Sudáfrica ha hecho importantes progresos en revertir el terrible patrimonio heredado del Apartheid. En cuanto al comercio de armas, se ha comprometido a seguir principios de derechos humanos que, al no ser siempre impuestos, se encuentran ahora bajo amenaza real. Joost Hiltermann, Director Ejecutivo de la División de Armas de Human Rights Watch

En un informe de 45 páginas difundido hoy, "Una cuestión de principio: Comercio de Armas y Derechos Humanos," Human Rights Watch acusó al gobierno sudafricano de vender armas a países con serios problemas de derechos humanos, donde un flujo de armas podría significar el empeoramiento de estos abusos.

Human Rights Watch notó que después de 1994, Sudáfrica anunció políticas de restricción en la exportación e importación de armas. Pero el reporte denuncia que esas políticas no siempre se cumplieron. En un escándalo que estalló en 1994, el Armscor, la mayor agencia gubernamental de exportación durante el gobierno del Apartheid, estaba implicada en la venta de armas a Yemen con posible embarque hacia lo que era Yugoslavia, en el momento en que la misma se encontraba bajo embargo de las Naciones Unidas.

"Sudáfrica ha hecho importantes progresos en revertir el terrible patrimonio heredado del Apartheid," dijo Joost Hiltermann, Director Ejecutivo de la División de Armas de Human Rights Watch. "En lo que respecta a comercio de armas, Sudáfrica se ha comprometido a seguir principios de derechos humanos. Pero esos principios no son siempre impuestos, y es por eso que ahora se encuentran bajo amenaza real."

El reporte de Human Rights Watch cita varios ejemplos de venta de armas desde 1994 a gobiernos que están comprometidos en represión contra su propia población, a países que tienen conflictos con otros países, y a países que están en guerra civil. Estas ventas claramente violan las propias leyes de Sudáfrica. Compradores del armamento vendido por Sudáfrica incluyen países como Algeria, Angola, Colombia, la República del Congo, India, Namibia, Pakistán, Ruanda, Uganda y Zimbabwe.

Hiltermann notó que Sudáfrica tiene un record sólido en otras áreas tales como el nexo de la policía militar con los derechos humanos. El gobierno sudafricano ha tomado una posición firme en la prohibición de minas antipersonal, y ha sido uno de los líderes mundiales en la implementación de la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción de 1997. Aún más, ha tomado pasos importantes para frenar la proliferación y malversación de armas pequeñas y armamento liviano en Sudáfrica, pasando a sí mismo una ley sobre mercenarios in 1998 la cual prohibe a ciudadanos sudafricanos participar en conflictos armados internos o internacionales. Pero Hiltermann urgió al gobierno sudafricano a que haga un mayor esfuerzo para institucionalizar la importancia de las políticas de reforma de venta de armas establecidas después de las primeras elecciones democráticas de 1994. "Primero y principal, Sudáfrica debería formalizar y aplicar la ley de exportación de armas que parece ser cierta solamente en papeles. Dicha ley incluye un código de conducta sobre exportación de armas," dijo Hiltermann. También instó al Parlamento y a la sociedad civil a que desempeñaran un papel más significativo en las decisiones de comercio de armas.

Human Rights Watch instó al gobierno de Sudáfrica a que:

• Establezca un marco legal para las políticas de exportación de armas.
• Mejore el entendimiento de parte de oficiales del gobierno para que valoren las implicaciones de derechos humanos en la exportación de armas.
• Aumente la participación de ciudadanos y miembros del parlamento en las decisiones tomadas en exportación de armas.
• Se comprometa a una total transparencia en la exportación de armamento.