Esta condición exige que el secretario de Estado de Estados Unidos certifique que:

«B. las Fuerzas Armadas de Colombia están cooperando plenamente con las autoridades civiles en la investigación, el procesamiento y el castigo en los tribunales civiles de los miembros de las Fuerzas Armadas de Colombia sobre los que pesen sospechas fundadas de haber cometido graves violaciones de derechos humanos»

Esta condición no se ha cumplido.

Los investigadores del gobierno, los dirigentes comunitarios, los periodistas y los defensores de los derechos humanos que tratan de documentar los casos relacionados con agentes de las fuerzas de seguridad que presuntamente cometieron violaciones de derechos humanos o fueron cómplices de las actividades de los grupos paramilitares siguen exponiéndose al hostigamiento, las amenazas y los ataques de las fuerzas armadas. Resultan especialmente preocupantes las amenazas contra los fiscales de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía y sus investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación.

Desde 1995, año en que la Unidad de Derechos Humanos inició su labor, decenas de fiscales se han visto obligados a abandonar estos casos, dejar la Fiscalía o exiliarse. Por ejemplo, la mayoría de los fiscales y de los agentes del Cuerpo Técnico de Investigación que trabajaron en la documentación de los vínculos existentes entre las fuerzas paramilitares y la IV Brigada entre 1997 y 1999 han dejado la Fiscalía, se han exiliado o incluso han sido víctimas de homicidio.

Agrava la situación el hecho de que los miembros de las Fuerzas Armadas de Colombia continúan haciendo declaraciones públicas en las que acusan a las autoridades civiles de estar infiltradas por la guerrilla y cuestionan la legitimidad de sus investigaciones, demostrando su falta de cooperación en ellas. En una ocasión, el general Néstor Ramírez, jefe del Estado Mayor del Ejército, declaró públicamente el 2 de diciembre de 1999 que la lucha más difícil que debía librar el ejército colombiano era la lucha contra los subversivos que habían infiltrado la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, respaldados por algunas organizaciones internacionales y nacionales que, dijo, estaban causando mucho daño al país.

Pese a la petición del fiscal general y del procurador general de la Nación, el general Ramírez no se retractó de su declaración ni presentó pruebas para sustanciarla. El presidente Pastrana respondió sólo después de recibir una carta pública del fiscal y el procurador. Simplemente dijo que lamentaba los comentarios pero también solicitó a la Fiscalía y a la Procuraduría que abrieran una investigación sobre la declaración. El sitio web del Ministerio de Defensa mostró este año durante varios meses un artículo en el que se hacían declaraciones similares (entre otros, contra Human Rights Watch y el encargado de derechos humanos de la embajada de Estados Unidos en Bogotá). Hasta la fecha no se ha retirado la acusación.

Esto sucede a pesar de la Directiva Presidencial Núm. 07, del 9 de septiembre de 1999, relativa al «Respaldo, Interlocución y Colaboración del Estado con las Organizaciones de Derechos Humanos». La directiva reafirma la mayor parte de otra previa, la Núm. 011, que dictó en junio de 1997 Ernesto Samper, a la sazón presidente. En ella se ordena a todos los servidores públicos que se abstengan de cuestionar la legitimidad de las organizaciones de derechos humanos y de hacer acusaciones falsas que puedan comprometer la seguridad o la reputación de éstas. Asimismo exige que todos los funcionarios públicos cooperen plenamente con las organizaciones de derechos humanos cuando éstas les pidan información o ayuda. Esta directiva no menciona sanción alguna y nunca se ha aplicado.

CRITERIOS:

Antes de que el secretario de Estado de Estados Unidos dicte una certificación del cumplimiento de esta condición por parte del gobierno de Colombia, deben satisfacerse los criterios siguientes:

A. Estados Unidos debe insistir en que se capture y se detenga a los presuntos autores materiales e intelectuales de graves violaciones de derechos humanos --incluidos los miembros de las fuerzas armadas-- contra los que se han dictado órdenes de detención.

B. Estados Unidos debe obtener una lista de las órdenes de detención pendientes dictadas por la Fiscalía que se refieren a casos relacionados con los derechos humanos. La embajada de Estados Unidos debe actualizar la lista trimestralmente y distribuirla a los comités pertinentes del Congreso y a los grupos de derechos humanos incluidos en el proceso consultivo requerido para la certificación. Deben añadirse los casos nuevos y la evolución que han tenido los casos ya existentes, indicando en especial si las fuerzas de seguridad están adoptando medidas concretas para ejecutar las órdenes de detención. La ejecución de las órdenes de detención debe ordenarse según las unidades de las fuerzas de seguridad a las que se refieren.

C. Estados Unidos debe exigir que Colombia adopte medidas efectivas para proteger a los fiscales y a los investigadores civiles de las amenazas que obstaculizan su labor.

D. Deben darse progresos significativos y mensurables --entre ellos la ejecución de órdenes de detención pendientes y el traslado a los tribunales civiles de las causas relativas a los agentes de las fuerzas de seguridad involucrados-- en los siguientes casos destacados:

1. Alirio de Jesús Pedraza Becerra: Pedraza Becerra, abogado del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), «desapareció» el 4 de julio de 1990 a manos de ocho hombres fuertemente armados. Su paradero sigue sin conocerse. En aquella fecha representaba a las familias de decenas de campesinos que resultaron muertos cuando el Batallón Luciano D'Eluyart disparó contra una marcha de protesta en 1988 en Llana Caliente, Santander. No tenemos noticia de que se realizaran detenciones con relación a este caso.

2. Blanca Cecilia Valero de Durán, CREDHOS: Esta defensora de los derechos humanos, miembro de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS), fue abatida a tiros el 29 de enero de 1992 en Barrancabemeja, Santander. Los investigadores del gobierno atribuyeron este homicidio al director de la Red de Inteligencia Núm. 7 de la Armada, Rodrigo Quiñónes Cárdenas, a la sazón coronel, al que asimismo consideraron responsable de otros muchos homicidios políticos. No obstante, un tribunal militar absolvió a Quiñónes, aunque la Fiscalía lo identificó como el inequívoco autor intelectual del hecho. Continúa en el servicio activo. Dos personas fueron condenadas por este homicidio.

3. Óscar Elías López, CRIC: Abogado defensor de los derechos humanos, asesoraba al Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). Varios hombres fuertemente armados lo mataron en Santander de Quilchao el 29 de mayo de 1992.

4. Julio César Berrío, CREDHOS: Trabajaba como guardia de seguridad para CREDHOS y también participaba en una investigación de la organización. Murió el 28 de junio de 1992 por los disparos que al parecer efectuaron varios hombres que trabajaban para el coronel Quiñónes, director de Inteligencia de la Armada Nacional.

5. Ligia Patricia Cortes Colmenares, CREDHOS: A Ligia Cortes, investigadora de CREDHOS, la mataron el 30 de julio de 1992 junto con varios sindicalistas. No nos consta que se detuviera a nadie en relación con el caso.

6. Jairo Barahona Martínez, Comité de Derechos Humanos de Curumaní: A este activista lo mataron el 29 de septiembre de 1994 en Curumaní, departamento de Cesar, después de secuestrararlo y torturararlo. Según los miembros de organizaciones de derechos humanos que recopilaron información y ejercieron presión para que se realizara una investigación judicial adecuada sobre el homicidio, participaron en éste miembros de las fuerzas de seguridad. Nadie ha sido procesado.

7. Ernesto Emilio Fernández, defensor de los derechos humanos: Le dispararon el 20 de febrero de 1995 cuando se dirigía a su domicilio en automóvil junto con sus hijos. No nos consta que se detuviera a nadie en relación con el caso.

8. Javier Alberto Barriga Vergel, CSPP: A Javier Alberto Barriga, abogado defensor de los derechos humanos, lo mataron en Cucutá el 16 de junio de 1995. No nos consta que se detuviera a nadie en relación con el caso.

9. Josué Giraldo Cardona, cofundador y presidente del Comité Cívico por los Derechos Humanos del Meta: A Josué Giraldo le quitaron la vida el 13 de octubre de 1996, después de sufrir meses de hostigamiento y amenazas atribuidos a paramilitares y a oficiales de inteligencia del ejército que trabajaban para la VII Brigada, a cuyo mando se encontraba el general Rodolfo Herrera Luna.

10. Elsa Alvarado y Mario Calderón, CINEP: Elsa Alvarado y Mario Calderón eran investigadores del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP). El 19 de mayo de 1997, un grupo de hombres armados con el rostro cubierto irrumpió en el apartamento de la pareja y mató a Elsa Alvarado, a su padre y a Mario Calderón. Aunque algunos autores materiales del homicidio permanecen detenidos, los autores intelectuales siguen en libertad. Se han dictado órdenes de detención contra Fidel y Carlos Castaño como autores intelectuales de los homicidios.

11. Jesús María Valle Jaramillo, Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Antioquia «Héctor Abad Gómez»: Unos hombres armados sin identificar mataron a Jesús María Valle el 27 de febrero de 1998, después de denunciar éste en varias ocasiones los vínculos existentes entre las Fuerzas Armadas y las fuerzas paramilitares. La Fiscalía acusó formalmente al jefe paramilitar Carlos Castaño y a otras ocho personas. Actualmente permanecen detenidos seis paramilitares. Pese a los claros indicios de la participación militar en el homicidio, no se ha iniciado una investigación formal contra miembros de las Fuerzas Armadas.

12. Eduardo Umaña, abogado defensor de los derechos humanos: A Eduardo Umaña le quitaron la vida en Bogotá el 18 de abril de 1998. Varios presuntos sicarios se encuentran detenidos o se los busca para su extradición. Poco antes de que lo mataran, había denunciado la función desempeñada por una red de inteligencia del ejército en actividades paramilitares y violaciones de derechos humanos. Los autores intelectuales del hecho permanecen en libertad.

13. Jorge Ortega, dirigente sindical: A Jorge Ortega, dirigente sindical y defensor de los derechos humanos, lo mataron en Bogotá el 20 de octubre de 1998. Dos ex agentes de policía han sido vinculados con el homicidio y se encuentran en prisión. Sin embargo, sigue sin identificarse a los autores intelectuales del hecho.

14. Everardo de Jesús Puertas y Julio Ernesto González, CSPP: Everardo de Jesús Puertas y Julio Ernesto González, funcionarios del CSPP, fueron abatidos a tiros el 30 de enero de 1999, cuando viajaban en autobús de Medellín a Bogotá. No nos consta que se detuviera a nadie en relación con el caso.

15. Darío Betancourt, profesor universitario: Darío Betancourt, profesor de la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá, «desapareció» el 30 de abril de 1999; su cadáver apareció el 2 de septiembre de 1999. No se han dictado órdenes de detención en relación con el caso.

16. Hernán Henao, profesor universitario: A Hernán Henao, director del Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia, lo mataron el 4 de mayo de 1999. No se han dictado órdenes de detención en relación con el caso.

17. Guzmán Quintero Torres, periodista: A Guzmán Quintero, periodista que había investigado informes sobre la corrupción dentro de las Fuerzas Armadas, le quitaron la vida el 16 de septiembre de 1999 en Valledupar (Cesar). La Fiscalía detuvo a dos paramilitares que al parecer estaban implicados en el homicidio, pero sigue sin identificarse a los autores intelectuales del hecho.

18. Jesús Antonio Bejarano, profesor universitario: A Jesús Antonio Bejarano, ex funcionario del Estado que había participado en las conversaciones de paz con las FARC, lo mataron el 16 de septiembre de 1999. No se han dictado órdenes de detención en relación con el caso.

19. Alberto Sánchez Tovar y Luis Alberto Rincón Solano, periodistas: Al parecer las fuerzas paramilitares detuvieron y ejecutaron a los periodistas Alberto Sánchez y Luis Alberto Rincón el 28 de noviembre de 1999 en El Playón (Santander), mientras informaban sobre las elecciones municipales. Se ha detenido a tres paramilitares, pero sigue sin averiguarse la identidad de los autores intelectuales.

20. Jairo Bedoya Hoyos, activista indígena: El secuestro de Jairo Bedoya, miembro de la Organización Indígena de Antioquia (OIA), se cometió el 2 de marzo del 2000. No ha habido detenciones en relación con el caso.

21. Margarita María Pulgarín Trujillo, fiscal: A Margarita María Pulgarín, fiscal especializada en la investigación de vínculos entre el ejército y los grupos paramilitares, la mataron en Medellín el 3 de abril del 2000. No se han dictado órdenes de detención en relación con el caso.

22. Jesús Ramiro Zapata Hoyos, Comité de Derechos Humanos de Segovia: El 3 de mayo del 2000 secuestraron y mataron en Segovia, Antioquia, a Jesús Ramiro Zapata, dirigente de una coalición de grupos de derechos humanos. Ese día había denunciado ante las autoridades locales que las fuerzas paramilitares habían tratado de obtener información sobre su paradero. Éstas habían tomado la zona el mes anterior.

23. Elizabeth Cañas Cano, ASFADDES: Elizabeth Cañas, miembro de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASFADDES), fue abatida a tiros cerca de su trabajo el 11 de junio del 2000. Había perdido a miembros de su familia en la matanza perpetrada en Barrancabermeja en 1998. Los testigos de la matanza y los miembros de ASFADDES corren actualmente grave peligro de convertirse en blanco de nuevos ataques.

Asimismo, pedimos que se avance en los siguientes casos relativos a secuestros, ataques y amenazas de muerte:

24. Jairo Bedoya, Olga Rodas, Jorge Salazar y Claudia Tamayo, IPC: El 28 de enero de 1999, una banda armada secuestró a estos cuatro trabajadores del Instituto Popular de Capacitación (IPC), con sede en Medellín, Antioquia, cuando se encontraban en sus oficinas. Varios días después, el jefe paramilitar Carlos Castaño se hizo responsable del secuestro y declaró que los cuatro estaban retenidos en calidad de «prisioneros de guerra». Carlos Castaño continúa en libertad.

25. Piedad Córdoba de Castro, senadora: Piedad Córdoba, senadora del Partido Liberal y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, fue secuestrada en Medellín el 21 de mayo de 1999 por un grupo de 15 hombres armados. En una declaración hecha pública al día siguiente, el jefe paramilitar Carlos Castaño se atribuyó la responsabilidad del secuestro. La senadora recobró la libertad posteriormente.

26. Diana Salamanca Martínez, Justicia y Paz: El 10 de noviembre de 1999, las fuerzas paramilitares secuestraron a Diana Salamanca, trabajadora en favor de los derechos humanos, en Dabeiba, Antioquia. El secuestro, que fue objeto de la condena nacional e internacional, acabó tres días después con la entrega de Diana Salamanca a unos colaboradores de la iglesia en Necoclí, Antioquia. Según declaró, la habían transportado por tierra en un camión, que atravesó sin problemas varios controles militares y policiales. No nos consta que se detuviera a nadie en relación con el caso.

27. San José de Apartadó: El 19 de febrero y el 8 de julio del 2000 murieron 11 civiles en San José de Apartadó a manos de presuntos paramilitares. Según los testigos presenciales, cuando ocurrieron las dos matanzas se encontraban en la zona miembros de la XVII Brigada, que no evitaron ni detuvieron los homicidios. Un helicóptero del ejército que al parecer pertenecía a esta brigada estuvo sobrevolando el lugar durante la matanza del 8 de julio.

28. El Aro: Los fiscales colombianos reunieron pruebas que vinculaban a la IV División, bajo el mando del general Carlos Ospina Ovalle, con la matanza de El Aro, que perpetraron las fuerzas paramilitares el 25 de octubre de 1997. Los documentos del gobierno muestran que una fuerza conjunta militar y paramilitar rodeó la localidad y mantuvo un perímetro defensivo mientras cerca de 25 paramilitares entraban en la localidad, reunían a los habitantes y ejecutaban a cuatro personas.