Los derechos humanos y la ayuda humanitaria han sido el eje central de la política europea con respecto a Colombia, lo que contrasta claramente con el enfoque notablemente militar de Estados Unidos José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch

Los derechos humanos y la ayuda humanitaria han sido el eje central de la política europea con respecto a Colombia, lo que contrasta claramente con el enfoque notablemente militar de Estados Unidos, dijo Human Rights Watch. El 22 de agosto del 2000, el presidente estadounidense Bill Clinton anunció la retirada de importantes condiciones de derechos humanos para la ayuda de Estados Unidos a Colombia por motivos de "seguridad nacional," una decisión deplorada por Human Rights Watch.

"La situación de los derechos humanos en Colombia se está deteriorando," dijo José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch. "Washington perdió una oportunidad clave para hacer lo que debía. Ahora Europa debe intervenir para resolver esta emergencia humanitaria."

El gobierno colombiano no está tomando las medidas necesarias para romper los estrechos lazos entre el ejército y los grupos paramilitares, y para respaldar enérgicos procesamientos civiles de los violadores a los derechos humanos uniformados, dijo Human Rights Watch. El resultado es un aumento del número de ataques contra los defensores de derechos humanos y otras personas en Colombia.

En lo que va del año, han sido asesinados cuatro defensores de derechos humanos en Colombia y tres han sido desaparecidos. Muchos defensores han tenido que abandonar su trabajo o salir del país para salvar sus vidas. Las amenazas han sido especialmente graves en Medellín y Barrancabermeja, ciudades en las hace mucho tiempo existen dinámicas asociaciones de derechos humanos. Muchas de las amenazas son obra al parecer de grupos paramilitares que continúan operando con la tolerancia y en ocasiones con el apoyo abierto de las Fuerzas Militares de Colombia.

Organizaciones de la sociedad civil se enfrentan también a los ataques de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que recientemente los calificaron de "asesinos a sueldo" [del ejército colombiano]. En una declaración explicando porqué los guerrilleros no aceptaron una invitación de un encuentro para la paz, convocado en octubre en San José, Costa Rica, y patrocinado por una amplia coalición de organizaciones de derechos humanos, pacifistas y comunitarias, las FARC criticaron la iniciativa diciendo que había sido organizada "por los enemigos de Colombia y de su pueblo."

"La sugerencia de que las iniciativas pro derechos humanos y la paz convierten a las personas en ‘enemigos' y objetivos legítimos de estas guerra es absurda y criticable y debe ser condenada," dijo Vivanco. "Lamentablemente, el trato de los civiles como enemigos es parte de una lógica adoptada por todos los bandos, lo que provoca miles de bajas civiles evitables."

"Las iniciativas gubernamentales para proteger a los defensores amenazados siguen siendo lentas, insuficientes y con frecuencia irrelevantes," señaló Vivanco. Aunque los organismos gubernamentales suministran vidrios blindados a las oficinas amenazadas y distribuyen chalecos antibala, los defensores continúan siendo asesinados por sicarios experimentados. Mientras tanto, las FARC atacan a las personas que critican sus violaciones al derecho internacional humanitario, lo que incluye el asesinato de civiles, la toma de rehenes, el uso indiscriminado de armas y el reclutamiento de niños.

La mayoría de los casos relacionados con el asesinato de defensores de los derechos humanos siguen en fase de investigación o sólo se han identificado o detenido a los autores materiales de los crímenes. Entre estos casos se encuentran el asesinato en 1996 de Josué Giraldo Cardona; los asesinatos en 1997 de Mario Calderón, Elsa Alvarado y Carlos Alvarado; y los asesinatos en 1998 de Julio González y Everardo de Jesús Puerta. En todos los casos, las personas que planearon y pagaron los asesinatos siguen en libertad.

Tan sólo durante este año, han sido asesinados los siguientes defensores de los derechos humanos:

- Demetrio Playonero, una persona desplazada y líder de derechos humanos, fue asesinado, presuntamente por paramilitares, el 31 de marzo.

Tras dispararle en la cabeza delante de su mujer en su finca de las afueras de Yondó, Antioquia, los pistoleros desayunaron y robaron el ganado;

- La fiscal del gobierno Margarita María Pulgarín Trujillo, parte de un equipo encargado de la investigación de casos que vinculan a los paramilitares con el ejército y los narcotraficantes de la región, fue asesinada en Medellín el 3 de abril, al parecer debido a su trabajo. Varios de sus colegas ya habían huido de Colombia a consecuencia de las amenazas de muerte de una banda de sicarios conocida como "La Terraza," ligada estrechamente a Carlos Castaño.

- El 3 de mayo, Jesús Ramiro Zapata, el único miembro en activo del Comité de Derechos Humanos de Segovia, fue asesinado cerca de Segovia, Antioquia;

- El 13 de julio, Elizabeth Cañas—cuyos hijo y hermano habían sido capturados por los paramilitares en 1998 y siguen en paradero desconocido—fue asesinada por disparos en Barrancabermeja. Cañas era miembro de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Colombia (ASFADDES).

Además, el activista indígena Jairo Bedoya Hoyos fue desaparecido por la fuerza el 2 de marzo y se desconoce su paradero. Más recientemente, los miembros de la ASFADDES Ángel Quintero y Claudia Patricia Monsalve fueron desaparecidos el 6 de octubre y siguen en paradero desconocido. CERTIFICACIÓN Y AYUDA MILITAR ESTADOUNIDENSE (agosto de 2000) INFORME 2000 — LOS LAZOS QUE UNEN REGRESAR