Dos oficiales de guardia civiles españoles ayudan a un niño a bajar de un barco en Puerto de los Cristianos, el domingo 6 de agosto de 2006, en la isla española de Tenerife. La embarcación que transportaba a 104 posibles inmigrantes, entre ellos seis niños, fue interceptada frente a la costa y escoltada al puerto.

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(Ginebra) - Según el informe de Human Rights Watch que se publica hoy, la decisión del Gobierno de Canarias de mantener a más de 250 menores inmigrantes no acompañados en centros de emergencia no reglamentados coloca a los niños en situación de riesgo y amenaza su bienestar.

En el informe de cuarenta y tres páginas titulado "Emergencia eterna: la institucionalización de menores extranjeros no acompañados en centros de emergencia de las Islas Canarias no tiene fin", se señala que los centros no cumplen las normas mínimas de acogida del Gobierno de Canarias. Los aproximadamente 100 menores alojados en el centro más grande y aislado, La Esperanza, reciben comida de baja calidad, carecen de calefacción, agua caliente y mantas adecuadas. Además cabe señalar casos frecuentes de violencia entre menores. Los centros se crearon en 2006 como medida temporal ante la llegada de un número sin precedentes de niños inmigrantes a las Islas. A raíz de la publicación de este informe, el Gobierno de Canarias ha informado a Human Rights Watch por vía oral el 15 de junio que planea cerrar el centro de emergencia "La Esperanza " en diciembre de este año y  trasladar a los niños a los centros de  Tegueste y de Arinaga. Sin embargo, no se ha comprometido a eliminar el régimen actual de emergencia para menores extranjeros no acompañados ni a regular todos los centros conforme a las normas existentes al efecto.

"Felicitamos la intención del Gobierno de Canarias de cerrar la instalación en peores condiciones donde los niños están en situación de riesgo", comenta Simone Troller, investigadora sobre los derechos del Niño en Human Rights Watch. "Esperamos ver traducido este compromiso en un plan firme con medidas concretas para garantizar que sea realmente cerrado. Al mismo tiempo, debería poner fin al régimen de emergencia en su conjunto y condicionar todos los centros de menores extranjeros no acompañados en cumplimiento con las normas de acogida establecidas".

Estas nuevas conclusiones se publican tres años después de que Human Rights Watch documentara por primera vez alegaciones graves de malos tratos a menores por parte del personal; infraestructuras deficientes y saturadas; violencia de niños más mayores contra más pequeños; así como una falta de supervisión por parte de los organismos responsables. Las conclusiones iniciales se publicaron en junio de 2007 en un informe titulado: "Responsabilidades no bienvenidas: España no protege los derechos de los menores extranjeros no acompañados en las Islas Canarias."

Según Human Rights Watch han mejorado algunas condiciones desde 2007. Los niños tienen acceso a oportunidades de formación y de educación fuera del centro. Además, parece ser que ha aumentado la frecuencia de las visitas de control por parte de las instituciones encargadas de supervisar las condiciones. Human Rights Watch comprobó que, en el centro de Arinaga, concretamente, las condiciones han mejorado en gran parte porque ha disminuido el número de menores alojados. A Human Rights Watch le preocupa que, en la ausencia de un plan cuidadoso y normas de acogida de obligado cumplimiento, el traslado de un número importante de menores de La Esperanza a Arinaga pueda comprometer el progreso hecho.

Human Rights Watch apunta que sigue habiendo otras serias razones de preocupación en los centros de emergencia, entre las que figuran: la ausencia de mecanismos operativos para presentar quejas de forma confidencial; la mezcla de niños más pequeños con otros más mayores en un centro de emergencia; un acceso insuficiente al procedimiento de solicitud de asilo; la ausencia de límites de ocupación; así como oportunidades limitadas para integrarse en la comunidad. Además, las condiciones inaceptables del centro de La Esperanza suponen una amenaza al bienestar de los niños.

Un chico de 16 años describía las condiciones en La Esperanza de la siguiente manera: "Es muy duro, sobre todo en invierno... por supuesto, tengo frío por la noche. Tengo una manta... no sirve de nada pedir otra. No te la dan. Nadie tiene dos... A veces hace tanto frío que no se puede dormir".

Human Rights Watch insta al Gobierno de Canarias a que fije como prioritario el cierre de La Esperanza y garantice que todas las estructuras restantes cumplan las normas mínimas de las Islas Canarias y los límites de ocupación estipulados para los centros de atención para menores extranjeros no acompañados.

En 2006, cuando se crearon los centros de emergencia, se hacía frente a la oleada de un número importante de inmigrantes, sin la debida documentación, provenientes de África Occidental, entre ellos, 1.000 menores no acompañados ese mismo año. Desde entonces se ha ralentizado el flujo de llegadas.

Antes de 2006, Canarias había tenido que hacer frente a la llegada de menores extranjeros no acompañados y contaba con una red operativa de residencias más pequeñas y reglamentadas, que siguen proporcionando atención y oportunidades de integración hasta un total de 250 niños a la vez. Sin embargo, cuando el número de menores extranjeros no acompañados excede esa cifra, se les envía a instalaciones de emergencias no reglamentadas.

El Gobierno de Canarias dice que ha intentado crear centros más pequeños que acataran las normas mínimas existentes, pero que se ha topado con la oposición de los municipios locales. Sin embargo, lo anterior no explica por qué se han cerrado centros más pequeños existentes, mientras se mantiene La Esperanza operativa.          

El personal de los centros, las organizaciones no gubernamentales y los fiscales de Canarias con los que habló Human Rights Watch atribuían la falta de progreso al Gobierno de Canarias, puesto que estimaban que faltaba la voluntad política necesaria para otorgar a los niños una mejor atención y que se mantenían los centros de emergencia abiertos como medida de presión frente al Gobierno central en Madrid para que se incrementara la financiación o se trasladara a los menores a otras partes de España.

El Gobierno ha aumentado sus contribuciones financieras para Canarias en los últimos años y, en 2009, destinó más de la mitad del presupuesto de 26 millones de euros del archipiélago a la acogida de menores inmigrantes. También ha ayudado a tramitar y financiar el traslado de niños a otras regiones de España.

El Gobierno central debería exigir a Canarias que proporcione una atención adecuada y, además, que elabore un plan concreto para cerrar los centros como condición previa a la proporción de asistencia financiera, declara Human Rights Watch.

Este año se someterá a un minucioso examen la trayectoria de España en relación a los derechos del Niño. Durante la presidencia de la UE, España ha declarado como uno de sus temas prioritarios la difícil situación de los menores extranjeros no acompañados y deberá informar sobre los logros cosechados en materia de promoción de los derechos de los niños al Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas en otoño del presente año.

"España ha colocado la difícil situación de los niños inmigrantes en la agenda política de UE durante su presidencia", comenta Troller. "Debe predicar con el ejemplo y garantizar una adecuada protección para esos menores en Canarias".