(Los Angeles) – La Asamblea Legislativa del estado de California está tratando un proyecto de ley que exigiría que todos los menores de 18 años consulten a un abogado antes de renunciar a sus derechos como detenidos, conocidos como “derechos Miranda”, señaló hoy Human Rights Watch. La organización divulgó un video donde se muestra un interrogatorio policial de un menor  en el marco de un caso de homicidio, que muestra la necesidad de brindar garantías legales adicionales a los menores para reducir las probabilidades de que se obtengan confesiones forzadas.

A still from a police interrogation video shows a 13-year-old boy being handcuffed. The pressure of the interrogation caused him to confess to a murder he did not commit. 

El Proyecto de Ley del Senado de California 1052 (Lara), que ha contado con el auspicio de Human Rights Watch, brindaría protecciones adicionales a los menores que se encuentran bajo custodia policial. Se redactó a partir de investigaciones que demostraron que los menores tienen menor capacidad de comprender cuestiones legales complejas y valorar las consecuencias de sus actos. El proyecto permitiría que, en la práctica, se brinde asistencia a los menores para que tengan igualdad de condiciones con los adultos al tomar decisiones importantes relativas a la renuncia de su derecho a guardar silencio y hablar con la policía sin la presencia de un abogado.

 

Video revela la vulnerabilidad de los menores a confesiones forzadas

En los últimos años, el estado de California ha sancionado una serie de leyes que otorgan garantías a los menores en el sistema de justicia de penal. Estas leyes reconocen las evidencias neurológicas y de desarrollo ampliamente aceptadas sobre los jóvenes, que han demostrado que su capacidad de entender las implicancias de los derechos legales es inferior a la de un adulto.

“El Proyecto 1052 del Senado tiene por objeto garantizar que los jóvenes en situaciones delicadas no estén solos, y cuenten con un adulto capaz que los ayude entender sus derechos constitucionales básicos”, observó Elizabeth Calvin, defensora sénior de derechos del niño de Human Rights Watch. “Durante un interrogatorio, la presión para realizar una confesión puede ser enorme, ningún menor debería renunciar a sus derechos solo porque no comprende las consecuencias de esa decisión”.

En los últimos años, el estado de California ha sancionado una serie de leyes que otorgan garantías a los menores en el sistema de justicia de penal. Estas leyes reconocen las evidencias neurológicas y de desarrollo ampliamente aceptadas sobre los jóvenes, que han demostrado que su capacidad de entender las implicancias de los derechos legales es inferior a la de un adulto.