El informe de 92 páginas, “‘Forzadas a renunciar a sus sueños’: Violencia sexual contra niñas en Guatemala,” documenta las múltiples barreras que enfrentan las niñas sobrevivientes de violencia sexual para acceder a atención médica esencial, educación, seguridad social y justicia. La ley guatemalteca clasifica cualquier actividad sexual que involucre a una niña menor de 14 años como violencia sexual. El Registro Nacional de las Personas (RENAP) de Guatemala informó que entre 2018 y 2024, 14,696 niñas menores de 14 años dieron a luz y se convirtieron en madres, en muchos casos en contra de su voluntad.
Abusos laborales y explotación sexual en los estudios de webcam colombianos
El informe de 175 páginas, "'Aprendí a decir no': Abusos laborales y explotación sexual en los estudios de webcam colombianos", expone las condiciones de trabajo en los estudios de webcam de Bogotá, Cali, Medellín y Palmira, donde las modelos graban contenidos que son difundidos por plataformas para adultos y retransmitidos en todo el mundo. La webcam para adultos es una industria global en la que los estudios estiman que las plataformas se quedan con entre el 50 y el 65 por ciento de lo que pagan los espectadores. Las personas entrevistadas afirman que los estudios se quedan hasta con el 70 por ciento de lo que paga la plataforma, lo que reduce el salario de las trabajadoras. Las plataformas de webcam para adultos con sede en EE.UU. y Europa deben abordar de inmediato los abusos laborales y la explotación sexual en los estudios de webcam colombianos.
El informe de 44 páginas, Navegando obstáculos: Acceso al Aborto en el Estado de México, concluyó que las leyes sobre aborto no garantizan el acceso a este servicio de salud esencial en el estado, incluso en los casos permitidos por la legislación actual. Los obstáculos para el acceso incluyen proveedores de atención de la salud que niegan o postergan servicios, no transmiten información necesaria, cuestionan la veracidad de las declaraciones de las sobrevivientes de violencia sexual, maltratan a las mujeres e imponen requisitos arbitrarios que contradicen las leyes y reglamentaciones vigentes.
Cómo perjudica a las personas jóvenes la ley de Michigan que obliga a los padres a dar su consentimiento para el aborto
El informe de 39 páginas, “In Harm’s Way: How Michigan’s Forced Parental Consent for Abortion Law Hurts Young People” (“En peligro: Cómo perjudica a las personas jóvenes la ley de Michigan que obliga a los padres a dar su consentimiento para el aborto”), examina el impacto de una ley de Michigan que exige que las personas de menos de 18 años que pretenden someterse a un aborto tengan el consentimiento escrito de alguno de sus padres o su tutor legal u obtengan la aprobación de un juez a través de un proceso conocido como “excepción judicial (judicial bypass)”.
El impacto de la criminalización del aborto en Ecuador
El informe de 128 páginas, “‘¿Por qué quieren hacerme sufrir otra vez?’: El impacto de los procesos por aborto en Ecuador” documenta las vastas consecuencias perniciosas que ocasionan estas leyes en Ecuador, y que tienen un costo en vidas humanas al aumentar la mortalidad y morbilidad materna, impedir que las mujeres y niñas accedan a servicios esenciales y menoscabar otros esfuerzos más generales orientados a promover la salud sexual y reproductiva. Las mujeres y las niñas acusadas de aborto suelen experimentar violaciones de sus derechos a la confidencialidad médica y al debido proceso, y enfrentan obstáculos significativos para poder acceder a representación legal de calidad. Los procesamientos afectan no solo a mujeres que desean poner fin a un embarazo no deseado, sino también a quienes tienen abortos espontáneos o emergencias obstétricas, o requieren atención posterior al aborto de manera urgente.
El costo humano de las barreras al aborto legal en Argentina
El informe de 86 páginas, titulado Es hora de saldar una deuda: El costo humano de las barreras al aborto legal en Argentina”, analiza las consecuencias del rechazo del Senado a un proyecto de ley de 2018 que habría despenalizado completamente el aborto en las primeras 14 semanas de embarazo. Human Rights Watch documentó casos de mujeres y niñas que, desde entonces, se han enfrentado a una serie de barreras para acceder al aborto legal y a la atención médica post aborto. Dichos obstáculos incluyen límites arbitrarios basados en la edad gestacional, la falta de accesibilidad y disponibilidad de métodos abortivos y el temor a la persecución penal, así como la estigmatización y el maltrato por parte de profesionales de la salud.
Salud y derechos sexuales y reproductivos de las adolescentes en la República Dominicana
El informe documenta cómo las autoridades han postergado el lanzamiento de un programa de educación en sexualidad largamente esperado, dejando a cientos de miles de niñas y niños adolescentes sin información científica precisa sobre su salud. El país tiene la tasa más alta de embarazos adolescentes en América Latina y el Caribe, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS). La prohibición total del aborto en el país significa que una adolescente que se enfrenta a un embarazo no deseado debe continuar ese embarazo en contra de su voluntad u obtener un aborto clandestino, a menudo poniendo en grave riesgo su salud e incluso su vida.
Condiciones abusivas para las mujeres y los niños en las celdas de detención migratoria en Estados Unidos
El informe se basa en entrevistas a 110 mujeres y niños. Human Rights Watch descubrió que los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP, por sus siglas en inglés) separan rutinariamente a hombres adultos y adolescentes de otros miembros de la familia. La práctica es contraria a la política de la agencia de que las familias deben mantenerse unidas, siempre que sea posible, mientras se encuentren en celdas de detención. Después del período inicial de detención, que puede ser de varios días, en estas celdas heladas, los hombres generalmente continúan separados del resto de sus familias cuando son trasladados a centros de detención de más largo plazo.
El aborto ilegal luego de una violación en Ecuador
El informe de 26 páginas comprobó que el Código Penal de Ecuador limita los derechos reproductivos de mujeres y jóvenes al prohibir el aborto salvo en contadas excepciones, incluso en el caso de embarazos provocados por hechos de violencia sexual.
Obstáculos a la salud, la justicia y la protección para mujeres desplazadas víctimas de violencia de género en Colombia
El informe de 101 páginas muestra que las mejoras incorporadas recientemente en diversas leyes, políticas y programas de Colombia sobre violación sexual y violencia doméstica no se han traducido en un acceso más efectivo por parte de mujeres y niñas desplazadas a la justicia, atención de la salud y medidas de protección.
Los preservativos como prueba de prostitución en cuatro ciudades de Estados Unidos
El informe de 112 páginas documenta cómo, en cada una de estas ciudades, la policía y los fiscales usan los condones para sustentar cargos de prostitución.
La vulnerabilidad de los trabajadores agrícolas inmigrantes frente a la violencia y el acoso sexual en Estados Unidos
El informe de 95 páginas describe casos de violación sexual, acoso, manoseo sin consentimiento, exhibicionismo y uso de lenguaje vulgar u obsceno por parte de supervisores, empleadores y otras personas con cargos de poder. La mayoría de los trabajadores agrícolas entrevistados señalaron que ellos u otros trabajadores que conocían habían recibido este tipo de trato.
