Los activistas y las organizaciones que promueven los derechos de las personas con discapacidad consiguieron recientemente una importante victoria en México: se retiró la discusión de una iniciativa de ley de salud mental regresiva antes de ser sometida al Senado para su votación.
El proyecto estaba basado en un enfoque coercitivo del tratamiento de las personas con discapacidad psicosocial (condiciones de salud mental) y las personas que se considera que tienen una dependencia de las drogas, creando excepciones muy amplias e imprecisas al derecho al consentimiento informado. Habría permitido que las familias, con la autorización de un especialista médico, obliguen a las personas con estas condiciones a aceptar recibir tratamiento médico o ser hospitalizadas, así como obligar a niños y niñas que, según la norma, presenten algún “trastorno mental y de comportamiento” a ser internados en instituciones.
En un informe reciente, Human Rights Watch documentó como México no ha hecho lo suficiente para prevenir la discriminación, el estigma y los abusos contra las personas con discapacidad, incluidas aquellas con condiciones de salud mental. Adoptar el proyecto de Ley General de Salud Mental habría agravado el problema.
Durante semanas, el colectivo Salud Mental con Derechos, del cual forman parte Human Rights Watch y numerosas organizaciones de personas con discapacidad en México, trabajó para impedir la adopción del proyecto. Nos reunimos con senadores y grupos parlamentarios mexicanos para explicar las falencias de la norma y la importancia de asegurar a todas las personas en México el derecho a la salud mental y el consentimiento informado, y cómo eso puede lograrse sin recurrir a tratamientos coercitivos.
Luego de una serie de encuentros de incidencia y una campaña a través de los medios de comunicación en los que se intentó plantear con claridad este tema, el Senado mexicano respondió al pedido del colectivo y retiró el proyecto de su agenda legislativa. Reconoció que los senadores debían estudiar en mayor profundidad el tema y aceptaron iniciar un proceso de consulta con organizaciones que trabajan en derechos de las personas con discapacidad para reformar la legislación mexicana sobre salud mental.
La decisión del Senado de iniciar un proceso de consulta representa un paso positivo. Lo que se necesita ahora es un marco adecuado para asegurar que se trate de una experiencia verdaderamente participativa e inclusiva para las personas con discapacidad, dado que, junto a las personas que consumen drogas, estarían entre las más afectadas por la ley sobre salud mental.
Human Rights Watch trabaja desde hace tiempo para que se adopte un modelo de discapacidad basado en los derechos humanos, en México y el resto del mundo. En 2017, impulsamos con éxito una campaña contra un proyecto legislativo sobre salud mental de contenido similar en México.
Las personas con discapacidad tienen derecho a la capacidad jurídica plena y a decidir sobre su propia salud. Human Rights Watch seguirá trabajando para asegurar que las políticas sobre salud mental que se adopten establezcan como prioritario un modelo basado en la comunidad que reconozca en todos los casos el derecho de las personas a elegir qué tratamiento seguir —si acaso desean hacerlo—, así como las medidas orientadas a prevenir la discriminación y el estigma contra las personas con discapacidad.
Bloquean en México una iniciativa de ley de salud mental regresiva
La ley que se adopte debe basarse en consultas genuinas a personas con discapacidad
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