Durante 1995, cuatro civiles fueron muertos por armas de fuego y por lo menos doce civiles y dos policías fueron heridos a bala durante los violentos enfrentamientos entre la policía y pobladores del Chapare. Algunos de estos enfrentamientos ocurrieron cuando los cocaleros (el nombre de los agricultores que cultivan la coca), alertados por pitos de advertencia de comunidades vecinas de que se estaba llevando a cabo la erradicación forzada, abandonaron sus aldeas armados de palos y hondas para detener la erradicación. Hubo otros enfrentamientos cuando la policía intentó disolver reuniones políticas o destruir barricadas puestas por los cocaleros para impedir el acceso de la policía a sus comunidades.

UMOPAR estaba equipada con rifles M-1, de uso corriente por el ejército de los Estados Unidos , escopetas, y una variedad de armas fabricadas en EE UU para el control de disturbios como gas lacrimógeno y granadas de humo.⁽¹²⁾ De acuerdo a altos oficiales de UMOPAR, las escopetas fueron usadas sólo para disparar perdigones de goma; al UMOPAR no se le entrega -y no usa- perdigones ni balines.⁽¹³⁾ La policía usó sus armas para detener el avance de multitudes amenazantes, o para dispersarlas. Altos oficiales insistieron ante nuestros representantes que las armas sólo fueron usadas para disparos de advertencia, y que los disparos sólo se hicieron al aire, nunca sobre las cabezas o frente a las multitudes que avanzaban.

En muchos de los enfrentamientos los pobladores estaban armados con palos, piedras, y hondas capaces de causar lesiones serias.⁽¹⁴⁾ En varios informes, funcionarios de UMOPAR aseveran que los cocaleros también estaban armados con armas de fuego, machetes y cartuchos de dinamita. Es difícil evaluar estas aseveraciones porque carecen de falta de especificidad o evidencia que pueda confirmarlas.⁽¹⁵⁾ Por ejemplo, ninguno de los muchos pobladores detenidos durante los enfrentamientos fue detenido en posesión de un arma de fuego, y el UMOPAR no asevera haber confiscado armas durante los enfrentamientos callejeros.⁽¹⁶⁾ Además, los informes no identifican a los policías que afirman haber visto el uso de armas durante un enfrentamiento. Todos los residentes locales entrevistados por nuestros investigadores negaron que los cocaleros hayan usado armas contra la policía, a pesar de admitir inmediatamente haber usado hondas y haber tirado piedras.⁽¹⁷⁾ La mayoría también negó que los cocaleros usaron dinamita en enfrentamientos con la policía durante 1995, a pesar de que muchos pobladores del Chapare son ex-mineros que se sabe son versados en el uso de explosivos, y reconocieron que en el pasado habían usado dinamita.

El escaso número de lesiones registradas por UMOPAR tiende a confirmar las aseveraciones de los cocaleros en cuanto a las armas. De acuerdo a un resumen de bajas hecho por UMOPAR durante 1995, no se produjeron muertes en enfrentamientos con el público. Dos policías fueron heridos por disparos; uno de los incidentes fue indudablemente perpetrado por un cocalero,⁽¹⁸⁾ y el autor del otro es desconocido. Si los cocaleros hubiesen usado sus armas para disparar a la policía, el número de policías heridos a bala hubiese sido más alto. Ningún miembro de UMOPAR fue herido por dinamita, excepto los heridos en el insólito ataque a un vehículo de UMOPAR en Aroma (antes descrito).⁽¹⁹⁾ Un integrante de UMOPAR fue herido en un ataque con machete en Isarsama en Abril de 1995, cuando un residente supuestamente reaccionó violentamente cuando presenció que la policía golpeaba a su mujer embarazada.⁽²⁰⁾

Por otra parte, cuatro personas murieron por balas en incidentes separados en julio y diciembre. A pesar de que no se ha confeccionado una lista fidedigna de personas heridas por UMOPAR o por otras policías por fuentes gubernamentales y no gubernamentales, nuestros investigadores obtuvieron información sobre más de una docena de casos de pobladores que recibieron serias heridas de bala, algunas de las cuales requirieron cirugía mayor, incluyendo la amputación de una pierna. El número de heridos de menor gravedad puede ser mucho más alto.⁽²¹⁾

Las muertes han sido el tema de informes internos de UMOPAR y han sido investigadas por la Policía Técnica Judicial (PTJ), la policía responsable de llevar a cabo investigaciones criminales.⁽²²⁾ Nuestros estudios indican que estas investigaciones han sido superficiales, muy limitadas, y descuidadas. Se han llegado a conclusiones que no son fundamentadas con pruebas. Lagunas y contradicciones en la evidencia no han sido tratadas. Testigos -policías y civiles- no han sido identificados ni interrogados. (De hecho, el único organismo oficial que ha hecho un esfuerzo concertado de identificar y entrevistar testigos es la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, pero sólo ha informado sobre dos de los casos bajo consideración.) Los informes formales enviados por altos oficiales de la policía ofrecen una reseña de los enfrentamientos, pero contienen pocos hechos concretos que puedan esclarecer cómo ocurrieron las muertes. Ni los informes de UMOPAR ni las investigaciones de la PTJ reflejan un esfuerzo por recopilar la información necesaria para evaluar si las muertes ocurrieron como resultado del uso legítimo de fuerza letal.

Bajo los principios establecidos de derechos humanos para las fuerzas de orden, la policía sólo puede usar la fuerza razonablemente necesaria para evitar un delito o para llevar a cabo una detención. La fuerza desproporcionada al objetivo fijado está prohibida. El uso de armas de fuego contra personas debe estar únicamente restringido a la defensa propia, o la defensa de otros ante la amenaza inminente de muerte o lesiones graves o para llevar a cabo la detención de personas que presentan tal peligro. El uso intencional de armas mortales está permitido solo cuando es inevitable para proteger vidas.⁽²³⁾

Nuestra investigación, y el número y tipo de muertes y heridas a bala, sugieren que las propias pautas de UMOPAR para el uso de armas y los principios internacionales de proporcionalidad no siempre son observados.⁽²⁴⁾ A pesar de que las multitudes presentaban algún riesgo para la policía, el peligro era esencialmente de piedras. El uso de armas militares de asalto como el M-16 es preocupante; el potencial de lesiones graves y muerte es muy grande cuando ese tipo de armas es portada por policías que están trabajando con altos niveles de tensión y con insuficiente capacitación en el control de disturbios.⁽²⁵⁾ De hecho, la evidencia sugiere que a veces las tropas de UMOPAR no se limitaron a disparar tiros de advertencia, sino que dispararon sus armas indiscriminadamente en contra de personas que no estaban usando fuerza mortal. También hay bastante evidencia que algunos disparos fueron hechos directamente a las multitudes bajo la cubierta de los disparos de advertencia. Además, a pesar de que las reglas de UMOPAR prohíben disparar escopetas con perdigones de goma desde una distancia menor de 15 metros, hubo pobladores que denunciaron lesiones de perdigones.

Juan Ortiz Díaz

Juan Ortiz Díaz, 23, fue muerto a bala el 8 de agosto en Ayopaya, Carrasco, durante un enfrentamiento entre policías y cocaleros. El disparo mortal fue hecho por uno de los policías que cubría a sus colegas que trataban de escapar a pie, cruzando el río Ichoa, mientras eran perseguidos por una multitud de cocaleros, incluyendo Ortiz, que supuestamente les tiraban piedras.

De acuerdo a la policía, una patrulla de ocho personas de UMOPAR, comandada por el Teniente Eduardo Soliz Tordoya, le dieron un aventón a un campesino que les informó sobre unas fosas de maceración en la Colonia Ayopaya y en la Colonia 6 de Agosto. Cuando llegaron al final del camino, dejaron el vehículo y siguieron a pie con el informante. En el camino se encontraron con dos campesinos, Basilio Gálvez y Silverio Canaviri, que despertaron sospechas porque trataron de escaparse, y porque llevaban dinero en moneda norteamericana. Le ordenaron a los dos que los acompañaran para verificar su historia sobre el dinero. (De acuerdo al testimonio de Basilio Gálvez a la Comisión de Derechos Humanos, la policía lo detuvo cuando iba en camino a Entre Ríos en bicicleta a pagar una deuda de tierras y le quitó US$1.100. Dijo que ese dinero era compensación por la erradicación de plantas de coca.⁽²⁶⁾ Asevera que la policía le cubrió la boca, le maltrató y le pegó en las manos con una bayoneta).⁽²⁷⁾

Al llegar al río Ichoa, la patrulla se dividió en dos grupos de cuatro personas cada uno. Un grupo se quedó custodiando a Basilio Gálvez, mientras que el otro cruzó el río poco profundo a pie y siguieron con Silverio Canaviri a Colonia Ayopaya. Ahí descubrieron la poza de maceración, que quemaron, y decomisaron precursores químicos y pasta base. Hicieron cinco detenciones inmediatamente y confiscaron una escopeta calibre 12 que le pertenecía a Canaviri. En ese momento la policía se vio rodeada por una multitud enardecida "armada con machetes, piedras y cuchillos" que pedían la devolución del dinero confiscado de Gálvez y Canaviri y de otro residente local.⁽²⁸⁾ Superados en número, corrieron hacia el río con los campesinos en persecución. Los cinco detenidos se escaparon durante la gresca. De acuerdo al UMOPAR, cuando la policía llegó al banco del río, sus colegas que habían permanecido al otro lado dispararon al aire para asustar a la multitud. La policía cruzó el río y los ocho huyeron del lugar de los hechos sin haberse percatado que una de las balas que habían disparado había impactado y matado a Juan Ortiz.

Nadie disputa el hecho de que la bala que mató a Juan Ortiz fue disparada por un miembro de UMOPAR. La policía asevera que la explicación más probable es un rebote o una bala loca. Sin embargo, un testigo que dice haber visto a la policía disparando en el momento en que Ortiz cayó y afirma que vio a un policía disparar directamente a la víctima, desde una distancia que calculamos en 110 a 190 metros. Basilio Gálvez, quien estaba detenido por la policía que se había quedado en el otro lado del río y que, por lo tanto, estaba cerca de la policía que disparó los "tiros de advertencia al aire", declaró a la Comisión de Derechos Humanos que vio al "teniente" (supuestamente Soliz Tordoya) apuntar directamente en dirección de Ortiz y disparar. Asevera que la policía vio qué pasó y que la persona que disparó se asustó y dijo, "No han visto nada, carajos". Gálvez repitió esta versión a nuestros investigadores.

La teoría planteada por UMOPAR de un posible rebote de bala es improbable, considerando la topografía, la ubicación de los participantes, y la naturaleza del arma. Aunque UMOPAR obtuvo declaraciones de algunos de los policías que participaron en el incidente, no llevaron a cabo una investigación prolija. Los archivos de la investigación policial sobre el caso indican que ninguno de los miembros de UMOPAR que dispararon, incluyendo al Teniente Soliz, fueron interrogados después de sus declaraciones iniciales, ni fueron requeridos para demostrar el ángulo en que dispararon.

Altos oficiales de UMOPAR nos declararon que el Teniente Soliz fue subsiguientemente transferido fuera de la región, a La Paz. En enero, el Ministerio de Justicia le informó a la Embajada de los Estados Unidos que un tribunal de Cochabamba estaba investigando al Teniente Soliz y tres miembros de su patrulla.⁽²⁹⁾

Ramón Crespo Condori

Ramón Crespo Condori, un cocalero de 25 años de Ayopaya, falleció de heridas a bala el 2 de septiembre, 1995, durante un violento enfrentamiento entre cocaleros y la policía en La Chancadora, Carrasco. Las responsables de la muerte de Crespo no han sido identificados. La policía cree que un cocalero es responsable; los pobladores afirman que Crespo fue muerto por la policía. El caso de Crespo ejemplifica las dificultades inherentes a establecer responsabilidad en casos de muertes y heridos en el Chapare, y la incapacidad y renuencia de investigadores oficiales de superar tales dificultades.

De acuerdo a un informe oficial del comandante de UMOPAR, el Coronel Luis Caballero, a las 4:30 a.m. dos compañías de la Unidad Policial Ecológica, dos compañías de UMOPAR y personal de DIRECO⁽³⁰⁾ y DINACO llegaron a La Chancadora en una misión de erradicación. La patrulla erradicó 6.431 metros cuadrados de coca inmadura y 1.132 metros cuadrados de semilleros de coca, confiscó una escopeta calibre 12 y efectuó 78 detenciones. A su retorno al camino principal, una piedra quebró la ventana de un camión de UMOPAR, y la policía observó a gente de la localidad agrupándose "con el evidente objetivo de obstaculizar la operación policial". El comandante del operativo pidió ayuda por radio, y el Mayor Meleán llegó en helicóptero con dos patrullas, encontrándose con una enconada batalla entre la policía y 1.000 campesinos "armados con piedras, palos, machetes, dinamita y oras cosas". La multitud fue finalmente dispersada con gases lacrimógenos y tiros de advertencia. Alrededor de las 3:30 p.m., la policía volvió a su base con tres de sus miembros heridos -dos cortados por machetes y uno alcanzado por una piedra.⁽³¹⁾

Crespo fue alcanzado durante un enfrentamiento entre un grupo de cocaleros y la policía que ocurrió en Colonia Gualberto, en un pequeño sendero rodeado de arboles bananeros. De acuerdo a testigos entrevistados por nuestros investigadores, en el momento en que la bala lo alcanzó, Crespo estaba al frente de un grupo y le estaba tirando piedras a la policía con honda. Aunque Ramón Crespo fue alcanzado por una bala a no más de cincuenta metros de la policía, la policía asegura que no se percató que una persona había muerto.

Al día siguiente un médico forense de Cochabamba realizó una autopsia en el cuerpo de Crespo, presenciada por pobladores y miembros del sindicato local de cocaleros. Encontró una herida de entrada de dos centímetros en el lado derecho del abdomen: la bala había perforado los intestinos y había cercenado varias arterias. No había herida de salida. Después de trabajar por varias horas en condiciones primitivas sin agua, no pudo ubicar la bala y, a medida que se acercaba la noche, pidió permiso del fiscal y de los líderes campesinos de llevar el cadáver a Cochabamba para sacarle una radiografía. Seis líderes campesinos acompañaron el cuerpo de Crespo al hospital de Cochabamba y a las 3:30 de la mañana el médico finalmente localizó con radiografía un fragmento de bala incrustado en la columna dorsal que extrajo en la morgue en presencia de los líderes campesinos.⁽³²⁾ Analistas balísticos de la policía concluyeron que el fragmento, que pesaba 2.60 gramos, era parte de un perdigón de fabricación casera, disparado por una escopeta del calibre 12 o 16.⁽³³⁾ El informe policial concluyó que la muerte no había sido causada por un arma de servicio de UMOPAR. De acuerdo a las conclusiones forenses, la policía cree que Crespo fue muerto por un cocalero armado. Sin embargo, que nosotros sepamos, no han llevado a cabo investigaciones adicionales para apoyar su conclusión -o para identificar y llevar a la justicia la persona responsable de la muerte de Crespo. Ningún participante o testigo de los incidentes ha sido interrogado por investigadores de la policía o por fiscales.

Los testigos entrevistados por nuestros investigadores dudan de la versión de la policía. Dos testigos afirman haber visto a la policía disparar en la dirección de Crespo antes de que cayera. Un testigo, Severo Angulo, nos declaró que Ramón Crespo estaba en un grupo de cinco personas encabezando la multitud que enfrentaba la policía, que estaba a unas treinta y dos metros de distancia. Crespo estaba usando una honda. Angulo estaba diez metros más atrás. La policía estaba disparando sus armas en ráfagas y Angulo vio a uno de ellos hincarse y apuntar cuidadosamente "como si estuviera cazando". En ese momento Crespo se volteó como si hubiera sentido un dolor, y se derrumbó entre dos árboles de plátanos al borde del camino de piedra. Se levantó y caminó tambaleándose unos quince metros hasta un campo de coca, donde se desplomó otra vez.⁽³⁴⁾ Angulo se le acercó. "Qué pasó, hermano?", le preguntó, y Crespo le respondió, "Me dispararon aquí", mostrándole el estómago donde se advertía un pequeño orificio redondo, sin sangre. Angulo fue rodeado por UMOPAR. Intentó escapar, pero la policía lo tiró al suelo y lo golpeo y pateo, luego le ataron las manos y se lo llevaron, sangrando profusamente.

Otro testigo, David Quispe Condori, 21, que presenció el incidente en el sendero desde una distancia de noventa metros, nos declaró que vio a un policía de uniforme verde, del tipo que usa el GES o la Unidad Policial Ecológica y no UMOPAR, que usa uniformes camuflados, hincarse y apuntar "con calma", mientras que un colega disparaba una ráfaga de su arma automática. Crespo de repente se volteó cuando el policía estaba apuntando. Quispe se tiró al suelo para cubrirse, pero fue alcanzado por una bala en la mano. Pocos momentos después se acerco al cuerpo de Crespo, en la mitad del sendero. Crespo ya estaba muerto, y el lado de su cuerpo y boca estaban llenos de barro.⁽³⁵⁾

Ambos testigos entrevistados por nuestros investigadores insistieron que los cocaleros no portaban escopetas el día del enfrentamiento. Dado que Crespo estaba al frente de los cocaleros, de cara a la policía, es poco probable que una bala disparada por sus compañeros pudiera haber entrado a su cuerpo desde adelante y haberse incrustado en su columna vertebral. Oficiales de UMOPAR niegan haber usado escopetas, excepto para disparar balas de goma. El informe del Coronel Caballero afirma que la policía había confiscado una escopeta calibre 12 en algún momento durante el día, pero no indica dónde fue incautada el arma, o si la policía que enfrentó a Crespo la tenía. No sabemos de ninguna prueba para determinar si el arma había sido disparada recientemente.

Roxana Janeth Veliz Vargas

Roxana Janeth Veliz Vargas, 13, falleció el 15 de noviembre, 1995, después de ser alcanzada en el estómago durante un disturbio en Shinahota, un pueblo en la carretera principal entre Cochabamba y Santa Cruz. De acuerdo a la versión de UMOPAR, ese día UMOPAR habia iniciado un operativo de "erradicación automática" en Shinahota y había asumido el control del pueblo para evitar disturbios. De acuerdo a los informes policiales, alrededor de las 5:00 p.m. la policía que vigilaba el camino fue atacada por alrededor de 3.000 miembros del sindicato, que se habían estado reuniendo en un local, armados de hondas, palos y machetes. Sin embargo, de acuerdo a lideres cocaleros, la violencia se produjo porque la policía prohibió una reunión sindical y ocupó el local. Los cocaleros entonces decidieron llevar a cabo una reunión electoral para lanzar a sus candidatos a alcalde, pero la policía también la prohibió.

La policía disparó grandes cantidades de gas lacrimógeno pero fueron superados en número a medida que llegaban más manifestantes. La policía se replegó por el camino en ambas direcciones, y los manifestantes pusieron barricadas con troncos de árboles, automóviles y neumáticos llameantes. Llegaron más refuerzos de UMOPAR, y después de escaramuzas de varias horas -durante las cuales la policía usó grandes cantidades de gas lacrimógeno y balas de goma, y disparó varias ráfagas de armas automáticas, lograron despejar el camino.⁽³⁶⁾ La policía hizo una veintena de detenciones, y nueve policías resultaron heridos, aparentemente ninguno con heridas de bala. Por parte de los civiles, hubo seis heridos de bala, el número mayor durante el año. Dos de los heridos requirieron cirugía mayor: Pedro Franco Bustos, 21, fue alcanzado en el estómago y debió practicársele una colostomía; Felipa Mamami Martínez, 37, fue alcanzada en el muslo derecho por una bala que le cortó la arteria femoral, que posteriormente significó la amputación de la pierna.⁽³⁷⁾

No pudimos obtener información precisa sobre las circunstancias exactas de la muerte de Veliz. La rama de Cochabamba de Defensa de los Niños Internacional informó que Veliz se había caído de su bicicleta y fue alcanzada en el estómago por una bala cuando se estaba levantando.⁽³⁸⁾ No hemos podido confirmar esto o establecer si Veliz estaba enfrentando a la policía cuando fue alcanzada.

Durante la autopsia, un fragmento de bala fue extraído de su cuerpo, descrito como un "fragmento laminado con una cubierta de aleación de plomo y cobre de un peso de dos gramos", sin embargo los expertos balísticos del PTJ no pudieron identificar el calibre del arma. En Cochabamba, altos oficiales policiales del PTJ declararon a nuestros investigadores que la bala se fragmentó antes de entrar en el cuerpo y que el fragmento era demasiado pequeño para poder identificarlo.⁽³⁹⁾ La autopsia no establece la distancia en que estaba Veliz del arma que disparó la bala mortal. La evidencia sugiere, sin embargo, que a ella la mataron fuerzas gubernamentales. No se informó de ningún policía herido a bala ese día, ni se informó de ningún arma confiscada de los manifestantes. Seis manifestantes fueron alcanzados por balas y la policía, en sus informes sobre el incidente, reconoció haber usado balas letales para hacer "disparos de advertencia". De acuerdo a la Embajada de los Estados Unidos, la policía reconoce que una de sus balas mató a la niña.⁽⁴⁰⁾

Más allá de la autopsia y la prueba balística no concluyente, no se ha hecho nada para investigar las circunstancias en que murió Janeth Veliz. De hecho, el 9 de enero, 1996, casi dos meses después de su muerte, el Dr. Gualberto Villarroel Román, un funcionario de la oficina del fiscal, le envió un memorándum al fiscal de distrito afirmando: "Ha quedado claramente establecido que las investigaciones no fueron continuadas ya que el hecho acaeció entre fuerzas de UMOPAR y campesinos,... Es, por lo tanto, imposible determinar la responsabilidad del autor o de los autores".⁽⁴¹⁾

A pesar de que la responsabilidad de la muerte de Janeth Veliz no ha sido establecida, el prefecto (la más alta autoridad regional) de Cochabamba rápidamente exculpó al gobierno regional de posible responsabilidad en una demanda civil por daños. Antes de que Veliz hubiese sido incluso enterrada, el prefecto, el Dr. Alberto Glasser Vargas, persuadió a su padre, Bernardo Veliz Soria, y a la madre, Sebastiana Vargas, a firmar un acuerdo privado para que renunciaran a su derecho de exigir daños. El acuerdo, redactado rápidamente en papel no oficial, culpaba a la niña de haberse metido en problemas, y los firmantes concurrieron que su muerte había sido un "lamentable accidente", y expresaron su "completa y absoluta confianza" en las investigaciones sobre su muerte, y renunciaron a cualquier derecho a daños o compensación. A los padres se les otorgó US$ 3.000 en "asistencia humanitaria", a cambio de firmar el documento.

En una entrevista con el matrimonio, descubrimos que Bernardo Veliz tenía sólo unos pocos años de educación básica y no podía leer como resultado de una explosión de gas hace tres años, que lo había dejado casi ciego. La esposa sólo habla Quechua y es analfabeta. No tuvieron abogado que los asistiera y Veliz dijo que él estaba "borracho de pena" en el momento que firmó el documento. "No era favorable para mí. Me obligaron a firmarlo, y si inicio un juicio me van a mandar a la cárcel".⁽⁴²⁾

José Mejía Piso

José Mejía Piso, un campesino de aproximadamente 60 años, fue muerto a bala por una patrulla de UMOPAR cerca de San Gabriel el 18 de agosto, 1995. En un esfuerzo por esclarecer las circunstancias de su muerte, nuestros investigadores entrevistaron a pobladores de San Gabriel pero no pudo hablar con testigos del incidente. También hemos estudiado los informes policiales pertinentes y el informe de una investigación in situ llevada a cabo por la Comisión de Derechos Humanos parlamentaria. De estas fuentes, pareciera que la patrulla UMOPAR, que estaba presente en la zona para apoyar la erradicación, provocó una violenta reacción de los campesinos. Pobladores aseveran que la patrulla había golpeado a los pobladores, incluyendo mujeres y niños, y robó y destruyó propiedad. Los pobladores atacaron la patrulla con piedras y hondas, pero fueron dispersados con gas lacrimógeno y balas de goma. De acuerdo a la versión policial, José Mejía, actuando solo, enfrentó a la policía con un viejo rifle Mauser. Hirió al policía Edgar Paco Matías en la pierna con una bala y le rozó el pecho con otra. De acuerdo a la declaración suministrada a la Comisión de Derechos Humanos por el General Simón Sejas Tordoya, el entonces Comandante de FELCN, UMOPAR persiguió a Mejía mientras él se preparaba a disparar otra vez. Su rifle se trabó y fue alcanzado por una ráfaga de balas de otro policía de UMOPAR. El General Sejas no estaba presente en San Gabriel en el momento del incidente, y no sabemos de dónde obtuvo esta versión. El informe de la PTJ sobre el incidente, entregado el 8 de septiembre al fiscal, no describe las circunstancias específicas de la muerte de Mejía aunque nota, casi de paso, que ocurrió en un "fuego cruzado". El informe sobre Mejía de la Comisión de Derechos Humanos parlamentaria fue inconcluso, debido a la limitada evidencia disponible cuando realizó su investigación dos días después de la muerte de Mejía. Sin embargo, la Comisión temía que Mejía pudiese haber sido muerto en represalia por haber disparado contra UMOPAR.

La PTJ hizo una prueba de parafina en las manos de Mejía con un resultado positivo de la mano derecha, lo que es consistente con haber disparado un arma de fuego. También establecieron que las balas que lo mataron habían sido disparadas por un M-16. Nuestros investigadores poseen una copia de un certificado médico escrito a mano que atestigua de la herida en la rodilla del policía Matías, y una copia de su declaración, en la que afirma que se había desmayado después de haber sido herido y que no había visto como había muerto Mejía. Matías fue el único testigo entrevistado por la PTJ. Ningún otro testigo civil o policial ha sido identificado o interrogado. La distancia a que fueron disparadas las balas no ha sido establecida, y parece no haber existido ningún esfuerzo por identificar al policía que disparó la bala fatal, o de establecer si Mejía en realidad falleció en un intercambio de fuego. En resumen, nuestro estudio de los archivos de la PTJ, tanto como el de los informes internos de UMOPAR sugieren que no se ha manifestado ningún esfuerzo por parte de la policía de recopilar evidencia pertinente a la interrogante de si el UMOPAR mató a Mejía con un uso razonable de fuerza mortal.

Perdigones de Goma

Hasta donde sabemos, nadie ha intentado catalogar las lesiones causadas por el uso masivo por parte de la policía de perdigones de goma disparados con escopeta. El Coronel Caballero afirmó a nuestros representantes que la policía tiene instrucciones de evitar el uso de perdigones de goma a una distancia inferior a 15 metros, ya que a una distancia menor los cartuchos pueden causar graves heridas. Dos casos fueron denunciados a nuestros investigadores que constituyen una clara violación de dichas pautas.

Dionisio Jamache Nina, miembro del Sindicato de Cocaleros 12 de Mayo de San Gabriel, denunció haber sido herido en la espalda dos veces, a una distancia de cinco metros, cuando se escapaba de la policía durante un enfrentamiento sobre erradicación el 18 de agosto, 1995. Presentaba una cicatriz en su espalda de aproximadamente cuatro centímetros, y afirmó que a causa de la lesión fue hospitalizado en una clínica de Cochabamba.⁽⁴³⁾

Angelina Encinas declaró a nuestros investigadores que en el mismo enfrentamiento, su madre, Victoria Campos, fue alcanzada por perdigones en el brazo derecho, pecho, pierna derecha sobre la rodilla, y clavícula. Campos había estado lanzando piedras con honda a una patrulla de UMOPAR cuando fue capturado. De acuerdo a Encinas, la policía le ordenó a Campos a mirar hacia el cielo y le disparó a una distancia entre dos a tres metros. Campos fue detenido por seis días en la base de Chimoré sin atención médica.⁽⁴⁴⁾ Posteriormente, obtuvo atención privadamente en una clínica en Shinahota, donde un médico le extirpó los perdigones de la piel.

La policía recurrió repetidamente al uso de agentes químicos para el control de disturbios, especialmente gas CN y CS, para sofocar disturbios civiles y superar la resistencia organizada a las operaciones antinarcóticos en el Chapare.⁽⁴⁵⁾ Durante nuestra gira de cinco días vimos un gran número de granadas, cartuchos, y proyectiles de gas lacrimógeno gastados, de distintas formas y tamaños, que residentes locales habían acumulado en meses previos recientes.⁽⁴⁶⁾ Uno de los principios fundamentales de la conducta policial es que el uso de armas no letales, como el gas lacrimógeno, deben ser cuidadosamente controlado para minimizar el riesgo a personas que no están involucradas. Este principio no fue observado en el Chapare.

Cuando nuestros investigadores preguntaron al Coronel Luis Caballero sobre las pautas de UMOPAR pertinentes al uso de gas lacrimógeno, afirmó que el uso de gas CS y CN dentro de casas o cerca de hospitales o colegios estaba estrictamente prohibido.⁽⁴⁷⁾ No obstante, encontramos evidencia que los gases lacrimógenos fueron utilizados de una manera que exponía innecesariamente peligros a la salud a pobladores, especialmente bebés y niños. Los pobladores aseveran, por ejemplo, que la policía disparó gas lacrimógeno directamente hacia adentro de casas, sin ningún otro fin evidente fuera de obligar a la gente a salir; en un caso cartuchos de gas lacrimógeno impactaron a una escuela; cartuchos de gas también cayeron en una clínica de salud pública donde varias personas graves recibían atención. Personas que viven cerca de donde habían ocurrido disturbios se quejaron de los persistentes efectos del gas lacrimógeno en niños de poca edad. Un bebé de seis meses falleció durante un disturbio, aparentemente asfixiado después de una prolongada inhalación de gas en su hogar. Los efectos nocivos del gas lacrimógeno en estas ocasiones fueron exacerbados al ser usados por muchas horas en zonas densamente pobladas, en muchas casas de mala construcción y abiertas a los elementos.

La utilidad del gas lacrimógeno como un arma de control de disturbios es que puede disolver una multitud agresiva y peligrosa incapacitando temporalmente a la gente sin causar heridas permanentes. Sin embargo, el gas lacrimógeno no es inocuo, y para evitar peligro es esencial que la policía esté capacitada adecuada y responsablemente en su uso.⁽⁴⁸⁾ Recientes estudios han identificado varios tipos de trauma asociados al uso indebido del gas lacrimógeno, como las heridas penetrantes causadas por la explosión de granadas y cartuchos de gas, quemaduras a la piel con ampollas como resultados del contacto directo con el polvo de gas, efectos respiratorios perdurables, y el aumento de abortos espontáneos y muertos al nacer.⁽⁴⁹⁾ Muchas variables pueden afectar la toxicidad del gas lacrimógeno. Fuera de los factores atmosféricos y climáticos, dos factores son frecuentemente recalcados en la literatura técnica: la concentración del gas y la capacidad de los afectados de escaparse de sus efectos. El gas utilizado en espacios cerrados es más concentrado y persistente en cuanto a sus efectos y por lo tanto más peligroso,⁽⁵⁰⁾ especialmente si se usa en casas donde hay bebés, ancianos o gente incapacitada que no pueden salir afuera.⁽⁵¹⁾ De la misma manera, el gas lacrimógeno puede ser peligroso si se usa en, o cerca de, escuelas y hospitales.

Los médicos del Hospital de Niños y Maternidad San Martín de Porras (también conocido como el Hospital Ibuelo), que han tratado numerosas víctimas en el Chapare, recalcaron la mayor sensibilidad de los niños pequeños expuestos al gas lacrimógeno debido a su efecto de reducir la cantidad de oxigeno, especialmente en lugares cerrados. Aunque no descartaron los efectos fisiológicos a largo plazo, dependiendo del tipo de gas utilizado, consideraron que las secuelas sicológicas son más serias. También nos declararon que dos mujeres en sus primeros tres meses de embarazo habían tenido abortos espontáneos después de los incidentes en Shinahota. No pudieron decir si los abortos espontáneos fueron un efecto físico del gas o el resultado de estrés emocional.⁽⁵²⁾

Isarsama, 22-23 de abril, 1995

De acuerdo a Peter Richard Gutiérrez, integrante del Comité Cívico en la aldea de Isarsama (población 400 familias), policía de UMOPAR y GES utilizaron gas lacrimógeno en Isarsama en tres ocasiones el 22 y 23 de abril, 1995, disparando cartuchos directamente hacia el interior de las casas, poniendo en peligro especialmente a los niños. Un informe oficial de UMOPAR declara que el objetivo del operativo en Isarsama fue mantener el camino principal entre Cochabamba y Santa Cruz abierto después de informes que se planeaba un bloqueo por parte de campesinos armados de "machetes y armas largas, tanto como dinamita. Los informes de inteligencia indicaban que los vehículos oficiales serían atacados y destruidos y que sus pasajeros serían secuestrados".⁽⁵³⁾

De acuerdo a los pobladores, después de los rumores de que UMOPAR estaba tratando de aprovecharse del estado de sitio en vigencia para llevar a cabo la erradicación forzada, se realizó una reunión en la aldea a alrededor de las 2:00 p.m. el 22 de abril. La policía UMOPAR pensó que la gente se estaba agrupando para una manifestación violenta y disparó gas lacrimógeno en contra de la multitud. Los violentos enfrentamientos duraron hora y media. Cuatro hombres fueron heridos por disparos, y los que pudieron escaparon a los matorrales. En el suelo yacían niños inconscientes como resultado del gas. A las 6:30 p.m. la policía volvió y disparó gas directamente a las casas, a pesar de que no había resistencia o violencia. Una vez más la gente se dispersó y la policía se retiró alrededor de las 8:00 pm. Poco después la gente volvió a dormir. Alrededor de las 4:30 a.m., la mañana siguiente, unos 450 efectivos de UMOPAR y Policía Nacional regresaron en treinta vehículos, esta vez con perros. Se comportaron con extrema violencia, introduciéndose en tiendas, lanzando granadas de gas hacia dentro de las casas para obligar a salir a los hombres. Por lo menos dos mujeres embarazadas fueron golpeadas; un marido que intentó defender a su mujer con un machete, hiriendo a un policía, fue acusado de intento de homicidio.⁽⁵⁴⁾ Algunos de los pobladores entrevistados por nuestros investigadores son:

Yolanda Araúz, 16 años. "Eran las cinco de la mañana. y yo tenía mucho dolor, y tenía cinco meses de embarazo. Golpearon a la puerta, y después la patearon". Tres o cuatro policías de UMOPAR entraron y subieron, declaró. Uno le puso su mano sobre la boca para que no gritara más y otro le pegó un culatazo. "Querían violarme", dijo. Tiraron mucho gas en la casa, mucho, mi hijo pequeño estaba enfermo de gas".

Ramiro Lazarte Gutiérrez, 14 años, vive con su tío y tía. Declaró que la policía entro después de haber derribado la puerta. Tiraron cartuchos de gas hacia adentro de la casa. Vio tres cartuchos: el gas era gris, y los cartuchos plateados. Le causo quemazón a los ojos y no podía respirar. Todos se escaparon de la casa hacia el campo.

Delia Espinoza de Figueroa, 23 años: "Estábamos en mi casa en la tarde. Los niños estaban en la calle. Los leos (abreviación de leopardo, el nombre con el cual se conoce a UMOPAR) llegaron y entraron a la casa. 'Tú eres cocalera!' dijeron. Patearon a mi marido y me insultaron cuando lo defendí. Tiraron mucho gas dentro de la casa. Pedí ayuda a gritos, mis abuelos ahora son muy viejos, y no pudieron hacer nada. 'Toma agua!' me gritó mi marido. 'Saca a los niños de aquí antes de que se mueran!' Mi marido se escapó al campo. El próximo día llevé a los niños al hospital. Tengo tres niños, la niña tenía tres años en ese momento, y los mellizos sólo tres meses. Todos los niños se desmayaron. Yo pude revivir a los niños poniéndoles orina bajo la nariz. Mi abuelo también fue tratado en el hospital de Cochabamba".
 

Isaura Araúz afirmó que su hija, que tenía ocho meses en el momento del incidente, "era tan sana antes, ahora siempre está vomitando y tiene una diarrea permanente. Fue el gas que la envenenó.. la tuve que llevar a ver al Dr. Lucio en Ivargarsama".
 

El 29 de mayo, el Comité Cívico de Isarsama redactó una lista de ochenta y siete niños que habían sido afectados por gases lacrimógenos. En junio, la sección de Cochabamba de Defensa de los Niños Internacional (DNI) le envió la lista a Victor Hugo Cárdenas, Vice-presidente de Bolivia. DNI entrevistó a los pobladores de Isarsama en mayo, 1995 y verificó que diez días después de los incidentes aún había olor a gas en las casas.⁽⁵⁵⁾

Aunque el informe UMOPAR sobre Isarsama menciona ochenta y siete personas detenidas por la policía y un policía herido por arma blanca (presumiblemente en el incidente del machete), el informe no se refiere a los gases lacrimógenos y sus efectos sobre los pobladores.⁽⁵⁶⁾

La Clínica de Shinahota

En el momento álgido del enfrentamiento en Shinahota el 15 de noviembre (véase el caso de Roxana Veliz) un cartucho de gas lacrimógeno fue disparado o tirado en la puerta de una clínica de salud pública. A través de las puertas abiertas nubes de gas penetraron la clínica donde nueve heridos, tres de ellos en condición crítica de heridas a bala, muy probablemente infligidas por la policía, estaban siendo atendidos. Entrevistamos a cinco personas presentes: el Dr. Edgar Rodríguez Antezana, el joven interno a cargo de la clínica; Flora Galarza Burgos, enfermera; Quintín Vargas Calderón, líder cocalero que ayudaba a pacientes, y que fue detenido en la clínica; Bernardo Veliz Soria, padre de Janeth Veliz Vargas, que había fallecido a las 5:00 p.m. de una herida a bala, y el Mayor Juan Meléan Arias, vice-comandante de UMOPAR, que llegó a la clínica con una ambulancia de UMOPAR para evacuar los casos de emergencia.

De acuerdo al Dr. Rodríguez, los primeros pacientes fueron traídos aproximadamente a las 6:00 p.m. Uno de ellos, Felipa Mamani Martínez, de 37 años, sangraba profusamente de una arteria cercenada y requirió atención médica especializada.⁽⁵⁷⁾ El Dr. Rodríguez salió de la clínica a buscar transporte de emergencia para ella. Luego de mostrar sus credenciales y explicarle la situación a un oficial de UMOPAR, volvió a la clínica con un minibús. Pero antes de que los casos más serios pudieran ser evacuados, el Dr. Rodríguez oyó una violenta explosión en la puerta, y nubes de humo blanco penetraron en el edificio. Sintió una intensa irritación en los ojos.⁽⁵⁸⁾ Al mismo tiempo el médico escuchó una ráfaga de armas automáticas en la calle, y se dio cuenta que la clínica había sido rodeada por policías de UMOPAR y el Grupo Especial de Seguridad. La policía entró a la clínica y rudamente obligó a todos los no pacientes a salir, haciéndolos ponerse en el suelo boca abajo El Dr. Rodríguez también fue amenazado. La policía mantuvo a los detenidos bajo guardia alrededor de treinta minutos mientras los pacientes eran evacuados en el minibús y llevados al hospital local en Ibuelo. El Dr. Rodríguez afirma haber hablado con un alto oficial a cargo del operativo (aparentemente el Mayor Meléan), que parecía nervioso y que preguntó, "¿Qué hace todo este gas aquí?"⁽⁵⁹⁾

Quintín Vargas Calderón, un líder cocalero, declaró a nuestros investigadores que estaba en clínica ayudando con los heridos y que algunos de los pacientes ya estaban en el minibús cuando el gas fue arrojado. Fue arrestado entre las 7:30 y 8:00 p.m. Declaró que fue obligado a acostarse boca abajo con los otros detenidos antes de ser llevado a la base UMOPAR en Chimoré.⁽⁶⁰⁾

Bernardo Veliz Soria afirmó que el cartucho de gas fue arrojado mientras un gran número de personas huía de la policía cerca del hospital. Aunque no salió del hospital para mirar, escucho helicópteros y el ruido de persecuciones. El cartucho impactó sobre algo pero no entró por la puerta abierta. "Todo el mundo estaba llorando adentro. Antes de entrar los leos gritaban 'Alto, carajos, salgan! Fuera, carajos!'" Veliz no vio a nadie obligado a recostarse sobre el suelo. Dijo que los detenidos fueron llevados directamente a un minibús que esperaba. No fue obligado a salir sino que se le permitió quedarse con el cuerpo de su hija.⁽⁶¹⁾

De acuerdo al informe oficial del Mayor Juan Meléan sobre los incidentes en Shinahota, "se contactó" con el Dr. Rodríguez a alrededor de las 8:45 p.m., y el Dr. Rodríguez le informó sobre la emergencia médica, y Meléan ordenó que enviaran ambulancias y paramédicos de UMOPAR a la clínica, donde evacuaron seis heridos al hospital de Ibuelo. "Una vez que la situación estuvo bajo control, algunos de los agitadores que estaban fomentando la violencia fueron identificados, y procedimos a detenerlos". Se nombran 19 detenidos. El informe no menciona la presencia de gas lacrimógeno en la clínica o que algunos de los detenidos fueron arrestados en la clínica. De hecho, da la impresión que los cabecillas fueron identificados y detenidos después de los incidentes en la clínica, mientras que los hechos descritos antes indican que la policía entró a la clínica a buscarlos.⁽⁶²⁾ Si este fuera el caso, es muy probable que el gas fue deliberadamente usado para obligar a salir a los sospechosos del edificio, donde se estimó que se estaban refugiando -una abierta violación de las pautas de UMOPAR sobre el uso del gas que pudo haber puesto en peligro a personas heridas. Cuando nuestros investigadores le plantearon el tema del gas lacrimógeno al Mayor Meléan, este negó categóricamente que el gas había penetrado en la clínica.⁽⁶³⁾ En una reunión posterior le preguntamos si se acordaba haber comentado sobre el gas en la clínica cuando entró a evacuar a los pacientes. Dijo que no se podía acordar.⁽⁶⁴⁾

No podemos descartar la posibilidad de que el ataque con gas contra la clínica de debió simplemente a un disparo descuidado durante la confusión. Sin embargo, el hecho de que la policía estaba persiguiendo a los revoltosos en ese momento, y que más tarde les ordenó a salir de la clínica y rápidamente los detuvo, sugiere que el gas fue lanzado deliberadamente a la puerta para obligarlos a salir del edificio. Esa acción es una seria violación de las reglas básicas sobre el uso del gas lacrimógeno. Hasta donde sabemos, UMOPAR nunca ha realizado una investigación sobre el uso de gas lacrimógeno en Shinahota, a pesar de que los incidentes recibieron gran cobertura en la prensa e implican una seria violación de la reglas operacionales de UMOPAR.

Remberto García Agreda

Remberto García Agreda, un bebé de seis meses, falleció durante la noche del 16 de noviembre, aparentemente debido a la inhalación de gas lacrimógeno. Varios miles de manifestantes habían ocupado un tramo de carretera de aproximadamente cuatro kilómetros en Entre Ríos, con barricadas y lanzandole piedras a la policía. Con la ayuda de bengalas de color disparadas desde helicópteros, la policía respondió durante horas con gases lacrimógenos, perdigones de goma, y disparos al aire. La violencia duro desde alrededor de las 10:30 p.m. del 16 de noviembre hasta las 2:30 a.m. el 17 de noviembre, cuando una violenta tormenta desplazó a los manifestantes y a la policía del camino.⁽⁶⁵⁾ La casa donde vivía Remberto García estaba muy cerca del camino bloqueado. Como la mayoría de las casas en Entre Ríos -en verdad, en todos los pueblos del Chapare- es una estructura de madera liviana, construida toscamente, sin ventanas de vidrio. El gas de afuera podía penetrar fácilmente. En la noche, cuando la mayoría de las familias estaba en casa durmiendo, se podía prever que el uso masivo y prolongado del gas lacrimógeno expondría a niños y bebés a riesgos de salud.

La madre del bebé fallecido, Flora Agreda, residente de Entre Ríos y madre de cinco niños, declaró a nuestros investigadores: "Primero nos tiraron gas en la calle, y después me refugié en la casa, pero nos dieron otra vez. El bebé no podía respirar, estaba llorando, ni yo podía aguantar, el gas era como ají. ¿Pero a qué otra parte podíamos ir? También corrían las balas, y también empezó la lluvia... arropé al niño, el no podía aguantar, jadeaba, y no podía respirar. También estaba vomitando. Debe haber sido alrededor de la 1:00 a.m... Puse a los niños a la cama y también me sentí cansada. Dormí un poco y cuando me levanté, el bebé estaba muerto. ¿Qué podía hacer?"⁽⁶⁶⁾

Víctor Hugo Canelas, secretario nacional de Defensa Social de Bolivia, que visitó Entre Ríos poco después de los incidentes, conversó con los padres y donó dinero al padre para cubrir los costos del funeral del bebé. El bebé fue sepultado en el cementerio local. Flora Agreda nos mostró fotografías del funeral y de la tumba. No se efectuó autopsia, por lo tanto no existe evidencia médica concluyente que los gases lacrimógenos mataron al bebé. Sin embargo, no se ha ofrecido ninguna otra explicación de la muerte.⁽⁶⁷⁾

Cerca de la casa de Agreda está la casa de Filomena Ticol de Mamami. Su hija Andreína, de un año ocho meses, se desmayó por 20 minutos en su casa por efecto del gas. La Sra. Ticol la revivió con un abanico y poniéndole orina bajo la nariz.⁽⁶⁸⁾

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CAPÍTULO V

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12. Véase Human Rights Watch/Americas, "Bolivia: Violaciones a los Derechos Humanos," p.15-16 para una descripción general de las características paramilitares de UMOPAR.

13. El uso de perdigones de goma era evidente por el montón de cartuchos verdes disparados y que fueron recolectados por residentes del Chapare. Fuimos informados por el Mayor Juan Meleán, vicecomandante de UMOPAR, que los cartuchos verdes de escopeta contenían perdigones de goma, mientras que los cartuchos rojos contienen perdigones de plomo o acero, que son mortales, especialmente a corta distancia. No pudimos observar cartuchos rojos disparados durante nuestra misión en el Chapare. No logramos obtener una lista de las armas llevadas por otras dos agencias policiales que participaron en el control de disturbios y operaciones de erradicación en el Chapare en 1995, el GES y la Policía Ecológica, aunque fuimos informados que el GES también usa escopetas con cartuchos de perdigones de goma. La Policía Ecológica es una nueva unidad de 260 funcionarios creada con el apoyo de los Estados Unidos para asistir a la campaña gubernamental de erradicación llevando a cabo la destrucción forzada de semilleros de coca y nuevas plantaciones. De acuerdo al Departamento de Estado de los Estados Unidos, la Policía Ecológica destruyó 100.000 metros cuadrados de semilleros y 45 hectáreas de nueva coca durante los primeros cuatro meses de su fundación. (Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs, Department of State, International Narcotics Control Stategy Report [Washington: marzo 1996], p.69.)

14. Funcionarios gubernamentales y residentes, calculan el número de campesinos involucrados en estos enfrentamientos entre 1.000 y 14.000. Sin embargo, ninguno de los cálculos es confiable y hemos preferido referirnos en este informe a "miles" de personas cuando se habla de multitudes, sin tratar de ser más precisos.

15. Los informes policiales ofrecen rutinariamente listas de armas supuestamente usadas por los cocaleros, con poca evidencia que en cualquier incidente se haya intentado identificar qué armas estuvieron presentes o usadas.

16. Los informes de UMOPAR no identifican arma alguna confiscada durante enfrentamientos con los cocaleros, a pesar de que enumeran escrupulosamente las armas confiscadas durante misiones de interdicción de drogas, ej., cuando se descubren pozas de maceración -en los cuales las hojas de coca y los agentes químicos son mezclados y machacados con los pies para producir una base o pasta base.

17. Recibimos informes contradictorios en cuanto a la cantidad de residentes del Chapare que poseían armas. La policía y un par de residentes que entrevistamos aseveraron que las escopetas para la caza eran comunes. Otros insistieron que las escopetas son escasas.

18. Véase el caso de José Mejía, Sección IV. Las listas de bajas de UMOPAR indican que diez agentes fueron heridos en 1995, dos por disparos de armas de fuego (Edgar Paco Mejías, herido en el muslo izquierdo por José Mejía Piso, y el Sargento Simón Quisbeth Mamami, herido por un desconocido con una bala calibre .22 en la pierna izquierda en Entre Ríos, el 17 de noviembre.) De los otros ocho heridos, cuatro fueron seriamente lesionados por piedras, dos por fragmentos de granada (incidente Aroma), uno por un machetazo, y otro con una fractura en el cráneo no especificada. UMOPAR, Relación Nominal de Policías de Umopar y U.P.E. fallecidos durante la gestión 1995 en la región del Chapare, documento sin fecha.

19. De acuerdo a funcionarios gubernamentales, la manera usual en que los cocaleros usan la dinamita es de tirar pequeños pedazos en el camino en frente de la policía. No se trata de herir, sino de evitar el avance.

20. Entrevista a Peter Richard Gutiérrez, integrante del Comité Cívico, Isarsama, 18 de enero, 1995.

21. Los informes policiales sobre incidentes de violencia no incluyen el número de civiles heridos.

22. No sabemos de ninguna investigación oficial sobre lesiones sin resultado de muerte.

23. Véase, por ejemplo, El Código de Conducta para Funcionarios Encarcados de Hacer Cumplir la Ley, adoptado por resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 34/19 de diciembre 17, 1979; Principios Básicos sobre el uso de Fuerza y de Armas de Fuego por Funcionarios Policiales, adoptado por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre la Prevención del Delito y el Tratamiento de Delicuentes, La Habana, Cuba, Agosto 27 a Septiembre 7, 1990.

24. En su investigación de estas muertes hablamos con altos funcionarios de UMOPAR y la Policía Judicial Técnica, fiscales públicos responsables de investigaciones policiales, médicos forenses, testigos y familiares de las víctimas. También tuvimos acceso a informes policiales oficiales, incluyendo el resultado de autopsias y de resultados balísticos, y los informes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. No pudimos entrevistar funcionarios del Grupo Especial de Seguridad o la Policía Ecológica.

25. La capacitación de UMOPAR se concentra en operaciones en la selva y en acciones contra narcotraficantes. La capacitación rutinaria previa que reciben los que ingresan a UMOPAR suministra instrucción limitada sobre el control de disturbios.

26. Basilio Gomez les mostró a nuestros investigadores recibos que documentaban pagos por la erradicación de la coca. Fue pagado en bolivianos y convirtió el dinero as dolares, una práctica común en el Chapare.

27. "Campesino asegura que teniente ametralló a cocalero muerto," Ultima Hora, (La Paz, Bolivia), 10 de agosto de 1995.

28. Memorándum del Sargento Dionisio Plata Huanca (UMOPAR) al Mayor Juan Meléan Arias (Subcomandante de UMOPAR), 10 de agosto de 1995.

29. Carta de René Blattman, Ministro de Justicia, a Joseph C. Heller, Primer Secretario, Embajada de los Estados Unidos, fechada 18 de enero de 1996.

30. DIRECO es la agencia gubernamental boliviana que monitorea la erradicación de la coca y paga la compensación a los agricultores que erradican.

31. Memorándum del Coronel Luis Caballero Tirado, comandante de UMOPAR, al General Simón Sejas Tordoya, comandante de las Fuerzas Especiales para la Lucha Contra el Narcotráfico, FELCN, 2 de septiembre de 1995.

32. Entrevista con el Dr. Ricardo Mercado Mercado, Cochabamba, 22 de enero de 1996.

33. La conclusión de la policía que la bala que mató a Crespo era de fabricación casera es un detalle importante, porque el uso de cartuchos de fabricación casera indicaría que probablemente el arma pertenecía a un cocalero. Planteamos la pregunta si los residentes del Chapare fabrican sus propios cartuchos en una reunión el 22 de enero de 1996, al Coronel Julio Mejía, director del PTJ de Cochabamba, y al Teniente General Cárdenas Méndez, director de la división de homicidios del PTJ. Los oficiales nos dijeron que los campesinos en el Chapare hacen sus propios cartuchos de escopeta con materiales reciclados. Cartuchos comerciales usados son rellenados con una carga, y los perdigones son fabricados derritiendo el plomo de viejas baterías de automóviles que vacían sobre una lámina perforada de aluminio, que dejan caer sobre un recipiente de agua donde se enfría y se solidifica en esferas. Nicholas T. Forbes, M.D., un patólogo forense consultado por nuestros investigadores, afirmó que el fragmento no se parecía a ningún proyectil de arma estriada y que a una distancia de 35 metros un cartucho del calibre 12 podría haber causado las heridas registradas en la autopsia. (Comunicación escrita del Dr. Nicholas T. Forbes con Human Rights Watch, 8 de febrero de 1996.)

34. El director de la División de Homicidios del PTJ en Cochabamba también afirmó que Crespo no murió inmediatamente sino que caminó tambaleándose y que eventualmente falleció de una hemorragia interna. Entrevista con el Teniente General Cárdenas Mejía, 22 de enero de 1996.

35. Informes del incidente que circularon después arguyen que Crespo fue torturado por la policía, que le metió barro a la boca antes de matarlo. Se dice que las fotografías del cuerpo muestran que tenía la boca llena de barro. Nuestros investigadores no han visto estas fotografías y no pudieron confirmar estas acusaciones de tortura. Ni Angulo no Crespo vieron a la policía metiendole barro a la boca de Crespo o golpeandolo. El Dr. Ricardo Mercado que llevo a cabo la autopsia, nos dijo que no vio barro en la boca de Crespo. Es posible que el barro en la cara fuese el resultado de que el cuerpo fue arrastrado desde el campo de coca donde cayo Crespo, al sendero, donde Quispe se acerco al cuerpo, una distancia de dieciocho metros.

36. Memorándum del Teniente Coronel Miguel Flores, comandante de la Policía Ecológica, y el Mayor Juan Meleán Arias, vicecomandante de UMOPAR, al Coronel Luis Caballero Tirado, Comandante de UMOPAR Chapare, 16 de noviembre y 23 de noviembre, respectivamente. Varias salvas de disparos son discernibles en un video de los hechos que vieron nuestros investigadores.

37. Entrevista con el Dr. Edgardo Rodríguez Antezana, Clínica de Salud Pública de Shinahota, 18 de enero de 1996.

38. Carta de Defensa de los Niños Internacional a Juan del Granado, Presidente, Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, 23 de noviembre de 1995.

39. Entrevista con el Coronel Julio Mejía, director del PTJ, y el Teniente General Cárdenas Méndez, director de la división de homicidios del PTJ, Cochabamba, 22 de enero de 1996.

40. Entrevista telefónica con Ken Keller, Primer Secretario, Embajada de los Estados Unidos, La Paz, 7 de marzo de 1996.

41. Memorándum del Dr. Gualberto Villaroel Román, agente fiscal, al Dr. Mario Montaño Pereira, fiscal del distrito, Cochabamba, 9 de enero de 1996.

42. Entrevista con Bernardo Veliz Soria y Sebastiana Vargas de Veliz, 18 de enero de 1996.

43. Entrevista con Dionisio Jamache Nina, Shinahota, 20 de enero de 1996.

44. Encinas no estaba presente durante el incidente, pero les declaró a nuestros investigadores lo que le había dicho su madre. El nombre de Victoria Campos está incluido en las listas de detención de UMOPAR de ese día.

45. CS y CN son miembros de una familia de compuestos químicos que se llaman "lacrimógenos", cuyos efectos son descritos como "intensa irritación de los ojos que causan llanto y ceguera temporal, irritación de las membranas mucosas de la nariz, tráquea o pulmones, causando tos, irritación de la garganta y estómago, con la inducción de vómitos y posiblemente diarrea, e irritación de la piel". Aunque el CN todavía se usa en todas partes del mundo, muchos países ahora prefieren el CS, porque sus efectos inmediatos son más fuertes, causando "conjuntivitis instantánea, con blefaroespasmo (parpadeo involuntario), quemazón y dolor". También se dice que causa menos lesiones a largo plazo. Los efectos de ambos gases dependen de su concentración. En grandes concentraciones CS puede producir la sensación de sofocación acompañada de pánico, vómitos y postración, y causa ampollas en la piel expuesta. Véase Howard HU, M.P.H; Jonathan Fine, M.D., M.P.H; Karl Kelesy, M.D., M.O.H.; Preston Reynolds, M.D., Ph.D; Bailus Walker, Ph.D, M.P.H, "Tear Gas --Harassing Agent or Toxic Chemical Weapon?" Journal of the American Medical Association, August 4, 1989, p. 660-63; Thompson S. Crockett, "Chemical Agents" (Washington, D.C.: International Association of Chiefs of Police, 1968).

46. UMOPAR está equipado de gas CN y CS en cartuchos, granadas y proyectiles, y con granadas de humo de color y perdigones de goma. De acuerdo a oficiales de UMOPAR, no están equipados de bastones de goma o de palo que normalmente usa la policía. No pudimos obtener las cifras de la cantidad de suministros para el control de turbas usados por UMOPAR en 1995. De acuerdo a la Embajada de los Estados Unidos, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos le suministró a la policía antinarcóticos desde 1991: 1.168 granadas de gas CN entre septiembre 1991 y marzo 1993; 1.912 cartuchos de gas CN en noviembre 1992 y 3.296 en 1995. (Carta de Rodger D. Slaughter, Colonel, SF, U.S. Military Group, La Paz, 21 de febrero de 1996.)

47. Entrevista, Chimoré, 21 de enero de 1996.

48. " La seguridad es un término relativo cuando se usa en relación a agentes de control de turbas de cualquier tipo, y siempre existe la posibilidad de heridas y muerte bajo circunstancias inusuales o cuando los agentes son empleados inadecuadamente. Garantías de parte de fuentes comerciales o militares en relación a seguridad comparativa del CS no debieran permitir que ofusque el hecho que como cualquier otro agente, el CS debe utilizarse con discreción." (Crockett, "Chemical Agents", p. 10.)

49. Véase por ejemplo investigaciones sobre Corea en Howard Hu et al., "Tear Gas — Harassing Agent or Toxic Chemical Weapon?", p. 661, y sobre Israel en Amnesty International, "Israel and the Occupied Territories: The Misuse of Tear Gas by Israeli Army Personnel in the Israeli Occupied Territories," AI Index MDE/15/26/88, (London) June 1988.

50. La contaminación de CS es muy difícil de remover. "Cuando se usa adentro, las partículas de CS se depositan en el piso, corredores, techos, y mercadería o muebles donde permanecen por largos períodos de tiempo. A no ser que se saquen, estas pequeñas partículas son reactivadas y flotan en el aire, produciendo síntomas de CS, cuando el aire en la zona contaminada es perturbado". (Crockett, "Chemical Agents," p. 18). Residentes del Chapare a los cuales le habían tirado gas a casas se quejaron que el olor persistió por días.

51. En su estudio de Israel y los Territorios Ocupados, Amnistía Internacional se refiere a la muerte de más de cuarenta palestinos en los cuales el gas fue un factor contribuyente. Cientos más fueron hospitalizados, como resultado de los efectos del gas. Amnistía determino que casi todas las víctimas "pertenecían a sectores de la población especialmente vulnerables a la inhalación de gas: bebés, los ancianos y enfermos, particularmente los que sufren de enfermedades respiratorias". Amnesty International, "The Misuse of Tear Gas," p. 2.

52. Entrevista con el Dr. Edwin Pinto, pediatra, Dra. Miriam Pardo, ginecóloga, y Dr. Ramiro Franco, médico general, Hospital San Martín de Porras, Chipiri, 18 de enero de 1996.

53. UMOPAR, Balance General 1995, página sin número. El Mayor Juan Meléan, vice comandante de UMOPAR, le declaró a nuestros investigadores que había habido un gran bloqueo del camino en Isarsama el día de la acción policial y que los cocaleros habían detenido en vehículo de las Naciones Unidas, quebrado las ventanas, y golpeado al conductor. Entrevista, Chimoré, Bolivia, 19 de enero de 1996.

54. Entrevista con Peter Richard Gutiérrez, Isarsama, 18 de enero de 1996.

55. Entrevista con la Dra. Elizabeth Patiño, directora, Defensa de los Niños Internacional: sección Cochabamba, Cochabamba, 22 de enero de 1996.

56. UMOPAR, Operaciones Antinarcóticos, p. 5.

57. Como en el caso de Janeth Veliz Vargas, el prefecto de Cochabamba, Dr. Alberto Glasser, intentó concertar un "contrato privado", que acordaba pagarle los gastos médicos a cambio de una renuncia a la responsabilidad civil y penal. Sin embargo, esta vez las negociaciones se quebraron porque Mamani, asesorada por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, un grupo de promoción de derechos humanos no gubernamental, rechazó la redacción del acuerdo. La versión original del acuerdo estipulaba que Mamani "participó conjuntamento con otras personas en acciones ilegales y criminales de enfrentar y chocar con unidades policiales... desafortunadamente, causándole serias lesiones a su persona, al ser víctima de balas de armas usadas por sus propios compañeros". No conocemos ninguna determinación oficial en cuanto a la bala que impactó a Mamani.

58. El Dr. Rodríguez afirmó que el olor a gas persistió hasta la mañana siguiente.

59. Entrevista con Dr. Edgar Rodríguez Antezana, Shinahota, 18 de enero de 1996. El Dr. Rodríguez nos informó que la policía UMOPAR lanzó un proyectil de gas en el consultorio de un médico particular, Dr. Osvaldo Mérida, mientras atendía a un paciente. Supuestamente, Dr Mérida tuvo que evacuar al paciente, llevándolo en sus espaldas. No pudimos confirmar este hecho.

60. Entrevista con Quintín Vargas, Shinahota, 18 de enerode 1996. De acuerdo a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, la policía arrestó a 20 personas durante los incidentes en Shinahota, ocho de los cuales fueron detenidos en la clínica mientras ayudaban a los heridos. Memorándum sin título por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. El informe oficial de UMOPAR sobre el incidente enumera 19 detenidos.

61. Entrevista con Bernardo Veliz Soria, Shinahota, 18 de enero de 1996.

62. Memorándum, con fecha del 23 de noviembrede 1996, del Mayor Juan Meléan Arias al Coronel Luis Caballero Tirado.

63. Entrevista con el Mayor Juan Meléan Arias, Chimoré, 19 de enero de 1996.

64. Entrevista con el Coronel Luis Caballero Tirado y el Mayor Juan Meléan Arias, Chimoré, 21 de enero de 1996.

65. Entrevista con residente de Entre Ríos, 18 de enero de 1996.

66. Entrevista con Flora Agreda, Entre Ríos, 18 de enero de 1996.

67. Funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos expresaron escepticismo a nuestros investigadores sobre la causa de la muerte del bebé e, incluso, sobre su existencia. No creemos, sin embargo, que los padres y la comunidad conspiraron en la fabricación de un niño y su fallecimiento, funeral y entierro.

68. Entrevista con Filomena Ticol de Mamani, Entre Ríos, 18 de enero de 1996.

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CAPÍTULO V

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