El presidente Nayib Bukele y sus aliados en la Asamblea Legislativa han desmantelado sistemáticamente el sistema de contrapesos democráticos. En septiembre, el presidente Bukele anunció que buscará la reelección en 2024, a pesar de que la Constitución prohíbe la reelección inmediata.
En marzo, la legislatura declaró un “régimen de excepción” que suspendió ciertos derechos constitucionales en respuesta a una escalada de violencia de las pandillas. Las autoridades cometieron violaciones generalizadas de derechos humanos, incluidas detenciones arbitrarias masivas, desapariciones forzadas, malos tratos en prisión y violaciones del debido proceso.
Las pandillas han ejercido control territorial sobre algunos territorios y extorsionan a residentes en todo el país. Estos grupos también reclutan por la fuerza a niños y niñas y someten a abuso sexual a mujeres, niñas y personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT). Las pandillas han asesinado, desaparecido, desplazado y sometido a violación sexual a quienes se les resisten.
Independencia judicial
Desde que asumió en 2019, el presidente Bukele y sus aliados han adoptado medidas drásticas para cooptar las instituciones democráticas.
En mayo de 2021, la mayoría de dos tercios de Bukele en la Asamblea Legislativa destituyó y reemplazó de manera sumaria a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema y al fiscal general.
En junio de 2021, la Asamblea designó a otros cinco nuevos magistrados para la Corte Suprema. Cada vez que se renueva la legislatura, la Constitución permite que la nueva composición de la Asamblea nombre a 5 jueces de la Corte Suprema, pero la actual Asamblea ha designado a 10 de un total de 15.
En septiembre de 2021, los legisladores promulgaron leyes que permitieron que la Corte Suprema y el fiscal general destituyeran a jueces y fiscales mayores de 60 años y ampliaron su facultad de transferir a jueces y fiscales a nuevos puestos. Las leyes se han usado para destituir o transferir abusivamente a jueces o fiscales independientes.
También en septiembre, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema determinó que la Constitución permitía la reelección presidencial inmediata, apartándose de interpretaciones reiteradas que se habían realizado en el pasado.
Una reforma constitucional, impulsada por el gobierno, que reformaría instituciones de la justicia y otros organismos, seguía pendiente al momento de redacción de este informe.
Pandillas y violencia
Las pandillas han reclutado forzosamente a niños y niñas, cometido agresiones sexuales, homicidios, secuestros, y desplazado a personas. Durante décadas, la respuesta de las autoridades ha oscilado entre negociaciones oscuras con pandillas y políticas de seguridad de “mano dura” que han facilitado violaciones de derechos humanos.
La violencia en las áreas controladas por las pandillas contribuye al desplazamiento interno. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, en 2021 hubo 71.500 desplazados internos. Asimismo, más de 153.000 salvadoreños solicitaron asilo en otros países, principalmente en EE. UU., durante 2021.
El prestigioso medio digital El Faro informó que antes de que el fiscal general Raúl Melara fuera destituido en 2021, se estaban investigando negociaciones entre el gobierno y las tres pandillas más importantes del país. Según El Faro, el gobierno ofreció privilegios a pandilleros que se encontraban presos y oportunidades de empleo a aquellos que se encontraban en libertad a cambio de una disminución de la tasa de homicidios.
Entre el 24 y el 27 de marzo, 92 personas fueron asesinadas en El Salvador, presuntamente por pandillas. Los asesinatos, que representaron la mayor ola de homicidios en la historia reciente del país, dieron lugar a la adopción de un régimen de excepción. Según El Faro, la ola de violencia registrada en marzo fue el resultado del colapso de negociaciones mantenidas por el gobierno y la pandilla MS-13. Hasta septiembre, nadie había sido condenado por estos asesinatos.
El gobierno reportó un importante número de días sin homicidios en 2022, pero las autoridades señalaron a periodistas que los datos desagregados sobre el número de homicidios son “reservados”. La tasa de homicidios se redujo de aproximadamente 36 por cada 100.000 personas en 2019 a 17 en 2021. En julio de 2019, el gobierno cambió la manera en que se contabilizan los homicidios, excluyendo los casos de muertes de integrantes de pandillas resultantes de enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en las estadísticas sobre homicidios.
Abusos durante el régimen de excepción
En marzo de 2022, la Asamblea Legislativa adoptó por 30 días un régimen de excepción que suspendió algunos derechos básicos. Los legisladores han prorrogado la medida nueve veces y el régimen de excepción continuaba vigente al momento de la redacción de este informe.
También en marzo, los legisladores aprobaron un paquete de reformas penales relacionadas con las pandillas que permiten a las autoridades encarcelar a niños a partir de los 12 años y amplían significativamente el uso de la detención provisional.
Más de 60.000 personas fueron detenidas en el marco del régimen de excepción entre fines de marzo y mediados de diciembre, según informaron las autoridades. Muchas detenciones se realizaron sobre la base de la apariencia física o lugar de residencia de las personas. Varias organizaciones de derechos humanos salvadoreñas han documentado que se ha detenido a cientos de personas sin conexión con las operaciones abusivas de las pandillas.
Organizaciones de derechos humanos, entre ellas Cristosal y Human Rights Watch, han documentado graves abusos perpetrados por miembros de las fuerzas de seguridad durante el régimen de excepción, incluyendo detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y otros malos tratos durante la detención, así como violaciones del debido proceso.
Cristosal reportó más de 2.900 casos de violaciones de derechos humanos durante el régimen de excepción.
Los tribunales dispusieron la detención provisional de más de 54.000 personas detenidas durante el régimen de excepción, lo que contribuyó al aumento de la población carcelaria a una cantidad estimada de 97.000 detenidos, más de tres veces la capacidad oficial. Las condiciones carcelarias, que ya eran deficientes —incluyendo hacinamiento, violencia y acceso limitado a servicios básicos como alimentación y agua potable—, se han agravado.
Más de 90 personas detenidas murieron en prisión, según las autoridades. En algunos casos, las autoridades no han realizado autopsias de las personas fallecidas, ni han respetado los estándares internacionales y la práctica médica ampliamente aceptada para investigar estas muertes.
Desapariciones
Entre enero de 2005 y agosto de 2021, la Fiscalía General de la República registró más de 28.000 denuncias de desapariciones. Esta cifra supera el número estimado de entre 8.000 y 10.000 personas que desaparecieron durante los 12 años de la guerra civil. Entre enero y mayo de 2022, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), una organización no gubernamental salvadoreña, contabilizó 500 casos de desapariciones registradas por la Policía Nacional Civil. Las desapariciones son perpetradas por pandillas y agentes de las fuerzas de seguridad. Pocos casos son investigados.
Transparencia y lucha contra la corrupción
Al momento de su destitución en mayo de 2021, el fiscal general Melara estaba investigando a seis funcionarios públicos por presuntos actos de corrupción en relación con fondos asignados durante la pandemia.
En junio de 2021, el nuevo fiscal general, Rodolfo Delgado, puso fin a un acuerdo de cooperación con la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), un órgano que combatía la corrupción en el país con el apoyo de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
En enero de 2022, la Fiscalía General de la República allanó las oficinas de los fiscales que, bajo la dirección de Melara, estaban investigando señalamientos sobre actos de corrupción y negociaciones de funcionarios con pandillas. Al menos cuatro fiscales huyeron del país por temor a sufrir persecución.
El gobierno de Bukele ha debilitado el rol del Instituto de Acceso a la Información Pública, entre otras medidas, al realizar reformas a su reglamento que debilitan la autonomía de la agencia y al destituir a una de sus miembros.
En 2017, fiscales acusaron formalmente al expresidente Mauricio Funes (2009-2014), quien vive en Nicaragua desde 2016, por delitos relacionados con corrupción, malversación de fondos y lavado de dinero. El presidente de Nicaragua Daniel Ortega le otorgó a Funes la ciudadanía nicaragüense en 2021.
Libertad de expresión
El gobierno ha creado un ambiente hostil para los medios de comunicación y miembros de la sociedad civil.
La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) informó sobre 421 agresiones contra la prensa ocurridas entre 2019 y 2021, incluyendo ataques físicos, hostigamiento digital, y restricciones al ejercicio periodístico y al acceso a información pública. APES también informó que al menos nueve periodistas huyeron del país por temor al hostigamiento y a detenciones arbitrarias.
En enero de 2022, Citizen Lab y Access Now informaron que el programa informático espía Pegasus había sido utilizado para hackear los teléfonos de al menos 35 periodistas y miembros de la sociedad civil salvadoreños, incluidos 2 periodistas de El Faro.
En abril, la Asamblea Legislativa aprobó una ley excesivamente amplia que establece nuevos tipos penales con penas de prisión de hasta 15 años para periodistas que reproduzcan mensajes de las pandillas.
En noviembre de 2021, el gobierno de Bukele impulsó un proyecto de ley sobre “agentes extranjeros”, que requeriría que las personas y organizaciones que “directa o indirectamente” reciban fondos del extranjero se registren como “agentes extranjeros”. En agosto de 2022, el jefe de fracción del partido oficialista, Christian Guevara, señaló que las autoridades utilizarían la ley, una vez aprobada, para castigar a El Faro.
Juicios por abusos del pasado
La mayoría de los abusos cometidos durante la guerra civil que atravesó el país (1980-1992) permanecen en la impunidad.
A la fecha de redacción del informe, no ha habido condenados por la masacre en El Mozote de 1981, en la cual un batallón que había recibido entrenamiento de EE. UU. mató a 978 civiles, incluidos 553 niños y niñas, y violó sexualmente y torturó a muchas víctimas. En 2016 empezó el juicio contra excomandantes del Ejército acusados por la masacre. En 2021, Jorge Guzmán, el juez a cargo de la investigación, fue destituido y el proceso judicial se paralizó por un tiempo.
Derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas
El aborto es ilegal en todas las circunstancias.
Muchas mujeres, incluidas algunas que sufrieron abortos espontáneos o emergencias obstétricas, han sido condenadas a elevadas penas de prisión. En junio de 2022, un tribunal condenó a 50 años de prisión por “homicidio agravado” a una mujer que había tenido una emergencia obstétrica.
Entre septiembre de 2021 y septiembre de 2022, los tribunales liberaron a seis mujeres que habían cumplido entre 6 y 13 años de prisión por cargos de aborto, homicidio u homicidio agravado.
El Salvador ratificó oficialmente el Convenio sobre la violencia y el acoso (C190) de la Organización Internacional del Trabajo, después de que la Asamblea Legislativa lo ratificara en mayo de 2022. El tratado obliga a El Salvador a brindar protecciones integrales para asegurar un entorno de trabajo libre de violencia y acoso, incluidos la violencia de género y el acoso sexual.
Derechos de las personas con discapacidad
El marco legislativo de El Salvador sigue teniendo disposiciones incompatibles con las normas internacionales sobre derechos de las personas con discapacidad, incluidas restricciones a la capacidad jurídica de las personas con discapacidades intelectuales o psicosociales, así como medidas insuficientes para mejorar la accesibilidad física y a las comunicaciones.
Orientación sexual e identidad de género
Las personas LGBT continúan siendo blanco de violencia homofóbica y transfóbica por parte de policías, pandillas y personas en general. En muchos casos, las personas LGBT se ven obligadas a abandonar el país, a menudo hacia Estados Unidos.
En febrero de 2022, la Corte Suprema ordenó a la Asamblea Legislativa que creara, dentro del plazo de un año, un procedimiento para que las personas transgénero pudieran modificar su nombre legal en función de su identidad de género. Hasta septiembre de 2022, los legisladores no habían tratado el tema. Mientras tanto, las personas trans continúan experimentando discriminación como resultado de la discrepancia entre su género y sus documentos de identidad, incluso en los ámbitos de la salud, empleo, voto y servicios.
Actores internacionales clave
Durante el año fiscal 2022, EE. UU. asignó más de USD 66 millones de asistencia bilateral a El Salvador, principalmente orientados a iniciativas para reducir la violencia extrema y fortalecer las instituciones del Estado. El Congreso de EE.UU. prohibió el financiamiento militar a El Salvador y, en 2021, la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID) reorientó fondos inicialmente destinados a la Policía Nacional y al Instituto de Acceso a la Información Pública hacia organizaciones de la sociedad civil.
En julio de 2022, la administración de Joe Biden incluyó a seis ciudadanos salvadoreños, entre ellos, al asesor jurídico de la presidencia, el secretario de prensa del presidente Bukele y al jefe de fracción del partido en la Asamblea, en la “lista Engel” de personas involucradas en “actos significativos de corrupción” o que “socavan los procesos democráticos”. Otros 19 ya se encontraban en la lista.
En marzo de 2022, el secretario general de la ONU Antonio Guterres expresó preocupación por el aumento de la violencia en El Salvador y pidió a las autoridades que abordaran la situación adoptando medidas “conformes a las normas y los estándares internacionales de derechos humanos”.
En abril de 2022, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó preocupación por la respuesta del gobierno salvadoreño a la violencia de las pandillas, incluidas detenciones realizadas sin orden judicial, denuncias de malos tratos y reformas al Código Penal.
En junio, seis Procedimientos Especiales de las Naciones Unidas expresaron “seria preocupación” ante los señalamientos de abusos ocurridos durante el régimen de excepción, incluidas las desapariciones forzadas y un “patrón” de detenciones arbitrarias.
En marzo de 2021, El Salvador anunció que estaba renegociando un préstamo por USD 1.300 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Las negociaciones se han estancado, aparentemente debido a la adopción, realizada en septiembre de 2021, del bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador y a preocupaciones respecto del debilitamiento de la independencia judicial y la reducción de la transparencia y rendición de cuentas. El Banco Interamericano de Desarrollo aprobó el otorgamiento de fondos por USD 1.300 millones para El Salvador para el período 2021-2024 y, en 2021, el Banco Centroamericano de Integración Económica aprobó préstamos por USD 884,7 millones, el mayor monto otorgado a cualquier país de la región ese año.