(Santiago) — Una comisión presidencial chilena ha criticado abrumadoramente el uso sistemático de la tortura durante la dictadura militar, señaló hoy Human Rights Watch. En un informe publicado anoche, la comisión reunió testimonios de miles de víctimas de tortura que no habían denunciado los abusos sufridos.

"Tras años de negación, Chile ha reconocido finalmente su legado de tortura", señaló José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch. "Esta comisión presidencial ha defendido el derecho de miles de víctimas de tortura a reparaciones y reconocimiento moral", agregó.

Entre sus conclusiones dramáticas, la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, nombrada por el presidente chileno Ricardo Lagos, halló que el 94 por ciento de las personas detenidas después del golpe dijeron haber sido torturadas. Uno de los métodos más comunes de tortura, denunciado en más de un tercio de los casos, fue la aplicación de electrochoques.

De las 3.400 mujeres que testificaron, casi todas dijeron que habían sufrido tortura sexual. Más de 300 dijeron que habían sido violadas, entre ellas 11 que estaban embarazadas cuando fueron detenidas. Muchas de estas mujeres dijeron que nunca habían informado sobre sus casos.

El peor período de la tortura tuvo lugar inmediatamente después del golpe militar de septiembre de 1973. Más de 18.000 personas-dos tercios del total-fueron torturadas durante los cuatro meses posteriores al golpe, señaló la Comisión. Las detenciones fueron indiscriminadas y la mayoría de las víctimas fueron civiles inocentes. La Comisión identificó más de 1.000 lugares empleados para torturar a presos, entre ellos escuelas y hospitales, además de las comisarías de policía y las instalaciones militares.

Otras 5.226 personas fueron torturadas entre enero de 1974 y agosto de 1977, un período durante el cual los servicios secretos militares de inteligencia, tales como la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) y el Comando Conjunto se hicieron cargo de la represión de disidentes de izquierdas de la que se encargaban otras unidades militares.

Sin embargo, es improbable que la Comisión tenga una repercusión directa sobre el enjuiciamiento de los responsables de torturas. No recibió instrucciones para identificar a los responsables y no someterá sus conclusiones a los tribunales, una decisión que dependerá de las víctimas. Aunque la Comisión publicó extractos de los testimonios, todos los detalles personales se mantendrán en secreto durante 50 años.

Dado que se trata de un período sumamente largo, Human Rights Watch cree que el gobierno debe establecer un procedimiento para que las víctimas individuales de tortura puedan solicitar la desclasificación y la publicación de sus testimonios por parte de la Comisión.

Además, la Comisión debe contribuir a la investigación judicial de los crímenes cometidos transfiriendo confidencialmente a los tribunales información sobre responsables individuales, como lo hizo la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación en 1991.

Más del 86 por ciento de los casos documentados por la comisión ocurrieron durante el período cubierto por un decreto de amnistía promulgado por el gobierno militar en 1978. El decreto, que exime de castigo a los responsables de violaciones de los derechos humanos, sigue en vigor. Para poder enjuiciar estos crímenes también habrá que superar la prescripción que podría invocarse para impedir las investigaciones judiciales.

En un discurso televisado anoche, el Presidente Lagos dijo que las más de 27.000 víctimas identificadas por la Comisión recibirán pensiones mensuales de algo más de 112.000 pesos (190 dólares). Es una cantidad ligeramente inferior al salario mínimo y bastante menos que la recibida por los familiares de las víctimas de desapariciones forzadas y ejecuciones. Las víctimas también recibirán beneficios en materia de salud, educación y vivienda.

El Presidente Lagos conformó la Comisión de ocho personas en agosto de 2003 en respuesta a una campaña de organizaciones de la sociedad civil, que creían que se había corrido un tupido velo sobre el tema de la tortura durante el gobierno militar después del retorno de la democracia en 1990. La Comisión estuvo encabezada por el Obispo Sergio Valech, un clérigo que defendió a las víctimas de violaciones de los derechos humanos durante el régimen militar.

El jefe del Ejército, el General Juan Emilio Cheyre, anticipó el contenido del informe de la Comisión en un artículo del 5 de noviembre, en el que reconoció por primera vez la responsabilidad institucional del Ejército por las violaciones a los derechos humanos. Señaló que el contexto de conflicto ideológico y la Guerra Fría podrían explicar, pero no justificar, las violaciones de los derechos humanos.

Los líderes de otros cuerpos de las fuerzas armadas y de la policía, implicados en actos de tortura según el informe de la Comisión, no han respaldado la declaración directa de Cheyre, y tampoco se han pronunciado oficialmente sobre las conclusiones de la Comisión.