Musharraf continúa la larga saga de generales pakistaníes que mantienen que un periodo de gobierno militar es el camino para llegar a la verdadera democracia. De hecho, Musharraf está destruyendo sistemáticamente las libertades civiles en Pakistán. Sidney Jones, Directora Ejecutiva de la división de Asia de Human Rights Watch

En el informe de veinte páginas "Reform or Repression: Post-Coup Abuses in Pakistan" (Reforma o Represión: Abusos tras el golpe en Pakistán), Human Rights Watch afirma que el gobierno de Musharraf ha detenido sin cargos a miembros de la oposición y a antiguos oficiales, ha destituido a jueces independientes de los tribunales más altos, ha prohibido reuniones públicas y manifestaciones, y ha dejado sin poder de acción a los partidos políticos.

"Musharraf continúa la larga saga de generales pakistaníes que mantienen que un periodo de gobierno militar es el camino para llegar a la verdadera democracia", según Sidney Jones, directora de la división de Asia de Human Rights Watch. "De hecho, Musharraf está destruyendo sistemáticamente las libertades civiles en Pakistán."

Human Rights Watch pidió al gobierno de Musharraf que:

• Levante inmediatamente el estado de emergencia impuesto en octubre de 1999
• Establezca un calendario claro y razonable para la convocatoria de elecciones nacionales y provinciales
• Revoque la Orden Provisional de la Constitución, que suspende la constitución y mina la independencia del aparato judicial
• Reforme la Ordenanza de Responsabilidad Nacional de noviembre de 1999, ostensiblemente diseñada para castigar a oficiales corruptos, porque niega a los detenidos el derecho a un juicio justo e invita a juicios motivados políticamente
• Reforme la Ordenanza de Responsabilidad Nacional de noviembre de 1999, ostensiblemente diseñada para castigar a oficiales corruptos, porque niega a los detenidos el derecho a un juicio justo e invita a juicios motivados políticamente
• Admita demandas judiciales como alegaciones de tortura y procese a los responsables.

Human Rights Watch invitó al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos a visitar Pakistán para comprobar la protección de los derechos humanos. También se dirigió a los donantes de ayuda a Pakistán y a sus socios comerciales para pedirles que utilicen las oportunidades que tengan de presionar para que se lleven a cabo las reformas legales y administrativas recomendadas anteriormente.

El nuevo informe comienza con el escenario tras el golpe de estado del 12 de octubre de 1999, cuando Musharraf destituyó a Nawaz Sahrif y anunció los objetivos políticos de su gobierno. Señala que la administración de Sharif había alienado a gran parte del público con medidas crecientemente autoritarias, y que Musharraf aprovechó ese desencanto para hacer ver el golpe de estado como necesario para reestablecer una base para la democracia. Musharraf dio importantes pasos para salvaguardar los derechos humanos en dos áreas. Una de ellas fue promulgar una ordenanza de justicia juvenil destinada a proteger los derechos de los niños, y la segunda fue establecer una Comisión Nacional para el Estatus de las Mujeres.

En otras áreas, dice Human Rights Watch, la situación de los derechos humanos se ha deteriorado notablemente tras la consolidación del ejército en el poder.

Oponentes políticos y otros sospechosos han sido objeto de detenciones prolongadas sin cargos, de maltratos en custodia e incluso de torturas. El informe documenta un caso particularmente escalofriante de detención y tortura en el que se vio envuelto Rana Sanaullah Khan, miembro de la suspendida asamblea provincial de Punjab. Khan fue arrestado bajo la ley de sedición por criticar al gobierno militar en noviembre de 1999. Le dieron latigazos, lo golpearon, lo mantuvieron incomunicado y fue interrogado durante una semana bajo custodia policial antes de ser trasladado a la prisión central de Lahore. Finalmente fue puesto en libertad bajo fianza el 5 de enero.

Dos oficiales de la administración de Sharif que fueron detenidos el día del golpe de estado, el Ministro de Información Mushahid Hussain y el Ministro de Petróleo Chaudhry Nisar Ali Khan, continúan detenidos sin cargos.

El informe describe otros arrestos de activistas políticos y abusos bajo la Ordenanza de Responsabilidad Nacional. La Ordenanza confiere poderes de arresto, investigación y procesamiento a una sola institución, la Oficina de Responsabilidad Nacional. Permite detenciones sin cargos de hasta noventa días, y otorga al defensor la carga de la prueba en el juicio. A las personas declaradas culpables bajo la Ordenanza se les prohíbe automáticamente ocupar cargos públicos durante un periodo de veintiún años - una provisión que está siendo utilizada para alejar del poder a los líderes de los principales partidos políticos.

Aunque el gobierno ha repetido en numerosas ocasiones su compromiso con una prensa libre, el ataque del 27 de septiembre a las oficinas del English Daily Dawn en Karachi, perpetrado por personal militar armado, ha provocado una gran preocupación sobre la libertar de expresión en Pakistan. De acuerdo con Dawn, el ataque estuvo precedido de notificaciones legales dirigidas al periódico por el Ministro de Información para que restringieran la cobertura del borrador del Acta de la Libertad de Información, y también de quejas de oficiales del gobierno acerca de un artículo publicado en Dawn que afirmaba que la administración estaba preparando nuevos recortes en la libertad de prensa. INFORME 2000 — ABUSOS TRAS EL GOLPE EN PAKISTÁN (en inglés) INFORME 1999 — VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN PAKISTÁN (en inglés) REGRESAR