(Washington, DC) – Las interceptaciones a gran escala por el gobierno de EE. UU. obstaculizan gravemente el trabajo de periodistas y abogados en ese país, señalaron Human Rights Watch y la Asociación Nacional para la Defensa de los Derechos Civiles, (ACLU, por sus siglas en inglés) en un informe conjunto publicado hoy. Las interceptaciones están socavando la libertad de los medios de comunicación, el derecho a la asistencia letrada y están impidiendo que el pueblo estadounidense obtenga la información necesaria para hacer que el gobierno rinda cuentas por su actuación, afirmaron las organizaciones.
El informe de 120 páginas, “With Liberty to Monitor All: How Large-Scale US Surveillance is Harming Journalism, Law, and American Democracy” (Con libertad para vigilar a todos: Cómo las interceptaciones masivas en EE. UU. repercuten negativamente en el ejercicio del periodismo y el derecho y socavan la democracia estadounidense), está elaborado a partir de entrevistas exhaustivas con periodistas, abogados y altos funcionarios del gobierno estadounidense. La investigación documenta cómo periodistas que trabajan en temas de seguridad nacional y abogados están adoptando medidas complejas o modificando de otra manera sus prácticas para garantizar la seguridad de sus comunicaciones, fuentes y otra información confidencial, a la luz de las revelaciones sobre las interceptaciones masivas sin precedentes que el gobierno estadounidense estaría llevando a cabo sobre comunicaciones y transacciones electrónicas.
El informe afirma que las interceptaciones y la falta de transparencia del gobierno están amenazando la libertad de prensa, el derecho del público a la información y el derecho al asesoramiento letrado, todos ellos derechos humanos esenciales para una democracia plena.
“El trabajo de periodistas y abogados es fundamental para la democracia”, indicó Alex Sinha, autor del informe y becario Aryeh Neier en Human Rights Watch y en la Asociación Nacional para la Defensa de los Derechos Civiles. “Cuando su trabajo se ve perjudicado, todos sufrimos las consecuencias”.
El impacto de las interceptaciones en el periodismo
El informe se basa en entrevistas con alrededor de 50 periodistas que trabajan en los campos de inteligencia, seguridad nacional, y aplicación de la ley para medios en EE.UU. que incluyen el New York Times, Associated Press, ABC, y NPR.
EE. UU. se ha presentado durante mucho tiempo como un líder global en lo que respecta a la libertad de prensa. No obstante, periodistas entrevistados para el informe están advirtiendo que las interceptaciones están restringiendo su capacidad de informar sobre asuntos de gran interés público.
Las interceptaciones han acrecentado las preocupaciones ya existentes entre periodistas y sus fuentes debido a la ofensiva del gobierno contra posibles filtraciones. Esta ofensiva ha incluido nuevas restricciones al contacto entre funcionarios de inteligencia y medios de comunicación, además de un incremento en los procesos penales contra quienes divulgan información confidencial y en el Programa contra la Amenaza Interna (Insider Threat Program), que obliga a funcionarios federales a denunciar a sus pares cuando incurran en un comportamiento “sospechoso”, que podría presumirse como una intención de filtrar información.
Diversos periodistas entrevistados para el informe están comprobando que las interceptaciones han intimidado a sus fuentes y provocado que se muestren reacios a conversar incluso sobre temas de interés público que no tienen carácter confidencial. Fuentes temen que el gobierno les revoque sus permisos para acceder a información confidencial, lo cual podría implicar la perdida de sus empleos. En el peor de los casos, temen ser objeto de una investigación penal.
“Las personas cada vez están más atemorizadas de hablar sobre cualquier cosa”, observó un periodista galardonado con el Premio Pulitzer, incluso si se trata de temas no confidenciales que revisten un interés público legítimo.
Numerosos periodistas señalaron que aplicaban técnicas complejas en un entorno de gran incertidumbre, para intentar proteger las evidencias de su interacción con las fuentes. Las técnicas incluían desde usar lenguaje encriptado y computadoras totalmente aisladas (que no entran en contacto con redes inseguras, incluido Internet), hasta comunicarse con fuentes a través de teléfonos desechables o interrumpir completamente las comunicaciones electrónicas. Estas engorrosas nuevas técnicas retardan el trabajo de los periodistas en la búsqueda de fuentes cada vez más recelosas, y se traducen en la transmisión de un menor volumen de información al público.
La situación tiene implicancias directas en la facultad del público de acceder a información importante sobre actividades del gobierno, y en la capacidad de los medios de comunicación de vigilar las actuaciones del gobierno, determinaron Human Rights Watch y ACLU.
Los periodistas manifestaron consternación debido a que, en vez de ser tratados como un contralor esencial del gobierno y socios en el sano debate democrático, podrían ser percibidos como sospechosos por el trabajo que desempeñan. Un destacado periodista resumió en pocas palabras lo que parece ser el sentimiento de muchos: “No quiero que el gobierno me obligue a actuar como un espía. No soy un espía; soy un periodista”.
El impacto de las interceptaciones para el ejercicio de la abogacía
En el caso de los abogados, la vigilancia a gran escala ha despertado interrogantes sobre su capacidad de cumplir con la responsabilidad profesional de garantizar la confidencialidad de información relativa a sus clientes. El incumplimiento de tales responsabilidades podría dar lugar a medidas disciplinarias a través de organizaciones profesionales, o incluso a demandas judiciales.
Los abogados también dependen del libre intercambio de información con sus clientes para generar confianza y formular una estrategia legal. Debido a inquietudes vinculadas con las interceptaciones gubernamentales, los abogados —sobre todo, aunque no exclusivamente, los abogados defensores— tienen mayores dificultades para conseguir que sus clientes confíen en ellos o para resguardar su estrategia legal. Ambos problemas mellan la posibilidad de los abogados de representar eficazmente a sus clientes.
Al igual que en el caso de los periodistas, los abogados se sienten cada vez más presionados a adoptar estrategias para evitar dejar una huella digital que pueda ser rastreada. Algunos utilizan teléfonos desechables, otros procuran obtener tecnología diseñada para brindar seguridad e incluso hay quienes indicaron que viajaban distancias más largas para sostener reuniones en persona. Al igual que los periodistas, algunos abogados se sienten frustrados, e incluso ofendidos, por estar en esta situación. “Que ni piensen que voy a empezar a comportarme como un narcotraficante para proteger la confidencialidad de mi cliente”, dijo un abogado.
El resultado de esta incertidumbre en cuanto a la confidencialidad es la erosión del derecho al asesoramiento letrado, uno de los pilares de la justicia procesal consagrado en las normas de derechos humanos y la Constitución de Estados Unidos, determinaron Human Rights Watch y ACLU.
EE. UU. tiene la obligación de proteger la seguridad nacional, y conforme a los estándares de derechos humanos, puede para ello realizar actividades de vigilancia, pero solamente en la medida en que estas sean lícitas, necesarias y proporcionadas, y constituyan el medio menos invasivo para prevenir amenazas a la seguridad nacional. Muchos de los programas de interceptación existentes son indiscriminados o excesivamente amplios, y atentan contra la libertad de expresión, el derecho a la asistencia letrada y a la facultad del público de exigir que su gobierno rinda cuentas por sus actos. EE. UU. debería reformar estos programas para garantizar que su propósito esté claramente delimitado y sea legítimo, incrementar la transparencia en torno a asuntos de seguridad nacional y vigilancia, y adoptar medidas para brindar una protección más efectiva a denunciantes y medios de comunicación, manifestaron Human Rights Watch y ACLU.
“EE. UU. se presenta como un modelo de libertad de expresión y democracia, pero sus propios programas de interceptación están poniendo en riesgo los valores que pretende representar”, señaló Sinha. “EE. UU. debería afrontar de manera genuina el hecho de que sus programas de vigilancia masiva están conculcando numerosos derechos trascendentales”.
