Carta al Presidente Pastrana

Washington, D.C., 23 de junio de 1999

Presidente Andrés Pastrana
Palacio de Nariño
Carrera 5a. No. 15-80
Santafé de Bogotá, Colombia

De mi mayor consideración:

Tengo el honor de dirigirme a S.E. para expresarle la preocupación de Human Rights Watch por las condiciones en que se efectuó el retorno de refugiados colombianos de Venezuela a Colombia los días 12 y 13 de junio pasado.

Creemos que el retorno puede haber sido realizado bajo intimidación por parte de las autoridades militares colombianas, y pudiera haber violado el artículo 33 del Convenio sobre refugiados de las Naciones Unidas, ratificado por Colombia en 1961, y su Protocolo, ratificado en 1980. El Convenio prohíbe el refoulement, o retorno forzado, de los refugiados cuando sus vidas o libertades están en peligro.

El peligro que existe en Colombia continua siendo relevante puesto que la presencia paramilitar en la zona que provocó el desplazamiento persiste junto con combates entre fuerzas estatales y guerrilleras.

Según nuestra información, Venezuela también habría faltado a sus responsabilidades bajo el artículo 35 del mencionado Convenio, que obliga a las partes a cooperar en todo momento con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR para facilitar el cumplimiento del Convenio. El retorno careció del apoyo o siquiera participación del ACNUR, cuyos representantes fueron impedidos de asistir a la reunión entre autoridades gubernamentales para acordar los términos del retorno y garantizar el consentimiento de los refugiados.

Instamos a su Ilustrado Gobierno a realizar una investigación sobre estos hechos y recordar a las autoridades pertinentes que tienen la obligación de respetar el Convenio y oponerse a los retornos de refugiados a territorios donde su vida o libertad peligre, sin la participación del ACNUR.

Según la información que hemos recibido, el 29 de mayo se inició un éxodo de colombianos de la región del Catatumbo, Norte de Santander, con motivo de la llegada de un grupo de aproximadamente 400 paramilitares bajo el comando de Carlos Castaño, líder de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) quienes instalaron un retén entre La Gabarra y Tibú.

Con lista en mano, los hombres armados empezaron a detener a ciertas personas. Los que aparecieron en la lista fueron ejecutados, entre ellos Jorge Camilo González Prada, Gerardo Berbesi, y Rafael Claros. El Defensor del Pueblo de Colombia recibió información indicando que los paramilitares mataron por lo menos a 20 personas y secuestraron a otras 15.

La entrada violenta de los paramilitares y la falta de protección por las fuerzas del estado provocó una salida inicial de por lo menos 2,000 colombianos hacía Venezuela. Posteriormente hubo otro éxodo de 611 personas de la zona de La Pista, esta vez de familias campesinas. La mayoría de los que llegaron a Venezuela fueron mujeres y niños.

Según los observadores internacionales que viajaron a la zona afectada, el primer éxodo fue de trabajadores eventuales que con rapidez regresaron a Colombia en forma voluntaria. Pero el segundo éxodo fue distinto. Al llegar a Venezuela, declararon a los representantes de organismos humanitarios que temían por sus vidas y solicitaban el estatus de refugiados en Venezuela.

En entrevistas con el U.S. Committee for Refugees y la Red de Apoyo de Venezuela, más de 100 personas manifestaron que no querían regresar a Colombia por temor. Por medio del Gobernador del Zulia, Francisco Arias Calderón, hicieron una petición a su Ilustrado Gobierno solicitando que se les concediera el estatus de refugiados.

Pero lejos de ofrecerles esa protección y facilitar su contacto con los representantes del ACNUR allí presentes, hubo una coordinación a puertas cerradas entre las autoridades gubernamentales de ambos países para impulsar el retorno de los refugiados. Después de trasladarlos a Casigua El Cubo, el 10 de junio, las autoridades venezolanas no dejaron entrar a representantes del ACNUR y otras ONG a los lugares de refugio para hablar con los refugiados. Hospedaron a los refugiados en la II Compañía de la Guardia Nacional, lo cual despertó temor entre las personas que habían huido de uniformados. Al día siguiente, el gobierno venezolano auspició una reunión entre oficiales venezolanos y colombianos donde fue impedida la presencia del ACNUR.

Human Rights Watch ha sido informada que el día 11 de junio las autoridades venezolanas facilitaron una reunión entre el Col. Hugo Matamoros Rodríguez, comandante del Grupo Mecanizado Número 5 (Maza) de Cúcuta, y los refugiados. Testigos allí presentes nos informaron que el oficial militar les habló en forma intimidatoria, dejándoles entender que las denuncias sobre la complacencia de los militares con los paramilitares eran falsas y que el éxodo había sido fraguado por la guerrilla.

El retorno empezó sin ningún tipo de verificación de condiciones de seguridad en el Catatumbo o participación del ACNUR. La zona donde regresaron sigue siendo zona de combate, donde existe, además, evidencia creíble de colaboración ejército-paramilitares. El 13 de junio, cuando los refugiados estaban preparándose para el viaje, Carlos Castaño repitió sus amenazas, diciendo que continuaría las acciones hasta que se "limpie" el territorio de guerrilleros. Según los habitantes de las veredas del Zulia, más de 50 hombres fuertemente armados incursionaron el mismo día con lista en mano y asesinaron a Luis Ramón Coronel García, Gustavo Garavito, Germán Alarcón Villamizar y Héctor Acuña Joya. Funcionarios del Instituto de Medicina Legal del Norte de Santander aseguraron a la prensa que las víctimas fueron asesinadas con tiros de gracia en la frente.

Una política que promueve el retorno sin garantías adecuadas de seguridad puede tener resultados irreparables como ocurrió con los refugiados colombianos retornados de Panamá en mayo de 1997. En ese caso, a través de un acuerdo informal entre Panamá y Colombia, se retornó forzadamente a unos 300 refugiados a Bahía Cupica, Chocó, sin la intervención debida del ACNUR y sin lograr condiciones de seguridad para los retornados. Human Rights Watch fue informada que por lo menos uno de los retornados fue asesinado posteriormente.

Por todo lo anteriormente expuesto, insto a su Ilustrado Gobierno de manera urgente a adoptar medidas de protección y asistencia humanitaria para los refugiados de Colombia, quienes en su mayoría son mujeres, niños y ancianos. Reitero nuestro requerimiento a su Ilustrado Gobierno de respetar sus obligaciones internacionales de no retornar a los refugiados que sufren persecución sin garantías para su seguridad. Asimismo, en el futuro, su Ilustrado Gobierno debe asegurar también la intervención del ACNUR.

Por último, instamos a las autoridades a que los futuros acuerdos sobre esta materia sean negociados con la amplia participación de los representantes de los refugiados, grupos de derechos humanos, y las oficinas pertinentes de las Naciones Unidas, y que la seguridad de las familias refugiadas adquiera una importancia central como exige la política y legislación nacional actualmente en vigencia.

Aprovecho la oportunidad para expresar a S.E. mi más alta consideración y estima.

Dr. José Miguel Vivanco
Director Ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch. INFORME 1998 — GUERRA SIN CUARTEL (capítulo sobre desplazamiento forzado) REGRESAR