Hombres y miembros de la defensa civil buscan sobrevivientes después de un ataque aéreo a un hospital de la ciudad de Meles, en el oeste de la ciudad de Idlib, que esta bajo control de las fuerzas armada de la oposicion en la provincia de Idlib; Siria el 6 de agosto de 2016.

© 2016 Reuters

(New York) – Los ataques militares sirios y rusos a hospitales durante la ofensiva aérea desplegada por el gobierno en la región de Alepo en las últimas semanas están provocando muertos y heridos y el cierre de establecimientos médicos, señaló hoy Human Rights Watch. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas debería pedir al Secretario General que inicie una investigación independiente de los ataques.

Human Rights Watch documentó seis ataques aéreos del gobierno sirio o aviones rusos que impactaron en centros de salud en Idlib y Alepo en las dos últimas semanas, los cuales, en todos los casos, forzaron el cierre momentáneo de esos centros médicos. Estas incursiones aéreas también dejaron un saldo de 17 civiles muertos y al menos 6 personas heridas. Según la Sociedad Médica Sirio-Estadounidense, que administra centros de salud y hospitales de campaña en zonas controladas por la oposición, hubo 43 de estos ataques en julio, el peor mes en cuanto a ataques a establecimientos médicos desde que comenzó el conflicto en Siria.

“Los ataques aéreos a hospitales se están convirtiendo en algo habitual en Siria y, sin embargo, no vemos que haya investigaciones ni que nadie ofrezca explicaciones por estos actos criminales”, observó Nadim Houry, subdirector para Medio Oriente de Human Rights Watch. “El bombardeo implacable continúa sin tregua, sobre todo en Alepo, y los hospitales y clínicas deberían ser reconocidos como sitios sagrados donde se salvan vidas, y no como un objetivo más de los bombardeos”.

Human Rights Watch dialogó vía Whatsapp con los directores de cuatro hospitales y un banco de sangre, así como de otros dos establecimientos afectados el 6 de agosto: el Hospital Amal, patrocinado por Medecins Sans Frontiers, en la población de Millis, provincia de Idlib, y el hospital de la localidad de Sarmin en Idlib. Todos manifestaron que los establecimientos habían sido marcados claramente como centros de salud y que no había combatientes armados en las proximidades cuando ocurrieron los ataques.

El derecho internacional humanitario reconoce protecciones especiales a los establecimientos médicos, a los cuales les corresponden además las garantías generales aplicadas a civiles y estructuras civiles. No deberían nunca ser atacados, a menos que estén siendo usados para fines militares y con el objeto de perpetrar actos nocivos a una parte en el conflicto. Cuando no se configuran estas circunstancias, los ataques deliberados contra establecimientos médicos constituyen violaciones del derecho de guerra, y podrían ser juzgados como crímenes de guerra.

Los ataques a establecimientos médicos también tienen un impacto directo en el derecho a la salud de residentes del norte de Siria, apuntó Human Rights Watch. Una investigación de la ONU permitiría identificar a los agresores, recabar y preservar evidencias para futuros procesos judiciales y adoptar medidas para sancionar a los responsables.

El 23 de julio de 2016, se produjeron ataques contra cuatro clínicas —el Hospital de Niños Al-Hakim, el Hospital Al-Daqaq, el Hospital Al-Zahra y el Hospital Al-Bayan— y el Banco Central de Sangre del barrio de Al-Sha`ar, en Alepo, una zona densamente poblada. Todos estaban claramente identificados como hospitales. No hubo ningún reconocimiento de responsabilidad por parte del gobierno ruso o sirio.

“El proyectil cayó justo sobre el edificio”, aseveró Abu al-Motassim, jefe del Hospital Al-Zahra, un centro médico de Alepo que atiende urgencias ginecológicas y de maternidad las 24 horas. “No puedo describir lo que sentí en el momento del impacto; creí que el edificio entero iba a colapsar encima de nosotros. Fue un caos total”.

La Organización Mundial de la Salud había indicado que existía un único hospital en Alepo oriental que todavía ofrecía servicios obstétricos, y que tan solo dos médicos ginecólogos atendían allí entre 30 y 35 partos por día.

Según Physicians for Human Rights, 750 médicos han perdido la vida en Siria desde el comienzo del conflicto, 698 de ellos por acción de fuerzas gubernamentales sirias o del Ejército ruso. La organización sostiene que se produjeron 373 ataques a 265 establecimientos médicos entre el 22 de marzo de 2011 y mayo de 2016. Indicó que la mayoría de esos ataques se efectuaron deliberadamente contra centros médicos.

El 3 de mayo, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la Resolución 2286, mediante la cual condenó “los abusos cometidos contra el personal sanitario y el personal humanitario dedicado
exclusivamente a misiones médicas, sus medios de transporte y equipo, los hospitales y otros establecimientos sanitarios en situaciones de conflicto armado”. El Consejo de Seguridad instó a los países miembros a garantizar la protección de “heridos y enfermos, el personal sanitario y el personal humanitario dedicado exclusivamente a misiones médicas, sus medios de transporte y equipo, los hospitales y otros establecimientos sanitarios en situaciones de conflicto armado, y [a que], cuando proceda, tomen medidas contra los responsables de tales violaciones de conformidad con el derecho interno e internacional, con miras a reforzar las medidas de prevención, asegurar la rendición de cuentas y responder a las reclamaciones de las víctimas”.

La Resolución 2254 del Consejo de Seguridad, adoptada el 18 de diciembre de 2015, exhortó a todas las partes del conflicto en Siria a que “pongan fin de inmediato a los ataques contra
civiles y bienes de carácter civil, incluidos los ataques contra instalaciones sanitarias y personal
médico, y cualquier uso indiscriminado de armas, incluso mediante ataques de artillería y bombardeos aéreos”.

En diciembre de 2014, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución que insta a los países a realizar acciones concretas para prevenir ataques a servicios de salud.

“Para los médicos y enfermeras en Siria, así como para los enfermos y heridos, las palabras del Consejo de Seguridad no son más que vanas promesas”, expresó Houry. “Las potencias mundiales aparentemente no pueden consensuar una solución al conflicto sirio, pero sí pueden ponerse de acuerdo sobre las medidas necesarias para garantizar que quienes atacan hospitales algún día deban rendir cuentas ante la justicia”.