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Perú

Eventos de 2022

Manifestantes piden elecciones anticipadas tras la destitución del presidente de Perú, Pedro Castillo. Lima, Perú, 11 de diciembre de 2022.

© 2022 Lucas Aguayo Araos/picture-alliance/dpa/AP Images

El 7 de diciembre, el entonces presidente Pedro Castillo anunció la disolución temporal del Congreso de la República y la “reorganización” del poder judicial, lo que en la práctica constituyó un intento de golpe de Estado. En respuesta, el Congreso destituyó a Castillo y la vicepresidenta Dina Boluarte asumió la presidencia. Al menos 22 personas fallecieron durante protestas reprimidas por fuerzas de seguridad, en las que pedían elecciones anticipadas.

El entonces presidente Castillo decretó al menos cuatro estados de emergencia durante 2022, que implicaron la suspensión de derechos básicos y el despliegue de las fuerzas armadas en calles y carreteras, bajo el argumento de combatir la criminalidad y en respuesta a una huelga. Las normas peruanas relativas al uso de la fuerza por agentes de las fuerzas de seguridad no cumplen con los estándares internacionales.

En mayo, el Congreso reemplazó a seis de los siete miembros del Tribunal Constitucional por medio de un proceso de selección que careció de suficiente transparencia.

Previamente, el tribunal emitió varias sentencias que no cumplieron con los estándares internacionales de derechos humanos sobre cuestiones como el matrimonio entre personas del mismo sexo, los derechos de los pueblos indígenas y la justicia por crímenes de lesa humanidad.

Las amenazas a la libertad de expresión y la violencia contra mujeres y defensores del ambiente y de los derechos de los pueblos indígenas siguen siendo preocupantes.

Estado de derecho e independencia judicial

La fiscalía abrió seis investigaciones por presunta corrupción y otros delitos contra Pedro Castillo mientras era presidente, al igual que contra familiares suyos y miembros de su gobierno. En octubre, la fiscal de la Nación acusó al entonces presidente y a dos exmiembros de su gabinete de integrar una organización criminal, tráfico de influencias y colusión.

La fiscal de la Nación señaló en agosto que el gobierno incurría en “constante obstrucción” de las investigaciones contra el entonces presidente. Castillo respondió diciendo que las investigaciones tenían motivaciones políticas.

En julio, un exministro del Interior dijo que el entonces presidente lo había relevado de su cargo tras haber creado una unidad policial destinada a trabajar con los fiscales que investigaban casos de corrupción en su gobierno. Estuvo dos semanas en el cargo.

En septiembre, el jefe de la División de Búsqueda de la Policía Nacional del Perú fue destituido luego de llevar adelante un allanamiento en el palacio de gobierno como parte de una investigación por corrupción. La coordinadora del equipo de fiscales anticorrupción consideró que la decisión constituía una represalia. En respuesta a las críticas, el gobierno lo repuso en el cargo.

Varios miembros del Congreso y Keiko Fujimori, quien resultó segunda en las elecciones presidenciales de 2021, también están siendo investigados en relación con diversos cargos penales, incluidos por presunta corrupción.

El Congreso tenía previsto votar sobre la destitución de Castillo en la tarde del 7 de diciembre. Castillo había superado dos intentos anteriores de destitución, uno a finales de 2021 y el segundo en marzo de 2022. En la mañana de la votación, Castillo anunció la disolución temporal del Congreso y la “reorganización” del poder judicial, entre otras medidas. Las instituciones democráticas y la sociedad civil rápidamente rechazaron el accionar de Castillo, la mayoría de los miembros de su gabinete renunció y las fuerzas armadas emitieron una declaración instando a que se respetara la Constitución. El Congreso aprobó la destitución de Castillo en las horas siguientes y la vicepresidenta Dina Boluarte asumió la presidencia ese mismo día. La policía detuvo a Castillo y la fiscalía lo acusó de rebelión y conspiración. El 16 de diciembre, un juez le impuso 18 meses de prisión preventiva.

Miles de manifestantes salieron a las calles pidiendo elecciones anticipadas. El 14 de diciembre, la presidenta Boluarte decretó un estado de emergencia por 30 días, suspendiendo algunos derechos fundamentales, como la libertad de reunión, autorizando allanamientos sin orden judicial y movilizando a las fuerzas armadas en “apoyo” a la policía en el mantenimiento del orden público. La Defensoría del Pueblo informó que, al 30 de diciembre, 22 civiles habían muerto y más de 600 manifestantes y policías habían resultado heridos durante las protestas que siguieron al intento de golpe de Estado de Castillo.

El 20 de diciembre el Congreso aprobó celebrar elecciones en abril de 2024, en lugar de en 2026 como estaba previsto. La decisión debe ser confirmada en una segunda votación por la próxima legislatura, después del 28 de febrero de 2023.

La comisión del Congreso involucrada en el proceso de selección de los miembros del Tribunal Constitucional no aplicó criterios de evaluación consistentes ni aseguró que hubiera transparencia suficiente ni participación de la sociedad civil. La comisión presentó al pleno del Congreso seis candidatos para cubrir seis vacantes, impidiendo que el Congreso pudiera llevar a cabo una selección genuina. El Congreso finalmente seleccionó a los miembros en mayo. Hasta octubre se encontraba pendiente el reemplazo de un séptimo miembro. 

Seguridad pública

En 2020, la policía usó fuerza excesiva en Lima durante las protestas mayormente pacíficas relacionadas con la destitución del entonces presidente Martín Vizcarra. Más de 200 personas resultaron heridas y dos manifestantes murieron. La fiscal de la Nación acusó al presidente Manuel Merino (presidente del Congreso que asumió la presidencia del país luego de la destitución de Vizcarra), al presidente del Consejo de Ministros y al ministro del Interior por su responsabilidad en los eventos. En junio de 2022, una subcomisión del Congreso frenó la acusación tras aprobar un débil informe que no tuvo en cuenta pruebas contundentes sobre violaciones de derechos humanos durante las protestas.

En febrero, marzo y abril, el entonces presidente Castillo dictó decretos de estado de emergencia suspendiendo la libertad de tránsito y de reunión pacífica, autorizando detenciones y allanamientos de domicilios arbitrarios y permitiendo el despliegue de las fuerzas armadas en Lima y en la vecina Callao con el argumento de combatir la criminalidad, lo que constituyeron medidas desproporcionadas. Otro decreto emitido en abril suspendió derechos similares en toda la red vial nacional en respuesta a un paro de transportistas. Al mes de septiembre los estados de emergencia ya no se encontraban vigentes.

En 2020, el Congreso aprobó una ley que eliminó el requisito expreso de que el uso de la fuerza sea proporcional y otorgó nuevas protecciones procesales a los policías. Conforme a las disposiciones sobre el uso de la fuerza del Perú, la policía y las fuerzas armadas no podrán considerarse penalmente responsables por causar lesiones o incluso la muerte “en el cumplimiento de su función constitucional” y en el uso de sus armas “en forma reglamentaria”. En febrero de 2022, el gobierno aprobó una serie de normas sobre estado de emergencia que permiten a la policía solicitar el apoyo de las fuerzas armadas, incluso disparando sus armas de fuego, cuando la “capacidad” de la policía durante un operativo se vea “sobrepasada”. 

En junio de 2022, el entonces ministro del Interior, Dimitri Senmache, indicó equivocadamente ante policías que “si un delincuente levanta un arma, pierde su derecho a la vida”.

Juicios por abusos del pasado

La Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú estima que casi 70.000 personas murieron o fueron víctimas de desapariciones forzadas por el accionar de Sendero Luminoso, otros grupos armados o agentes del Estado durante el conflicto armado que se desarrolló en el país entre 1980 y 2000. La gran mayoría de las personas asesinadas eran campesinos de bajos ingresos que, en general, hablaban lenguas indígenas.

Las autoridades han avanzado lentamente en el juzgamiento de abusos perpetrados por agentes de la fuerza pública durante el conflicto. Hasta septiembre de 2022, la justicia había emitido 50 condenas en 92 casos, según organizaciones peruanas de derechos humanos.

En 2009, el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) fue condenado a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad y corrupción. En 2017, el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski concedió a Fujimori un indulto humanitario por supuestos motivos de salud. En 2018, la Corte Suprema anuló el indulto, pero el Tribunal Constitucional lo restableció en marzo de 2022. Posteriormente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Perú no liberar a Fujimori, y al mes de septiembre las autoridades estaban acatando esa decisión.

En marzo de 2021, la fiscalía acusó a Fujimori y a tres exministros de Salud por cargos relacionados con la esterilización forzada de miles de mujeres, mayormente de comunidades indígenas de bajos recursos, ocurrida durante su presidencia. La causa aún se encuentra pendiente.

En febrero de 2022, el Tribunal Constitucional confirmó una sentencia de 2013 que concluyó que la masacre perpetrada por oficiales de la Marina contra 113 personas detenidas ocurrida en 1986 no constituía un crimen de lesa humanidad. La resolución habilita que se aplique la prescripción a los oficiales, lo que podría llevar a que se cierren los procesos judiciales en curso.

Libertad de expresión

Las amenazas a la libertad de expresión siguen siendo un grave motivo de preocupación en el Perú, en donde varios periodistas enfrentan procesos judiciales a causa de su trabajo.

El Código Penal del Perú establece una pena de hasta dos años de prisión para casos de difamación, lo cual resulta violatorio de los estándares internacionales. En agosto, aliados del entonces presidente Castillo en el Congreso presentaron un proyecto de ley con el fin de elevar la pena hasta cuatro años.

Según el Comité para la Protección de los Periodistas, los cargos por difamación se han utilizado en reiteradas ocasiones para amedrentar a periodistas para que no informen de cuestiones de interés público en el Perú.

Desde fines de 2018, los periodistas Paola Ugaz y Pedro Salinas han sido acusados en distintos casos por supuesta difamación y otros delitos en relación con la cobertura que han dado a escándalos de abuso sexual por parte de miembros de una organización católica integrada por laicos y sacerdotes. En cinco de siete casos, la justicia desestimó las causas o los demandantes retiraron sus denuncias.

En sentido similar, el excandidato presidencial César Acuña presentó una denuncia penal por difamación contra los periodistas Christopher Acosta y Daniel Yovera, así como contra el editor Jerónimo Pimentel, luego de que informaran sobre acusaciones de corrupción contra Acuña. Un juez condenó a Acosta y a Pimentel a dos años de prisión y al pago de una reparación civil por más de 100.000 dólares estadounidenses. Posteriormente, Acuña retiró la denuncia y se anularon las condenas.

Derechos de mujeres y niñas

La violencia de género es un problema extendido en el Perú. El Ministerio de la Mujer informó de 136 casos en el 2021 de feminicidio, definido como el asesinato de una mujer en determinados contextos, incluidos los de violencia doméstica. Entre enero y agosto de 2022 registró 75 casos.

Las mujeres y niñas solamente pueden acceder a abortos legales en casos de riesgo para su salud o su vida. En 2014, el Ministerio de Salud adoptó una guía técnica para los abortos terapéuticos lícitos, pero muchos proveedores de servicios de salud no la han implementado, lo cual genera obstáculos al acceso. Hasta septiembre, el Congreso estaba analizando un proyecto de ley que reconocía el “derecho a nacer”, que en caso de aprobarse podría convertirse en otro obstáculo para el acceso al aborto legal.

La distribución gratuita de pastillas anticonceptivas de emergencia ha sido objeto de litigio desde 2006. Desde 2016, las pastillas se han distribuido sin cargo por efecto de una medida cautelar. El Tribunal Constitucional todavía no se ha pronunciado sobre la constitucionalidad de la anticoncepción de emergencia gratuita.

En febrero, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer instó al Perú a despenalizar totalmente el aborto y a asegurar que haya investigaciones eficaces, procesamientos y penas en los casos de violencia de género. 

Derechos de niños y niñas

En junio el Congreso sancionó una ley que ordena, como norma general, la tenencia compartida de los hijos e hijas de padres divorciados o separados. Las organizaciones de defensa de derechos humanos advirtieron que esto viola los derechos de niños y niñas a la seguridad, la salud y el bienestar, así como los derechos de las mujeres, en particular aquellas que son víctimas de violencia doméstica.

En mayo el Congreso sancionó una ley que otorga a las asociaciones de padres discrecionalidad para aprobar o rechazar materiales educativos. La ley permite que se restrinja la educación sexual y de género integral que se brinda en las escuelas. Hasta septiembre, se encontraba pendiente una acción legal contra la ley.

Orientación sexual e identidad de género

Durante la campaña de 2021, Castillo realizó comentarios despectivos sobre las personas transgénero y, una vez en el cargo, designó a varios ministros que habían hecho comentarios homofóbicos.

En el Perú no se permite que parejas del mismo sexo contraigan matrimonio o celebren uniones civiles. En 2021, algunos tribunales reconocieron matrimonios entre personas del mismo sexo contraídos por ciudadanos peruanos en el extranjero. Pero en abril de 2022 el Tribunal Constitucional falló contra el reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo celebrado en el extranjero, ya sean personas de nacionalidad peruana o extranjera. 

En enero un tribunal de apelación revirtió una sentencia que permitía que las personas transgénero peruanas cambiaran su nombre e identificador de género en el documento nacional de identidad. Una apelación ante el Tribunal Constitucional se encontraba pendiente al mes de septiembre.

Derechos ambientales y de los pueblos indígenas

Al menos siete ambientalistas, seis de ellos indígenas, fueron asesinados entre enero y septiembre de 2022. Sus comunidades creen que fueron asesinados por su trabajo en defensa del medioambiente.

En 2019, el Ministerio de Justicia estableció un mecanismo interinstitucional para la protección de defensores de derechos humanos, pero diversas comunidades y organizaciones de derechos humanos han señalado que es ineficaz.

En 2018, el Perú firmó el Acuerdo de Escazú, un tratado que promueve el acceso a la información y la protección de los ambientalistas, pero en 2020 el Congreso votó en contra de su ratificación. Una comisión del Congreso volvió a rechazar la ratificación en julio de 2022.

El derecho al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas con respecto a las medidas y los proyectos que los afecten se encuentra consagrado en el derecho peruano, y el país ha ratificado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que también protege este derecho. Sin embargo, en marzo, el Tribunal Constitucional desestimó el derecho de consulta de las comunidades indígenas Puno Chila Chambilla y Chila Pucara, alegando que ese derecho no es “fundamental” en tanto no se encuentra plasmado en la Constitución.

En enero, un buque que trasladaba petróleo crudo a una refinería derramó al menos 11.900 barriles en el océano, según informó el gobierno del Perú. El derrame cubrió al menos 80 kilómetros de costa, incluidas áreas protegidas, y afectó los medios de subsistencia de trabajadores de los sectores pesquero y turístico, así como a otros residentes locales, señalaron expertos de la ONU.

Refugiados y migrantes

Más de 1,3 millones de migrantes y solicitantes de asilo venezolanos se encontraban en el Perú a junio del 2022, de acuerdo con datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Según la Defensoría del Pueblo, el Perú había recibido más de 606.000 solicitudes de asilo de venezolanos hasta enero y había otorgado asilo a 4.125, es decir, a menos del 1 %.

El gobierno del entonces presidente Castillo fue incrementando su hostilidad contra los migrantes venezolanos. En diciembre de 2021, su gobierno intentó expulsar a Venezuela por vía aérea a 41 migrantes indocumentados, ninguno de ellos con antecedentes penales en el Perú, pero no obtuvo autorización para ingresar al espacio aéreo venezolano.

En agosto, el entonces presidente Castillo anunció un programa para expulsar a los migrantes que “han venido a delinquir” al Perú, según dijo.

Un proyecto de ley que en septiembre se encontraba pendiente en el Congreso permitiría que el gobierno limite el ingreso de personas extranjeras por motivos de “seguridad nacional, salud pública, orden interno y seguridad ciudadana”.