A más de una década de que llegara al gobierno el presidente Xi Jinping, los esfuerzos por centralizar el control han conducido a una mayor represión en todo el país. No existe una sociedad civil independiente, tampoco libertad de expresión, asociación, reunión o religión, y se persigue a defensores y defensoras de derechos humanos y otras personas que se perciben como críticas del gobierno. El gobierno considera a las personas tibetanas y uigures, que son cultural y étnicamente diferentes, como una amenaza y las somete a medidas de represión particularmente severas. Cientos de miles de personas uigures siguen encarceladas como parte de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el gobierno en la región. También se han interrumpido las libertades civiles, que desde hacía mucho tiempo estaban protegidas en Hong Kong. Si bien los gobiernos extranjeros reconocen que la situación de los derechos ha empeorado bajo el gobierno chino, no han interpelado a Pekín.
Libertad de expresión
El gobierno chino controla todos los principales canales de información, como la televisión, la radio y las publicaciones impresas. Su “Gran Muralla Electrónica” impide que la población de China acceda a información que comúnmente está disponible en Internet. También ejerce un control ideológico sobre el sistema educativo.
Si bien es habitual que la mayoría de las personas en China se autocensuran, algunas historias —aquellas que no cuestionan la legitimidad del Partido Comunista Chino— llegan ocasionalmente al público en general. El informe de investigación preparado por un medio de comunicación chino sobre la contaminación por aceite de cocina en julio, y la publicación del abogado chino Yi Shenghua en agosto en la que se dio a conocer una red de comercio ilegal de restos humanos, provocaron una intensa atención pública, y la censura oficial y los castigos no tardaron en llegar.
A lo largo del año, hubo numerosos casos de censura. En enero, la policía de Shanghái detuvo al cineasta Chen Pinlin (“Platón”) por haber dirigido un documental sobre las protestas del Libro Blanco de 2022.
Las autoridades continuaron actualizando el régimen de censura y vigilancia del país para establecer un control incluso más férreo. En febrero, se revisó la Ley de Secretos de Estado y, en julio, se publicaron reglamentos de implementación que ampliaron el alcance de la ley, el cual ya era excesivo. En julio, el gobierno propuso adoptar un nuevo sistema nacional de tarjetas de identificación digitales. Las tarjetas, que son supuestamente voluntarias, darían a los organismos estatales incluso más capacidad para rastrear a las personas en línea y fuera de línea.
Con la economía china tambaleándose, el gobierno ha prohibido que se hable sobre sobre sus políticas económicas y ha penalizado a quienes las critican. En septiembre, un importante economista de la Academia China de Ciencias Sociales desapareció tras desacreditar las políticas económicas del presidente Xi en un grupo privado de WeChat. También en septiembre, la policía de Pekín detuvo al artista Gao Zhen, quien vive en Estados Unidos y es aclamado por su obra en la que critica al fallecido líder chino Mao Zedong, por “difamar a los héroes y mártires de China” cuando visitaba el país. Ambos temas (las políticas económicas de China y el legado nefasto de Mao) eran cuestiones que podían abordarse abiertamente en China hasta hace poco tiempo.
Esta intensificación en el control de la información por parte del gobierno chino tiene implicaciones internacionales, ya que se ha dirigido a personas con una postura crítica hacia China que viven en el exilio y a personas extranjeras que viven en otros países. El “Maestro Li”, que recopila noticias y videos de toda China y los transmite en X, reveló que había sufrido acoso en Italia, país donde reside. La policía china también había interrogado a seguidores suyos en China. En agosto, varios informes de investigación revelaron que personas vinculadas con el gobierno chino habían intimidado y agredido a manifestantes chinos, hongkoneses y tibetanos durante la visita de Xi a San Francisco que había tenido lugar previamente.
La condena a nueve años de cárcel impuesta por el gobierno chino al activista político taiwanés Yang Chih-yuan por “separatismo”, y la pena de muerte en suspenso contra el escritor australiano naturalizado Yang Hengjun por “espionaje” despertaron una enorme atención en estos países. En febrero, se descubrió que, en el afamado Premio Hugo de ciencia ficción, se había producido una situación de autocensura y algunos autores habían quedado fuera de consideración para el premio de 2023 antes de que se celebrara la ceremonia en China.
Libertad de religión
El gobierno chino solo permite la práctica de cinco religiones reconocidas oficialmente en espacios físicos aprobados, y mantiene el control sobre los nombramientos del personal, las publicaciones, las finanzas y las postulaciones a seminarios.
Desde 2016, cuando el presidente Xi llamó a la “sinización” de las religiones, las autoridades han procurado reconfigurar las religiones con el fin de que promuevan la lealtad al Partido y a Xi. Se ha incrementado la educación ideológica de líderes religiosos. Se han eliminado materiales religiosos “no autorizados” que se encontraban en línea, entre otras cosas, dando de baja aplicaciones y videos religiosos, y hostigando a quienes crean y comparten esos materiales.
Es habitual que la policía intercepte, detenga y hostigue a líderes e integrantes de diversos grupos religiosos “ilegales”, incluidas las congregaciones católicas y protestantes (o “casas de culto”) que se niegan a unirse a iglesias oficiales, y que perturbe sus actividades pacíficas. A lo largo de 2024, muchas de estas personas fueron acusadas y condenadas por delitos falsos. En julio, Zhang Chunlei, líder de una casa de culto denominada Iglesia Reformada Ren’ai, fue condenado a cinco años de cárcel por “incitar a la subversión” y “fraude”. El gobierno continúa clasificando a algunos grupos religiosos, en particular a Falun Gong, como “cultos malignos”, y somete a sus miembros a acoso, encarcelamiento arbitrario y torturas.
En octubre, el Vaticano renovó por tercera vez el acuerdo China-Vaticano de 2018, que habilita a las autoridades chinas a nombrar obispos católicos, aun cuando siguen persiguiendo a iglesias y líderes católicos, entre ellos el caso notorio del obispo Cui Tai.
En septiembre, el gobierno liberó al pastor chino-estadounidense David Lin, después de haber cumplido una condena de casi 20 años en prisión.
Defensores de derechos humanos
En China, los defensores de los derechos humanos sufren con frecuencia acoso, tortura y encarcelamiento. La policía también hostiga a sus familias, incluidos niños y niñas. Algunos, como el abogado Gao Zhisheng y Peng Lifa, conocido como “el hombre del puente” por haber exhibido en forma pública letreros contra el gobierno, permanecen en situación de desaparición forzada.
En febrero, la activista por los derechos de las mujeres Li Qiaochu fue condenada a casi cuatro años de prisión por denunciar las condiciones de detención en las que se encontraba su pareja y compañero activista Xu Zhiyong. Fue puesta en libertad en agosto tras cumplir su condena, luego de haber estado detenida desde 2021. En octubre, Xu Zhiyong inició una huelga de hambre en protesta por el trato inhumano que había recibido durante su detención.
Las autoridades chinas liberaron a la periodista ciudadana Zhang Zhan en mayo después de que cumpliera una condena de cuatro años de prisión por informar sobre la pandemia de Covid-19. La detuvieron nuevamente a finales de agosto y, en noviembre, fue arrestada por “generar disturbios”.
En junio, la periodista feminista Huang Xueqin y el activista por los derechos laborales Wang Jianbing fueron condenados a cinco años y tres años y seis meses de prisión, respectivamente, por “incitar a subvertir el poder del Estado”, debido a su participación protagónica en el Movimiento #MeToo.
En octubre, el abogado de derechos humanos Yu Wensheng y su esposa, la activista de derechos Xu Yan, fueron condenados por “incitar a subvertir el poder del Estado”. Yu fue condenado a tres años de prisión y Xu a 21 meses. Se los detuvo cuando se trasladaban para reunirse con la delegación de la Unión Europea que visitó China en abril de 2023.
Derechos de mujeres y niñas
La discriminación por motivos de género en el empleo sigue siendo generalizada, mientras que, en los últimos años, se han conocido casos alarmantes de violencia contra mujeres y acoso sexual.
La baja en la tasa de fertilidad de China ha llevado al gobierno a pasar de restringir los nacimientos a exhortar a las mujeres a contraer matrimonio y retomar las “virtudes tradicionales” de maneras que menoscaban la igualdad de género.
La presión del gobierno por incrementar las tasas de natalidad se limita a las parejas heterosexuales casadas. En un caso emblemático, un tribunal de Pekín rechazó la apelación final de Xu Zaozao para congelar óvulos, una medida que asestó un golpe a los derechos reproductivos de las mujeres solteras.
En agosto, el gobierno chino presentó un proyecto de ley revisado para simplificar el registro de los matrimonios y agregó un período abusivo de “30 días de reflexión” para que divorciarse resulte más difícil.
Orientación sexual e identidad de género
Si bien hay una aceptación pública creciente de la igualdad de derechos para las personas LGBT en China, el incremento de la represión también ha llevado a una mayor censura y cierre de espacios relacionados con las personas LGBT y de organizaciones de incidencia.
En enero, Weibo censuró fotos y videos virales de la celebridad transgénero Jin Xing, en los cuales sostenía una bandera con los colores del arcoíris y el lema: “El amor es amor; el amor y el género no están relacionados”. Uno de los pocos bares para lesbianas que quedan en China, Roxie, cerró en el mes de junio, y explicó que esta decisión respondía a la presión oficial que había recibido.
En agosto, un tribunal de Pekín dictó un fallo de custodia por el cual se reconoció, por primera vez en China, que un niño o una niña puede tener dos madres. Sin embargo, a la peticionaria, Didi, se le negó el contacto con su hijo por no haberlo dado a luz y por no tener un vínculo genético con él.
El Tíbet
Las autoridades siguen ejerciendo un control férreo de la información en las zonas tibetanas y responden con represión a las inquietudes de la población sobre cuestiones como la reubicación masiva, la degradación ambiental o la marginación del idioma tibetano en la educación primaria.
La información está muy restringida, pero la mayoría de las detenciones arbitrarias de las que informaron los medios de comunicación en el exilio se debieron a la publicación en Internet de contenidos no autorizados o por mantener contactos en línea con personas tibetanas que están fuera de China. Las personas tibetanas acusadas de tales delitos han recibido condenas de años de prisión.
En febrero y marzo, cientos de monjes y lugareños en el condado de Derge, Sichuan, habrían sido detenidos por protestar contra la construcción de una presa hidroeléctrica que dejará bajo el agua monasterios históricos y numerosas aldeas tibetanas.
Hong Kong
En marzo, el gobierno de Hong Kong adoptó otra ley de seguridad nacional, la Ordenanza para Preservar la Seguridad Nacional (Safeguarding National Security Ordinance, SNSO), con posterioridad a la Ley de Seguridad Nacional de 2020, de contenido draconiano. La SNSO penaliza las actividades pacíficas, amplía los poderes de policía y reemplaza la ley de sedición de la época colonial, elevando la pena máxima por “sedición” de dos a siete años de cárcel.
Con la SNSO ya vigente, la policía detuvo a seis personas en mayo, entre ellas el destacado activista Chow Hang-tung, que ya está encarcelado, por la supuesta publicación de mensajes “sediciosos” en línea para conmemorar la masacre de Tiananmen de 1989. Tres personas recibieron condenas de entre 10 y 14 meses de prisión por el delito de “sedición” debido a usar camisetas, hacer publicaciones en línea y dibujar grafitis a favor de la democracia en autobuses. El gobierno de Hong Kong utilizó los nuevos poderes otorgados por la SNSO para revocar pasaportes de Hong Kong de seis activistas exiliados y para negar a presos políticos la posibilidad de liberación anticipada por buen comportamiento.
En mayo, tres jueces seleccionados de manera discrecional para resolver casos vinculados con la seguridad nacional condenaron a 14 activistas y exlegisladores de Hong Kong por “conspiración para cometer subversión”, en el que fue el mayor juicio sobre seguridad nacional de la ciudad hasta la fecha. Otras 31 personas acusadas se habían declarado culpables anteriormente en esta causa. En noviembre, el tribunal condenó a los 45 acusados a penas de prisión de 4 años y 2 meses a 10 años.
Desde 2020, al menos 304 personas han sido detenidas por presuntamente violar la Ley de Seguridad Nacional, la SNSO y la ley de “sedición”, que actualmente se encuentra revocada. De las 176 personas acusadas, se ha condenado a 161. Según cifras policiales, 10.279 personas fueron detenidas en ocasión de las protestas a favor de la democracia de 2019. De estas personas, 2.328 “enfrentaron consecuencias legales” que incluyeron condenas, muchas de ellas por delitos no violentos como el de “reunión ilegal”.
La libertad de prensa se restringió todavía más. Se encuentra en curso un juicio de seguridad nacional contra el magnate de medios Jimmy Lai, que comenzó en diciembre de 2023. Lai, de 76 años, está recluido en régimen de aislamiento desde diciembre de 2020. En septiembre, dos periodistas del medio Stand News —ahora desaparecido— fueron condenados a 21 y 11 meses respectivamente, por el delito de “sedición”. Ese mes, el gobierno negó el visado de trabajo y la entrada a la ciudad a un reportero gráfico de Associated Press que tomó fotos de Jimmy Lai en prisión.
El gobierno de Hong Kong ha cometido actos de acoso reiterados contra la a la Asociación de Periodistas de Hong Kong, que incluyen un reclamo por HKD 400.000 (USD 51.000) en impuestos atrasados. Tanto Radio Free Asia, financiada por el gobierno de Estados Unidos, como Epoch Times, un medio de comunicación dirigido por el grupo religioso perseguido Falun Gong, cerraron sus sedes en Hong Kong en 2024.
Las autoridades avasallaron libertades de expresión, asociación y reunión. El 4 de junio, la policía detuvo al menos a nueve personas por llevar pancartas, prender velas o encender sus linternas telefónicas cerca del Parque Victoria, donde se llevaron a cabo las conmemoraciones de la Masacre de Tiananmén antes de 2020.
El gobierno también avanzó sobre la libertad de expresión. En mayo, el Tribunal Superior dictaminó que la orden conminatoria del gobierno por la cual se bloqueó el uso de la popular canción de protesta de 2019 Glory to Hong Kong era legal. En reiteradas oportunidades, distribuidores escoceses y estadounidenses retiraron la canción de plataformas de streaming, a pesar de que la orden no tuvo efecto extraterritorial. En octubre, las autoridades de Hong Kong habrían bloqueado el acceso de algunos usuarios de Internet de Hong Kong a Flow HK, una revista en línea alojada en EE. UU.
En enero, el Consejo de Desarrollo de las Artes de Hong Kong, financiado por el gobierno, retiró los fondos para los Premios sobre Arte Dramático de Hong Kong, mientras que el Departamento de Servicios de Ocio y Cultura se negó a proporcionar un espacio donde llevar a cabo la ceremonia de premiación.
Xinjiang
El gobierno chino ha cometido crímenes de lesa humanidad contra personas uigures y musulmanas túrquicas como parte de su “Campaña contra el terrorismo violento”, de corte abusivo. Las violaciones cometidas en Xinjiang incluyen detenciones masivas arbitrarias, torturas, vigilancia generalizada, trabajo forzado, persecución cultural y religiosa y separación familiar.
El gobierno chino ha negado de manera sistemática estos abusos. En respuesta a una serie de recomendaciones relevantes vertidas durante el Examen Periódico Universal de la situación de los derechos por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en enero, el gobierno chino desestimó un informe paradigmático de la ONU, de 2022, en el que se documentaban estos abusos, incluidos presuntos crímenes de lesa humanidad, y lo calificó de “ilegal y carente de valor”. En agosto, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó que “muchas leyes y políticas problemáticas” subyacentes al informe de la ONU de 2022 siguen vigentes y señaló las dificultades que planteaba el monitoreo de la situación debido al “acceso limitado a la información y el temor a represalias contra personas que interactúan con las Naciones Unidas”. En septiembre, Estados Unidos emitió una declaración conjunta en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en nombre del “grupo central de países” que anteriormente intentó que se realizara un debate específico sobre la situación en el organismo de derechos de la ONU, y pidió al gobierno chino que “colabore de manera significativa” con la ONU para implementar las recomendaciones del informe.
Las declaraciones oficiales chinas siguen confirmando su campaña abusiva, que equipara el comportamiento pacífico cotidiano de las comunidades uigures con el terrorismo y el extremismo. En mayo, un alto funcionario del gobierno central a cargo de asuntos políticos y legales, Chen Wenqing, manifestó que el gobierno “persistirá en las acciones enérgicas contra crímenes terroristas violentos” y “promoverá la legalización y normalización de las medidas contra el terrorismo y el mantenimiento de la estabilidad” en la región uigur.
Se calcula que se ha condenado a medio millón de personas a largas penas de prisión sin garantías de debido proceso durante la Campaña de Línea Dura, y muchas siguen encarceladas; entre ellas, Rahile Dawut, Gulshan Abbas, Perhat Tursun, Adil Tuniyaz, Yalqun Rozi y Ekpar Asat. El destacado académico uigur Ilham Tohti ha pasado 10 años en prisión como resultado de la condena injusta a cadena perpetua que se le impuso por “separatismo”.
En febrero, China revisó las reglamentaciones vigentes en Xinjiang para reforzar aún más el control sobre las prácticas religiosas, lo que incluye controlar la apariencia, el número, la ubicación y el tamaño de los espacios religiosos, y exigir que se conviertan en sedes de capacitación para promover los valores del Partido Comunista Chino entre la población.
En un informe de Human Rights Watch, se señaló que las marcas globales de automóviles tienen un riesgo creciente de exposición al trabajo forzado de personas uigures en su cadena de suministro de aluminio, lo que se suma a que cada vez son más las investigaciones que muestran que el trabajo forzado uigur está presente en industrias en todo el mundo, incluidas las de paneles solares, automóviles, indumentaria, mariscos y minerales críticos. Desde que entró en vigor la Ley de Prevención del Trabajo Forzado Uigur en 2022, el gobierno de EE. UU. ha negado el ingreso de bienes por valor de USD 750 millones vinculados con trabajo forzado en Xinjiang. La Unión Europea aprobó en diciembre una ley que prohíbe la importación y exportación de bienes relacionados con el trabajo forzado.
Política sobre cambio climático e impactos
China es el mayor emisor mundial de gases de efecto invernadero, el mayor productor y consumidor de carbón, y el mayor importador de petróleo y gas. Sus bancos se encuentran entre los mayores financiadores de operaciones de combustibles fósiles del mundo.
A pesar de que se introdujeron mejoras en los objetivos, Climate Action Tracker califica la meta de reducción de emisiones internas de China como “muy insuficiente” para cumplir con el objetivo del Acuerdo de París de limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales. Los fenómenos meteorológicos extremos provocados por el calentamiento global se han vuelto más comunes en China y se prevé que aumenten en frecuencia y gravedad.