Ahora que la Corte Suprema de EE. UU. ha anulado Roe v. Wade, las personas que viven en EE. UU. podrían encontrar motivación en el ejemplo de Colombia, donde previamente este año se ampliaron los derechos a la interrupción voluntaria del embarazo.
El 21 de febrero, la Corte Constitucional de Colombia dictó una sentencia que establece precedentes importantes para la justicia reproductiva al despenalizar el aborto en todos los supuestos hasta las 24 semanas de embarazo.
La decisión complementa la sentencia del 2006 por la cual se legalizó el aborto cuando el embarazo pusiera en riesgo la salud o la vida de la persona embarazada, fuera inviable o hubiera sido causado por una violación.
En 2006 y 2022, la corte centró su razonamiento en la autonomía reproductiva y la dignidad humana.
En el pronunciamiento de 2022, la Corte confirmó la necesidad de que la Constitución colombiana fuera interpretada de manera congruente con las obligaciones en virtud de tratados de derechos humanos asumidas por el país.
La Corte determinó que la criminalización del aborto era una herramienta desproporcionada e innecesaria para lograr el objetivo de proteger la vida prenatal, ya que el derecho penal debería emplearse únicamente como último recurso y no para menoscabar derechos de la mujer, como en este caso. La Corte también reconoció que la criminalización del aborto afecta sobre todo a las mujeres y las niñas en situación vulnerable. Esto es congruente con investigaciones realizadas por Human Rights Watch en otros países. En Ecuador, descubrimos que la mayoría de las mujeres y niñas que enfrentaban cargos penales por aborto vivan en condiciones de pobreza y un número desproporcionado de casos tuvieron lugar en provincias con un gran porcentaje de población indígena o afrodescendiente.
La Corte también reconoció que la promesa constitucional de igualdad para la mujer no es posible sin autonomía reproductiva.
En 2006, la Corte destacó que criminalizar un servicio de salud que solo necesitan las mujeres, como los servicios de aborto, constituía una violación del derecho a no sufrir discriminación al amparo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. En 2022, la Corte señaló que múltiples órganos internacionales de derechos humanos han planteado la necesidad de despenalizar el aborto como medida a favor de la salud y los derechos sexuales y reproductivos.
Al reconocer los derechos reproductivos como derechos fundamentales, las sentencias de la corte los protegen de la infracción del derecho penal.
Esto se diferencia radicalmente de la decisión de la Corte Suprema de EE. UU., que desmanteló un marco construido a lo largo de medio siglo que permitió a millones de mujeres acceder a servicios de interrupción voluntaria del embarazo. Esta decisión ha alejado a EE. UU. de la tendencia mundial —como se aprecia en Colombia— hacia la expansión del acceso al aborto y el reconocimiento de los derechos fundamentales afectados.
Estados Unidos debe prestar atención a lo aprendido en Colombia. Debería tomar en cuenta los estándares internacionales de derechos humanos y asignar a la autonomía y los derechos reproductivos de la mujer una posición central en las leyes estadounidenses sobre acceso al aborto.
