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"Tengo miedo de irme a dormir, de bañarme y de todo lo demás. Me da miedo que cuando estoy haciendo estas cosas me pueda en morir en cualquier momento. Por favor, Señor, ayúdame".

Durante años, hemos sido sorprendidos por las historias de abuso - en gran parte sexual - de los detenidos bajo custodia de Estados Unidos en Irak, Afganistán y la Bahía de Guantánamo.

Pero los presos no son sólo maltratados en el exterior. La violación y la violencia sexual son tan frecuentes aquí, en nuestro propio patio trasero.

Si Estados Unidos busca recuperar su autoridad moral como defensor de la dignidad y los derechos humanos, debe comenzar en su propia casa.

La plegaria arriba citada provino de Rodney Hulin, quien contaba con sólo 16 años cuando ingresó a una prisión de Texas para cumplir ocho años de prisión por provocar el incendio de un contenedor de basura en su vecindario. Él medía cinco pies dos pulgadas (1.57m) y pesaba 125 libras (57kg).

Rodney fue violado casi de inmediato por sus compañeros reclusos. Después de recibir tratamiento médico por desgarres de su recto, fue devuelto a la misma unidad donde había sido violado y siguió siendo violado. Los funcionarios de la prisión negaron sus peticiones para obtener custodia protectora. Según sus padres, se le dijo que necesitaba "crecer".

En respuesta a la historia de Rodney y a muchas otras sobre violación cometida por otros reclusos o por el personal penitenciario, el Congreso aprobó la Ley nacional para la eliminación de las violaciones sexuales en prisión de 2003 (PERA, por sus siglas en inglés). Esta ley estableció, junto con otras iniciativas, la Comisión Nacional de Eliminación de Violaciones en las Prisiones. Durante los últimos cuatro años he tenido el privilegio de servir como una de sus comisionados.

Nos fue encomendada la tarea de llevar a cabo un amplio estudio jurídico y fáctico de los efectos del abuso sexual en prisión sobre los individuos, gobiernos, comunidades e instituciones sociales. Nuestro mandato era desarrollar normas nacionales de tolerancia cero para evitar el abuso sexual en las prisiones, cárceles, calabozos, centros de detención juvenil, e instalaciones correccionales comunitarias e inmigratorias. Como la Corte Suprema de Justicia declaró elocuentemente hace quince años en el caso de Farmer contra Brennan, el abuso sexual "no forma parte de la pena que los delincuentes deben pagar por sus delitos contra la sociedad".

La solución del problema debe comenzar determinando las causas de las violaciones en prisión. La respuesta no radica únicamente en los perpetradores. La violación es cometida por individuos, pero se convierte en sistemática y generalizada cuando los funcionarios niegan su importancia como un abuso que es tanto física como psicológicamente devastador y que socava el propósito mismo de la prisión.

La Comisión obtuvo conocimiento por parte de oficiales penitenciarios, sobrevivientes de violación, defensores y académicos de que en las cárceles abundan las violaciones sólo cuando los funcionarios no las toman en serio y no instituyen medidas razonables para prevenirlas y castigarlas.

El trabajo de la Comisión también confirmó que algunos presos enfrentan más riesgos de sufrir abusos sexuales que otros. Por ejemplo, entre los hombres, los jóvenes, los pequeños, aquellos física o mentalmente enfermos, y los que parecen ser homosexuales o transexuales están expuestos a un mayor riesgo de abuso por parte de compañeros prisioneros que otros.

Los funcionarios lo saben -pero con demasiada frecuencia no han utilizado sus conocimientos para garantizar que los presos vulnerables reciban una protección especial.

Debemos educar tanto a los reclusos como al personal acerca de los altos costos de los abusos sexuales y capacitarlos sobre cómo reconocer y prevenir los delitos sexuales en los centros penitenciarios. Los reclusos deben saber que no tienen que negociar favores sexuales para obtener privilegios del personal. Deben saber que si denuncian amenazas de abuso sexual por parte del personal o de otros reclusos que sus informes serán investigados con seriedad y que se les protegerá de represalias por parte de los autores.

Y sobre todo, tanto el personal como los presos deben saber que la violación y el abuso nunca son apropiados ni permitidos.
Y deben saber que hay consecuencias. Los miembros del personal penitenciario que violen a reclusos deben ser despedidos y procesados penalmente. Los reclusos que violen a otros reclusos también deben ser castigados, incluso a través de un proceso penal.

Con demasiada frecuencia, a los autores se les permite simplemente salirse con la suya, como fue el caso reciente del director de una escuela correccional en Texas, quien sometió a aquellos a su cargo a un largo y constante abuso sexual. Eventualmente renunció en silencio y se convirtió en director de otra escuela en otra parte del estado.

Ocurre también que las sanciones se limitan a sólo una palmada en la muñeca: el castigo impuesto sobre un sargento de prisión por violar a una detenida en Colorado durante cinco meses en 2006 y sodomizarla brutalmente fue sólo sesenta días de encarcelamiento y cinco años de libertad condicional.

Las normas nacionales que la Comisión ha elaborado darán lugar a la prevención, detección y castigo de los abusos sexuales de los prisioneros. Espero que el Procurador General promulgue las leyes finales basadas en estas normas dentro de los próximos años.

Desgraciadamente, será demasiado tarde para Rodney Hulin, quien se ahorcó después de 75 días en prisión.

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