(Washington D.C., 18 de octubre de 2022) – La comunidad internacional debe ayudar a Haití a responder al brote de cólera mediante la entrega urgente de combustible, medicamentos y agua potable segura, señaló hoy Human Rights Watch. Los países deben suspender las deportaciones, expulsiones y devoluciones de ciudadanos haitianos ante el deterioro de la situación humanitaria, que se ve agravada por una crisis grave de seguridad, justicia y política.
Desde que se confirmó el primer caso de cólera el 2 de octubre de 2022, el brote se ha extendido con rapidez. Hasta el 16 de octubre, había 835 casos sospechosos de cólera, 78 casos confirmados y al menos 36 muertes, según el Ministerio de Salud de Haití. Los centros de salud habían realizado apenas 493 pruebas de detección del cólera. La Organización Panamericana de la Salud advirtió de que la cantidad real de casos es “probablemente mucho más elevada”, dado que la violencia de pandillas limita la posibilidad de llegar a las áreas afectadas.
“La falta de acceso al agua limpia y al saneamiento, la inseguridad alimentaria generalizada y la atención médica inadecuada crean las condiciones ideales para que se produzca un brote de cólera peligroso”, señaló César Muñoz, investigador sénior para las Américas de Human Rights Watch. “La comunidad internacional debe responder de manera urgente a esta amenaza sumamente grave para la salud y la vida, sobre todo para los niños pequeños y otras personas vulnerables”.
El cólera es una enfermedad sumamente virulenta causada por la ingesta de agua o alimentos contaminados con la bacteria Vibrio cholerae, que está presente en la materia fecal, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). La mayoría de las personas infectadas no presenta síntomas, pero la bacteria en las heces puede infectar a otras personas. Una minoría de personas desarrolla diarrea acuosa aguda con deshidratación grave y, si no reciben tratamiento, pueden morir en cuestión de horas.
Más de una cuarta parte de todos los casos sospechosos corresponde a niños de menos de 9 años, según los datos del Ministerio de Salud. Los niños pequeños son especialmente vulnerables a la enfermedad y pueden morir en un lapso muy breve si no reciben tratamiento, señaló a Human Rights Watch Mumuza Muhindo, director de la organización sin fines de lucro Médicos sin Fronteras (MSF) en Haití. MSF opera centros de salud en Puerto Príncipe, el departamento Sur y Artibonito.
Muhindo señaló que los casos se están propagando fuera de las áreas centrales de la capital. “Los casos aumentan todos los días”, dijo.
Las personas detenidas también están particularmente en riesgo. Catorce de las muertes confirmadas ocurrieron en la cárcel de Puerto Príncipe, según el Ministerio de Salud. Hasta junio, las prisiones de Haití albergaban a un número de reclusos casi tres veces mayor a su capacidad. Muchos de los más de 11.500 detenidos, el 83 % de los cuales está en espera de un juicio, viven en condiciones inhumanas, conforme lo informaron las Naciones Unidas. El Defensor del Pueblo de Haití informó de decenas de muertes de reclusos relacionadas con la desnutrición, incluso antes de que se produjera el brote de cólera.
Es importante que la asistencia contra el cólera se dirija a las poblaciones más vulnerables, incluidas las personas que se encuentran detenidas, señaló Human Rights Watch.
La OMS señala que hay un estrecho vínculo entre la transmisión del cólera y la falta de acceso a agua limpia y a saneamiento. En 2020, más de una tercera parte de la población de Haití no tenía acceso a agua limpia y las dos terceras partes contaban con servicios de saneamiento limitados o inexistentes.
Asimismo, un número récord de 4,7 millones de personas enfrentan actualmente una situación de hambre aguda, según el Programa Mundial de Alimentos. Por primera vez, se ha registrado en Haití lo que se considera un nivel catastrófico de hambre, que afecta a 19.000 personas en el barrio Cité Soleil de la capital. Casi 100.000 niños menores de 5 años sufren desnutrición aguda grave, lo cual los hace especialmente vulnerables al cólera, indicó UNICEF.
En 2010, se registró un brote de cólera en Haití debido al vertido negligente de aguas residuales desde una base de las fuerzas de paz de las Naciones Unidas a un río cercano a la ciudad de Mirebalais. Causó aproximadamente 9.800 muertes y más de 820.000 infecciones. En 2017, Naciones Unidas reconoció su papel en el origen de la epidemia y aceptaron la responsabilidad moral, pero no legal, de hacerla frente. Las Naciones Unidas no pagó indemnizaciones a las víctimas y se destinó fondos insuficientes a otras iniciativas de asistencia, según dijeron en 2020 expertos independientes en derechos humanos de la ONU.
La comunidad internacional debe responder de manera urgente para evitar que se repita semejante pérdida trágica de vidas, por medio de la entrega de combustible —por vía aérea de ser necesario— así como de vacunas contra el cólera y medicamentos para tratar a las personas afectadas, señaló Human Rights Watch. El combustible se necesita con urgencia para bombear, esterilizar y distribuir agua.
Agencias de la ONU, MSF y otras organizaciones locales e internacionales ya comenzaron a distribuir medicamentos y equipos a los hospitales. Han establecido centros de tratamiento para el cólera, facilitado el acceso a agua potable y saneamiento, ayudado al Ministerio de Salud en la vigilancia y control de casos, y están trabajando para llevar vacunas contra el cólera a Haití. Sin embargo, se necesita mucho más para evitar un desastre de salud, dijo Human Rights Watch.
La respuesta a la situación actual reviste especial dificultad debido a la multiplicidad de crisis que afectan a Haití. Las pandillas ejercen un control cada vez mayor de zonas estratégicas en los alrededores de Puerto Príncipe y otras regiones del país. En septiembre, una pandilla bloqueó el acceso a la principal terminal de combustible de Haití en respuesta a la propuesta de recortar los subsidios al combustible, según la ONU. Las pandillas están impidiendo la distribución de combustible, impidiendo la actividad de empresas, escuelas y hospitales, y generando escasez de artículos básicos y telecomunicaciones, explicaron organismos de la ONU.
Hombres armados controlan por completo el vecindario de Brooklyn en Cité Soleil, una de las áreas de Puerto Príncipe más afectadas por el brote de cólera, dijo Muhindo. Los residentes no disponen de agua potable desde el 10 de julio, dado que la vía de acceso está bloqueada y es escenario de tiroteos entre grupos armados. Varias fuentes dijeron a Human Rights Watch que las pandillas tienen vínculos con líderes políticos y empresariales, y policías.
Una ola de violencia de pandillas desplazó a más de 43.000 personas en Puerto Príncipe entre abril y julio, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). La OMS manifestó que las personas desplazadas son especialmente vulnerables al cólera debido al acceso inseguro al agua limpia y al saneamiento.
Para contrarrestar la violencia de pandillas, que representa un obstáculo a la prestación de asistencia, las autoridades deben asegurar que el sistema de justicia comience a funcionar nuevamente, apuntó Human Rights Watch. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los de Derechos Humanos (ACNUDH) informó que, en algunas jurisdicciones, los tribunales no celebran audiencias en causas penales desde hace tres años. Uno de los mayores impedimentos es la falta de seguridad. Con ayuda internacional, el gobierno debe reubicar en áreas seguras a los tribunales, que han sido atacados por pandillas, y proteger a los trabajadores del sistema judicial. Los jueces deben revisar todos los casos de personas recluidas y establecer alternativas a la detención cuando corresponda.
La parálisis política ha agravado los problemas del país. El Parlamento dejó de funcionar en enero de 2020, cuando el expresidente Jovenel Moïse se rehusó a organizar elecciones legislativas. Moïse fue asesinado en 2021 y en este momento Haití no cuenta con un presidente electo o designado. El primer ministro Ariel Henry gobierna por decreto, sin mandato constitucional.
A pesar de la situación de deterioro, otros países siguen repatriando a personas a Haití. Desde enero hasta septiembre de 2022, expulsaron, deportaron o repatriaron de manera sumaria a más de 21.000 personas a Haití por vía aérea o marítima, dijo la Organización Internacional para las Migraciones. Estados Unidos es responsable de aproximadamente el 70 % de las repatriaciones.
Además, la República Dominicana envió a Haití de manera forzosa a más de 49.600 personas por tierra entre febrero y septiembre, incluidas personas nacidas en la República Dominicana, pero consideradas haitianas por las autoridades dominicanas, dijo el Grupo de Apoyo para Refugiados y Retornadas (GARR), una organización sin fines de lucro que tiene presencia en la frontera.
Los derechos al agua y al saneamiento son derechos humanos. El derecho al agua reconoce a todos, sin discriminación, “el derecho a agua suficiente, salubre, aceptable, físicamente accesible y asequible para uso personal y doméstico”.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el órgano de la ONU responsable de monitorear el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, afirmó que “el abastecimiento de agua por persona debe ser suficiente y continuo para el uso personal y doméstico”, incluida el agua para fines de higiene. El Comité también observó que para ser segura, debe estar “libre de microorganismos, sustancias químicas y peligros radiológicos que constituyan una amenaza para la salud humana”.
El derecho al saneamiento reconoce a todos, sin discriminación, “el acceso, desde el punto de vista físico y económico, al saneamiento, en todas las esferas de la vida, que sea inocuo, higiénico, seguro, aceptable desde el punto de vista social y cultural, proporcione intimidad y garantice la dignidad”, conforme lo señaló la Asamblea General de la ONU en 2015. El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho humano al agua potable y al saneamiento ha determinado que los estados deben “garantizar que el tratamiento de los excrementos humanos no afecte negativamente a los derechos humanos”.
“El brote de cólera hace aún más apremiante que los gobiernos dejen de enviar personas a Haití, donde la crisis de seguridad, humanitaria y de salud pone en peligro la vida y la integridad física de todos”, señaló Muñoz.
