(Bruselas) - La detención en Francia de un líder rebelde ruandés por delitos graves en la República Democrática del Congo (RDC) envía una fuerte señal de que la Corte Penal Internacional (CPI) está haciendo su tarea a la hora de investigar los delitos en los Kivus e irá tras los comandantes abusivos, Human Rights Watch señaló hoy. La policía francesa arrestó a Callixte Mbarushimana la mañana del 11 de octubre de 2010, en París, donde residía desde 2003.
Mbarushimana es el secretario ejecutivo de las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR), un grupo armado ruandés predominantemente hutu que opera en el este de la RDC desde 1994. Mbarushimana era buscado por la CPI por cargos de crímenes de lesa humanidad (asesinato, tortura, violación y actos inhumanos) y crímenes de guerra (ataques contra la población civil, destrucción de propiedad, asesinato, tortura, violación, tratos inhumanos y persecución) presuntamente cometidos en 2009 durante el conflicto armado en la región de los Kivus en la República Democrática del Congo.
"Los civiles en el este de la RDC han pasado terribles sufrimientos infligidos por diversos grupos armados desde hace muchos años", dijo Géraldine Mattioli-Zeltner, defensor de justicia internacional de Human Rights Watch. "La detención de Callixte Mbarushimana envía un poderoso mensaje de que los responsables de crímenes atroces se enfrentarán a la justicia sin importar dónde traten de ocultarse".
En 2009, las tropas de las FDLR llevaron a cabo ataques generalizados y viciosos contra la población civil después de que el Ejército congoleño, con el apoyo de las fuerzas de paz de las Naciones Unidas, iniciara operaciones militares en su contra. Human Rights Watch documentó numerosos homicidios deliberados de civiles, entre ellos muchas mujeres, niños y ancianos, por las FDLR, quienes mataron a sus víctimas con machetes y arpones. Los combatientes de las FDLR saquearon y quemaron casas, a veces con sus víctimas encerradas dentro. La matanza de civiles fue acompañada invariablemente por violaciones sexuales. De acuerdo con informes de investigación de la ONU, las tropas de las FDLR son sospechosas de haber participado en la violación en masa de 300 civiles a principios de agosto de 2010 en la región de Walikale, en Kivu del Norte.
Además de Mbarushimana, otros líderes de las FDLR que operan en el este de la RDC se han visto implicados en delitos brutales contra la población civil. Human Rights Watch instó a la CPI a investigar también al general Silvestre Mudacumura, entre otros, por su responsabilidad directa o de mando en la comisión de abusos generalizados contra la población civil.
Otros grupos armados también han cometido graves crímenes de acuerdo al derecho internacional humanitario en la región los Kivus desde julio de 2002, fecha a partir de la cual la CPI tiene jurisdicción en la RDC. Estos incluyen el antiguo grupo rebelde congoleño Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo (CNDP), las milicias Mai Mai, y el Ejército congoleño.
"Muchas fuerzas en el este de la RDC han cometido graves crímenes contra la población civil, por lo que es crucial para el fiscal de la CPI investigar con prontitud y presentar cargos contra sus líderes", dijo Mattioli-Zeltner. "Tanto los líderes de los ejércitos del Congo y Ruanda como los comandantes rebeldes necesitan sentir que ya no pueden salirse con la suya".
El arresto de Mbarushimana por las autoridades francesas pone de relieve la importancia crucial de la cooperación estatal para que la CPI pueda cumplir su misión. La CPI no tiene su propia fuerza policial y se apoya en los Estados para llevar a cabo sus órdenes de arresto. Siguen pendientes las órdenes de arresto de la CPI contra los dirigentes del Ejército de Resistencia del Señor (LRA), un grupo que sigue atacando civiles en tres países de África central, y en contra de tres ciudadanos sudaneses, entre ellos el presidente en ejercicio, Omar al-Bashir, los tres últimos por delitos graves en Darfur.
En el este de la RDC, también sigue en libertad Bosco Ntaganda, en la actualidad un general del Ejército congoleño quien es buscado por la CPI, acusado de alistar, reclutar y utilizar niños soldados en Ituri en 2002-2003. La semana pasada, el ministro congoleño de Justicia y Derechos Humanos reiteró públicamente que las autoridades congoleñas no arrestarán a Ntaganda porque se le necesita para preservar la paz y la estabilidad en el este de la RDC. Grupos nacionales de derechos humanos se ha opuesto firmemente a esta política.
"La triste historia de los ciclos de violencia y atrocidades contra civiles en el este de la RDC muestra que la impunidad no es nunca una garantía de paz", dijo Mattioli-Zeltner. "Las personas involucradas en delitos graves, incluyendo Bosco Ntaganda y las relacionadas con el Gobierno, también deben ser llevadas ante la justicia".
Mbarushimana asumió el liderazgo del grupo armado FDLR tras la detención de su presidente, Ignace Murwanashyaka, y su adjunto, Straton Musoni, en Alemania el 17 de noviembre de 2009, por cargos de pertenencia a una organización terrorista y estar a cargo del mando durante los crímenes de guerra y crímenes contra la comunidad cometidos por las tropas de las FDLR en el este de la RDC. La investigación en Alemania está avanzando y se espera que el fiscal federal de Alemania emita un documento de cargos a finales de 2010.
Mbarushimina residía en Francia desde 2003 y desde allí asumió sus funciones como secretario ejecutivo de las FDLR. A diferencia de Alemania, hasta julio de este año, los tribunales franceses no tenían jurisdicción sobre Mbarushimana por los delitos que se le acusa de haber cometido en el este de la RDC.
Sin embargo, Francia tenía jurisdicción sobre la presunta participación Mbarushimana en el genocidio de Ruanda en 1994, incluso en los asesinatos de personal ruandés en la oficina de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Kigali. A pesar de una solicitud oficial por las Naciones Unidas en 2005 para investigar las denuncias en su contra y una denuncia presentada por víctimas en 2006, no se tomó acción legal en Francia contra él.
El hecho de que Mbarushimana haya podido vivir en Francia sin temor a ser arrestado es un fuerte recordatorio de la importancia de contar con buenas leyes de "jurisdicción universal", que permiten a los Estados enjuiciar graves crímenes internacionales, aun cuando hayan sido cometidos en el extranjero y por un extranjero, señaló Human Rights Watch. Los Estados que están verdaderamente comprometidos en acabar con la impunidad deben asegurarse de que no proporcionan refugio seguro para presuntos criminales de guerra.
Antecedentes
Las provincias orientales de la RDC de Kivu del Norte y Kivu del Sur han sufrido conflictos armados mortales y destructivos durante las últimas dos décadas. Como se documenta en un informe recientemente publicado de la ONU sobre la investigación de los crímenes cometidos en la RDC entre 1993 y 2003, los conflictos en la región de los Kivus siempre han implicado abusos generalizados contra la población civil.
El actual conflicto en el este de la RDC está vinculado a las secuelas del genocidio de Ruanda de 1994. Las alianzas han cambiado varias veces entre los distintos beligerantes.
Dos grupos rebeldes armados han dominado los acontecimientos en la región de Kivu del Norte y del Sur en los últimos años: los congoleños liderados por tutsis del Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo (CNDP) - un grupo rebelde apoyado por Ruanda, integrado al Ejército congoleño a principios de 2009, después de que perdiera a su líder Laurent Nkunda, y la milicia ruandesa hutu denominada Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR).
Las FDLR son un grupo armado predominantemente hutu ruandés que utiliza la fuerza militar para buscar el cambio político y una mayor representación de los hutus en Ruanda. Se cree que algunos de los líderes de las FDLR participaron en el genocidio en Ruanda en 1994. El Gobierno congoleño se ha dirigido en repetidas ocasiones a las FDLR (y a sus movimientos predecesores) para buscar apoyo en su lucha contra los grupos rebeldes congoleños apoyados por Ruanda o en contra del Ejército ruandés. Recientemente, a cambio de la ayuda del Gobierno de Ruanda para eliminar a Laurent Nkunda, líder del CNDP, el Gobierno congoleño ha participado en operaciones conjuntas (con el Ejército de Ruanda, y la fuerza de paz de la ONU en la RDC) en contra de las FDLR.
La lucha contra se ha caracterizado por ataques contra la población civil llevados a cabo por todas las partes en el conflicto. Human Rights Watch ha documentado los asesinatos deliberados de más de 1,400 civiles únicamente entre enero y septiembre de 2009. En los mismos nueve meses, más de 7,500 casos de violencia sexual contra mujeres y niñas fueron registrados en los centros de salud en Kivu del Norte y del Sur, casi el doble de las cifras reportadas en 2008, y es probable que sólo representen una fracción del total.
En abril de 2004, el Gobierno congoleño de transición remitió los delitos cometidos en el país a la CPI. El 23 de junio de 2004, el fiscal de la CPI anunció el comienzo de las investigaciones de la Corte en la República Democrática del Congo.
Desde entonces, la Corte Penal Internacional ha emitido órdenes de arresto contra cuatro líderes rebeldes del distrito de Ituri, Thomas Lubanga y Bosco Ntaganda de la Unión de Patriotas Congoleños (UPC), Germain Katanga, antiguo comandante de la Fuerza de Resistencia Patriótica en Ituri (FRPI), y Mathieu Ngudjolo, ex dirigente del Frente de Nacionalistas e Integracionistas (FNI).
Todos, excepto Bosco Ntaganda están siendo enjuiciados en la CPI.
