El presidente Alejandro Giammattei y sus aliados profundizaron el deterioro de la democracia en Guatemala, en un aparente intento de evitar la rendición de cuentas por corrupción generalizada, incluso en los más altos niveles del Estado.
Las autoridades designaron a dos funcionarios clave, la fiscal general y el procurador de los derechos humanos, mediante procesos de selección que no fueron justos ni transparentes. En mayo, Giammattei renovó el mandato de Consuelo Porras como fiscal general. Porras ha bloqueado investigaciones de corrupción e iniciado procesos arbitrarios contra periodistas, fiscales y jueces independientes.
El hostigamiento y la violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos, así como los desafíos en la protección de los derechos de mujeres y niñas, de personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT) y de migrantes siguen siendo problemas de gran preocupación.
Corrupción
Las investigaciones realizadas por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), respaldada por las Naciones Unidas, que funcionó entre 2007 y 2019, y el Ministerio Público pusieron al descubierto más de 120 tramas de corrupción en los tres poderes del Estado.
En 2019, el entonces presidente Jimmy Morales puso fin al mandato de la CICIG y obligó a su comisionado a abandonar el país. Desde entonces, la fiscal general Consuelo Porras ha debilitado a la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), organismo responsable de investigar la corrupción, paralizando los avances en los casos.
Según Americas Society y Council of the Americas, Guatemala es el décimo tercer país entre 15 países latinoamericanos en cuanto a su capacidad para detectar, sancionar y evitar actos de corrupción, y experimentó la caída más importante en esa clasificación en 2021.
Años de investigaciones han demostrado cómo algunos empresarios han actuado en connivencia con funcionarios corruptos. El dinero obtenido por medio de actos de corrupción y actividades ilícitas suele utilizarse para financiar campañas electorales.
Independencia judicial y controles al poder ejecutivo
Las medidas adoptadas recientemente por el Congreso, el Ministerio Público y otras autoridades han obstaculizado la rendición de cuentas por actos de corrupción y abusos, han atentado contra el Estado de derecho y han debilitado las garantías de derechos humanos.
Al mes de septiembre, el Congreso aún no había cumplido con un fallo de la Corte de Constitucionalidad dictado en 2020, que ordenaba la designación de jueces y magistrados para cubrir vacantes en la Corte Suprema y en las cortes de apelaciones para el período 2019-2024. El proceso de selección ha estado marcado por demoras y señalamientos de tráfico de influencias.
El 16 de mayo, el presidente Giammattei designó a Porras para un segundo mandato como fiscal general, tras un proceso de selección que se distinguió por varios intentos de las autoridades públicas y de otros actores de erosionar la imparcialidad e independencia del proceso.
Durante sus primeros cuatro años de mandato, Porras obstaculizó investigaciones sobre corrupción y violaciones de derechos humanos. Realizó traslados y despidos de fiscales e impulsó procesos penales espurios contra jueces, fiscales y periodistas independientes.
En enero de 2022, el Ministerio Público abrió investigaciones que claramente parecen ser arbitrarias en contra la jueza Erika Aifán, que llevaba causas de corrupción de alto perfil en las que presuntamente estaba implicado el presidente Giammattei. Aifán salió exiliada de Guatemala en marzo.
En febrero, la fiscal anticorrupción Virginia Laparra fue detenida por cargos espurios. Hasta septiembre continuaba tras las rejas.
A fines de junio y principios de julio, Porras separó abruptamente del cargo a ocho fiscales, entre ellos, a Hilda Pineda, quien en 2013 impulsó un proceso contra el expresidente Efraín Ríos Montt por “genocidio” y “crímenes de lesa humanidad” en relación con su presunto rol en las masacres cometidas entre 1960 y 1996 durante el conflicto armado.
En julio, el Congreso designó a un nuevo procurador de los derechos humanos, José Alejandro Córdova, aliado del gobierno de Giammattei, a través de un proceso poco transparente.
En noviembre, el Congreso designó a Frank Bode como nuevo contralor general de cuentas. El contralor desempeña un papel fundamental en el objetivo de prevenir la corrupción, y la labor de su organismo es crucial para que las elecciones presidenciales de junio de 2023 se lleven a cabo de manera libre y justa.
Libertad de expresión
El gobierno de Giammattei y la fiscal general Consuelo Porras han generado un clima hostil para el periodismo independiente y los medios de comunicación por medio de ataques verbales, restricciones a la prensa y procesos penales abusivos, entre otros.
La Asociación de Periodistas de Guatemala reportó 66 incidentes de ataques, persecución y criminalización de trabajadores de medios de comunicación en los primeros seis meses de 2022.
En algunos casos, funcionarios públicos han invocado una ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer con el fin de hostigar a periodistas que escriben sobre ellos, argumentando que sus reportajes representan una forma de “violencia psicológica” contra funcionarias mujeres o familiares mujeres de funcionarios públicos.
El 8 de marzo, el periodista Orlando Villanueva, de Noticias del Puerto, murió luego de que personas no identificadas le dispararon en Puerto Barrios, la capital del departamento de Izabal. Otros periodistas en ese departamento han enfrentado ataques y hostigamiento oficial, en especial, por cubrir cuestiones relacionadas con un proyecto de minería en el municipio de El Estor. En septiembre, la justicia absolvió al periodista Carlos Choc, de Prensa Comunitaria, que había sido acusado sin pruebas de “instigación a delinquir” por su cobertura de una manifestación que tuvo lugar en octubre de 2021 en relación con el proyecto minero.
En abril, el periodista Juan Luis Font salió exiliado de Guatemala. Font había sido objeto de investigaciones penales que claramente parecen ser infundadas en relación con su trabajo periodístico sobre los señalamientos de corrupción contra el exministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda Alejandro Sinibaldi, que se encuentra bajo investigación por sobornos.
En julio, los fiscales ordenaron la detención de José Rubén Zamora, propietario del reconocido medio El Periódico, que ha dado a conocer diversos incidentes de corrupción en el país. Se lo acusa de “lavado de dinero”, “chantaje” y “tráfico de influencias”.
Juicios por violaciones de derechos humanos del pasado
Los pocos avances que Guatemala estaba logrando en la condena de delitos cometidos durante el conflicto armado (1960-1996) parecen haberse estancado en los últimos años, en especial, debido a los ataques y los procesos penales espurios contra fiscales y jueces que trabajaban en esos casos.
Sigue habiendo obstáculos en la búsqueda e identificación de quienes desaparecieron durante el conflicto armado, en su mayoría pertenecientes a comunidades indígenas mayas.
En enero, un tribunal en Guatemala condenó a 30 años de prisión por crímenes de lesa humanidad a cinco exmiembros de una unidad paramilitar de la autodefensa civil, tras hallarlos responsables por la violación sexual y esclavización de 36 mujeres mayas entre 1981 y 1985.
En julio, un grupo de legisladores presentó un proyecto para otorgar amnistías a agentes de las fuerzas de seguridad por sus “acciones u omisiones” durante el conflicto armado. Fue la tercera vez que se presentó un proyecto de ese tipo en los últimos años. Al momento de preparación de este informe, aún no se había tratado.
Defensores de derechos humanos
Los ataques contra defensores de derechos humanos y líderes sociales se intensificaron en los últimos cinco años, según la organización Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua). La organización contabilizó 11 asesinatos y 1002 incidentes de difamación, hostigamiento o demandas judiciales infundadas, principalmente, contra operadores de justicia, periodistas, campesinos y defensores de la tierra en 2021.
En junio de 2021, entró en vigor una ley que limita el trabajo de las organizaciones no gubernamentales. La ley incluye disposiciones excesivamente amplias que el poder ejecutivo podría utilizar para cancelar la personería jurídica de organizaciones que lleven adelante actividades “contra el orden público”.
Derechos de mujeres y niñas
El Observatorio en Salud Reproductiva informó más de 60.000 embarazos de adolescentes y niñas hasta el mes de julio, incluidos 1.323 en niñas de entre 10 y 14 años.
El aborto es legal en Guatemala únicamente cuando la vida de la persona embarazada está en riesgo. El 8 de marzo, se aprobó un proyecto que establecía sanciones más severas y ampliaba los casos en los cuales se puede procesar a personas por acceder a un aborto, definido, de forma excesivamente amplia, como la “muerte natural o provocada” de un embrión o feto. El Congreso archivó el proyecto luego de que el presidente Giammattei amenazó con vetarlo.
Orientación sexual e identidad de género
En Guatemala no existen leyes exhaustivas que protejan de la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, ni un proceso de reconocimiento legal del género para las personas transgénero. Las autoridades no han cumplido con su obligación de proteger adecuadamente a las personas LGBT de actos de violencia y discriminación.
En enero, una comisión del Congreso aprobó un proyecto que estigmatizaría a las personas transgénero y reduciría los derechos a la educación, a la información y a la salud de niños, niñas y adolescentes. Hasta septiembre, el proyecto seguía pendiente en el Congreso.
En marzo, el Congreso aprobó —aunque luego archivó a pedido del presidente— un proyecto que habría prohibido los matrimonios y uniones del mismo sexo y cuyo objetivo aparente era proteger legalmente la discriminación por motivos de orientación sexual.
Las organizaciones de la sociedad civil de Guatemala informaron que, hasta octubre, al menos 25 personas LGBT habían sido asesinadas en 2022.
Derechos de las personas con discapacidad
En Guatemala, es obligatorio institucionalizar a los niños y niñas con discapacidad que requieren un alto nivel de apoyo. Prácticamente no hay políticas que les permitan vivir en un hogar familiar. Las denuncias de abusos contra niños y niñas con discapacidad que viven en instituciones no se investigan debidamente ni se resuelven.
Derechos de niños y niñas
De acuerdo con datos difundidos por la Procuraduría de los Derechos Humanos en junio, casi la mitad de los niños y niñas guatemaltecos menores de 5 años sufren desnutrición crónica, una situación que se agravó durante la pandemia de Covid-19. Según datos oficiales, al mes de septiembre había 15.862 casos de desnutrición aguda de niños y niñas menores de 5 años, y 42 fallecieron debido a la misma.
Human Rights Watch concluyó que Mineduc Digital, un producto de aprendizaje en línea utilizado por el Ministerio de Educación durante la pandemia de Covid-19, transmitió datos personales de niños y niñas a empresas de tecnología publicitaria, lo que permitió a estas compañías llevar un rastreo de ellos en Internet y enviarles contenidos específicos. Hasta septiembre, el ministerio no había adoptado medidas para que cesen las violaciones a la privacidad de niños y niñas.
Migrantes y solicitantes de asilo
En colaboración con el gobierno del presidente de EE. UU. Joe Biden, el presidente Giammattei ha intensificado los esfuerzos por evitar que migrantes y solicitantes de asilo no guatemaltecos lleguen a Estados Unidos. Entre enero y octubre de 2022, la policía guatemalteca detuvo a más de 13.000 personas, en su mayoría venezolanos que no tenían visa, y las expulsó a Honduras.
El presidente Giammattei ha movilizado a policías y soldados en la frontera sur del país para impedir que ingresen migrantes al país. En octubre, esas fuerzas de seguridad se enfrentaron de forma violenta con una caravana de migrantes que intentaban cruzar la frontera desde Honduras.
En septiembre de 2021, Guatemala tomó la decisión de solicitar visa a ciudadanos ecuatorianos, tras un aumento en la cantidad de estos ciudadanos llegando a la frontera estadounidense, y luego de que México pusiera fin a la posibilidad de viajar sin visa.
Actores internacionales clave
En marzo, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos manifestó que Guatemala enfrentaba “desafíos sistémicos y estructurales”, incluso con respecto a “la lucha contra la impunidad, el espacio democrático y la participación ciudadana”.
Entre febrero y mayo, la Unión Europea emitió cuatro declaraciones expresando preocupación por el deterioro del Estado de derecho, las amenazas a la independencia judicial y la renovación de Porras en el cargo de fiscal general.
En abril, el Parlamento Europeo adoptó una resolución en la cual expresó alarma por el Estado de derecho en Guatemala, y condenó la criminalización, detención y hostigamiento contra operadores de justicia, defensores de derechos humanos y periodistas, e instó a respetar la división de poderes de gobierno.
En junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos incluyó a Guatemala, junto con Venezuela, Cuba y Nicaragua, en el capítulo de su informe anual reservado a Estados en donde se registran violaciones de derechos humanos graves, masivas o sistemáticas y ataques serios a las instituciones democráticas.
Ese mismo mes, Guatemala firmó la Declaración de los Ángeles sobre Migración y Protección, por medio de la cual asumió el compromiso de fortalecer y ampliar las vías para una migración segura y legal y para el asilo.
En julio de 2022, el Departamento de Estado de EE. UU. publicó su Lista de Actores Antidemocráticos y Corruptos de 2021, donde incluye a funcionarios actuales y exfuncionarios públicos guatemaltecos, así como a cinco empresarios de ese país.
El presidente Giammattei no asistió a la Novena Cumbre de las Américas en Los Ángeles después de que el gobierno de Biden criticó la decisión de Guatemala de renovar el mandato de Porras como fiscal general. Poco antes de la cumbre, EE. UU. impuso sanciones a Porras, alegando que había participado en actos significativos de corrupción.
Guatemala y otros cinco países impulsaron la renovación del mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la ONU en octubre.