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El ciclo recurrente de violencia sobre los derechos indígenas en Ecuador

Publicado en: infobae
Manifestantes indígenas protestan en las calles de la capital por 15º día consecutivo el 27 de junio de 2022 en Quito, Ecuador. © 2022 Joaquin Montenegro Humanante/picture-alliance/dpa/AP Images

Las protestas contra el gobierno que tuvieron lugar en Ecuador en junio, con sus imágenes de violencia y abuso policial, evocaron un triste sentimiento de déjà vu sobre las protestas de 2015, 2019 y 2020. Pero esta vez las autoridades deberían demostrar que están realmente decididas a abordar problemas estructurales, asegurar la rendición de cuentas por abusos de las fuerzas de seguridad y prevenir futuras olas de saqueos y vandalismo. 

El 30 de junio, autoridades del gobierno y líderes indígenas alcanzaron un acuerdo, luego de varios días de disturbios, para detener las protestas que habían comenzado el 13 de junio. Organizaciones indígenas lideradas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, habían convocado a protestas ante lo que consideraron falta de voluntad del gobierno para atender sus reclamos.

Entre otras medidas, las organizaciones indígenas habían pedido que las autoridades garanticen los derechos colectivos de los pueblos indígenas; intervengan para que bajen los precios de los alimentos y otros artículos esenciales; aseguren su acceso a salud, educación y empleo; y subsanen los impactos socioambientales de la minería y la extracción de petróleo en territorios indígenas.

Estas son deudas de larga data. Si bien la constitución de Ecuador y el derecho internacional reconocen los derechos de los pueblos indígenas —incluida la consulta previa sobre proyectos mineros y petroleros que afecten sus territorios—, expertos de las Naciones Unidas han identificado los “vacíos que siguen existiendo” en la efectiva implementación de esos derechos. Las comunidades indígenas por lo general se encuentran en zonas rurales, donde el porcentaje de personas que viven en la pobreza duplica al de las zonas urbanas. La pobreza agrava la falta de acceso a servicios básicos, incluyendo la atención de la salud. Según estadísticas gubernamentales, el porcentaje de la población en áreas rurales que tiene empleos adecuados —es decir, que le permite ganar al menos el salario mínimo— es menos de la mitad que en las zonas urbanas.

Es fundamental que las autoridades, en el largo plazo, muestren un compromiso genuino de priorizar los derechos de las comunidades indígenas, lo que incluye asegurar que ellas sean escuchadas en cuanto a la protección de sus derechos y de sus tierras. También deben garantizar investigaciones penales oportunas, exhaustivas e imparciales de los policías implicados en el uso excesivo de la fuerza y de los delitos cometidos por manifestantes y otras personas. Tras las manifestaciones pasadas, entre los indultos y los casos que languidecieron hasta prescribir, las investigaciones contra agresores de ambos lados no dieron resultados.

Las protestas, que comenzaron en forma pacífica, terminaron alcanzando niveles espantosos de violencia. Algunas personas, que presuntamente infiltraron las protestas, saquearon y vandalizaron propiedad pública y privada e impidieron la entrega de medicamentos y oxígeno a los hospitales, según dijeron autoridades gubernamentales. Algunos manifestantes atacaron a agentes de las fuerzas de seguridad y a periodistas que cubrían las manifestaciones. Más de 200 policías resultaron heridos y 37 fueron mantenidos retenidos por manifestantes durante varias horas, según informó la Policía Nacional. Estas acciones exceden ampliamente el derecho de reunión pacífica protegido por el derecho internacional.

En varias oportunidades, policías respondieron con un uso excesivo de la fuerza, disparando cartuchos de gas lacrimógeno de manera directa a los manifestantes o cerca de áreas donde se encontraban niños y personas heridas. Cinco manifestantes y un militar murieron y más de 300 personas resultaron heridas, de acuerdo con información de organizaciones locales de derechos humanos. En uno de los casos, el gobierno confirmó que la víctima había sido alcanzada por un cartucho de gas lacrimógeno.

La policía tiene la responsabilidad de proteger a los ecuatorianos de la violencia. Pero las autoridades también deben respetar el derecho de reunión pacífica y asegurar que la policía use la fuerza solo cuando resulte estrictamente necesaria y de forma proporcionada, de una manera congruente con el derecho y acorde con las amenazas a los derechos de terceros. Las autoridades también deberían dejar de desplegar a fuerzas militares en tareas de orden público. Como hemos visto en otras partes de América Latina, el uso excesivo de la fuerza suele empeorar la situación de malestar social.

Mientras seguíamos las escenas de violencia y abuso, recordamos lo que ocurrió durante las manifestaciones contra el gobierno en agosto de 2015 y octubre de 2019, así como durante las protestas pacíficas de mayo de 2020 contra la gestión gubernamental de la pandemia de Covid-19.

En todos los casos, los manifestantes comenzaron con demandas legítimas.

En todos los casos, estalló la violencia, sea por parte de los manifestantes o de presuntos infiltrados.

En todos los casos, hubo evidencias de abusos policiales.

En todos los casos, prevaleció la impunidad.

Y en todos los casos, las autoridades encontraron una manera de apagar el fuego —a veces de forma literal— sin resolver los problemas subyacentes que dieron lugar a las protestas.

Esta vez, las autoridades pueden cortar el ciclo de violencia y abuso que se da en las protestas antigubernamentales en Ecuador abordando las causas estructurales que motivaron a las personas a salir a las calles.

El gobierno ha dado pasos iniciales, que pueden observarse con la reducción de los precios de los combustibles, el aumento del presupuesto destinado a la educación intercultural, la declaración de emergencia sanitaria para agilizar la compra de medicamentos e insumos médicos para todas las personas, y el compromiso de modificar la legislación sobre minería y extracción petrolera en territorios indígenas.

El acuerdo alcanzado por ambas partes a fines de junio incluye el compromiso de sentarse en la mesa para abordar las demandas que originaron las protestas. Si se lleva a cabo de forma efectiva y honesta, el diálogo actual tiene el potencial de ayudar a Ecuador a hacer frente a los problemas que han socavado por largo tiempo los derechos de los manifestantes pacíficos y de las personas excluidas de la protección y ayuda del gobierno.

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