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Carta al Presidente Vicente Fox
Washington, DC, 21 de agosto de 2001
Su Excelencia Presidente Vicente Fox Quesada
De mi mayor consideración:
Tengo el honor de dirigirme a S.E. con el propósito de expresar nuestro más entusiasta apoyo a la formación de una Comisión de la Verdad para investigar graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el pasado en México. Nos merece especial satisfacción las declaraciones que S.E. ha realizado reconociendo la necesidad de establecer dicha comisión. Confiamos en que gracias a su liderazgo se logre establecer a la brevedad una comisión que cuente con las atribuciones, los recursos y la credibilidad necesaria para cumplir su tarea con éxito.
La Comisión de la Verdad ofrece a México la oportunidad de conocer en detalle muchos casos que nunca fueron adecuadamente investigados por las autoridades judiciales como, por ejemplo, las masacres de Tlatelolco en 1968 y de Acteal en 1997. No sólo las víctimas y sus familias, sino toda la sociedad mexicana, se beneficiaría de la adecuada resolución de estos casos.
Entendemos que la Comisión de la Verdad cuenta con abierta oposición -incluso dentro de su administración- por parte de aquellos que temen que pudiera socavar la función de las instituciones encargadas de administrar justicia en México. Estos críticos argumentan que, frente a la elección entre verdad y justicia, los mexicanos deben optar por la justicia. En este sentido, ¿Quién podría estar en contra del procesamiento penal de los responsables de graves violaciones de los derechos humanos que aún gozan de impunidad? Lo cierto es que se trata de un falso dilema. Los mexicanos tienen derecho tanto a la verdad como también a la justicia. Además, conforme al derecho internacional, México tiene la obligación de garantizar ambas.
Los tratados internacionales ratificados por México como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos conllevan la obligación de los Estados Partes de prevenir violaciones a los derechos humanos y sancionar a los responsables. Este deber refleja la convicción según la cual la lucha en contra de la impunidad por abusos pasados es crucial para prevenir futuras violaciones. Se deriva también del derecho de las víctimas a que se imparta justicia a los que violaron sus derechos. Un primer paso en este proceso es la investigación sistemática de los abusos del pasado.
La búsqueda de la verdad en torno a los abusos ocurridos durante gobiernos anteriores no es una cuestión de venganza política o cacería de brujas. Es una obligación fundamental que pesa sobre su gobierno, independientemente de quienes estuvieron en el poder cuando se cometieron los abusos.
La historia ha demostrado que las comisiones de la verdad no socavan los mecanismos judiciales existentes, sino que por el contrario, los fortalecen. Por ejemplo, en Argentina, Chile, y Guatemala, las comisiones de la verdad han desempeñado un papel crucial en la mejora de la capacidad del Poder Judicial para ocuparse de casos de derechos humanos. No sólo han identificado nuevas pruebas necesarias para el procesamiento de los responsables sino que también han ayudado a estas sociedades a conocer y corregir las falencias de las instituciones de la administración de justicia que permitieron que estos crímenes quedaran sin castigo. Las comisiones de Chile y de Argentina dedicaron capítulos enteros de sus informes finales a describir las circunstancias en que sus sistemas judiciales no se habían ocupado debidamente de casos de abusos. Para garantizar que se adopten medidas inspiradas en estas lecciones, los informes de las comisiones de la verdad suelen incluir recomendaciones generales sobre cómo reformar y fortalecer las instituciones judiciales mas débiles o ineficaces.
El valor de las comisiones de la verdad como desencadenante de investigaciones judiciales es especialmente obvio cuando las organizaciones del sector no han administrado justicia de manera imparcial y adecuada en el pasado. Este ha sido lamentablemente el caso de México.
Cabe subrayar, por supuesto, que cualquier comisión de la verdad que se establezca debe constituirse apropiadamente, financiarse adecuadamente y ser dotada de la autoridad legal necesaria. Tiene que ser por lo tanto un organismo independiente del poder político integrado por personas de reconocida calidad moral. La comisión debe disponer también de los recursos necesarios para realizar investigaciones exhaustivas e imparciales. Finalmente, tiene que contar con la autoridad legal para obtener documentos y la cooperación de otros organismos del estado. Una comisión que no cumpla con estos requisitos carecería de la credibilidad necesaria para llevar a cabo sus tareas eficazmente.
Cuando S.E. tomó posesión como Presidente de México, heredó un Estado en el cual la impunidad había imperado durante décadas. Entendiendo el alto precio de éste fenómeno endémico que facilita la injusticia y perpetúa la desigualdad, S.E. prometió que adoptaría medidas para aclarar y resolver los abusos pasados. Respaldamos enérgicamente sus esfuerzos en este sentido y creemos que ha llegado el momento de poner en práctica lo que prometió como una nueva política para México.
Aprovecho la oportunidad para expresar a S.E. mis sentimientos de la más alta estima y consideración.
José Miguel Vivanco
cc:
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