La inseguridad es una de las principales preocupaciones para muchos ecuatorianos. Al mes de octubre, la tasa de homicidios había aumentado a casi 16 por cada 100.000 habitantes. En respuesta a la violencia perpetrada por las pandillas, el gobierno declaró en agosto el cuarto estado de emergencia desde octubre de 2021.
El hacinamiento y la falta de control estatal en las cárceles de Ecuador han contribuido a que miembros de pandillas que se encuentran detenidos cometan masacres que han cobrado la vida a más de 400 detenidos desde 2021.
Las protestas contra el gobierno que se produjeron en junio pusieron de manifiesto problemas estructurales de larga data que afectan a las comunidades indígenas y a los hogares de escasos recursos. Los manifestantes protestaron contra el acceso inadecuado a la salud, la educación y el empleo, y por la eliminación de subsidios a los combustibles. En ocasiones, las fuerzas de seguridad respondieron de forma abusiva, y estalló la violencia por parte de manifestantes o infiltrados.
La fragilidad del Estado de derecho, las alegaciones serias de corrupción, la ausencia de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, las restricciones al acceso al aborto y la escasa protección de niños y niñas y de personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT) siguieron siendo motivos de profunda preocupación.
Condiciones en centros de detención y masacres
Las deficientes condiciones penitenciarias, incluyendo el hacinamiento, han contribuido a que se produzcan una serie de masacres relacionadas con las pandillas. Entre febrero de 2021 y octubre de 2022, nueve masacres dejaron un saldo de aproximadamente 400 detenidos muertos y decenas de heridos. Human Rights Watch documentó medidas insuficientes para detener las masacres, incluyendo una demora de ocho horas hasta el ingreso de la policía en una prisión de Guayaquil durante una masacre ocurrida el 12 de noviembre de 2021.
Al mes de agosto, no había condenados por participar en ninguna de las masacres ocurridas en 2022.
El hacinamiento parece tener su origen en el uso excesivo de la prisión preventiva, las duras políticas contra las drogas y los retrasos en la concesión de beneficios penitenciarios establecidos por ley. Los guías penitenciarios no están debidamente preparados y son insuficientes para contener la violencia.
En febrero, el gobierno adoptó una política pública orientada a mejorar las condiciones de reclusión y el acceso de los detenidos a servicios básicos. En abril, inició un proceso para contratar y formar a 1.400 nuevos guías penitenciarios.
En junio, una comisión de expertos convocada por el presidente para reformar el sistema penitenciario hizo público su informe final, en el cual concluyó que las cárceles de Ecuador son “almacenes de castigo” más que centros de rehabilitación.
El gobierno de Ecuador no cuenta con datos precisos sobre el número y la identidad de los detenidos. El 22 de agosto se inició un censo para recabar información sociodemográfica sobre la población penitenciaria.
Uso de la fuerza por miembros de las fuerzas de seguridad
En Quito y Guayaquil, la policía respondió con incidentes de uso excesivo de la fuerza frente a las manifestaciones pacíficas en conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Los incidentes incluyeron el uso indiscriminado de gases lacrimógenos y de gas pimienta.
Durante las manifestaciones contra el gobierno que comenzaron el 13 de junio, la policía respondió con un uso excesivo de la fuerza en varias oportunidades, disparando cartuchos de gas lacrimógeno de manera directa a los manifestantes o cerca de áreas que albergaban a niños y personas heridas. Las protestas comenzaron pacíficamente, pero se tornaron violentas. Los manifestantes culparon a infiltrados por hechos de vandalismo, saqueos y el bloqueo de insumos médicos que debían ser entregados a hospitales. Seis civiles y un militar murieron, y más de 300 personas resultaron heridas, según organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación ecuatorianos. El gobierno confirmó una muerte causada por el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno.
El 22 de agosto entró en vigor una ley que prohíbe a las fuerzas de seguridad el uso excesivo, arbitrario o ilegítimo de la fuerza, y que establece que el uso de la fuerza debe observar los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, precaución, humanidad, no discriminación y rendición de cuentas. La ley solamente permite el uso de armas letales cuando exista la amenaza de lesiones graves o muerte.
Estado de derecho y lucha contra la corrupción
Las instituciones democráticas, que fueron debilitadas durante el mandato del expresidente Rafael Correa (2007-2017), siguen siendo frágiles y están marcadas por señalamientos de corrupción, injerencia en el nombramiento de autoridades y destituciones con motivaciones políticas. Se implementaron varias reformas que mejoraron la independencia de instituciones judiciales clave, pero continuaron los señalamientos de demoras injustificadas en los procesos, ausencia de garantías de debido proceso y presiones indebidas en la justicia.
Derechos de los pueblos indígenas
El 30 de junio, autoridades y líderes indígenas llegaron a un acuerdo para poner fin a las protestas organizadas en respuesta a la aparente falta de voluntad de las autoridades para abordar problemas estructurales en el país. Entre las reivindicaciones de los manifestantes se incluían garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas y su acceso a salud, educación y empleo; reducir los precios de los alimentos y otros bienes de primera necesidad; y reparar el impacto social y medioambiental de la minería y de la extracción de petróleo en territorios indígenas.
El diálogo entre el gobierno y movimientos indígenas para tratar las cuestiones que motivaron las protestas se extendió por 90 días y concluyó el 14 de octubre, con más de 120 acuerdos.
Muchas comunidades indígenas desde hace tiempo se oponen a la explotación petrolífera en la Amazonía. En enero, se produjo un derrame en el Oleoducto de Crudos Pesados que afectó zonas del Parque Nacional Cayambe-Coca. El agua contaminada llegó a decenas de comunidades indígenas kichwas. La empresa y el gobierno iniciaron acciones de limpieza, y las autoridades pusieron en marcha una investigación sobre la causa y el impacto medioambiental.
Ese mismo mes, la Corte Constitucional dictaminó que las comunidades indígenas deben ser consultadas sobre los proyectos extractivos que puedan afectar sus tierras, y que solo en circunstancias excepcionales los funcionarios pueden autorizar proyectos sin el consentimiento de la comunidad.
En septiembre, el gobierno declaró una moratoria temporal en 15 zonas extractivas e indicó que no otorgaría más concesiones mineras hasta que se aprobara una ley que regulara los procesos de consulta.
Al momento de redactar este informe, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estaba analizando su primer caso sobre comunidades indígenas en aislamiento voluntario. Los grupos étnicos tagaeri y taromenane demandaron a Ecuador por dañar sus territorios, recursos naturales y modo de vida, y por no impedir las muertes violentas de integrantes de la comunidad. Ecuador ha aceptado responsabilidad parcial, entre otros motivos, por no haber investigado las muertes.
Derechos de la mujer
Una sentencia de la Corte Constitucional de 2021 despenalizó el aborto en casos de violación, poniendo en marcha una serie de medidas para reformar la legislación en la materia.
En marzo, el presidente Guillermo Lasso vetó parcialmente un proyecto de ley sobre aborto. Los legisladores aceptaron las restricciones al acceso al aborto que propuso el presidente que incluían: plazos cortos, un amplio margen para la objeción de conciencia y requisitos excesivos, tales como que se debe denunciar la violación a las autoridades. La ley modificada entró en vigencia en abril.
La Corte Constitucional suspendió provisionalmente los artículos que exigían a las niñas víctimas de violación obtener la autorización de un representante legal para abortar. Al momento de preparar este informe, no se había dictado una decisión final.
La estigmatización, los malos tratos, el temor a la posibilidad de enfrentar un proceso penal y la interpretación restrictiva de la excepción de salud siguen representando obstáculos al acceso al aborto.
La Fiscalía General del Estado reportó 53 femicidios –homicidios de mujeres que se consideran perpetrados por motivos de género— entre enero y agosto. Las organizaciones de la sociedad civil informaron un aumento en el total de asesinatos de mujeres en comparación con años anteriores, que ascendió a más de 200 hasta septiembre.
Derechos sobre discapacidad
El 16 de septiembre, en cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Ecuador reconoció públicamente su responsabilidad en la desaparición de Luis Eduardo Guachalá Chimbo, un joven de 23 años con discapacidad intelectual. Guachalá desapareció de un hospital psiquiátrico en 2004 y Ecuador no cumplió con su obligación de buscarlo, según la Corte. La sentencia estableció estándares sobre consentimiento informado, capacidad jurídica y apoyo en la toma de decisiones para las personas con discapacidad.
Derechos de niños y niñas
La violencia sexual es un problema endémico en las escuelas públicas y privadas de Ecuador. Casi el 30 % de las más de 14.000 denuncias de violencia sexual que registró el Ministerio de Educación de Ecuador entre enero de 2014 y abril de 2022 ocurrieron en escuelas. Los casos a los cuales se dio difusión pública probablemente representan apenas una parte de ellos. Muchos sobrevivientes vuelven a experimentar trauma en el contexto escolar y encuentran obstáculos para acceder a la justicia.
Las investigaciones de Human Rights Watch determinaron que Educa Contigo, un sitio web del Ministerio de Educación lanzado durante la pandemia de Covid-19, recopiló y transmitió datos personales de niños y niñas a otras empresas, lo cual permitió a estas rastrear y dirigir contenidos publicitarios a niños.
Orientación sexual e identidad de género
La Asamblea Nacional aún no ha cumplido con las órdenes de la Corte Constitucional de revisar las disposiciones sobre matrimonio civil para incluir a parejas del mismo sexo; permitir la autodeterminación en los procedimientos de reconocimiento de género; regular los métodos de reproducción asistida; y permitir a las parejas del mismo sexo registrar a sus hijos con sus apellidos.
La Constitución discrimina a las parejas del mismo sexo al excluirlas del acceso a la adopción.
Refugiados, solicitantes de asilo e inmigrantes
Entre enero y julio de 2022, Ecuador reconoció a 1.857 personas como refugiadas. Al mes de septiembre, el país acogía a más de 500.000 migrantes y refugiados venezolanos. La mayoría de los solicitantes de asilo son de nacionalidad venezolana.
El presidente Lasso decretó un proceso de regularización de un año para los venezolanos, a partir del 1 de septiembre. Las personas en situación irregular que ingresaron al país a través de puestos fronterizos oficiales antes del 1 de junio pueden recibir visados temporales de dos años de duración, con opción a extenderlo un año más.
Libertad de expresión
Durante las protestas de junio, la organización no gubernamental Fundamedios documentó agresiones físicas y verbales, principalmente por parte de manifestantes, contra 114 periodistas, 40 camarógrafos y 80 medios de comunicación.
El 3 de octubre, la Corte Constitucional dictaminó que algunas disposiciones de un proyecto de ley de comunicaciones restringían el derecho a la libertad de expresión, lo cual coincidió parcialmente con el veto impuesto por el presidente Lasso a ley. Al momento de elaboración de este informe, el proyecto de ley aún no había entrado en vigencia.
Actores internacionales clave y política exterior
En marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un informe en el cual describió el abandono de larga data del sistema penitenciario por parte del gobierno. En mayo, un portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reiteró su profunda alarma por la recurrente violencia carcelaria.
El 9 de junio, Ecuador fue elegido miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU a partir de enero de 2023.
El 10 de junio, Ecuador firmó la Declaración de los Ángeles sobre Migración y Protección, por medio de la cual asumió el compromiso de fortalecer y ampliar las vías para una migración segura y legal y para el asilo.
Durante las protestas de junio, la CIDH y su relator especial para la libertad de expresión manifestaron preocupación por los ataques contra periodistas y la violencia. El Comité de la ONU sobre los Derechos del Niño expresó consternación por la violencia de las fuerzas de seguridad contra niños y niñas, incluyendo el uso indiscriminado de gases lacrimógenos.
Ecuador condenó la invasión rusa en Ucrania y las violaciones de derechos humanos en Venezuela. Tras la farsa electoral en Nicaragua, no envió una delegación a la ceremonia de asunción de Daniel Ortega.
En octubre, Ecuador y otros cinco países de la región encabezaron la renovación del mandato de la Misión Internacional Independiente de la ONU de Determinación de los Hechos sobre Venezuela.