(Seúl) – Las cumbres entre el líder norcoreano Kim Jong Un y los presidentes de Estados Unidos y Corea del Sur, y el proceso de restablecimiento de los lazos internacionales, no han abordado las preocupaciones de derechos humanos que existen en torno a Corea del Norte, dijo Human Rights Watch en su Informe Mundial 2019. Corea del Norte sigue siendo uno de los países más represivos del mundo.
Corea del Norte viola los derechos de las personas de manera sistemática. El gobierno no protege ni promueve los derechos de numerosos grupos vulnerables, entre ellos mujeres, niños y personas con discapacidad. El gobierno utiliza el trabajo forzoso de ciudadanos comunes, incluyendo niños, para controlar al pueblo y sostener su economía.
“Mientras el mundo recibe y saluda al dictador norcoreano Kim Jong Un, nadie debería olvidar que está lidiando con un gobierno que obtiene una obediencia basada en la tortura, las ejecuciones, la violencia sexual, el trabajo forzado y los campos de exterminio tipo gulag”, dijo Phil Robertson, subdirector de Asia para Human Rights Watch. “Dado que las voces de los norcoreanos son silenciadas, corresponde a la comunidad mundial asegurarse de que las demandas para proteger los derechos humanos estén en el centro de todos los tratos internacionales con Pyongyang”.
En la 29.a edición del Informe Mundial 2019, de 674 páginas, Human Rights Watch analiza las prácticas de derechos humanos en más de 100 países. En su ensayo introductorio, el director ejecutivo Kenneth Roth destaca la resistencia que se está gestando ante al odio y la intolerancia que profesan los populistas en muchos países. Los excesos autocráticos están encontrando freno en las nuevas alianzas forjadas por gobiernos que respetan los derechos, a menudo, con el apoyo y a instancias de organizaciones cívicas y del público. Sus logros ponen de manifiesto la posibilidad —y, por cierto, la responsabilidad— de defender los derechos humanos incluso en épocas más sombrías.
Cotidianamente, las mujeres en Corea del Norte enfrentan violencia sexual y de género por parte de funcionarios gubernamentales, en sus trabajos en mercados locales (jangmadang), cuando toman trenes y otras formas de transporte público o cuando tratan con la policía y otros funcionarios de seguridad, incluso en centros de detención. “Los guardias del mercado o los agentes de la policía me pedían que los siguiera a una habitación vacía fuera del mercado, o a algún otro lugar que eligieran”, dijo Oh Jung Hee, una ex comerciante de unos cuarenta años residente de la provincia de Ryanggang, que abandonó el país en 2014 y describió haber sido agredida sexualmente en numerosas ocasiones. “Nos consideran juguetes [sexuales]. Estamos a merced de los hombres”, añadió.
Corea del Norte restringe casi todos los derechos civiles y políticos, a pesar de haber ratificado la Convención Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos. Las limitaciones a las libertades fundamentales incluyen la restricción a la libertad de expresión, religión y conciencia, así como el derecho a reunirse y asociarse. También prohíbe cualquier oposición política organizada, medios de comunicación independientes, organizaciones independientes o sindicatos libres, y castiga severamente a cualquiera que intente formar asociaciones fuera del control gubernamental. El sistema judicial de Corea del Norte está totalmente controlado por el gobernante Partido de los Trabajadores de Corea y la administración.
El gobierno recurre al uso de la tortura bajo custodia, al trabajo forzado en centros de detención que operan como gulags y a las ejecuciones públicas para mantener el miedo y el control sobre la población.
El gobierno impone severas restricciones a los viajes transfronterizos no autorizados a China, y colabora con las autoridades de ese país para capturar y devolver a los refugiados norcoreanos. Tortura y encarcela a quienes salen de Corea del Norte sin permiso y castiga a los norcoreanos por establecer contactos no autorizados con el mundo exterior.
Corea del Norte se niega a cooperar con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Seúl o con el relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Corea del Norte, Tomas Ojea Quintana.
Los gobiernos de todo el mundo han seguido presionando a Corea del Norte para que reconozca y actúe de cara a los resultados del informe de 2014 de la Comisión de Investigación de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos en la República Popular Democrática de Corea. La comisión determinó que el gobierno cometió crímenes de lesa humanidad, entre ellos el exterminio, asesinato, esclavitud, tortura, encarcelamiento, violación y otras formas de violencia sexual y el aborto forzado. Pyongyang ha negado continuamente dichos hallazgos.
El 23 de marzo de 2018, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó sin votación, una resolución que enfatiza la necesidad de promover los mecanismos de rendición de cuentas para garantizar el procesamiento de los funcionarios norcoreanos responsables de crímenes de lesa humanidad. El 17 de diciembre, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una resolución sin votación que condenaba la situación de los derechos humanos en Corea del Norte.
“Con su gobierno totalmente autoritario, consolidado por el terror, Corea del Norte sigue presentando uno de los desafíos más complejos que enfrenta el marco de derechos humanos de la ONU”, señaló Robertson. “Es crucial que EE.UU., la Unión Europea y otros gobiernos intensifiquen sus esfuerzos para asegurar la rendición de cuentas de Kim Jong Un y sus altos funcionarios por sus flagrantes delitos contra los derechos humanos”.
