(Nueva York) – Los gobiernos de América Latina y el Caribe deben abordar problemas crónicos de derechos humanos como la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la inseguridad y la degradación ambiental y, al mismo tiempo, proteger la democracia, señaló hoy Human Rights Watch en su Informe Mundial 2023. Las falencias crónicas para enfrentar estos problemas han sido usadas por algunos políticos para justificar políticas que restringen o violan derechos humanos y han impulsado a millones de personas en las Américas a abandonar sus hogares en busca de seguridad y oportunidades en el extranjero.
Durante 2022, resultaron electos o tomaron posesión del cargo nuevos presidentes en Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y Honduras. Algunas elecciones se llevaron a cabo en un contexto de violencia política y ataques a la independencia de las instituciones electorales, y hubo numerosos candidatos que propusieron debilitar los derechos humanos y las garantías democráticas. Está previsto que otros nueve países en la región, entre ellos Argentina, El Salvador, Guatemala, México y Venezuela, celebren elecciones presidenciales en 2023 o en 2024.
“La falta de respuestas eficaces ante la corrupción, la violencia y la pobreza ha sido usada como pretexto por parte de políticos que prometen soluciones que suenan sencillas pero que suelen resultar abusivas”, dijo Tamara Taraciuk Broner, directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch. “Los líderes de la región deberían demostrar que la democracia puede responder a las necesidades de la población, promoviendo los derechos a la salud, la educación y la seguridad y fortaleciendo el Estado de derecho”.
En el Informe Mundial 2023, de 712 páginas en su versión en inglés, la 33ª edición de este informe, Human Rights Watch examina la situación de los derechos humanos en casi 100 países. En su capítulo introductorio, la directora ejecutiva en funciones, Tirana Hassan, afirma que, en un mundo en el que las dinámicas de poder han cambiado, ya no es posible confiar en un pequeño grupo de gobiernos, en su mayoría del Norte Global, para defender los derechos humanos. La movilización global en torno a Ucrania demuestra el extraordinario potencial que existe cuando gobiernos de todo el mundo cumplen sus obligaciones en materia de derechos humanos. Es responsabilidad de cada país, grande o pequeño, aplicar un marco de derechos humanos a sus políticas, y luego trabajar conjuntamente para proteger y promover los derechos humanos.
En América Latina, casi un tercio de la población vive en la pobreza, y más de una décima parte en la pobreza extrema. Más de la mitad de los ingresos totales de la región van a parar al 20 % más rico. El racismo estructural continúa presente. La pobreza y la desigualdad afectan en forma desproporcionada a mujeres, niños, niñas y personas indígenas.
La deforestación y los incendios forestales están llevando a la selva amazónica, que constituye un baluarte clave para contrarrestar el cambio climático, a un “punto de inflexión” del cual no podrá recuperarse, según advierten científicos. En Brasil, las políticas ambientales desastrosas del gobierno del expresidente Jair Bolsonaro generaron en 2021 la deforestación más acelerada en 15 años. En Venezuela, la minería ilegal está causando gravísimos daños al medioambiente y a las comunidades indígenas. La deforestación ilegal desenfrenada está devastando la biodiversidad de la región y los medios de vida de quienes viven en los bosques y, junto a la industria de combustibles fósiles, sigue siendo uno de los principales factores que contribuyen a las emisiones de gases de efecto invernadero.
En Cuba, Nicaragua y Venezuela, regímenes opresivos cometen abusos aberrantes contra críticos para silenciar el disenso. Los líderes de América Latina que han sido elegidos de manera democrática pueden desempeñar un papel esencial para presionar por una transición democrática, por ejemplo, al instar al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela a que negocie condiciones electorales aceptables; al gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua a que libere a más de 200 presos políticos; y al gobierno de Cuba a que retire los cargos penales contra personas detenidas arbitrariamente.
Los altos niveles de violencia en la región siguen siendo una preocupación. América Latina y el Caribe es la región con la tasa anual de homicidios más alta del mundo, de 21 homicidios por cada 100.000 habitantes.
En El Salvador, las medidas de mano dura impuestas por el gobierno del presidente Nayib Bukele en materia de seguridad y el acelerado desmantelamiento de las instituciones democráticas han propiciado violaciones generalizadas de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad.
En México, durante la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador, los delitos violentos han llegado a máximos históricos. López Obrador ha profundizado las estrategias fallidas de militarización que habían implementado sus predecesores, ha reemplazado a policías civiles con soldados y reducido el apoyo a fiscales de la justicia penal ordinaria. Los delitos casi nunca se investigan ni llegan a juicio.
En Haití, en un contexto de crisis política y humanitaria, las pandillas son responsables de una ola de asesinatos, secuestros y violencia de género. El sistema de justicia de Haití está prácticamente colapsado. El brote de cólera que empezó en el mes de octubre había dejado, al 6 de diciembre, más de 13.000 casos sospechosos de la enfermedad y 283 personas muertas.
Ecuador experimentó un incremento importante en el número de homicidios y en la violencia perpetrada por pandillas. La sobrepoblación y la falta de control estatal en las cárceles han permitido a las pandillas reclutar nuevos miembros en ellas y asesinar a más de 400 personas detenidas desde 2021.
Los líderes latinoamericanos deberían adoptar políticas de seguridad sostenibles y que respeten los derechos humanos, señaló Human Rights Watch. Entre otras medidas, ello exige priorizar los procesos penales contra lideres de grupos criminales y prevenir el reclutamiento de jóvenes mejorando el acceso a la educación, al trabajo y a otras oportunidades.
Millones de personas han migrado en América Latina escapando de la violencia, la represión y la pobreza. Ello incluye más de 7,1 millones de venezolanos que han huido de su país desde 2014, así como cientos de miles que huyen cada año de América Central, México, Haití, Cuba y otros países.
A muchos se les niega la posibilidad de buscar protección internacional o enfrentan obstáculos en su trayecto, incluidas restricciones a visas y devoluciones en las fronteras. El gobierno del presidente estadounidense, Joe Biden, ha promovido que gobiernos latinoamericanos impongan políticas inmigratorias abusivas, un factor que contribuye a agravar la crisis.
Los gobiernos del continente deberían adoptar una respuesta regional coordinada a la migración e implementar los compromisos estipulados en la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección, adoptada en junio, para ampliar el acceso al estatus legal y la integración, observó Human Rights Watch.
Fortalecer los pilares de la democracia será crucial teniendo en cuenta las próximas elecciones en la región que, en algunos casos, ocurrirán en países que han sufrido claros deterioros de las instituciones democráticas.
En Perú, el entonces presidente Pedro Castillo anunció la disolución temporal del Congreso y la “reorganización” del poder judicial el 7 de diciembre, horas antes de una sesión del Congreso en la cual se votaría su posible destitución en base a graves acusaciones de corrupción en su contra. Las instituciones democráticas rechazaron rápidamente lo que en la práctica constituyó un intento de autogolpe de Castillo y el Congreso aprobó su destitución.
En Guatemala, el presidente Alejandro Giammattei y el Ministerio Público han obstaculizado los procesos judiciales por hechos de corrupción y otros delitos graves, y han impulsado procesos penales espurios en contra de jueces, fiscales y periodistas independientes.
En Argentina, la retórica hostil hacia los jueces por parte de autoridades, las demoras en la designación de jueces y otras autoridades de alto nivel y la corrupción, también presente en el poder judicial, han socavado de forma progresiva el Estado de derecho.
En Bolivia, un gobierno tras otro se ha servido de un sistema de justicia vulnerable a la injerencia externa para impulsar procesos penales con motivaciones políticas contra opositores.
Los nuevos gobiernos de la región tienen mucho por hacer en 2023:
En Brasil, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva lidera un país que enfrenta inseguridad alimentaria, pérdidas sustanciales en educación vinculadas con la pandemia y polarización política. Deberá revertir los retrocesos en derechos humanos provocados por el expresidente Jair Bolsonaro y restablecer la confianza en el sistema democrático.
En Colombia, el presidente Gustavo Petro asumió en agosto, en un clima de violencia creciente causada por grupos armados. También preocupan el historial de abusos policiales y los altos índices de pobreza, sobre todo en comunidades indígenas y afrodescendientes.
En Honduras, el gobierno de la presidenta Xiomara Castro suspendió algunos derechos fundamentales en ciertas áreas del país con el presunto objetivo de combatir la criminalidad, creando las condiciones para posibles abusos. El gobierno dio un paso importante para fortalecer el Estado de derecho al firmar un memorándum de entendimiento con la ONU para la creación de una comisión internacional contra la corrupción. También será fundamental que los magistrados de la Corte Suprema sean seleccionados con base en el mérito.
En Chile, el presidente Gabriel Boric debería avanzar con la reforma policial, la protección de migrantes y refugiados y mejorar el acceso al aborto. Como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Chile debería promover su política exterior basada en principios y liderar una respuesta regional a los abusos que se cometen a nivel mundial.
