El líder indígena Eduardo Mendúa, de la nación A’i Cofán, fue asesinado a tiros el 26 de febrero frente a su vivienda en la Amazonía ecuatoriana. Mendúa se oponía abiertamente a la extracción de petróleo en A’i Dureno, una comunidad indígena A’i Cofán situada en las márgenes del río Aguarico, provincia de Sucumbíos, donde el gobierno ecuatoriano autorizó la exploración de 30 pozos petroleros.
Mendúa, padre de seis hijos, era dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), una asociación conformada por representantes de todas las nacionalidades indígenas. Organizó un grupo de defensores forestales en A’i Dureno que realizó cortes de caminos para impedir que personal de EP PetroEcuador, la empresa petrolera estatal ecuatoriana, ingresara en territorio A’i Cofán. Los proyectos petroleros han generado división dentro de la comunidad A’i Cofán, una nacionalidad conformada por 1.200 personas.
El día siguiente al asesinato de Mendúa, la policía llevó a cabo allanamientos, confiscó armas de fuego y aprehendió a un presunto implicado, según una declaración de la Fiscalía General del Estado. La Fiscalía acusó al detenido de conducir la lancha que los agresores habrían usado para huir del lugar del hecho. Se dispuso su prisión preventiva por 30 días. Un juez también aprobó medidas de protección a favor de la esposa y familiares directos de Mendúa, que prohíben al presunto implicado acercarse a ellos en caso de ser liberado.
El presidente ecuatoriano Guillermo Lasso expresó en un tuit que el crimen “no quedará en la impunidad”. En la cuenta de Twitter de EP PetroEcuador se retuiteó esa publicación, pero la empresa no respondió a una solicitud de Human Rights Watch que brindaran comentarios al respecto.
Las autoridades ecuatorianas deberían complementar los primeros pasos que han dado impulsando una investigación oportuna, imparcial y exhaustiva del homicidio de Mendúa, que incluya determinar si fue asesinado debido al trabajo que realizaba como defensor indígena y ambiental contra las operaciones petroleras avaladas por el Estado. La investigación debe asegurar que los responsables del homicidio respondan por sus acciones, incluidos sus autores intelectuales. La Fiscalía General de Ecuador debería brindar información oportuna y pertinente a la familia de Mendúa.
La exploración y la producción petrolera han causado daños extensos en la Amazonía ecuatoriana y a sus pobladores. De un total de 65 bloques petroleros, 63 se superponen sobre territorios indígenas, según una investigación del medio de noticias ambientales Mongabay. El gobierno ha reconocido que en la última década se produjeron en total 1.202 derrames petroleros.
A nivel global, seguir produciendo combustibles fósiles menoscaba el objetivo del Acuerdo de París de que el calentamiento global no supere los 1,5 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales a fin de limitar los perjuicios causados por el cambio climático. Todos los países, incluido Ecuador, deberían adoptar políticas públicas para combatir el cambio climático que respeten los derechos, y esto debería incluir eliminar gradualmente los combustibles fósiles y exigir a las compañías petroleras reparen los perjuicios relacionados con sus actividades.
