(París) – Francia detiene a más de 500 menores migrantes que llegan solos al país cada año y los retiene en zonas de tránsito en las fronteras donde se les niega la protección y los derechos concedidos a otros niños no acompañados en territorio francés, señaló hoy Human Rights Watch. Cualquier niño migrante no acompañado que llegue a Francia debería ser admitido en el país y recibir refugio y cuidados básicos, mientras su solicitud de inmigración es evaluada.
Bajo la ley francesa, los menores no acompañados –que llegan a un aeropuerto o puerto marítimo sin padres o tutores para protegerlos— pueden ser detenidos en una de las más de 50 zonas de tránsito durante un máximo de 20 días, tiempo durante el cual, según el gobierno, todavía no han entrado en Francia. Esta ficción jurídica permite al gobierno francés negarles a los menores en las zonas de tránsito los derechos de los que sí disfrutan los niños no acompañados en Francia. El país no ha modificado sus prácticas a pesar de un fallo judicial de 2009 que dictaminó que los menores que se encuentran en las zonas de tránsito están, de hecho, en Francia.
“Francia está recurriendo a un vacío legal y con ello está poniendo en peligro los derechos de los menores”, dijo Alice Farmer, investigadora de los derechos del niño de Human Rights Watch. “Si bien los niños se encuentran físicamente en Francia, según el derecho francés aún no están en Francia, y bajo este truco legal les niegan la protección”.
Una nueva investigación de Human Rights Watch que actualiza su informe de 2009, Lost in Transit (Perdido en tránsito), demuestra que la adhesión de Francia a este régimen jurídico anómalo coloca a los niños en una situación vulnerable ante el riesgo de que sus solicitudes de asilo no reciban la consideración adecuada o de que su deportación sea erróneamente acelerada.
Para actualizar el informe de Human Rights Watch de 2009, Human Rights Watch visitó en enero y febrero de 2014 las zonas de tránsito de los aeropuertos de Roissy Charles de Gaulle y Orly; entrevistó a 11 migrantes detenidos, de los cuales tres eran menores no acompañados, y asistió a las audiencias judiciales de otros tres. Human Rights Watch también entrevistó a 22 funcionarios gubernamentales del Ministerio del Interior, la Policía Fronteriza y la Oficina de Refugiados, entre otros. Además también consultó a expertos de organizaciones no gubernamentales y el mundo académico.
La detención de un niño debería ser un último recurso, dado el impacto negativo que tiene sobre la salud mental de los niños, aseguran los expertos. Los niños retenidos en las zonas de tránsito, incluso en el aeropuerto de Roissy –la mayor zona de tránsito de Francia—, son víctimas de un proceso truncado y afrontan una prueba de asilo expeditada. A veces son retenidos junto a adultos sin parentesco, una violación de las normas internacionales, haciéndolos vulnerable a la explotación y el abuso. Los niños migrantes no acompañados que ya se encuentran “en” Francia no son detenidos y se les concede audiencias de asilo completas.
En 2009, el más alto tribunal civil y penal de Francia, el Tribunal de Casación, falló que “un niño detenido en la zona de tránsito del aeropuerto de Roissy Charles de Gaulle se encuentra de hecho en territorio francés”, eliminando cualquier justificación legal para discriminar entre estos dos grupos. Sin embargo, Francia aún debe reconocer este fallo mediante la modificación de su política.
El número de menores migrantes no acompañados que llegan a Francia ha caído a alrededor de 500 al año, frente a los aproximadamente 1.000 de 2008. Desde el primer informe que Human Rights Watch publicó en 2009, Francia, con el apoyo de la UE, ha construido un espacio para menores en el área de detención del aeropuerto de Roissy, pero es demasiado pequeño para albergar a todos los menores no acompañados detenidos. Al menos en una ocasión durante 2013, más de la mitad de estos menores fueron retenidos en compañía de adultos.
Cuando un menor migrante no acompañado llega a un punto de entrada, la policía fronteriza debe informar al fiscal. Este debe entonces asignarle un tutor, conocido como un administrador ad hoc, para ayudar al menor en las zonas de tránsito. Sin embargo, la policía todavía puede presionar a estos menores para firmar documentos antes de reunirse con el administrador ad hoc para averiguar cuáles son sus derechos y los procedimientos a los que se enfrentan.
Los administradores ad hoc, por lo general voluntarios, cuentan con recursos muy limitados para responder a las necesidades de los menores y asistirles en procedimientos complejos, incluyendo las solicitudes de inmigración y la prueba de determinación de la edad. Sobre todo en las zonas de tránsito más remotas, como Marsella o Lyon, los menores pueden no recibir ningún tipo de asistencia.
Human Rights Watch descubrió que el gobierno lleva a cabo pruebas de determinación de la edad a individuos que alegan ser menores de edad, antes de asignarles un administrador ad hoc, dejándoles así sin asistencia. La Convención sobre los Derechos del Niño permite a cualquiera que afirme ser un menor a que se le asigne un tutor tan pronto como haga esa afirmación; como consecuencia, los menores cuentan con ayuda para abordar procedimientos complejos como la determinación de la edad. Francia no permite apelaciones para los procesos de determinación de la edad, lo que significa que un menor que por error sea considerado como adulto puede ser deportado sin los procedimientos adecuados.
Bajo la ley francesa, el gobierno somete a los menores no acompañados que solicitan asilo en las zonas de tránsito a procedimientos acelerados que les deniegan sus plenos derechos. En las zonas de tránsito, tanto los adultos como los menores deben demostrar primero que sus afirmaciones no son “manifiestamente infundadas” antes de asignarles una audiencia completa. Los plazos cortos, la falta de acceso a abogados y la complejidad del procedimiento llevado a cabo por la Oficina Francesa de Protección de Refugiados y Apátridas (Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides, OFPRA), dejan a los menores, agotados por el viaje, sin la capacidad para preparar sus solicitudes adecuadamente.
En consonancia con las obligaciones de derecho internacional de Francia, los menores migrantes no acompañados no deberían estar sujetos a procedimientos acelerados de asilo, tales como las audiencias “manifiestamente infundadas”, ya que el proceso no se asegura de que el principal interés del menor sea la consideración principal para decidir si pueden permanecer en el país.
Francia debe parar de inmediato la detención de menores en las zonas de tránsito, recomendó Human Rights Watch. Cuando menores migrantes no acompañados llegan a la frontera, Francia debe admitirlos y luego examinar el estatus de inmigración del menor y, en su caso, su edad mediante evaluaciones multidisciplinarias. Todos los menores que presentan solicitudes de asilo deben tener acceso directo a una audiencia completa, sin una prueba preliminar para solicitudes “manifiestamente infundadas”.
Mientras Francia siga operando en las zonas de tránsito, debe garantizar que el sistema de administradores ad hoc cuente con los recursos suficientes para asistir eficazmente a los menores. A los menores deben asignarles tutores tan pronto lleguen y antes de que sean sometidos a la prueba de determinación de la edad o cualquier otro procedimiento.
Para más cobertura de Human Rights Watch sobre Francia, por favor visite:
https://www.hrw.org/europecentral-asia/france (en inglés)
https://www.hrw.org/es/europecentral-asia/france (en español)
