En 2013, la vida de “Beatriz”, una mujer de 22 años de El Salvador, fue puesta en grave peligro como resultado de su embarazo. Pero el aborto es ilegal en El Salvador. Para intentar salvar su vida, Beatriz llevó su caso a la Corte Suprema ya que sus médicos consideraron que el procedimiento médico era necesario para que ella sobreviviera. Sin embargo, la corte dictaminó que no podía abortar. Incluso intervino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero no fue suficiente. La salud de Beatriz empeoró; el gobierno demoraba la decisión. Al final, Beatriz sufrió una cesárea de emergencia y el bebé murió unas horas después. Según el Centro de Derechos Reproductivos, su salud ha continuado sufriendo consecuencias debido al calvario que pasó.
El aborto es un delito en El Salvador, sin excepciones, incluso en casos de violación o incesto, cuando el embarazo pone en peligro la vida o la salud de la embarazada o en casos de deterioro grave del feto. Cualquier persona que aborta, así como los proveedores médicos que realizan o inducen abortos, pueden enfrentar severas condenas de prisión. Las mujeres han sido condenadas por asesinato tras haber sido acusadas de abortar, a veces con penas de cárcel de hasta 40 años. Para algunas de estas mujeres, el hecho de tener un aborto espontáneo o tener un parto de feto muerto fue utilizado como prueba para condenarlas.
A finales de 2016 se presentó un proyecto de ley para salvar a las mujeres en las peores circunstancias. Bajo este proyecto, el aborto sería permitido en casos de violación, cuando la salud de las mujeres está en riesgo o si la vida del feto fuera del útero no es viable. Pero el proyecto de ley enfrenta una seria oposición política.
El 17 de febrero de 2017, El Salvador será sometido a una evaluación de su cumplimiento de lo que se conoce como el “Tratado de Derechos de la Mujer”, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), que ratificó en 1981. Expertos de las Naciones Unidas ya exhortaron la derogación de las punitivas leyes contra el aborto de El Salvador debido a sus consecuencias perjudiciales para la vida, la salud y el bienestar de las mujeres. Expertos en derechos humanos de la ONU han subrayado cómo la ley de aborto de El Salvador viola los derechos humanos internacionales y han instado a que se indulte a las mujeres sentenciadas a penas de cárcel debido a esta ley.
La prohibición extrema y punitiva del aborto en El Salvador plantea riesgos para la vida y la salud de las mujeres. El Comité de la CEDAW debe instar al gobierno de El Salvador a derogar la prohibición total del aborto, indultar y liberar a las mujeres que permanecen en prisión debido a estas leyes regresivas y establecer protocolos para asegurar el acceso a abortos legales seguros. La vida y los derechos de las mujeres y niñas en El Salvador dependen de ello.
