(Bruselas) – Los gobiernos deberían comprometerse a brindar apoyo político y financiero a la salud sexual y reproductiva para contrarrestar la “Ley Mordaza Global” de Estados Unidos, señaló hoy Human Rights Watch. Los Países Bajos, Bélgica, Dinamarca y Suecia celebrarán una cumbre en Bruselas el 2 de marzo de 2017, con el fin de ampliar el apoyo a la iniciativa de financiamiento al programa “She Decides” [Ella Decide], que ayudará a organizaciones afectadas por las restricciones estadounidenses y los consiguientes recortes presupuestarios.

Mujeres y jovencitas esperan con sus hijos fuera de un consultorio médico en Chitwan, Nepal. El matrimonio infantil y el embarazo entre adolescentes están muy extendidos en Nepal. El acceso a servicios integrales de información sobre salud reproductiva es crucial. 12 de abril de 2016.

 

En su primera jornada en el cargo, el presidente de EE. UU. Donald Trump dictó una versión ampliada de la “Ley Mordaza Global” o “Política de la Ciudad de México”, que cancela totalmente el financiamiento estadounidense para salud proporcionado a organizaciones no gubernamentales extranjeras cuando estas utilicen fondos de cualquier fuente para brindar información sobre abortos, prestar servicios de aborto o promover la liberalización de las leyes de aborto. La legislación estadounidense ya prohíbe el uso de fondos de EE. UU. para incluir el aborto en la asistencia de planificación familiar en el extranjero.

“Los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado deberían apoyar a las mujeres y niñas en la defensa de su derecho a la salud”, señaló Nisha Varia, directora de incidencia en derechos de la mujer de Human Rights Watch. “La política nociva del gobierno de Trump limita las alternativas de las mujeres, favorece la censura de información sobre opciones de salud claves y reducirá una gran variedad de servicios de salud en muchos países donde estos son indispensables”.

Estados Unidos es el mayor donante que aporta fondos a iniciativas de salud a nivel mundial. En las ocasiones en que otros presidentes republicanos de EE. UU. impusieron versiones anteriores de la Ley Mordaza Global, esta se aplicó únicamente a fondos estadounidenses de planificación familiar, que representan cerca de USD 575 millones del financiamiento que este país destina actualmente a salud global. La versión del gobierno de Trump ha ampliado exponencialmente las restricciones, que ahora se aplican a todo tipo de asistencia estadounidense en salud a nivel global. Estos fondos, que alcanzan hasta USD 9.500 millones, no solo contribuyen a la planificación familiar, sino además a la salud materna e infantil, la nutrición y el tratamiento y prevención del VIH/SIDA, las enfermedades infecciosas, malaria, tuberculosis y enfermedades tropicales desatendidas.

Los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado deberían apoyar a las mujeres y niñas en la defensa de su derecho a la salud. La política nociva del gobierno de Trump limita las alternativas de las mujeres, favorece la censura de información sobre opciones de salud claves y reducirá una gran variedad de servicios de salud en muchos países donde estos son indispensables.

Nisha Varia

Directora de incidencia en derechos de la mujer

Las organizaciones extranjeras que reciben fondos de salud de EE. UU. deben optar entre perder el financiamiento estadounidense o cumplir con las restricciones de esta norma, que impiden a proveedores de atención de la salud transmitir información médica completa y veraz a sus pacientes o brindarles atención potencialmente vital. La última vez que estuvo vigente la Ley Mordaza global —y afectó a un volumen mucho menor de fondos— los proveedores de atención de la salud que suelen brindar una amplia variedad de servicios médicos en zonas con bajos recursos se vieron obligados a cerrar clínicas y despedir personal.

Human Rights Watch ha documentado los perjuicios provocados por la falta de atención de la salud integral para mujeres y niñas. Por ejemplo, los embarazos no deseados contribuyen al matrimonio infantil en Nepal, Tanzania y Malawi, y a menudo redundan en que las niñas abandones los estudios. En Kenia, Human Rights Watch documentó evidencias de que las niñas que dan a luz antes de estar físicamente preparadas pueden sufrir fístulas obstétricas, que provocan problemas de salud y estigmatización a lo largo de toda la vida. En países donde el aborto está prohibido en casi todos los casos, como Brasil, Colombia, Ecuador y Haití, Human Rights Watch ha documentado evidencias de que las mujeres ponen en riesgo sus vidas al someterse a abortos inseguros y que los médicos se sienten impotentes ante leyes restrictivas que potencian la morbilidad y las muertes maternas.

“El acceso a una atención de la salud integral, que incluya la anticoncepción y el aborto seguro y legal, redunda en menos embarazos no deseados, menos abortos y menos mujeres y niñas que mueren a causa de embarazos y partos”, destacó Varia. “Si bien es demasiado pronto para apreciar qué volumen de financiamiento estadounidense se verá interrumpido, un recorte considerable podría tener consecuencias devastadoras para la salud y la vida de las mujeres, si otros donantes no incrementan los fondos que aportan”.

El gobierno holandés creó la iniciativa internacional de recaudación de fondos denominada “Ella Decide” para apoyar a organizaciones que brindan atención de salud sexual y reproductiva integral. Los gobiernos que amplíen su asistencia bilateral en áreas de salud sexual y reproductiva pueden anunciar esta medida como parte de la iniciativa “Ella Decide”. Los donantes privados pueden contribuir a un fondo “Ella Decide” que, mediante crowdsourcing, recibe donaciones de personas, fundaciones y empresas.

Bélgica, Canadá, Cabo Verde, Dinamarca, Finlandia, Luxemburgo, los Países Bajos, Noruega y Suecia ya han anunciado que apoyan la iniciativa “Ella Decide”, y varios otros gobiernos han indicado que lo harán en la cumbre que tendrá lugar el 2 de marzo en Bruselas y que reunirá a múltiples partes interesadas.

Una resolución del Parlamento Europeo, adoptada el 14 de febrero, instó a la Unión Europea y a sus estados miembros a “contrarrestar el impacto de la ‘regla de mordaza’ aumentando significativamente la financiación en el ámbito de la salud y los derechos sexuales y reproductivos... recurriendo tanto a la financiación nacional como a los fondos para el desarrollo de la Unión”. Varios países que han apoyado en forma sostenida la salud de la mujer en sus asistencia extranjera aún no han anunciado sus planes, como Australia, Francia, Japón y el Reino Unido.

Casi 225 millones de mujeres y niñas tienen necesidades de anticoncepción que no son cubiertas. Si bien la mortalidad materna se redujo un 44 por ciento entre 1990 y 2015, sigue siendo un problema grave. La Organización Mundial de la Salud estima que, cada día, cerca de 830 mujeres y niñas mueren debido a causas evitables vinculadas con el embarazo o el parto. También estima que anualmente casi 7 millones de mujeres en países en desarrollo son tratadas por complicaciones provocadas por abortos inseguros, y que al menos 22.000 mueren cada año a causa de complicaciones relacionadas con abortos.

La educación sexual integral, el acceso a los anticonceptivos y la posibilidad de abortos seguros son especialmente importantes para las niñas, pues las complicaciones en el embarazo y el parto son una de las principales causas de muerte entre las jovencitas de 15 a 19 años a nivel mundial. Si hay menos fondos para información, servicios e insumos de salud sexual y reproductiva, esta tasa de mortalidad podría trepar aún más.

Un proyecto legislativo presentado en el Congreso de EE. UU. —la Ley de Salud, Empoderamiento y Derechos Globales (Global Health, Empowerment, and Rights Act, HER)— eliminaría de manera permanente la Ley de Mordaza Global. Si bien no habría perspectivas de que la ley se adopte durante el actual gobierno, ha recibido apoyo creciente como estrategia a largo plazo.

“La ley mordaza global del Presidente Trump es contraria a los intereses de las mujeres, las familias, la salud y la libertad de expresión, y podría revertir las conquistas en materia de salud que tanto costó conseguir en todo el mundo”, apuntó Varia. “Los donantes deberían proteger las inversiones que están realizando en materia de salud global, comprometiéndose a aportar nuevos fondos que contribuyan a suplir esta falencia”.