El gobierno de Estados Unidos anunció esta semana que las personas que reúnan los requisitos podrán recibir un tercer “refuerzo” de las vacunas Moderna o Pfizer contra el Covid-19, en un momento en el que menos del 2 % de las personas en los países de bajos ingresos han recibido al menos una dosis de alguna vacuna. Israel, Francia, Alemania y el Reino Unido han empezado a dar refuerzos o tienen previsto hacerlo.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) reaccionó inmediatamente, y pidió una moratoria para las terceras dosis. El director general de la organización, el Dr. Tedros Ghebreyesus, señaló al respecto: “No podemos aceptar que países que ya han usado la mayor parte de las existencias globales de vacunas utilicen incluso más”. El Dr. Mike Ryan, director de Emergencias de la OMS, efectuó una comparación gráfica, refiriéndose a entregar chalecos salvavidas adicionales a personas que ya los tienen y, al mismo tiempo, dejar que otros se ahoguen.
La puja por los refuerzos es otra faceta más del nefasto panorama de escasez y desigualdad global en relación con las vacunas. La realidad sigue siendo estremecedora, en un momento en que la variante delta devasta a poblaciones que no tienen acceso a vacunas y diezma los sistemas sanitarios.
Si bien los científicos han logrado desarrollar vacunas a una velocidad sin precedentes, la forma en que actúan muchos de los gobiernos y las compañías farmacéuticas más ricos sigue atentando contra el acceso universal, equitativo y asequible a esas vacunas.
Los gobiernos han invertido fondos públicos por decenas de miles de millones de dólares en el desarrollo de vacunas; sin embargo, hasta el momento no han cooperado ni compartido los beneficios de la investigación científica a nivel internacional. En vez de supeditar el financiamiento a que se amplíe la disponibilidad y la asequibilidad de las vacunas, muchos gobiernos poderosos negociaron acuerdos bilaterales poco transparentes con compañías farmacéuticas u otras entidades. También reservaron las dosis de vacunas mayormente para sus propias poblaciones y se retractaron de los compromisos tendientes a posibilitar una mayor equidad en la distribución.
El derecho internacional de los derechos humanos obliga a los gobiernos a abstenerse de medidas que frustren los esfuerzos de otros gobiernos orientados a cumplir con sus obligaciones de derechos humanos, incluso al momento de negociar acuerdos internacionales o participar en decisiones como miembros de organizaciones internacionales. Sin embargo, cuando los gobiernos ricos obstaculizan el acceso a las vacunas, ya sea al comprar un volumen mayor al razonable o al frenar la posibilidad de una producción y distribución más veloz frustrando la exención de derechos de propiedad intelectual en la Organización Mundial del Comercio, esto es lo que ocurre.
Los gobiernos con abundantes recursos económicos están contribuyendo a agravar la escasez de vacunas y las desigualdades en el acceso al proponerse usar otras mil millones de dosis como “refuerzo”, en vez de enfocarse en distribuir más vacunas en todo el mundo.
Los síntomas graves del Covid-19 y la muerte por esta enfermedad pueden prevenirse con vacunas. Al optar por aplicar refuerzos, EE. UU. y otros gobiernos ricos están eligiendo una política que provocará más muertes y extenderá la enfermedad.
