empleo.⁽⁸⁾ Por tal motivo, las políticas públicas bolivianas están atrapadas entre, por una parte, las contribuciones reales que la cocaína supone para una economía con limitadas opciones de crecimiento y, por la otra, fuertes presiones por parte de los EE. UU. y la comunidad internacional para reducir el tráfico de drogas.
 
Régimen Legal del Cultivo de la Hoja de Coca

El 19 de julio de 1988, el Congreso promulgó el Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, más conocido como Ley 1008. Aprobada bajo fuerte presión de los EE. UU., la Ley 1008 establece el marco legal que gobierna la producción de coca y el tráfico de drogas, define las responsabilidades de las entidades a cargo de la lucha anti-drogas, y ordena severas penas y procedimientos para delitos relacionados a las drogas (ver la discusión al respecto a continuación). El aspecto más seriamente discutido de la Ley 1008 fue la regulación de la hoja de coca. En especial, los sindicatos de agricultores cocaleros objetaron la promulgación de una misma ley para controlar el cultivo de la hoja de coca --con una eminente significación histórica y cultural-- y el tráfico de drogas.⁽⁹⁾

La Ley 1008 penaliza, por primera vez en la historia boliviana, el cultivo de la hoja de coca a excepción de circunstancias en que está expresamente permitido. En las Yungas, donde la producción cocalera es empleada principalmente con fines tradicionales y lícitos, puede cultivarse legalmente hasta 12,000 hectáreas de la hoja. En el Chapare, en cambio, la ley establece un cronograma en el cual los cultivos de coca existentes serían gradualmente erradicados. Se establecen metas para la erradicación de los campos de cultivo existentes, y se compensa a los campesinos cocaleros por la sustitución "voluntaria" de dicho cultivo por otros alternativos. Queda prohibida la plantación de nuevos arbustos de coca o la expansión del área cultivada con la hoja. Asimismo, es ilegal el cultivo de la hoja de coca fuera de las zonas de las Yungas y el Chapare.

Después de seis años, Bolivia ha hecho pocos avances en el cumplimiento del cronograma de erradicación establecido por la Ley 1008. Aunque de hecho unas 26,140 hectáreas cultivadas con la hoja fueron erradicadas voluntariamente en el Chapare entre 1987 y 1993, una extensión mayor fue ganada para el cultivo de la hoja, ya sea en terrenos recién cultivados o recuperados para este producto. A fines de 1993, unas 33,240 hectáreas seguían dedicadas al cultivo de la hoja. Durante los dos últimos años, la erradicación virtualmente se detuvo. En 1994, el gobierno erradicó unas 1,000 hectáreas, pero un número igual fueron nuevamente sembradas con el arbusto.

Para las autoridades estadounidenses, el fracaso de los intentos de erradicación de cultivos se debe a la falta de voluntad política.⁽¹⁰⁾ Tal ausencia de voluntad, sin embargo, refleja la realidad política boliviana. Ya sea voluntaria y compensada, u obligada, la destrucción física de los cultivos de coca pone al Estado de manera directa contra las 30,000 a 60,000 familias de campesinos cocaleros y sus aliados políticos; éstos ven a la hoja como un medio de subsistencia y una tradición nacional, y rechazan las políticas anti-drogas que amenazan a uno y otra.

Fuerzas Políticas Opuestas a la Erradicación de Cultivos de Coca

Los campesinos del Chapare buscan proteger su capacidad de cultivar coca -- y, de esta manera, proteger sus medios de subsistencia -- a través de una red de sindicatos organizados en unas treinta centrales sindicales, las que a su vez se organizan en cinco federaciones regionales que trabajan en conjunto a través de una confederación regional.⁽¹¹⁾ Dos de las federaciones reúnen al 85 por ciento de los cocaleros en el Chapare. Los sindicatos fueron creados originalmente para ayudar a los recién llegados al Chapare a resolver sus reclamos de tierras, y para atender un amplio espectro de necesidades de desarrollo de la comunidad. De hecho, en muchas formas los sindicatos funcionan como una especie de gobiernos locales de facto: establecen límites de tierras, influyen sobre los precios del transporte terrestre, generan fondos y asumen programas de trabajo público a pequeña escala.

Los sindicatos de campesinos cocaleros se han convertido en grupos de acción política de gran militancia que han intentado de manera consistente bloquear los intentos del gobierno boliviano por controlar y reducir la producción de coca. La agenda política de los sindicatos responde al deseo de los campesinos cocaleros por defender su capacidad de cultivar y vender su cosecha más lucrativa. Para defender lo que son sus intereses económicos esenciales, los sindicatos apelan a elementos nacionalistas y populistas --mostrando el debate sobre la hoja de coca como una lucha entre una nación pequeña pero soberana con una tradición de cultivo de la "hoja sagrada", y los Estados Unidos, imperialistas y represivos, que por ser incapaces de controlar el consumo interno de la droga, tratan de imponer sus mandatos en el exterior. Los cocaleros no se consideran a sí mismos como criminales o infractores de las normas sociales por el hecho de cultivar la hoja de coca; por el contrario, insisten en la distinción entre la hoja de coca y la cocaína, y rechazan lo que consideran como intentos del gobierno por estigmatizar la hoja de coca como equivalente de la cocaína. Se declaran a sí mismos como enemigos del narcotráfico, pero cuando se les fuerza a reconocer que la coca que producen es empleada para la fabricación de cocaína y para usos tradicionales, insisten en que los EE. UU. deben asumir la responsabilidad de reducir los niveles de consumo, y no hacer recaer en ellos la responsabilidad de disminuir la producción. Los sindicatos no reconocen públicamente que un número considerable de campesinos cocaleros han incursionado en la producción de pasta básica de cocaína.

Los sindicatos cocaleros se han valido de una amplia gama de tácticas para ejercer presión en favor de su causa, uniendo a miles de campesinos para realizar bloqueos de caminos y huelgas de hambre, protestas públicas, manifestaciones y marchas. La medida más reciente y visible asumida por estas organizaciones fue la marcha de varios miles de campesinos desde el Chapare hacia La Paz en setiembre del año pasado, para protestar contra una importante iniciativa anti-drogas en el Chapare llamada "Operación Nuevo Amanecer".

Los campesinos cocaleros se han convertido en un sector influyente dentro de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), y han convencido a los miembros de esta organización que no proceden de regiones cocaleras para que se opongan a los esfuerzos promovidos desde el exterior para la erradicación de este cultivo, empleando el argumento de que proteger la coca es proteger la cultura boliviana. Los campesinos cocaleros han incrementado también su poder y la aceptación de sus puntos de vista al interior de la Central Obrera Boliviana (COB). La COB es la poderosa, militante y anti-imperialista confederación sindical nacional.⁽¹²⁾ En su esfuerzo por defender la coca, los campesinos cocaleros se han incorporado al escenario político nacional más amplio, dentro del cual han logrado establecer vínculos con los partidos políticos de oposición en Bolivia, algunos de los cuales enarbolan ahora los planteamientos de los cocaleros al interior del Congreso.⁽¹³⁾

Sus tácticas de acción directa, la capacidad demostrada de movilizar a sus partidarios, y su posición dentro del escenario político nacional, han otorgado a los sindicatos cocaleros una considerable influencia sobre las políticas nacionales.⁽¹⁴⁾ Tal influencia se refleja especialmente en su capacidad para alterar, limitar y retardar políticas y programas orientados a la reducción de la producción de hoja de coca, ya sea a través de la negociación de acuerdos formales o del bloqueo a la implementación de aspectos particulares de la Ley 1008 por parte del gobierno. El hecho de que el gobierno nunca haya montado una vigorosa campaña de erradicación respaldada por medidas para evitar que se planten nuevos arbustos, dá testimonio del poder de los productores de coca.⁽¹⁵⁾

Al principio
 

Objetivos de las Políticas Estadounidenses

Los gestores de políticas estadounidenses identifican tres objetivos a ser alcanzados en Bolivia: emprender la guerra anti- drogas, fortalecer la democracia y estimular el crecimiento económico sostenido y la estabilidad en el país. El tema de la lucha anti-drogas, sin embargo, ha dominado las acciones estadounidenses en Bolivia. Tal como el Departamento de Estado lo explicara al Congreso estadounidense, "[N]i una democracia más robusta ni una economía estable y floreciente son posibles bajo las constantes amenazas del crimen, violencia y corrupción vinculados a las drogas, abusos internos de estupefacientes y daño ambiental causado por la producción ilegal de narcóticos y el ambiente económico que la rodea."⁽¹⁶⁾ Las iniciativas tomadas por los EE. UU. para fortalecer las instituciones democráticas enfatizan aquellas capaces de detener la producción y el tráfico de drogas (por ejemplo, el sistema de fiscales, tribunales y policía judiciales); y los esfuerzos por fortalecer la economía otorgan considerable importancia a los intentos por crear alternativas a la economía de la coca.

Las políticas anti-drogas actuales de los EE. UU. en relación a Bolivia tienen sus orígenes en una iniciativa de la Administración Bush que data de 1989, llamada la Iniciativa Andina. Esta consistió en un programa multifacético de cinco años de duración con un presupuesto de US $2,200 millones para combatir la producción y tráfico de cocaína en Bolivia, Colombia y Perú, los países de origen de la droga que ingresa a los EE. UU.⁽¹⁷⁾ La estrategia adoptada por la Administración Clinton para el control de la cocaína se concentra también en estos países de origen. Ello refleja el razonamiento de que, desde un punto de vista táctico, los esfuerzos anti-drogas en los países de origen de la sustancia deben proporcionar las mejores oportunidades a los EE. UU. para erradicar la producción, arrestar a los jefes de las bandas de narcotraficantes, destruir sus organizaciones, y proscribir el flujo de las drogas".⁽¹⁸⁾

El objetivo anti-drogas de los EE. UU. en Bolivia consiste en "eliminar el cultivo ilegal de la hoja y la producción de cocaína, y dar asistencia al [gobierno de Bolivia] para desarrollar su capacidad de combatir el narcotráfico por sí mismo".⁽¹⁹⁾ De manera específica, la estrategia anti-drogas desde hace mucho tiempo ha enfatizado tres objetivos inter-relacionados: proscripción de la droga y cumplimiento de la ley, desarrollo alternativo, y erradicación. La proscripción interrumpe la producción y transporte de cocaína, al mismo tiempo que pone al descubierto y desmantela las redes del narcotráfico. Los programas de desarrollo alternativo promueven la viabilidad económica de cosechas productivas en reemplazo de la hoja de coca. El núcleo de la estrategia, sin embargo, ha sido y sigue siendo la erradicación. Las autoridades estadounidenses creen que es más fácil destruir las cosechas en el campo que ubicar y destruir los laboratorios, desmantelar las organizaciones de narcotraficantes, o impedir que la cocaína procesada ingrese a los EE. UU. y sea vendida en las calles de las ciudades estadounidenses.

Financiamiento de los EE. UU.

Dentro de la Región Andina, Bolivia ha recibido los montos mayores de asistencia financiera otorgados a los tres países productores de coca. En los seis años trascurridos desde que la Administración echó a andar la Estrategia Andina, Bolivia ha recibido más de US $750 millones en asistencia financiera.⁽²⁰⁾ De este total, fondos estadounidenses por más de US $110 millones fueron asignados específicamente a financiar actividades para el cumplimiento de las leyes anti-drogas. En el contexto de un país sub-desarrollado relativamente pobre con siete millones de habitantes, este nivel de financiamiento representa un aporte económico tremendamente significativo a los recursos disponibles para las instituciones tutelares del gobierno boliviano.

Para el año fiscal 1996, el Departamento de Estado de los EE. UU. ha solicitado un presupuesto anti-drogas de US $60 millones para Bolivia, incluyendo programas económicos y militares anti-drogas.⁽²¹⁾

Personal Anti-Drogas de los EE.UU. en Bolivia

De cualquier manera, los EE.UU. hacen más que proporcionar asistencia financiera. Los EE.UU. han creado un extenso aparato en Bolivia, tanto para supervisar los fondos procedentes de los EE. UU., como para ofrecer una amplia gama de servicios de apoyo directo a las operaciones anti-drogas del gobierno boliviano.

El tema de la guerra anti-drogas domina el interés del personal de la Embajada de los EE.UU. en Bolivia. Todas las agencias tienen cierta participación en él, pero en las actividades anti-drogas estadounidenses destacan dos unidades: la Sección de Asuntos de Narcóticos de la Embajada, y la Agencia Anti-Drogas (DEA, siglas en inglés); ambas responden al Embajador de los EE.UU. en Bolivia.

La Sección de Asuntos de Narcóticos (NAS, siglas en inglés) cumple una función de supervisión y coordinación de las iniciativas anti-drogas estadounidenses en Bolivia. En tanto sección operativa en el país de la Oficina Internacional de Asuntos de Narcóticos y Cumplimiento de la Ley (INL)⁽²²⁾ del Departamento de Estado, la NAS trabaja estrechamente con la DEA, la Agencia para el Desarrollo Internacional de los EE. UU. (USAID, siglas en inglés), y las Fuerzas Armadas estadounidenses para la administración de los programas de la INL en Bolivia. La NAS planifica y coordina la asignación de apoyo en términos logísticos, materiales, de capacitación, de asesoría, y financieros a las agencias anti-drogas del gobierno boliviano, y mantiene vínculos muy estrechos con estas agencias. El personal de la NAS no participa de manera directa en operaciones para hacer cumplir la ley anti-drogas.

La DEA es la principal agencia del gobierno estadounidense en la guerra contra el tráfico de drogas. Actualmente hay 84 empleados a tiempo completo en Bolivia, de los cuales 27 son agentes tutelares destacados en localidades de La Paz, Cochabamba, Chapare, Santa Cruz y Trinidad.⁽²³⁾ Funcionarios de los gobiernos estadounidense y boliviano han preferido hacer resaltar públicamente el papel de la DEA en la asesoría y capacitación de los agentes anti-drogas bolivianos. En privado, reconocen que el papel de la DEA ha sido mucho mayor. Según documentos internos del Departamento de Estado, la DEA ha tenido el "papel dominante en la dirección y planeamiento de todas las operaciones anti-drogas y de recopilación de información secreta en Bolivia".⁽²⁴⁾ Los agentes de la DEA han operado como las autoridades principales de facto para el cumplimiento de la ley anti-drogas en Bolivia.

El trabajo de la DEA ha ido desde la dirección de investigaciones criminales tradicionales con la policía anti- drogas boliviana, hasta el planeamiento, apoyo y/o participación en operativos con la Unidad Móvil de Patrulla Rural (UMOPAR) en la selva boliviana. La DEA ayuda a desarrollar las actividades de inteligencia requeridas para planear ataques a las principales organizaciones criminales que operan laboratorios de pasta básica y clorhidrato de cocaína en zonas remotas de Bolivia, así como para interrumpir y desmantelar organizaciones de narcotraficantes. La DEA ayuda también a reunir información en Bolivia que sirve para plantear casos federales de conspiración relacionada a las drogas en los EE.UU., y asiste en la extradición de los principales narcotraficantes que operan a nivel internacional. Los agentes de la DEA pueden portar armas, pero sólo les está permitido usarlas con propósitos de auto- defensa. No tienen autoridad para detener o interrogar a ciudadanos bolivianos, pero pueden brindar ayuda y tomar parte en ambas actividades.

Un área principal de interés para la DEA desde 1988 ha sido comandar y controlar la Operación Snowcap [Gorra de la Nieve]. Esta consiste en una serie continua de operativos que emplean equipos rotativos de los EE.UU. que, en cooperación con la policía boliviana, conducen misiones de interdicción, búsqueda y destrucción de plantas de procesamiento de cocaína. El personal que participa en la Operación Snowcap (conformado por efectivos de distintas agencias estadounidenses, incluyendo la DEA, el Servicio de Guardacostas y la Patrulla Fronteriza) son entrenados, desplegados y controlados en última instancia por el Centro de Operaciones Snowcap en Washington, D. C. Según funcionarios de la Embajada y la DEA, la Operación Snowcap había concluido el 1 de abril de 1995. Sin embargo, por razones presupuestales y tácticas, el equipo de la DEA en Bolivia seguirá estando profundamente involucrado en actividades para reunir y analizar información de inteligencia, y continuará revisando y asesorando las operaciones anti-drogas realizadas por personal de las instituciones tutelares bolivianas.

Apoyo de los EE.UU. a las Instituciones Anti-Drogas Bolivianas

Con excepción de las cortes especiales bolivianas para casos de narcotráfico (ver a continuación discusión al respecto), todas las numerosas organizaciones al interior del gobierno boliviano que desarrollan actividades anti-drogas en el país reciben financiamiento y asistencia técnica de los EE.UU., y trabajan estrechamente con personal estadounidense. De hecho, aunque los EE.UU. están tratando de "expandir la responsabilidad [del gobierno boliviano] en la dirección y financiamiento de actividades anti-drogas",⁽²⁵⁾ continúan apoyando y tomando parte en operativos de rutina de las instituciones tutelares bolivianas que asumen la guerra anti-drogas.

La Fuerza Especial para la Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) es la principal autoridad boliviana en la lucha anti- drogas. Ejerce control operativo sobre la UMOPAR, la policía nacional asignada a operaciones anti-drogas en las ciudades, y las divisiones anti-drogas de la Fuerza Aérea, el Ejército y la Marina bolivianos.⁽²⁶⁾ El comandante de la FELCN (cargo ocupado actualmente por el ex comandante del Ejército, General Simón Sejas) reporta al sub-secretario de Defensa Social dentro del Ministerio de Gobierno. El auspicio de los EE.UU. a la FELCN incluye la contratación de personal de apoyo, complementos salariales, equipo de oficina, vehículos, capacitación, viajes y apoyo administrativo.

Al interior de la FELCN, las actividades anti-drogas más amplias son desarrolladas por la UMOPAR. Los EE.UU. impulsaron la creación de esta fuerza de 600 efectivos como una fuerza "élite" anti-drogas, con agentes seleccionados entre los oficiales policiales más capaces. Bajo la supervisión de las Fuerzas Especiales estadounidenses, la UMOPAR recibe entrenamiento especial para supervivencia en la selva, operativos militares y pequeñas unidades tácticas en el Centro Internacional de Capacitación Policial "Garras del Valor" en Chimoree.⁽²⁷⁾ Conocidos comúnmente como "leopardos", los agentes de la UMOPAR constituyen una fuerza paramilitar que emplea uniformes del Ejército, porta armas automáticas y está organizada a la usanza de las Fuerzas Armadas, realizando misiones operativas en patrullas conformadas por 10 a 12 efectivos. Cerca del 85 por ciento (unos 500 agentes) de los efectivos de la UMOPAR se encuentran destacados en el Chapare, con el comando del batallón en Chimoree. Otras compañías se encuentran también estacionadas en los departamentos del Beni y La Paz. Las operaciones de la UMOPAR en el Chapare consisten principalmente en localizar y desmantelar pozos de maceración, interceptar y arrestar a personas involucradas en el transporte de insumos químicos y pasta básica de cocaína, capturar aviones pequeños, operar garitas de control y bloqueos de caminos, y montar extensos operativos en la selva con una duración de varios días.

Según funcionarios estadounidenses y bolivianos, los EE.UU. financian aproximadamente el 90% de los gastos operativos distintos a salarios de la UMOPAR, y cubren dos tercios de los salarios para los efectivos de esta agencia. ⁽²⁸⁾ También provienen de los EE.UU. los uniformes (que aún llevan impresa en enormes caracteres la sigla "U.S." [Estados Unidos]), equipos, armas e incluso las comidas deshidratadas empleadas por los agentes de UMOPAR. En marzo de 1995, los fondos estadounidenses para la UMOPAR comprometidos para el año fiscal 1994 sumaban US $3,349,000.⁽²⁹⁾

Además de financiar la FELCN y la UMOPAR, los EE.UU. participan de manera directa en las operaciones de rutina. Personal estadounidense brinda supervisión, planeamiento operativo y asesoría directos. Por ejemplo, según el Departamento de Estado, aunque el comandante de la FELCN "responde administrativamente a través de la Secretaría de Defensa Social... [e]n la práctica la dirección de operativos anti- drogas es planeada y coordinada a través de los contactos entre unidades de agencias bolivianas y la DEA".⁽³⁰⁾ Desde la creación de la UMOPAR, los agentes de la DEA han brindado asesoría, capacitación y supervisión operativa a las fuerzas de la UMOPAR en el campo, acompañándolas en patrullas de campo y operativos. Además, "personal de campo de la NAS brinda apoyo logístico integral a unidades de campo de UMOPAR en el Chapare y el Beni".⁽³¹⁾ Funcionarios estadounidenses reconocieron ante Human Rights Watch/Americas que la promoción de oficiales en la UMOPAR y la FELCN depende de la aprobación de los EE.UU.

Según funcionarios estadounidenses, los EE.UU. están tratando de estimular una mayor auto-suficiencia por parte de las agencias anti-drogas bolivianas. De hecho, el que los EE.UU. traten de "bolivianizar" las operaciones anti-drogas de Bolivia es un elocuente testimonio de la importancia del papel de los EE.UU. durante la década pasada y en la actualidad. Un informe del Departamento de Estado en 1994 señalaba con satisfacción que la "UMOPAR asumía cada vez mayor responsabilidad en el planeamiento y conducción de las operaciones. En 1993, aproximadamente el 55 por ciento de las operaciones de UMOPAR fueron conducidas de manera independiente".⁽³²⁾

Las Fuerzas Armadas bolivianas juegan un papel limitado pero clave en las operaciones anti-drogas bolivianas.⁽³³⁾ La Fuerza Aérea suministra tres unidades aéreas para apoyar operaciones anti-drogas, la Marina ayuda a UMOPAR a vigilar los ríos en relación al tráfico de drogas e insumos y químicos, y un batallón de suministro y transporte del Ejército brinda apoyo a la movilización terrestre para las operaciones anti-drogas. Los EE.UU. apoyan a las tres fuerzas con financiamiento, capacitación, asesoría de programas y apoyo técnico.⁽³⁴⁾

En un intento por asegurar un rápido procesamiento de los casos de tráfico de drogas, la Ley 1008 autorizó la creación de fiscales especiales anti-drogas. Nombrados por el Fiscal General, los Fiscales de Sustancias Controladas son responsables por conducir investigaciones penales de la FELCN (incluyendo las de la UMOPAR y la policía urbana anti-drogas), acompañar a las unidades de la FELCN en sus operativos, y procesar judicialmente casos de drogas en las Cortes para Sustancias Controladas.⁽³⁵⁾ En la actualidad existen 28 fiscales especiales, además de nueve fiscales que trabajan en un "sistema para el seguimiento de casos". Además de ofrecer asistencia técnica y capacitación, los EE.UU. financian el presupuesto global del sistema de Fiscales de Sustancias Controladas --cerca de US $850,000 al año-- incluyendo salarios y costos operativos.

Avances en la Lucha Anti-Drogas y Exigencias de los EE.UU.

La enorme inversión de fondos y personal por parte de los EE.UU. en Bolivia ha generado significativas estadísticas anuales de arrestos, confiscación de drogas y destrucción de instalaciones para la producción de las mismas.⁽³⁶⁾ Sin embargo, las actividades anti-drogas emprendidas en Bolivia no han garantizado una reducción absoluta del volumen de producción de la hoja de coca, ni del volumen de cocaína boliviana embarcada hacia los EE.UU. Aunque por lo general las autoridades estadounidenses se han declarado satisfechas con los esfuerzos realizados por las fuerzas del orden en Bolivia, se sienten cada vez más frustradas por la falta de voluntad del gobierno boliviano para montar un serio intento para la reducción del cultivo de la hoja de coca.

En 1993 y 1994, parte de los cultivos de coca fueron erradicados de manera voluntaria, pero se plantó una cantidad mayor que la que se redujo; el resultado neto fue un incremento de la extensión de los cocales en el Chapare, de 31,600 hectáreas en 1992, a 33,900 en 1994.⁽³⁷⁾ En febrero de 1994, el gobierno del Presidente Sánchez de Lozada emprendió una breve campaña de erradicación de cultivos de coca cercario a centros de procesamiento de pasta básica. Sin embargo, cuando la resistencia por parte de los campesinos cocaleros empezó a tornarse violenta, el gobierno puso fin al intento de erradicación. A mediados de 1994, el gobierno lanzó la agresiva y multifacética campaña Nuevo Amanecer en el Chapare, dirigida hacia los pozos de maceración y que comprendía intentos por bloquear tanto el ingreso de compradores a la región como el embarque de drogas, pero sin incluir erradicación de cultivos. Los registros y arrestos masivos, y los altos niveles de abusos que caracterizaron la Operación Nuevo Amanecer, provocaron tal furia entre los campesinos cocaleros que éstos organizaron una extraordinaria manifestación. Miles de campesinos marcharon durante varios días desde el Chapare hasta La Paz. El resultado de negociaciones posteriores entre los campesinos cocaleros y el gobierno fue esencialmente un callejón sin salida, mientras la Administración Sánchez de Lozada trataba sin éxito de desarrollar una estrategia políticamente aceptable para abordar el problema de la coca. Mientras tanto, los intentos de erradicación fueron abandonados.

La frustración de las autoridades estadounidenses respecto a las actividades anti-drogas de Bolivia se ha exacerbado por la falta de un mecanismo efectivo de extradición. El tratado de extradición existente entre los EE.UU y Bolivia data de 1900, y entre las causales de extradición no figuran los delitos relacionados al tráfico de drogas. Ello no obstante, basándose en la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Drogas Narcóticas y Sustancias Psicotrópicas,⁽³⁸⁾ de la cual Bolivia es signataria, la Corte Suprema de este país ha ratificado en los últimos años la extradición hacia los EE.UU. de unos pocos acusados de narcotráfico. Tales casos, sin embargo, han sido relativamente infrecuentes, así como enormemente controvertidos. Las autoridades estadounidenses tienen actualmente pendientes ante los tribunales bolivianos gran número de solicitudes de extradición acumuladas.

El gobierno de los EE.UU. está impaciente por acelerar el proceso de extradición y hacer tales procesos más rutinarios. En 1990, los EE.UU. y Bolivia negociaron un nuevo tratado de extradición que incluía delitos relacionados al narcotráfico. El tratado, sin embargo, nunca fue firmado por el Presidente Jaime Paz Zamora y, por ello, no entró en vigor. Actualmente, ambos gobiernos están realizando nuevas negociaciones para suscribir un tratado de extradición. Un tema de conflicto ha sido la resistencia de los EE.UU. a una disposición del tratado propuesta por Bolivia, según la cual ambos estados tienen prohibido detener a una persona en violación de la soberanía del otro.⁽³⁹⁾

De acuerdo a una disposición del Acta de Asistencia Exterior, el Presidente de los EE.UU. debe certificar que los principales países donde productores o comercializadores de drogas han tomado las medidas necesarias para combatir el tráfico de las sustancias proscritas. Los EE.UU. no pueden proporcionar asistencia a países que no reciben tal certificación; los EE.UU. deben asimismo votar en contra del otorgamiento de préstamos a tales países por parte de bancos multilaterales. La asistencia estadounidense a Bolivia no es de poca monta, considerando que es un país pequeño y pobre. Pero el mayor mecanismo de presión de los EE.UU. proviene de su capacidad de bloquear efectivamente los préstamos multilaterales a Bolivia que infunden sangre a su vida económica.

Aunque los EE.UU. otorgaron a Bolivia la certificación requerida para recibir asistencia en 1994 y 1995, lo hicieron bajo el acta de intereses nacionales vitales para los EE.UU., según la cual el Presidente tiene autoridad para determinar que la certificación de cierto país es "de interés nacional vital para los EE.UU.", aún cuando tal país no haya cooperado plenamente con los EE.UU. o tomado por sí mismo las medidas adecuadas para combatir el tráfico de drogas.⁽⁴⁰⁾ Al anunciar su decisión de otorgar la certificación a Bolivia en 1995, el Presidente Clinton explicó:

[N]egar el otorgamiento de la certificación acabaría con gran parte de la asistencia a Bolivia por parte de bancos multilaterales de desarrollo, lo que tendría un efecto tremendamente dañino sobre la economía boliviana. Reduciría de manera significativa los recursos disponibles para que el [gobierno boliviano] combata el narcotráfico, y promovería condiciones que llevarían a más bolivianos a tomar parte en el cultivo y tráfico ilegal de coca... La inestabilidad económica podría llevar a una pérdida de confianza en el país y, de esta manera, serviría para socavar las aún débiles instituciones democráticas bolivianas.

A pesar del discurso, la certificación de 1995 fue seguida de inmediato por un ultimátum. A inicios de marzo, el gobierno de los Estados Unidos envió una carta al gobierno boliviano en la cual insistía en que éste último adoptara tres medidas antes del 30 de junio de 1995; de otra manera, los EE.UU. tratarían a Bolivia como si no hubiera sido certificado como país receptor de asistencia. Bolivia debía cumplir los siguientes requisitos:

• iniciar el proceso para acordar conjuntamente con los EE.UU. un tratado de extradición;

 
• desarrollar un plan exhaustivo y aceptable para ambas partes para la erradicación de cultivos ilícitos de coca;

 
• erradicar 1,750 hectáreas de cultivo de coca en el Chapare.⁽⁴¹⁾

 

Poco dispuesto a cometer un suicidio económico, el gobierno boliviano anunció que emprendería una ambiciosa campaña de erradicación que resultaría en una reducción de 1,750 hectáreas de cocales antes del 30 de junio, y 5,400 hectáreas antes de fin de año. Pocas semanas más tarde, el 18 de abril, el gobierno declaró un estado de sitio, supuestamente en respuesta a las manifestaciones públicas de los sindicatos de maestros, que crecían en frecuencia y virulencia.⁽⁴²⁾ El gobierno estableció un toque de queda, prohibió las reuniones públicas y arrestó a dirigentes de los trabajadores. El gobierno, sin embargo, también aprovechó el estado de sitio para arrestar a los líderes cocaleros e inició un censo de los cultivos de coca en el Chapare.⁽⁴³⁾

Durante la primera semana del estado de sitio fueron arrestados aproximadamente 400 líderes sindicales, representantes de los cocaleros, estudiantes y periodistas. La mayoría de los detenidos fueron mantenidos incomunicados en instalaciones ubicadas en zonas remotas del país (principalmente cuarteles militares), sin ser acusados formalmente y sin acceso a abogados nombrados por ellos mismos ni a protección judicial vía el recurso del hábeas corpus. Tales medidas constituían una negación de los derechos a la libertad personal, al proceso debido y a un juicio justo, garantizados por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual Bolivia es Estado Parte.⁽⁴⁴⁾ La Convención Americana sí permite la suspensión de ciertos derechos y libertades, pero sólo "en tiempos de guerra, peligro público u otra emergencia que amenaza la independencia o seguridad de un Estado Miembro [y únicamente] en la medida y plazo estrictamente necesarios según las exigencias de la situación".⁽⁴⁵⁾ El derecho al hábeas corpus jamás puede ser suspendido.⁽⁴⁶⁾ Era evidente que las amenazas a la tranquilidad pública invocadas por el gobierno para justificar la imposición del estado de sitio no ponían en riesgo la independencia o seguridad del país. Además, el número de arrestos y condiciones de detención iban mucho más allá de lo que podía considerarse "estrictamente necesario". El 1 de mayo de 1995, Human Rights Watch/Americas, el Centro por la Justicia yel Derecho Internacional (CEJIL), y la Confederación Internacional de Sindicatos Libres hicieron una solicitud ante la Comisión Inter- Americana de Derechos Humanos para proteger los derechos de los detenidos. El 3 de mayo, la Comisión solicitó al gobierno boliviano tomar medidas para proteger la vida e integridad física de quienes habían sido detenidos como parte de las disposiciones del estado de sitio.

A inicios de mayo, el gobierno había liberado a todos los detenidos, incluyendo a los líderes de los campesinos cocaleros (aunque estos fueron los últimos en ser liberados). En el Chapare, durante los primeros días que siguieron a la imposición del estado de sitio, se produjeron episodios de violencia, principalmente entre campesinos cocaleros y agentes civiles gubernamentales de sustancias controladas. También hubo informes de abusos cometidos en relación al arresto de algunos representantes de los campesinos cocaleros.⁽⁴⁷⁾ Sin embargo, la mayoría de los observadores se declararon sorprendidos --y aliviados-- de que la situación se mantuviera tan calmada. Destacados representantes de los cocaleros, incluyendo al dirigente Evo Morales (uno de los detenidos), solicitaron encarecidamente a los campesinos cocaleros reconocer el dilema de Bolivia frente a los EE.UU., y consentir en la erradicación voluntaria de las hectáreas necesarias para cumplir con el ultimátum. Hacia mediados de junio, el gobierno declaró haber erradicado un número de hectáreas suficiente para evitar las sanciones de los EE.UU.

6. El período es único en la historia boliviana; desde que se convirtió en nación soberana en 1824, Bolivia ha tenido más cambios de gobierno que aniversarios de independencia.

7. Ver el trabajo de Flavio Machicao "Coca Production in Bolivia" [Producción de Coca en Bolivia], en la obra editada por Peter H. Smith "Drug Policy in the Americas" [Políticas sobre Drogas en las Américas] (Boulder; Westview Press, 1992), pp. 88- 98; y "El Libro Verde: Coca - Cocaína. Erradicación. Desarrollo Alternativo" (de aquí en adelante, "El Libro Verde"). El Libro Verde es una compilación que contiene documentos de lectura obligada sobre diversos temas relacionados a la coca- cocaína en Bolivia, preparada por la Embajada de los EE.UU. en La Paz. Sus páginas no están numeradas.

8. Las estadísticas sobre la coca son, en el mejor de los casos, aproximaciones que varían mucho; la variación refleja las dificultades metodológicas inherentes a la medición de la actividad económica ilegal y los intereses políticos que influyen en la interpretación de la información. Ello no obstante, se calcula que más de 200,000 personas participan directamente en las distintas fases de la producción de cocaína. Entre un 2% y un 7% del Producto Bruto Interno proviene de la cocaína; la exportación de cocaína equivale más o menos al 24% de las exportaciones legales del país; y de las ventas de cocaína --que sobrepasan los US $300 millones-- permanecen en el país ganancias de por lo menos US $120 millones. Ver el trabajo de Roberto Laserna, "Cultivo de Coca, Tráfico de Drogas y Desarrollo Regional en Cochabamba, Bolivia" (Tesis de Doctorado: Universidad de California, Berkeley, 1995), y "El Libro Verde".

9. Aunque los sindicatos de agricultores cocaleros no pudieron obtener una ley que regulara por separado el cultivo de la hoja de coca, su influencia puede apreciarse en el hecho de que la Ley 1008 establece una clara diferencia entre "la coca y sustancias controladas". Más específicamente, el artículo 3 de la ley establece una "diferencia esencial" entre la coca en su estado natural y la que es procesada químicamente para obtener el alcaloide de la cocaína. Mayor evidencia de tal distinción conceptual puede apreciarse en el Capítulo uno de la ley, que se refiere a la historia pre-Colombina de la coca y la larga tradición de su consumo legal en Bolivia.

10. El informe correspondiente a 1995 de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Fuerzas del Orden, por ejemplo, hace las siguientes críticas: "Como en años anteriores, los principales impedimentos a la erradicación fueron de carácter político. Esperamos que en 1995 el gobierno boliviano supere su temor político y cumpla con sus objetivos". Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Fuerzas del Orden, Informe de Estrategias de Control Internacional de Narcóticos, marzo de 1995 (Washington, Departamento de Estado de los EE.UU., 1995), p. 9 (de aquí en adelante, INCSR).

11. Los campesinos bolivianos pueden ser los más organizados de América Latina. Los sindicatos campesinos fueron creados originalmente en 1953 como parte del movimiento nacional de reforma agraria, y actualmente organizan y representan a campesinos a lo largo del ámbito rural boliviano. Ver el trabajo de José Guillermo Justiniano "The Power of Coca Producers" [El Poder de los Productores de Coca] en la obra editada por Peter H. Smith "Drug Policy in the Americas" [Políticas sobre Drogas en las Américas] (Boulder; Westview Press, 1992), pp. 99-104.

12. Tal como señala Kevin Healy, existe una afinidad natural entre el discurso anti-estadounidense de los agricultores cocaleros y el de la COB. "A lo largo de su historia, los dirigentes de la COB se han aliado con el sector de la cultura política latinoamericana de izquierda que critica la 'intervención estadounidense y el apoyo de los EE.UU. a las elites económicas y militares a expensas de las necesidades de las mayorías pobres. En consecuencia, es fácil que los agricultores cocaleros tomen prestados la retórica anti- imperialista y los lemas de la COB, y que ambos grupos encuentren mutuamente refuerzo en sus respectivos sesgos políticos". Ibid, p. 101.

13. Para una discusión sobre los "grupos de influencia de la coca", consultar el trabajo de Rensselaer W. Lee III, "The White Labyrinth: Cocaine and Political Power" [El Laberinto Blanco: Cocaína y Poder Político] (New Brunswick: Transaction Publishers, 1989), pp. 55-90.

14. Frustrados por el persistente poder de los agricultores cocaleros y su capacidad para obstruir los objetivos de erradicación, los Estados Unidos han buscado desacreditar a los dirigentes sindicales. Una de las acusaciones formuladas por los funcionarios estadounidenses es que los agricultores cocaleros, sus organizaciones y dirigentes más militantes reciben apoyo directo del narcotráfico. Por ejemplo, funcionarios de los EE.UU. han declarado que los "grupos de campesinos en favor de la coca son tremendamente activos en la venta de pasta básica [de cocaína], y que algunos de ellos financian sus actividades políticas con recursos provenientes de la venta de la pasta básica". "El Libro Verde". Hasta donde sabemos, no se ha presentado públicamente prueba alguna en apoyo de tales afirmaciones.

15. Los agricultores cocaleros han presionado también al gobierno para promover la comercialización de usos lícitos alternativos de la coca, argumentando que la hoja tiene propiedades nutritivas y medicinales que podrían ser convertidas en nuevos productos para los mercados internacionales. El gobierno del Presidente Jaime Paz Zamora dio algunos pasos, esencialmente de carácter simbólico, en tal dirección al adoptar por un corto período una postura de "diplomacia de la coca" y tratar de promover la coca a nivel internacional. El Presidente Sánchez de Lozada firmó también un acuerdo con los agricultores cocaleros el otoño pasado, que incluía el compromiso de presionar por la comercialización de nuevos usos lícitos para la hoja de coca. Pero la realidad a nivel internacional, y en especial la permanente oposición de los EE.UU., ha frustrado cualquier avance real del gobierno boliviano en esa dirección.

16. Presentación de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Fuerzas del Orden ante el Congreso para el año fiscal 1995 (Washington: Departamento de Estado de los EE.UU., 1994).

17. La estrategia tenía cuatro objetivos: fortalecer la voluntad política y capacidad institucional de los gobiernos de Bolivia, Colombia y Perú para combatir el narcotráfico; mejorar la capacidad de las instituciones tutelares y militares de los países andinos para recolectar información de inteligencia; fortalecer los lazos entre las unidades policiales y militares para emprender acciones contra los cabecillas de las principales organizaciones de narcotraficantes, impedir la transferencia de fondos generados por el tráfico de drogas y confiscar los bienes de estas organizaciones en los EE.UU.; y expandir la asistencia económica. Consultar la obra editada por Bruce M. Bagley y William O. Walker III "Drug Trafficking in the Americas" [Narcotráfico en las Américas] (Miami: Universidad de Miami, 1994).

18. La Casa Blanca, Resumen Ejecutivo de Estrategia Nacional para el Control de Drogas (Washington: The White House, abril de 1994), p. 23.

19. INL, INCSR marzo de 1995, p. 71.

20. Para una lista de toda la asistencia financiera estadounidense a Bolivia desde 1989 hasta el año fiscal 1995 preparada por los EE.UU. y en español, ver el Apéndice 1.

21. Para conocer las cifras recientes preparadas por la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Fuerzas del Orden del Departamento de Estado de los EE.UU., ver el Apéndice 2.

22. La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Fuerzas del Orden, antes Oficina para Asuntos Internacionales de Narcóticos, desarrolla, implementa y supervisa las estrategias y programas anti-drogas estadounidenses a nivel internacional.

23. Entre 1989 y 1995, los EE.UU. han gastado US $41 millones para apoyar actividades de la DEA en Bolivia. Ver Apéndice 1.

24. Esta cita ha sido tomada de un memorandum informativo interno del Departamento de Estado, fechado 9 de agosto de 1994 y preparado por el Embajador Kamman, cuya copia obra en poder de Human Rights Watch/Americas.

25. INL, Congressional Presentation 1996.

26. La FELCN incluye también una unidad de investigaciones financieras y un programa canino para detección de drogas.

27. El dictado del curso estuvo originalmente a cargo de las Fuerzas Especiales de los EE.UU., pero gradualmente oficiales de la UMOPAR han reemplazado a los instructores estadounidenses.

28. Los agentes de la UMOPAR reciben un salario mensual de 200 bolivianos (aproximadamente US $40) por parte del gobierno boliviano, que es luego "complementado" con una asignación mensual de 450 bolivianos por parte de los EE.UU.

29. Esta cifra ha sido tomada de un resumen de actividades financieras preparado por la Embajada de los EE.UU. en la Paz. Copia del documento obra en poder de Human Rights Watch/Americas.

30. La cita ha sido tomada de un memorandum informativo interno del Departamento de Estado, fechado 9 de agosto de 1994 y preparado por el Embajador Kamman, cuya copia obra en poder de Human Rights Watch/Americas.

31. Ibid.

32. Embajada de los EE.UU. en Bolivia, Plan Posterior a la Operación Año Fiscal 1994, diciembre de 1993, cuya copia obra en poder de Human Rights Watch/Americas.

33. A inicios de la década de 1990, tras una constante presión por parte de los EE.UU., Bolivia emprendió un intento breve y frustrado por expandir el papel de las Fuerzas Armadas bolivianas en actividades anti-drogas. En mayo de 1990, Bolivia y los EE.UU. añadieron a sus acuerdos bilaterales anti-drogas previos el Anexo III, según el cual el gobierno boliviano acordaba ordenar a las Fuerzas Armadas bolivianas intervenir en misiones anti-drogas si las fuerzas policiales eran sobrepasadas por los narcotraficantes. A cambio, los EE.UU. se comprometían a suministrar US $33.2 millones en asistencia militar. Una vez firmado el acuerdo, el entonces Presidente Jaime Paz Zamora expandió la participación de la Marina y la Fuerza Aérea bolivianas en actividades anti-drogas pero, ante la oposición en Bolivia contra la "militarización" de las actividades anti- drogas, siguió resistiéndose a la presión de los EE.UU. para involucrar directamente al Ejército boliviano. Sin embargo, en octubre de 1991, dos batallones del Ejército entrenados por los EE.UU. iniciaron una operación para localizar y destruir laboratorios en una remota zona fronteriza del departamento de Santa Cruz. El costo político de involucrar al Ejército en las actividades anti-drogas fue tan alto, y sus logros tan escasos, que tanto los EE.UU. como Bolivia se retractaron de sus intentos por arrastrar al Ejército boliviano en la guerra anti-drogas. En 1992, los gobiernos de EE.UU. y Bolivia firmaron acuerdos bilaterales según los cuales el Ejército boliviano recibiría capacitación y equipo para un batallón de transporte, y la provisión de tal transporte comprendería toda la participación del Ejército en la guerra anti-drogas. Para una discusión sobre los intentos por militarizar la guerra anti-drogas en Bolivia, consultar "Clear and Present Dangers: The U.S. Military and the War on Drugs in the Andes" [Peligros Claros y Actuales: Las Fuerzas Armadas Estadounidenses y la Guerra Anti-Drogas en los Andes], elaborado por Washington Office on Latin America (WOLA), (Washington: WOLA, 1991); y el trabajo de Coletta Youngers titulado "A Fundamentally Flawed Strategy: The U.S. 'War on Drugs' in Bolivia" [Una Estrategia Fundamentalmente Errada: La "Guerra Anti-Drogas" en Bolivia], WOLA Briefing Series: Issues in International Drug Policy, Issue Brief.

34. Los EE.UU. han invertido principalmente en apoyo anti-drogas a la Fuerza Aérea boliviana: en el año fiscal 1995, el presupuesto de apoyo del Departamento de Estado para operaciones aéreas anti-drogas en Bolivia llegaba a US $5.35 millones; la solicitud presupuestal para el año fiscal 1996 es de US $8 millones. El servicio de Guardacostas y la Marina de los EE.UU. brindan apoyo para el manejo, capacitación y asesoría de programas a las operaciones de la Marina boliviana para el cumplimiento de la ley en ríos bolivianos. Además, los EE.UU. financian todos los viajes, viáticos, apoyo logístico y costos operativos. Durante el año fiscal 1995, se presupuestó US $1 millón para apoyo a operaciones fluviales; para 1996 se solicita US $2.5 millones. El batallón de transporte del Ejército boliviano, los Diablos Verdes, recibe también apoyo de los EE.UU. quienes suministran, entre otras cosas, capacitación, equipos y construcción de nuevas instalaciones.

35. Ley 1008, Arts. 91 y 92; ver también Ley de Ministerio Público, Art. 79-80 19 de febrero de 1993.

36. Por ejemplo, las actividades para el cumplimiento de la ley el año pasado supusieron la destrucción de más de 1,900 pozos de maceración y la captura de 202 toneladas métricas de hoja de coca cultivada ilegalmente, 6.4 toneladas métricas de pasta básica de cocaína y 1.02 toneladas métricas de clorhidrato de cocaína. También se destruyeron 32 laboratorios de cocaína. Ver el Informe de Estrategias de Control Internacional de Narcóticos, Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Fuerzas del Orden, marzo de 1995, p. 72.

37. El Libro Verde.

38. U.N. Doc. E/CONF. 82/15 (1988).

39. Este dispositivo fue al parecer formulado en respuesta al controvertido dictamen de la Corte Suprema de los EE.UU. en el caso planteado por el gobierno de los Estados Unidos contra Alvarez-Machain, 112 Ct. 2188 (1992). En ese caso, la Corte sostuvo que, en ausencia de una disposición explícita en contrario, el secuestro de un sospechoso por parte de agentes pagados por los EE.UU. en territorio de otro país no constituye una violación al tratado de extradición con dicho país. En relación a tal caso, Human Rights Watch/Americas planteó un breve recurso de amicus curiae, solicitando encarecidamente a la Corte Suprema hacer valer la decisión del tribunal inferior de repatriar al acusado que había sido secuestrado. Desde nuestra perspectiva, el secuestro del acusado auspiciado por el Estado viola el derecho del primero al debido proceso.

40. Acta de Asistencia Exterior de 1961, sec. 490(b)(1)(B), así como enmendada.

41. Texto de comunicación archivado por Human Rights Watch/Americas.

42. En el Decreto Supremo No. 23.993 emitido el 18 de abril de 1995, el Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada declaró que las huelgas, marchas, bloqueos callejeros y otras actividades de protesta habían provocado un estado de "conmoción e inestabilidad" que justificaba la declaración de un estado de sitio.

43. Horas antes de decretar el estado de sitio, en lo que constituye un flagrante abuso de poder, el gobierno boliviano irrumpió en una reunión del Consejo Andino de Campesinos Cocaleros que se realizaba en Copacabana. Entre los participantes de la reunión pacífica y legal figuraban los principales dirigentes de los agricultores cocaleros bolivianos, así como agricultores cocaleros y asesores colombianos y peruanos, que se encontraban reunidos para discutir temas de interés común como la manera de promover usos lícitos de la hoja de coca. De los participantes en la reunión intervenida por el gobierno, quienes no fueran ciudadanos bolivianos -- incluyendo a un representante de la Comisión Andina de Juristas- - fueron sacados del país a la fuerza; los bolivianos fueron arrestados.

44. Art. 7 y Art. 8.

45. Art. 27 (1).

46. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Habeas Corpus en Situaciones de Emergencia, Opinión Consultiva OC-8/87, Serie A, No. 8, 30 de enero de 1987.

47. Para un informe sobre los abusos asociados con el estado de sitio, ver el trabajo de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Vigencia y Respeto de los Derechos Humanos durante el "estado de sitio" (La Paz, junio de 1995).

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CAPÍTULO IV — LA LEY 1008

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