Nairobi - Cientos de miles de refugiados somalíes en Kenia se enfrentan al abuso de policías corruptos y violentos y a una emergencia humanitaria que crece rápidamente en el asentamiento de refugiados más grande del mundo, señaló Human Rights Watch en un nuevo informe publicado hoy. Kenia debe controlar inmediatamente los abusos de su policía y conceder nuevos terrenos para la instalación de campamentos adicionales, mientras que las Naciones Unidas y los donantes internacionales deben atender urgentemente las necesidades básicas de los refugiados somalíes.
El informe de 58 páginas "From Horror to Hopelessness: Kenya's Forgotten Somali Refugee Crisis" (Del horror a la desesperanza: La crisis olvidada de los refugiados somalíes en Kenia) documenta la extorsión, la detención, la violencia y la deportación por parte de la policía keniata al hacer frente a un número sin precedentes de somalíes que llegan a Kenia. Los refugiados recién llegados se suman al más de un cuarto de millón de compañeros de refugio que luchan por sobrevivir en campamentos diseñados para un tercio de esa cantidad.
"Las personas que huyen de la violencia en Somalia necesitan protección y asistencia, pero se enfrentan en cambio a más peligros, abusos y privaciones", señaló Gerry Simpson, investigador sobre refugiados de Human Rights Watch y autor del informe. "Los solicitantes de asilo somalíes deberían poder cruzar a salvo la frontera con Kenia y obtener la asistencia que necesitan con urgencia", agregó.
En 2008, se alcanzó la cifra histórica anual de 60,000 somalíes en busca de refugio en tres campamentos cercanos a la ciudad de Dadaab, en el noreste de Kenia; y es posible que decenas de miles más se trasladaran a Nairobi. Los recién llegados se enfrentan a la extorsión y la violencia policial y la deportación injustificada cuando intentan cruzar la frontera oficialmente cerrada con Kenia, y acaban en condiciones de terrible hacinamiento en campamentos de refugiados carentes de servicios.
En enero de 2007, Kenia alegó razones de seguridad para cerrar oficialmente su frontera de 682 kilómetros con Somalia, cuando las tropas etíopes intervinieron para apoyar al débil gobierno de transición somalí y expulsaron a una coalición de tribunales islámicos de Mogadiscio, la capital de Somalia. Durante los últimos dos años, la escalada del conflicto de las fuerzas gubernamentales de Etiopía y Somalia contra la insurgencia, en el que se han cometido numerosos crímenes de guerra y abusos contra los derechos humanos, ha obligado a casi un millón de residentes de Mogadiscio a huir de la ciudad y ha provocado un flujo creciente de refugiados somalíes a Kenia. A pesar de la retirada de Etiopía a finales de 2008, se mantiene la violencia entre los grupos islamistas y el gobierno, y se espera la llegada de más refugiados durante 2009.
El cierre de la frontera ha fomentado que los agentes de la policía keniata (cuyo maltrato contra los somalíes se conoce desde hace tiempo) aumenten el alcance de su extorsión a los solicitantes de asilo somalíes que intentan llegar a los campamentos. Este cierre ha obligado a decenas de miles de somalíes a recurrir a las redes de tráfico de personas para cruzar clandestinamente la frontera con Kenia. También ha forzado al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) a cerrar su centro de tránsito, donde todos los refugiados recién llegados se registraban y sometían rápidamente a exámenes médicos antes de ser trasladados a los campamentos.
El informe "Del horror a la desesperanza" concluye que el cierre de la frontera a los refugiados viola las leyes internacionales sobre refugio que prohíben la devolución (refoulment) y ha provocado otros abusos graves. En el informe se citan las declaraciones de refugiados que describen su devolución forzada a Somalia porque no pudieron pagar sobornos a la policía keniata, y otros casos de refugiados que fueron arrestados, recluidos en terribles condiciones en los campamentos y ciudades cercanas, golpeados y, en algunos casos, deportados a Somalia.
"Las preocupaciones de seguridad de Kenia son legítimas y tiene derecho a controlar sus fronteras, pero no puede cerrarlas a los refugiados que huyen de los combates y la persecución", señaló Simpson. "El cierre de la frontera sólo ha servido para aumentar el riesgo de que los refugiados somalíes sufran abusos y reducir el control del gobierno y el ACNUR sobre las personas que entran a Kenia y las que se registran en los campamentos", agregó.
Incluso cuando logran entrar a Kenia, los recién llegados se enfrentan a enormes obstáculos. La mayoría se dirigen a uno de los tres campamentos de Dadaab, los únicos lugares en Kenia donde tienen derecho a refugiarse y recibir otras formas de atención. Sin embargo, es difícil recibir asistencia incluso dentro de los campamentos.
Desde agosto de 2008, cuando la comunidad keniata cercana a los campamentos frenó la expansión informal de años y los campamentos se declararon llenos, los recién llegados no cuentan con terrenos ni materiales para establecer refugios y se han visto obligados a hacinarse con familiares o desconocidos en tiendas o cabañas. La agencia para los refugiados de la ONU y las organizaciones no gubernamentales calcularon que, para finales de 2009, serán necesarios más de 40,000 nuevos refugios para cumplir con las normas sobre asistencia internacional.
El progreso de las negociaciones del ACNUR para obtener más terrenos en la zona ha sido limitado porque los residentes keniatas pobres reclaman obtener más beneficios de la presencia de las agencias internacionales y que todos los nuevos campamentos se gestionen de manera sostenible para el medioambiente. En febrero, el gobierno concedió terrenos para un cuarto campamento con el fin de iniciar el proceso de descongestión de los campamentos existentes. Si la comunidad local y la agencia para los refugiados llegan a un acuerdo sobre los detalles de funcionamiento, 50,000 refugiados serán trasladados a este campamento para mediados de 2009. Sin embargo, todavía quedarían unos 230,000 refugiados en los campamentos originales, por lo que es urgente conseguir nuevos terrenos para dos campamentos más con capacidad para un total de 100,000 refugiados.
"Es muy posible que haya 300,000 refugiados somalíes en Dadaab a finales de 2009", señaló Simpson. "Las agencias para el desarrollo y el medioambiente de la ONU deben intervenir inmediatamente para ayudar al ACNUR a llegar a un acuerdo con las comunidades locales y el gobierno keniata para obtener más terrenos", agregó.
En diciembre de 2008, la agencia para los refugiados hizo un llamamiento para solicitar 92 millones de dólares estadounidenses con el objetivo de hacer frente a años de abandono en Dadaab, ayudar a número cada vez mayor de recién llegados, y construir campamentos para 120,000 refugiados. En su reporte, Human Rights Watch exhorta a los donantes a financiar las agencias que ayuden a resolver las necesidades más básicas de los refugiados.
Los campamentos de Dadaab (que albergan a mucho más de 100,000 refugiados desde 1992) ya sufrían graves carencias de financiamiento antes de la llegada de nuevos refugiados en 2006 y la oleada creciente de refugiados de 2008. A mediados de 2008, la cifra de desnutrición grave en los campamentos alcanzaba el 13 por ciento. Aunque los refugiados registrados reciben la cantidad mínima de alimentos establecida por las normas internacionales, la agencia para los refugiados reconoce que muchos se ven obligados a vender su comida para adquirir productos esenciales no alimentarios como materiales para construir refugios, leña y productos básicos para el hogar.
Los campamentos de Dadaab están sumidos en una terrible crisis sanitaria, enfrentaron una epidemia de cólera en febrero y han tenido epidemias similares en años anteriores. El ACNUR calcula que hacen falta más de 36,000 letrinas y lavabos para cumplir con las normas mínimas. Un informe reciente de Oxfam concluyó que miles de refugiados no tienen acceso alguno a las letrinas mal conservadas de los campamentos y que la mayoría de las mujeres y niños (que constituyen la mitad de la población de los campamentos) pueden usarlas muy pocas veces porque no están segregadas por sexo y siempre están repletas de gente.
En el mejor de los casos, el deteriorado sistema de abastecimiento de agua con dos décadas de antigüedad de Dadaab suministra 16 litros por persona al día, cuatro litros por debajo de los criterios mínimos de las normas de asistencia internacional, y muchos refugiados tienen acceso a una cantidad mucho menor de agua, según Oxfam. Las clínicas, que padecen escasez de personal y carencia de medicinas, enfrentan dificultades para tratar las crecientes enfermedades crónicas.
El informe "Del horror a la desesperanza" también documenta los obstáculos empleados para limitar la llegada de solicitantes de asilo somalíes a Nairobi. Los refugiados no tienen derecho a asistencia humanitaria si residen fuera de los campamentos. Las autoridades keniatas violan los derechos de los refugiados a la libertad de movimiento dentro del país al exigirles que soliciten un permiso especial para salir de los campamentos. Y, en contraste con la rapidez del registro en los campamentos, hasta hace poco, los solicitantes de asilo somalíes tenían que esperar un mínimo de nueve meses para que la oficina del ACNUR en Nairobi reconociera su situación de refugiados. Durante la espera corren el riesgo de que la policía keniata los extorsione y maltrate.
